Irene del Carmen Fernandez Bernal
Expediente 1247/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 22 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1247/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 13/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Irene del Carmen Fernandez Bernal
- Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Colima, Colima, trece de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Lo anterior, sin perjuicio de que aún no se reciben las constancias de notificación de las autoridades foráneas, atendiendo el hecho de que la negativa dejó las cosas en el estado que guardaban hasta antes de la presentación de la demanda que dio origen al juicio de amparo en que se actúa, por lo que a quien afectó el resultado de la misma fue únicamente al quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 22/2003, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, materia común, que dice: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir". Por otro lado, con base en lo ordenado por ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, no se considera de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico . Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa en la sentencia dictada, se sobreseyó y se negó el amparo solicitado; consecuentemente, dicho expediente es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, párrafos primero y segundo, así como el punto vigésimo primero, fracción IV, todos ellos del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula del presente, realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento tanto en el párrafo segundo del punto décimo primero, como en el punto vigésimo quinto, del multicitado acuerdo general. d) Con el contenido de este acuerdo dese vista en los cuadernos incidentales. Finalmente, notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido. Notifíquese. Lo proveyó y firma Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, asistido del (la) secretario(a) Norma Leticia Ramos Virgen, que autoriza y da fe. NLRV/Emmm
- Incidental
Colima, Colima, trece de diciembre de dos mil dieciséis Visto lo de cuenta y tomando el suscrito en consideración que en los presentes cuadernos incidentales no existe diligencia pendiente, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como totalmente concluido. Por otro lado, con base en lo ordenado por ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) Habida cuenta que en las constancias que integran el presente expediente, no obra algún documento original ni billete de depósito y considerando que fue concedida tanto la suspensión provisional como la definitiva, los cuadernos incidentales se consideran susceptibles: a) el original de depuración, debiendo conservarse únicamente la resolución relativa al otorgamiento de la suspensión y, b) el duplicado, de destrucción. Esto, según lo ordena tanto la fracción III del punto vigésimo, como la fracción III del punto vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) Transcurridos más de seis meses contados a partir de que se resolvió la suspensión definitiva en el presente, destrúyase el duplicado del cuaderno incidental en que se actúa. Según lo ordena el artículo vigésimo del citado acuerdo general. c) Como el original del cuaderno del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años a partir de la de este acuerdo en que se ordena su archivo, se realizará su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, párrafos primero y segundo, así como el punto vigésimo primero, fracción II y el vigésimo quinto, todos ellos del acuerdo general invocado. d) Con motivo de lo ya determinado, en la carátula del presente, realícese la anotación de que el expediente no es de relevancia documental, además inscríbase que el cuaderno original de este incidente, es sujeto de depuración, mientras que el duplicado de destrucción. Lo anterior, con fundamento en el párrafo segundo del punto undécimo del multicitado acuerdo general
- Principal
SOBRESEE Y NO AMPARA. NOTIFICACION PERSONAL AL PROMOVENTE
- Incidental
En la ciudad de Colima, Estado de Colima, a las nueve horas con quince minutos del veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, que actúa con el (la) Secretario(a) Norma Leticia Ramos Virgen, con apoyo en el artículo 144 de la Ley de Amparo, procedió a celebrar la audiencia en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1247/2016-III-EM sin asistencia de las partes. A continuación la Secretaria hace relación de las constancias que obran en el expediente: copia del escrito de demanda; auto de radicación del incidente y minuta, resolución de veinticinco de agosto, informes previos y autos que los tuvieron por recibidos. Acto seguido, el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, la secretaria hace constar que ninguna de las partes las ofreció; por lo que concluye dicho período. Acto continuo se abre el diverso de alegatos, los cuales no formularon las partes, en consecuencia, se cierra igualmente dicho periodo. En los términos que antecede y sin pedimento del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, concluye la audiencia y quedan los autos para el dictado de la resolución. V I S T O, para resolver el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto número 1247/2016-III-EM; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO.- IRENE DEL CARMEN FERNÁNDEZ BERNAL, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y las autoridades señaladas en el escrito inicial de demanda. SEGUNDO.- Por auto de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, se formó por duplicado el presente incidente; se resolvió lo conducente acerca de la suspensión provisional misma que se concedió, se fijó fecha para la celebración de la audiencia incidental, misma que se celebró parcialmente en veinticinco de agosto del año en curso, fijándose fecha para la celebración de la audiencia incidental respecto de las autoridades foráneas, la cual, previos los trámites de ley, se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: ÚNICO. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Cámara de Senadores y Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, por conducto de sus representantes, en la ciudad de México, por así desprenderse de su informe previo. De la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consiste, en esencia, en la inconstitucionalidad de los artículos 17-K, 22, fracción IV, 28, fracción IV, 42 fracción IX y 53B del Código Fiscal de la Federación; así como la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2016, en lo relativo a la regla 2.8.1.6 y 2.8.1.7, en lo referente a presentar la contabilidad por medios electrónicos. La parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados; en consecuencia, se analizará la procedencia de la suspensión definitiva atendiendo únicamente a los efectos por los que se pide la medida cautelar; lo anterior, en acatamiento a la jurisprudencia 111/2003 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por analogía, la cual es del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos" Acerca de lo anterior debe decirse, que se encuentran colmados los requisitos de procedibilidad que establece el artículo 128 de la ley de la materia, ya que lo solicita la parte interesada y no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 138, fracción I, 147 y 148, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es procedente conceder a la parte quejosa la suspensión definitiva solicitada, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y no se materialicen los efectos y consecuencias de los artículos impugnados, hasta en tanto se notifique el auto por el que causa ejecutoria la sentencia que en su momento se dicte en el juicio de amparo en lo principal. Lo anterior, dado que exhibe la impresión de una constancia de situación fiscal, con la que acredita su interés suspensional. En el entendido de que dicha medida cautelar sólo suspende la verificación de los procedimientos digitales para la comunicación entre las autoridades exactoras y el contribuyente (los cuales constituyen medios para facilitar a aquéllas el ejercicio de sus facultades), sin que con ello se exente a éste de cumplir con sus obligaciones fiscales, lo cual deberá hacer en los términos que lo hacía antes de la entrada en vigor de dichas disposiciones; aunado a que la suspensión tampoco conlleva restricción alguna para que la autoridad ejerza sus facultades de comprobación por medio de cualquiera de las formas tradicionalmente utilizadas. Al efecto, resulta de oportuna aplicación, la jurisprudencia 2/2015, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 1760, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 17 K Y 28, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014).- El análisis del proceso legislativo que culminó con la adición y modificación de los anteriores preceptos por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013 y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, permite establecer que procede conceder la suspensión en contra de su aplicación, al no contravenirse disposiciones de orden público ni afectarse el interés social, ya que las obligaciones que se imponen a los contribuyentes, consistentes en emplear el buzón tributario como medio de comunicación electrónica con la autoridad hacendaria y enviar de manera mensual su información contable mediante la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, si bien forman parte de las medidas implementadas a fin de agilizar los procesos de recaudación y fiscalización, lo cierto es que la concesión de la medida cautelar no impide que el contribuyente cumpla con sus obligaciones fiscales de presentar promociones, solicitudes y avisos e incluso desahogar los requerimientos que la autoridad hacendaria le formule en forma directa, ya sea mediante documento impreso o a través de otros medios electrónicos en documento digital, ni tampoco que la autoridad hacendaria ejerza sus facultades de comprobación; habida cuenta que ésta puede notificar a los contribuyentes los actos y resoluciones que emita a través de los mecanismos ordinarios previstos para tal efecto, solicitando la información contable para verificar el cumplimiento de las obligaciones a través de los procedimientos de fiscalización, como son la revisión de gabinete y la visita domiciliaria." La medida suspensional concedida surte sus efectos desde luego, sin necesidad de otorgar garantía alguna, en virtud de que, en la especie, se estima que no se actualiza alguno de los supuestos que establecen los artículos 132 y 135 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO.- Para los efectos precisados en el considerado único de esta resolución, se concede a IRENE DEL CARMEN FERNÁNDEZ BERNAL, la suspensión definitiva de los actos reclamados a la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, por conducto de sus representantes, en la ciudad de México. Notifíquese. Lo proveyó y firma VÍCTOR HUGO VELÁZQUEZ ROSAS, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, asistido del (la) Secretario(a) Norma Leticia Ramos Virgen, quien da fe.
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