Irene del Carmen Aubert Sanabria

Expediente 1494/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 7 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1494/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
06/01/2017

Partes del expediente

  • Irene del Carmen Aubert Sanabria

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 115/2016, de su índice, en la cual dicha superioridad declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de veinte de septiembre de dos mil dieciséis; por tanto, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno, del conocimiento de las partes y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Acúsese recibo. Por otra parte, y toda vez que ya se ordenó el archivo en el párrafo que antecede, en consecuencia, con fundamento en el punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, remítase dentro del término de tres años el presente juicio al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de la Administración Regional, con sede en esta ciudad, para efectos de su DESTRUCCIÓN, con fundamento en el artículo vigésimo primero. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que se señalan en el último párrafo del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo de mérito...V

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito en el Estado de Querétaro, mediante el cual informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la quejosa, quedando registrado con el número de toca 115/2016 de su índice; lo que se asienta para los efectos legales conducentes....V

  3. Principal

    Visto el escrito signado por la quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto dictado en veinte de septiembre de dos mil dieciséis, por el cual se desechó la demanda de amparo por improcedente; con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo citada; ríndase informe al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Turno del Vigésimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, señalándole que es cierto el acto motivo de la queja, pero no las violaciones que aduce y remítanse copias certificadas del presente sumario, el original del escrito de mérito y copia del mismo...V

  4. Principal

    Visto el escrito signado por la quejosa, por medio del cual cumple con el requerimiento de doce de septiembre del actual; al efecto se provee lo siguiente: DESECHAMIENTO Ahora, en primer término debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Por lo que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que a la letra: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y (.)." De la anterior transcripción legal se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando, el acto reclamado subsista, sin embargo sus efectos no pueden surtirse por haber dejado de existir el objeto o materia del acto que se reclama. ACTO RECLAMADO Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: la omisión de las autoridades responsables de construir infraestructura y diseñar programas sociales y normas secundarias, para acceder a internet de manera gratuita. Para dar una mayor claridad al caso conviene citar los principales antecedentes que la parte quejosa señala del acto: El diez de junio de dos mil trece, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones legales en materia telecomunicaciones, entre ellas el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se adicionó el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como radiodifusión y telecomunicación incluido el de banda ancha e internet. El veintinueve de junio de dos mil doce, en una declaración de "Frank La Rue", relator de la Organización de las Naciones Unidas, señaló que el internet se ha convertido en una herramienta indispensable para la serie de obtención de derechos humanos, declarando que la (ONU) está en condiciones de sancionar a los países que restrinjan o bloquen el acceso a internet a los ciudadanos. El quejoso, reside de la ciudad de Querétaro, Querétaro, con domicilio en Avenida del 57, número 69, colonia Centro, lugar en el que no ejerce el derecho que señala como vulnerado. Que ninguna autoridad le ha negado o restringido el acceso a internet. Que en su domicilio sí se cuenta con el servicio de internet contratado. Expuesto lo anterior, se estima que opera la causal de improcedencia aludida, porque de constancias de autos se advierte que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional combatida, esto es, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto reclamado ya no agravia a la parte quejosa, ya que la afectación al derecho fundamental que invoca no existe. Se estima así, porque, la solicitante de amparo instó la presente instancia constitucional, al señalar que le causaba perjuicio la omisión de las responsables de ejecutar las obras de infraestructura que otorgan el acceso a internet, al no proporcionarlo de manera gratuita, según lo prevé el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Constitución Política de la entidad, en similar artículo. Sin embargo, de su escrito aclaratorio de cuenta, en el cual abundó en los antecedentes de su acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, precisó, que en su domicilio donde actualmente habita, sí cuenta con el servicio de internet; luego, es indudable que se actualiza la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia, en virtud de que, aun cuando no se acreditó que las responsables hubieran proporcionado el internet a la peticionaria del amparo, lo cierto es que, al aceptar ésta, que en su domicilio cuenta con el servicio de internet, da lugar a la actualización de la causal en comento, por haber dejado de existir el objeto de lo reclamado. Se arriba a tal conclusión, en razón de que, siendo el juicio de amparo un medio excepcional de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos humanos, que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acude a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, que condicionan a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional, por tanto, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, si en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el acto sea inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estimara violada o bien ningún efecto jurídico tendría el fallo concesorio, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquella, o porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Por lo que es incuestionable, en base a lo antes considerado, que en la especie se modificó el entorno del acto combatido; porque aun cuando no se aprecia que se haya otorgado el acceso a internet de manera gratuita a la hoy quejosa, lo único que se evidencia con tal circunstancia, es que, al contar la quejosa con dicho servicio de internet, lo que reclama no es una cuestión jurídica, sino económica que está muy lejos de contravenir los efectos del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por ende, en el supuesto de que se resolviera el fondo del juicio de amparo, y se concediera la protección constitucional a favor de la quejosa, ello resultaría del todo ocioso, en virtud de haberse modificado radicalmente el entorno en el cual se generó el acto reclamado, sin dejar huella alguna en la esfera jurídica de ésta susceptible de reparación, al contar con el servicio reclamado. Apoya lo anterior la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, XXIV, Diciembre de 2006, visible en la Página 189, Tesis 2ª./J.181/2006 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Inclusive, al contar con el servicio de internet en su domicilio, se supera la barrera que para su acceso reclama, pues entonces significa que existe la infraestructura necesaria para gozar de ese servicio y que existen normas que lo regulan conforme el acto de prestación del servicio relativo. Aún más, el que la quejosa no sea titular del servicio de internet del que goza, igualmente se supera con que solicite el referido servicio a su nombre al contar con la infraestructura en su domicilio para recibirlo. En este mismo tenor, atendiendo al contenido de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6, en lo que aquí interesa, que dice: "Artículo. 6o.- La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. (.) El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: (.) B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones: I. El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales. II. Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias. III. La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3o. de esta Constitución. (.)." De las anteriores transcripción se desprende, que el Estado garantizará el derecho de acceso a los servicios el de banda ancha e internet, entendiéndose por ello que el propio Estado es quien establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios; esto es, que tales servicios se prestaran a través de empresas concesionarias de dichos servicios, y que el Estado se encargara de verificar únicamente que exista una efectiva competencia entre las mismas, para evitar las prácticas monopólicas de las que puedan beneficiarse ciertos agentes económicos. Aplica en lo conducente, la tesis aislada I.8o.A.50 A (10a.), emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Décima Época, con número de registro 2003500, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3, visible en la página 1756, que a la letra dice: "COMPETENCIA. ELEMENTOS QUE INTEGRAN ESE CONCEPTO Y PRESUPUESTO PARA CONSIDERARLA DESLEAL. El concepto de competencia alude al menos a cuatro elementos: los competidores, el mercado, la mercancía y la clientela. Los cuales se describen de la forma siguiente: a) competidor: persona física o moral que realiza una actividad económica independiente, frente a otra que también la lleva a cabo, en una relación tal, que la actividad de una, desarrollada por sí o por conducto de un tercero, puede beneficiar o lesionar la de la otra; b) mercado: conjunto de actividades realizadas libremente por los agentes económicos sin intervención del Estado; conjunto de operaciones comerciales que afectan a un determinado sector; conjunto de consumidores capaces de comprar un producto o servicio; o bien, el Estado y la evolución de la oferta y la demanda en un sector económico dado; c) mercancía: el bien o la actividad que los competidores ofrecen, prestan o anuncian a la clientela; y, d) clientela: se integra por consumidores potenciales de mercancías o servicios ofrecidos por los competidores. Con base en lo anterior, puede decirse que la competencia supone una relación entre sujetos, personas físicas o morales, que ejercen actividades económicas en forma independiente, por medio de la venta de mercancías o prestación de servicios en relación con una clientela, de modo que puedan resultar repercusiones entre ellos a causa del ejercicio de sus actividades. En ese sentido, la libre competencia, en principio, no puede ser restringida por el solo hecho de que el éxito de un competidor conduzca a la ruina de otro, siempre que los medios para hacerla no sean reprochables, pues de serlo, resultaría desleal." Sin que de la literalidad de la porción normativa Constitucional se advierta que los servicios de banda ancha e internet deban de prestarse de forma gratuita, por parte de Estado, lo que se advierte de manera nítida con la simple lectura del numeral anotado, sin que sea necesaria hacer operación lógica alguna. Conviene invocar, la Jurisprudencia P./J. 64/2007, emitida por el Pleno del Alto Tribunal, Novena Época, con número de registro 170629, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, visible en la página 1093, que a la letra dice: "RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. CONFORME A LAS LEYES QUE LAS REGULAN, NO CONSTITUYEN UN SERVICIO PÚBLICO, SINO ACTIVIDADES DE INTERÉS PÚBLICO, POR LO QUE LAS CONCESIONES QUE SE OTORGAN SON SOBRE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO. En atención a que conforme a los artículos 2o. y 4o. de la Ley Federal de Radio y Televisión, y 5o. de la Ley Federal de Telecomunicaciones, los servicios de radiodifusión, que comprende a la radio y televisión abiertas, al igual que los servicios de telecomunicaciones que, entre otros, comprende a la radio y televisión cerrada o restringida, no constituyen un servicio público, sino actividades de interés público que el Estado debe proteger y vigilar para el debido cumplimiento de su función social, es indudable que las concesiones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión se otorgan sobre bienes del dominio público de la Federación, en términos del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que se estime que el reclamo con base en situaciones meramente monetarias no alcanza para ejercer la acción excepcional constitucional que se pretende, tanto más si se toma en cuenta que el acceso a internet ya lo tiene en su domicilio. No obstante que lo anteriormente expuesto es suficiente para sostener el desechamiento decretado, en el caso existe diversa circunstancia que hace inejercitable la acción de amparo que se intenta, la cual, al igual que el anterior motivo de desechamiento, no cambiará con la sustanciación del juicio, de ahí que en vez de tramitar un procedimiento inócuo lo mejor es realizar la presente determinación. El diverso motivo de desechamiento que igualmente resulta manifiesto e indudable se apoya en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el 73, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Federal, en virtud de que al reclamarse que las autoridades señaladas como responsables no han realizado las acciones tendientes a hacer efectiva una norma constitucional estatal (sin reclamarse un acto concreto y material), ello implica que dichas autoridades deban ajustar la normatividad interna para hacerlo acorde con la norma estatal que sirve de sustento a la petición de amparo, aunado a que ello igualmente conlleva a redistribución de sus recursos públicos para satisfacer, en su caso, esa solicitud de acceso a internet, lo cual refleja que los efectos que, en su momento, deban darse a la ejecutoria de amparo, serían generales, abstractos y permanentes; situación que es contraria al principio de relatividad que rije el juicio constitucional que se intenta. Apoya a lo expuesto, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible a foja 2620 del Semanario Judicial de la Federación, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, Décima Época, que dice: "OMISIONES LEGISLATIVAS. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA RELATIVA A DESTINAR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, UNA PARTIDA PARA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARÁ EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS. El presupuesto de egresos de la Federación ordena el gasto público mediante la distribución y asignación del erario; por ende, la reparación de la omisión de destinar una partida para el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, no se limitaría a asignar una cantidad de dinero para éste, pues ello implicaría una redistribución de recursos, mediante la realización de un acto legislativo con características generales, abstractas y permanentes, lo que es legalmente imposible mediante el juicio de amparo, por lo que éste es improcedente contra dicha omisión legislativa, conforme al artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado a contrario sensu." Asimismo, tiene sustento la diversa tesis que aparece publicada en Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, Décima Época, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA DE FORMA INDUDABLE Y MANIFIESTA SI PRETENDE RECLAMARSE UNA OMISIÓN LEGISLATIVA, EN TANTO QUE LA EVENTUAL RESTITUCIÓN QUE HABRÍA DE OTORGARSE AL QUEJOSO EN SUS DERECHOS IMPLICARÍA DAR EFECTOS GENERALES A LA SENTENCIA, LO CUAL PROSCRIBE EL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD QUE LA RIGE, AUN CUANDO EL QUEJOSO ADUZCA QUE EL ACTO IMPUGNADO TRANSGREDE UN INSTRUMENTO INTERNACIONAL. La figura de la improcedencia constituye un impedimento para que la acción de amparo alcance su objetivo. En esa virtud, el juzgador se encuentra facultado para analizar si los efectos de una eventual concesión de la protección de la Justicia Federal pueden ejecutarse, a fin de restituir al quejoso en el derecho que aduce transgredido. Así, constituye un motivo de improcedencia que esa restitución resulte inalcanzable, como acontece cuando para ello se violan los principios rectores del juicio de amparo, como lo es el de relatividad que rige las sentencias en la materia, previsto en el artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, dicha improcedencia se actualiza de forma manifiesta e indudable si pretende reclamarse una omisión legislativa, en tanto que la eventual restitución que habría de otorgarse al quejoso en sus derechos implicaría dar efectos generales a la sentencia, lo cual proscribe el principio de relatividad mencionado, aun cuando el quejoso aduzca que el acto impugnado transgrede un instrumento internacional, pues en virtud del reclamo mencionado, no pueden soslayarse las instituciones procesales existentes en el derecho interno, como son los principios rectores de este medio extraordinario de defensa." Finalmente, aplicable en lo conducente, la tesis número 2ª. VIII/2013 10ª., visible en la foja 1164, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, sustentada la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo tenor literal es: "OMISIÓN LEGISLATIVA. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN II, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El precepto constitucional citado, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, dispone que las sentencias pronunciadas en el juicio de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, de donde deriva que respecto de dichas sentencias aún prevalece el principio de relatividad, dado que no pueden tener efectos generales. En congruencia con lo anterior, en términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Federal, es improcedente el juicio de amparo contra una omisión legislativa, pues de concederse la protección constitucional al quejoso, el efecto sería obligar a la autoridad legislativa a reparar la omisión, dando efectos generales a la ejecutoria, lo cual implicaría la creación de una ley, que constituye una prescripción general, abstracta y permanente, que vincularía no sólo al promovente del amparo y a las autoridades señaladas como responsables, sino a todos los gobernados y autoridades cuya actuación tuviera relación con la norma creada. No es obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que el artículo 107, fracción II, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establezca la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de una norma con efectos generales, toda vez que esa declaración debe emitirse en un procedimiento específico por parte de este Alto Tribunal, sin que sea posible adoptar una decisión de tal naturaleza en un caso concreto; máxime que el procedimiento para la declaratoria general de una norma se refiere a normas existentes y no a omisiones legislativas. Por otra parte, tampoco es obstáculo que el artículo 103, fracción I, constitucional, establezca que los Tribunales de la Federación conocerán de toda controversia suscitada por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, ya que dicho precepto no contempla la posibilidad de que puedan reclamarse omisiones legislativas, dado que opera la limitante prevista en el referido artículo 107, fracción II, párrafo primero, en el sentido de que las sentencias dictadas en el juicio de amparo no pueden tener efectos generales." Con base a lo anterior, se actualiza manifiesta e indudablemente la causal de improcedencia inmersa en el artículo 61, fracción XXII y XXIII, de la Ley de Amparo, ésta última fracción en relación con el 73, de la Ley de Amparo y 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Federal, lo que da lugar a DESECHAR DE PLANO la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 ibídem. Da sustento a lo dicho, la jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que estatuye: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes"...V

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