Irene Belen Díaz Hernández
Expediente 1428/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1428/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 17/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Irene Belen Díaz Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, mediante el cual, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, se declara que el mismo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este órgano jurisdiccional determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; Es susceptible de destrucción; Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Téngase la Secretaria haciendo constar que en el presente asunto no obran documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito de cuenta que suscribe la quejosa ********************; en atención a su contenido, se le tiene revocando el domicilio que tiene señalado en autos para oír y recibir notificaciones y señalando como nuevo el que indica en su escrito de cuenta; asimismo, téngasele por autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos, a las personas que señala en su escrito de cuenta, sin las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, hasta en tanto acrediten encontrarse legalmente facultados para ejercer la profesión en licenciado en derecho, o proporcionen el número único de registro o de su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales. Requisito que se considera indispensable a fin de tener certeza de que quien representa a las partes en este juicio constitucional es un experto en derecho que afrontará las obligaciones de su encomienda y evitar homonimias. Orienta lo anterior, la tesis 2a. VIII/2020 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2021840, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, página 4456, que es del siguiente tenor siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, solo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." NOTIFÍQUESE.
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PREVIO AVISO A LA PARTE QUEJOSA.---San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el cual remite la documental que se le requirió en auto de catorce de febrero de dos mil veintitrés. Con apoyo en el artículo 119 de la citada Ley, se admite como prueba documental la que se anexa al oficio de cuenta, misma que se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza. Ahora bien, en el caso, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [...]." En efecto, en la demanda de amparo la quejosa Irene Belén Díaz Hernández, reclamó del Presidente Ejecutor de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esencia lo siguiente: La omisión de acordar sus escritos de fechas dieciocho y veinticuatro de marzo, así como seis de junio, todos de dos mil veintidós, a fin de que señalara fecha y hora para la diligencia de reinstalación, requerimiento de pago y embargo al demandado, y que cumpliera en su totalidad el laudo dictado por dicha Junta. Así, del informe justificado y anexos, agregado en proveído de veinticinco de enero del año en curso, y del oficio y anexo de cuenta, documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°; se desprende lo siguiente: En proveído de doce de enero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente laboral 456/2017(4), la junta responsable dictó acuerdo en relación a los escritos de la quejosa de fechas veinticuatro de marzo y seis de junio de dos mil veintidós, y al respecto, requirió a la parte demandada Organismo Operador Público, denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, para que dentro del término de tres días hábiles posteriores a su notificación, exhibiera la cantidad correspondiente a favor de la quejosa Irene Belén Díaz Hernández, o bien presentara un programa de cumplimiento de pago, bajo el apercibimiento ahí establecido; igualmente, señaló las once horas del veintitrés de febrero del año en curso, para que el actuario en turno, se constituya en compañía de la aquí quejosa, y en diligencia formal, se le reinstale material y jurídicamente en los términos y condiciones del laudo dictado en ese juicio laboral. Por otra parte, de la constancia anexa al oficio de cuenta, se advierte que la Junta responsable dictó el acuerdo de diecisiete de febrero del año en curso, donde agregó el escrito de la quejosa de fecha dieciocho de marzo de dos mil veintidós, sin dictar mayor providencia, toda vez que ya se habían acordado las peticiones que obran en el mismo. De ahí que, al haberse dictado los referidos autos que atendieron los escritos de la quejosa, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (quince de diciembre de dos mil veintidós), es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; en consecuencia, se actualiza en la especie la causa de improcedencia establecida por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con apoyo en el numeral 63, fracción V, del invocado ordenamiento legal. Se cita en apoyo, la jurisprudencia por contradicción de tesis número 2a./J.10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, páginas 386 y 387, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando con la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". En ese sentido, se dejan sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional - diez horas con veinticinco minutos del veintitrés de marzo de dos mil veintitrés-, dada la manifiesta e indudable causa de improcedencia del juicio de amparo, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado de la resolución siempre sería en el mismo sentido, además de ser en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia en términos del artículo 17 de la Constitución Federal. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el cual remite la documental que se le requirió en auto de catorce de febrero de dos mil veintitrés. Con apoyo en el artículo 119 de la citada Ley, se admite como prueba documental la que se anexa al oficio de cuenta, misma que se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza. Ahora bien, en el caso, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [...]." En efecto, en la demanda de amparo la quejosa Irene Belén Díaz Hernández, reclamó del Presidente Ejecutor de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esencia lo siguiente: La omisión de acordar sus escritos de fechas dieciocho y veinticuatro de marzo, así como seis de junio, todos de dos mil veintidós, a fin de que señalara fecha y hora para la diligencia de reinstalación, requerimiento de pago y embargo al demandado, y que cumpliera en su totalidad el laudo dictado por dicha Junta. Así, del informe justificado y anexos, agregado en proveído de veinticinco de enero del año en curso, y del oficio y anexo de cuenta, documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°; se desprende lo siguiente: En proveído de doce de enero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente laboral 456/2017(4), la junta responsable dictó acuerdo en relación a los escritos de la quejosa de fechas veinticuatro de marzo y seis de junio de dos mil veintidós, y al respecto, requirió a la parte demandada Organismo Operador Público, denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, para que dentro del término de tres días hábiles posteriores a su notificación, exhibiera la cantidad correspondiente a favor de la quejosa Irene Belén Díaz Hernández, o bien presentara un programa de cumplimiento de pago, bajo el apercibimiento ahí establecido; igualmente, señaló las once horas del veintitrés de febrero del año en curso, para que el actuario en turno, se constituya en compañía de la aquí quejosa, y en diligencia formal, se le reinstale material y jurídicamente en los términos y condiciones del laudo dictado en ese juicio laboral. Por otra parte, de la constancia anexa al oficio de cuenta, se advierte que la Junta responsable dictó el acuerdo de diecisiete de febrero del año en curso, donde agregó el escrito de la quejosa de fecha dieciocho de marzo de dos mil veintidós, sin dictar mayor providencia, toda vez que ya se habían acordado las peticiones que obran en el mismo. De ahí que, al haberse dictado los referidos autos que atendieron los escritos de la quejosa, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (quince de diciembre de dos mil veintidós), es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; en consecuencia, se actualiza en la especie la causa de improcedencia establecida por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con apoyo en el numeral 63, fracción V, del invocado ordenamiento legal. Se cita en apoyo, la jurisprudencia por contradicción de tesis número 2a./J.10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, páginas 386 y 387, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando con la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". En ese sentido, se dejan sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional - diez horas con veinticinco minutos del veintitrés de marzo de dos mil veintitrés-, dada la manifiesta e indudable causa de improcedencia del juicio de amparo, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado de la resolución siempre sería en el mismo sentido, además de ser en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia en términos del artículo 17 de la Constitución Federal. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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