Irene Alonso Vasquez

Expediente 399/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
399/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
09/05/2023

Partes del expediente

  • Irene Alonso Vasquez

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto dictado el veinte de abril pasado, en el cual se desechó la demanda de amparo origen de este expediente; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Por tanto, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que no se encuentra pendiente cumplir determinación judicial ni devolver documentos originales, con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21, inciso b) del citado Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE..

  2. Principal

    MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de abril de dos mil veintitrés. REGISTRO DE EXPEDIENTE De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 399/2023. DE LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se hace del conocimiento de las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea, con el que intervengan las partes en un asunto, se adopta como eje rector la tramitación electrónica en el juicio de amparo. Por lo anterior, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los expedientes físicos deberán contener únicamente aquellos documentos recibidos por esta vía. Instrúyase al Secretario a cargo de este expediente y al personal correspondiente, para que verifiquen, según sus atribuciones, la debida integración del expediente electrónico, así como del expediente físico con las constancias respectivas. PARTE QUEJOSA IRENE ALONSO VÁSQUEZ por propio derecho, miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional, dependiente del Instituto Nacional Electoral. AUTORIDADES RESPONSABLES 1. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 2. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión 3. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 4. Secretario de Gobernación del Gobierno Federal. 5.- Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación. ACTOS RECLAMADOS a) La aprobación de las reformas a Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales por parte del CONGRESO DE LA UNIÓN, las cuales terminaron su proceso legislativo con la aprobación del dictamen por parte de la CÁMARA DE SENADORES en fecha 22 de febrero de 2023, el acto que reclamo de cada una de la Cámaras del Congreso de la Unión, es precisamente la discusión, aprobación, expedición y decreto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; particularmente en cuanto a los siguientes artículos: 30, 31, 44, 61, 62, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 125 QUATER Y 125 SEPTIES b) La entrada en vigor, publicación y aplicación en el DOF del Decreto que reforma y deroga disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) de fecha 2 de marzo de 2023. En este sentido, los actos que se atribuyen a las autoridades responsables citadas, constituyen conductas violatorias de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º, 4º, 5°, 14, 16, 25, 35, 41 y 73 fracción XXIX-U de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como a los Tratados Internacionales de los cuales México es parte y son Ley Suprema de conformidad con el artículo 133 de la Constitución como lo son: La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; Carta de la EOA y la OIT. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS Derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º, 4º, 5°, 6, 14, 16, 25, 26, 35, 41 Base V, 52, 53, 133 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DESECHAMIENTO Con fundamento en los artículos 113, 62, 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO, PORQUE EL ACTO RECLAMADO NO AFECTA LOS INTERESES JURÍDICOS O LEGÍTIMOS DE LA PARTE QUEJOSA, los cuales establecen lo siguiente: El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. De los citados artículos se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII, Noviembre de 1991, página 198, con registro digital 221353, que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional". Ahora, analizada en su integridad la demanda de cuenta, se aprecia que de los actos descritos con antelación, en esencia se aduce la transgresión a los derechos humanos del quejoso, puesto la reforma controvertida tiene como objeto también suprimir diversas plazas que corresponden al Servicio Profesional Electoral Nacional y a la Rama Administrativa, con lo que se le privaría de su fuente de trabajo y a los derechos adquiridos (prima vacacional, prima quincenal, aguinaldo, gastos funerarios e indemnización por fallecimiento, vacaciones, seguro de vida colectivo de retiro) como miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional, dependiente del Instituto Nacional Electoral. Ahora bien, en el caso se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Del numeral transcrito se advierte que es presupuesto para la procedencia del juicio de amparo, que sea promovido por la parte agraviada, esto es, por quien resiente una afectación real y actual en su esfera jurídica, ya sea de manera directa (interés jurídico) o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). El interés jurídico presupone la existencia de un derecho subjetivo que se dice vulnerado por la actuación de una autoridad, su titular queda facultado para acudir ante el órgano jurisdiccional para demandar el cese de esa violación. El interés legítimo es aquel interés personal, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso, en el entendido que dicho interés deberá estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo; debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, personal, de salud pública o cualquier otra. En ese tenor, cuando el amparo se promueve contra una norma general, para su procedencia, se requiere de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia, lo que puede acontecer en dos momentos, con su sola entrada en vigor (autoaplicativa) o con el primer acto de aplicación y a través de un acto concreto de aplicación (heteroaplicativa). Ha sido criterio reiterado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que las normas autoaplicativas son aquellas que con su entrada en vigor crean modifican o extinguen una determinada situación jurídica, sin necesidad de que se actualice alguna condición futura. Por su parte, las normas heteroaplicativas no surgen en forma automática -como el anterior supuesto-, sino que su materialización se encuentra sometida a la realización de un evento, es decir, cuando por su sola entrada en vigor no causa perjuicio, sino que requiere de la realización de un acto distinto y posterior al cual está condicionada su aplicación. Para determinar cuándo la norma general es autoaplicativa o heteroaplicativa -señala el Alto Tribunal- se debe atender al concepto de individualización incondicionada de las mismas, lo que constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer en cada caso concreto si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren de forma condicionada o incondicionada. En tal distinción, la norma es individual condicionada o heteroaplicativa, cuando necesita la realización de un acto para que adquiera su individualización, que bien puede revestir de carácter administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan en la hipótesis de la norma general. Caso contrario, cuando la norma es incondicionada o autoaplicativa, las obligaciones de hacer o no hacer nacen con la vigencia de la misma, esto es desde un inicio crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. Es aplicable la jurisprudencia 55/97, Novena Época, registro digital 198200, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permkite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Asimismo, orienta la tesis XIX/96, Novena Época, registro digital 200627, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS (DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que para distinguir las leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consubstancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, generan perjuicio al gobernado desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional e incluso comprende el acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio, de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." En este sentido, resulta válido sostener que el carácter autoaplicativo o heteroaplicativo de una disposición es una cuestión (jurídica) diferente a la del acreditamiento del interés jurídico (cuestión de prueba) para reclamarla, pues lo primero se refiere a la obligatoriedad del mandato legal, ya sea que se actualice desde la entrada en vigor o con motivo de un acto concreto de aplicación; en cambio, el interés jurídico se vincula con la afectación que el propio mandato original, la cual es susceptible de probarse mediante un acto de aplicación. En el caso, la quejosa refiere que con la entrada en vigor de la reforma electoral reclamada, atenta contra su fuente de trabajo, desapareciendo estructura, cargos y puestos; así como diversas prestaciones de las que goza con motivo del cargo que desempeña. Sin embargo, contrario a lo manifestado por el inconforme, las disposiciones normativas impugnadas, con su entrada en vigor, por sí misma, NO AFECTA SU INTERÉS JURÍDICO pues en este momento no existe un acto concreto de aplicación que imponga obligaciones de hacer o no hacer que afecte sus esferas jurídicas, es decir, la norma general impugnada, para la quejosa, no es de carácter autoaplicativa. En efecto, la quejosa refiere que los actos impugnados tienen como consecuencia la supresión de diversas prestaciones laborales reconocidas con anterioridad a la entrada en vigor del decreto combatido; así como la eventual pérdida de su empleo. Sin embargo, no se advierte que su relación laboral con motivo de la entrada en vigor de las reformas a la ley reclamada haya concluido; además de que el acto reclamado esencialmente se sustenta en la eventual pérdida del empleo y demás prestaciones adquiridas, lo que se insiste, no ha sucedido. Consecuentemente, lo anterior constituye un motivo para colegir que la norma general reclamada, desde la perspectiva autoaplicativa, aun no genera afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa, ante la ausencia de un acto de aplicación, puesto que la misma estará condicionada a que se materialice en lo futuro, es decir, la norma reclamada está condicionada a su aplicación (heteroaplicativa), en los efectos y términos que refiere. En consecuencia, se actualiza la CAUSA DE IMPROCEDENCIA prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, toda vez QUE HASTA ESTE MOMENTO NO EXISTE UNA AFECTACIÓN MATERIAL A LOS DERECHOS SUSTANTIVOS del promovente, por tanto, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA de amparo en que se actúa. No se soslaya la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (registro digital 178541), de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. NO SE ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA, SI PARA ESTABLECER LA NATURALEZA HETEROAPLICATIVA O AUTOAPLICATIVA DE AQUELLAS EL JUEZ DE DISTRITO REQUIERE HACER CONSIDERACIONES INTERPRETATIVAS DE LA SENTENCIA DEFINITIVA"; puesto que en el análisis realizado para la conclusión alcanzada, no se requirió de un análisis exhaustivo que se relacione con el fondo de la litis, pues únicamente se verificaron las circunstancias propias del caso expuestas por el quejoso en los actos reclamados y antecedentes de los mismos, para la procedencia del juicio constitucional, donde refirió que por la vigencia de la norma general impugnada, se afectaba su situación laboral, empero, como se demostró, con la vigencia de la misma no se ven concretadas las circunstancias que hecho que mencionan." Debe decirse que la actualización de la causal de improcedencia en estudio, no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia reconocidos en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, se podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo. Por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis aislada 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Enero de 2010, página 324, Materia(s): Común, con registro digital 165538, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA.- Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben interpretarse de manera estricta, de manera que la salvaguarda de la Constitución y de las garantías individuales a través de dicho proceso sea efectiva, de lo cual deriva que ante distintas posibles interpretaciones de las fracciones que componen el artículo 73 de la Ley de Amparo, el juez debe acoger únicamente aquella que se haya acreditado fehacientemente, evitando dejar, con base en presunciones, en estado de indefensión al promovente, lo que es acorde al derecho a la tutela judicial efectiva previsto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, que condicionan la actuación de todos los poderes públicos, incluido el juez de amparo." HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES Desde este momento SE AUTORIZA para que CUALQUIER DILIGENCIA que se ordene en el presente juicio de amparo, se realice, de ser necesario, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, ya que el suscrito lo estima pertinente para el adecuado despacho de este asunto. ALTA DE USUARIO Atento a la certificación de cuenta, con fundamento en los artículos 26 fracción IV, 30 fracciones I y III, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo; en relación con los diversos 39, 55, 60, 61, 62 y 63 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo se autoriza la consulta del expediente electrónico con el nombre de usuario irene.alonso, por lo que dígase al promovente que para consultar los acuerdos y determinaciones deberá ingresar con el nombre de usuario y contraseña, o bien a través de su firma electrónica, al módulo de consulta de notificaciones de Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para ello la Oficial Judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este Juzgado, deberá vincular el usuario que indica el promovente previa verificación de que los datos coincidan con el registro de la base que arroje el sistema; y agregar la constancia respectiva al expediente. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Ahora, de conformidad con lo establecido en los artículos 26 fracción IV, 30 y 31, fracción III, de la Ley de Amparo; en relación con los diversos 39, 55, 60, 61, 62 y 63 del citado Acuerdo General 12/2020, como lo solicita se autoriza únicamente al usuario irene.alonso la notificación electrónica de las resoluciones emitidas en este asunto; por lo que dígase al promovente que para ser notificada de los acuerdos y determinaciones deberá ingresar con el nombre de usuario y contraseña, o bien a través de su firma electrónica, al módulo de consulta de notificaciones de Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, únicamente en caso de no lograrse la notificación por ese medio, se deberá efectuar en el domicilio que señalan en autos. Tome nota el área de actuaria para los efectos legales consiguientes. COMUNICACIONES NO PROCESALES Se tiene al promovente señalando el número telefónico y correo electrónico que proporciona, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. No ha lugar a tenerle señalando como domicilio para oír y recibir notifiaciones el que indica, dado que se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado, máxime que ya señaló usuario electrónico para que se le realizaran las mismas. PETICIÓN ESPECIAL A LAS PARTES En otro aspecto, se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. De igual forma, se exhorta a las partes, con fundamento en el artículo 22, fracción II del Acuerdo General 21/2020, para que propongan una forma especial y expedita de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se pueden implementar las comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Hágase del conocimiento de las partes que en términos del oficio CJF/OM/DGEJ/J/8895/2013, suscrito por la Titular de la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en congruencia con lo establecido en el artículo 3º de la Ley de Amparo, dichas partes se encuentran facultadas para que, por sí mismos, o a través de las personas que autoricen para oír y recibir notificaciones, bajo su más estricta responsabilidad, puedan consultar el expediente electrónico que se forme con motivo del presente asunto en la dirección electrónica www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, para lo cual, las partes deberán señalar expresamente a las personas que autoricen con dichas facultades, quienes a su vez deberán satisfacer el procedimiento de registro indicado en la referida dirección electrónica, consistente en llenar el formulario respectivo, confirmar en la cuenta de correo electrónico que al efecto proporcionen que se haya concretado su registro, imprimir la solicitud que resulte y presentarla ante este órgano jurisdiccional a efecto de proveer sobre dicha autorización, toda vez que la misma solamente surtirá efectos una vez que se acuerde de conformidad. REGISTRO DE CÉDULAS Hágase saber al quejoso que conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, de veinticinco de septiembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintidós de noviembre de dos mil trece, y su reforma publicada por el mismo medio el diecisiete de septiembre de dos mil catorce, de acuerdo a los artículos 261 al 266, los abogados postulantes que cuenten con cédula profesional, y que así sean autorizados por las partes, tienen derecho a que en este órgano jurisdiccional, se realicen los trámites correspondientes a efecto de que sea registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, para lo cual deberán seguir el trámite señalado en los citados numerales, y presentar los documentos ahí mencionados. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. AUTORIZACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA DE DETERMINACIONES Y OFICIOS Se hace del conocimiento de las partes, que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. Por último, se autoriza a la Secretaria encargada del trámite del presente expediente para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE PROMOVENTE.

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