Irazu Galindo Barrera
Expediente 1987/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1987/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Irazu Galindo Barrera
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; tres de enero de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO. Vista la certificación de cuenta, y como ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que se haya recurrido el auto a través del cual se desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada legislación, se declara que dicho proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. ARCHIVO Y VALORACIÓN. En ese sentido, dado que el expediente físico coincide fiel e íntegramente con el expediente electrónico, con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible.VIII
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veintidós de diciembre de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Con la demanda de amparo promovida por *****, contra actos del Juez Penal de Control del Segundo Circuito Judicial con sede en Tulancingo de Bravo, Procurador General de Justicia, Agentes del Ministerio Público Titulares de la Unidad de Investigación Sin Detenido Número I, II, III, IV, V, VI y VII, en Tulancingo de Bravo, Agentes del Ministerio Publico Titulares de la Unidad de Investigación Con Detenido Número I, II, III y IV, en Tulancingo de Bravo, Director General de la Agencia de Investigación Criminal y Comandante de la División de Investigación Grupo Tulancingo, de la Agencia de Investigación Criminal, los catorce anteriores de la Procuraduría General de Justicia, todos del Estado de Hidalgo, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1987/2022-VIII-A. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda, al advertirse la actualización de una causa de improcedencia del juicio de amparo. Así, se advierte que se actualiza de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, mismos que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.) Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. De los preceptos antes transcritos, se desprenden los lineamientos básicos en cuanto a la oportunidad para la presentación de la demanda de amparo, siendo la regla genérica el término de quince días hábiles, los cuales deben comenzar a computarse a partir de tres momentos, siendo estos: a) Desde el día siguiente a aquel en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución reclamada. b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución. c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor del acto o su ejecución. En el entendido de que, de no promoverse el juicio de amparo en dicho término, se reputará consentido el acto de que se trate. Sin embargo, existen diversas hipótesis de excepción, las cuales se encuentran contenidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues en esos casos el término será de treinta días, ocho años o siete años, incluso en cualquier tiempo. De manera que, cuando el acto reclamado consista en una norma general autoaplicativa o en un proceso de extradición, la parte quejosa cuenta con treinta días para acudir a la tutela constitucional. En cambio, en materia penal, las únicas excepciones al plazo de quince días, se actualizan cuando se trate de una sentencia definitiva condenatoria, en cuyo caso el amparo podrá promoverse dentro del plazo de ocho años; y, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacional, supuestos en los que el amparo podrá promoverse en cualquier tiempo. Por último, en los supuestos específicos de la materia agraria, el plazo será de siete años. En ese contexto, atendiendo al sentido de la norma legal invocada, es claro que las oportunidades legales para la incoación del juicio de amparo son las establecidas de manera específica por el legislador federal, por lo que en atención al principio lógico supremo de tercero excluido, si algún acto de autoridad no se encuentra específicamente previsto en cualquiera de las porciones normativas que integran el artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para acudir a la tutela constitucional siempre será el genérico de quince días. El referido numeral establece que el plazo genérico para la presentación de la demanda de amparo es de quince días, lapso que en el presente caso debe observarse, ya que en la especie no se actualiza alguna de las hipótesis de excepción previstas en las fracciones de tal numeral. En el caso, tenemos que el acto reclamado consiste en la orden de aprehensión, búsqueda, localización y/o presentación librada en contra de la quejosa, emitida por las autoridades responsables señaladas como ordenadoras. Ahora bien, de la lectura de la demanda se advierte que la promovente manifestó en sus antecedentes, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del acto reclamado tal como a continuación se precisa: .ANTECEDENTES. 1.-El suscrita en fecha diecinueve de abril del dos mil veintidós siendo aproximadamente las trece horas con cincuenta minutos al llegar a mi domicilio por voz de un vecino me enteré que momentos antes habían acudido a dicho domicilio personas que dijeron ser integrantes del grupo de investigación de Tulancingo de Bravo Hidalgo de la policía Ministerial, los cuales preguntaron por la suscrita manifestando que me andaban buscando porque traían una orden librada en mi contra sin especificar qué tipo de orden era, por lo que desconozco si se trata de una orden de aprehensión, presentación, así como la autoridad que pudo haberle emitirlo.. Por ende, su término para la presentación de la demanda de amparo, comenzó a computarse al día hábil siguiente al en que tuvo conocimiento del acto o de su ejecución, es decir, el término para la presentación de la demanda de amparo inició al día hábil siguiente, siendo el veinte de abril siguiente. Entonces, el término para la promoción del juicio de amparo, transcurrió del veinte de abril al doce de mayo del año en curso, sin contar en dicho término los días veintitrés, veinticuatro y treinta de abril, así como los días, uno, cinco, seis, siete, ocho, catorce y quince de mayo, todos de la presente anualidad. Como se ve, la demanda de amparo no fue promovida dentro del término de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que fue ingresada hasta el veinte de diciembre del año en curso. Lo anterior, conduce a afirmar que el acto reclamado fue consentido tácitamente; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia invocada. En ese orden de ideas, procede desechar la demanda promovida por la quejosa, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo. Es importante señalar que la causa de improcedencia invocada es manifiesta porque, como se expuso, se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Además, es indudable porque se tiene la certeza y plena convicción de que efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda de amparo y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. LUGAR PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. Téngase como lugar para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa las listas que se publican diariamente en este juzgado federal. AUTORIZADO. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ****, y únicamente para oír y recibir notificaciones a J*****; lo anterior, por no acreditar que se encuentra legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado; además, no se encontró inscrito en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales (REGPROF). HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2 de la Ley de Amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas). USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En atención al principio de economía procesal y, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento se autoriza a las partes para hacer uso de cámaras fotográficas, lectores de láser u otros medios electrónicos, para la reproducción de los acuerdos y resoluciones dictados en el presente sumario...VIII
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