Irasema Méndez Gonzáles y Otros.

Expediente 115/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
115/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
17/02/2022

Partes del expediente

  • Irasema Méndez Gonzáles y Otros.
  • Irasema Méndez Gonzáles

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Madero, Tamaulipas, diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Del estado procesal que guardan los presentes autos y del contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto se clasifica como destruible, pues se desechó la demanda de amparo y si existen documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral en cita, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo dispone el artículo 35 del citado acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente. En otro entorno, toda vez que resulta innecesaria la retención de las documentales que exhibió la parte quejosa con su escrito de demanda, de conformidad con en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágase devolución de las mismas, previa comparecencia, identificación y recibo de entrega que quede en autos, con el apercibimiento que de no acudir al presente órgano jurisdiccional a recoger los citados documentos, dentro de un plazo de noventa días, entonces dichas constancias serán destruidas. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  2. Principal

    Ciudad Madero, Tamaulipas, diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Del estado procesal que guardan los presentes autos y del contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto se clasifica como destruible, pues se desechó la demanda de amparo y si existen documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral en cita, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo dispone el artículo 35 del citado acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente. En otro entorno, toda vez que resulta innecesaria la retención de las documentales que exhibió la parte quejosa con su escrito de demanda, de conformidad con en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágase devolución de las mismas, previa comparecencia, identificación y recibo de entrega que quede en autos, con el apercibimiento que de no acudir al presente órgano jurisdiccional a recoger los citados documentos, dentro de un plazo de noventa días, entonces dichas constancias serán destruidas. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  3. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta[n] los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta, a través del cual la autoridad oficiante remite copia certificada, de las constancias que le fueron solicitadas en autos; por tanto, en términos del artículo 121 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad dando cumplimiento al requerimiento efectuado; hágase saber a las partes la circunstancia anterior, para que, de ser el caso, manifiesten lo que a su derecho corresponda. Con respecto a las documentales ofrecidas, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las cuales se considerarán al momento de emitir el fallo que conforme a derecho proceda, conforme a los arábigos 119 y 123 de la citada ley; sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia constitucional.

  4. Principal

    Ciudad Madero, Tamaulipas, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Irasema Méndez González y Sergio Eduardo Meléndez Ortega, contra actos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas en Altamira (Segundo Distrito Judicial), por violación a los derechos fundamentales consagrados en el artículo 14 constitucional; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro. Regístrese en el libro de "Registro de Juicios de Amparo" bajo el expediente 115/2022-I-B. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias necesarias para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Hecho notorio. Ahora, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, constituye un hecho notorio las resoluciones que integran el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, sin que haya necesidad de glosar al expediente copia certificada de tales fallos. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), que dice: HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente1 . En ese sentido, se llega al conocimiento de la existencia del juicio de amparo 1137/2019, del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por Abel Sánchez Flores en contra el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en Altamira; en el que señaló como acto reclamado el emplazamiento al juicio especial hipotecario 545/2009, y sus consecuencias, en el que por ejecutoria dictada el quince de julio de dos mil veintiuno, en el recurso de revisión 6/2021, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativo y Civil del Decimonoveno Circuito con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, se revocó la sentencia 1 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pleno, Décima Época, Registro: 2017123, Jurisprudencia, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Página: 10. recurrida a fin de otorgar a la, el amparo y protección de la justicia federal; para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: 1.- Al resultar fundados los conceptos de violación, debe restituirse al quejoso su derecho de propiedad afectado con motivo de la violación a su derecho de audiencia, por lo que este tribunal, en reparación de esos derechos, declara nulo todo lo actuado después del auto inicial del juicio hipotecario hasta la última actuación, únicamente por cuanto hace el quejoso Abel Sánchez Flores, con las siguientes precisiones: a) Deberá incorporarlo a la Litis mediante diligencia de emplazamiento b) Estimará intocado el emplazamiento de Blanca Rosa Salazar Domingo, atento al principio de relatividad de las sentencias Concesión que se hace extensiva a la autoridad ejecutora." Así desde el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno en que se tuvo por recibida dicha ejecutoria y los autos originales del juicio de amparo 1137/2019, este órgano jurisdiccional ha requerido a las autoridades responsables en el aquel juicio, el cumplimiento a la ejecutoria de amparo a efecto de restituir al quejoso Abel Sánchez Flores en su derecho de propiedad, con motivo de los actos derivados del juicio juicio especial hipotecario 545/2009, del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, con sede en Altamira, Tamaulipas. Desechamiento de la demanda. Se procede a examinar la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, que dice: [A]rtículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS2 ". Conforme a esa tesis, la improcedencia de la acción de amparo que permita desechar la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable, pues ello supone que el juzgador, con la mera lectura del escrito inicial y de sus anexos, considera probada la correspondiente causal de improcedencia sin lugar a dudas, sea porque los hechos sobre los que descansa hayan sido manifestados claramente por el demandante o porque estén probados con elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido. En otras palabras, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. En la especie, procede desechar de plano la demanda de amparo, en términos de lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, toda vez que se advierte de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. Del precepto legal transcrito, se sigue que el juicio de amparo es improcedente, en dos supuestos diferenciados, a saber, cuando se reclamen: a) Resoluciones emitidas en los juicios de amparo; y, 2 Jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77. b) Respecto de aquéllas que se realicen en ejecución de las mismas. En cuanto al primer supuesto, la improcedencia tiene como finalidad evitar la promoción de juicios de amparo infinitos contra actos dictados en otro procedimiento de la misma naturaleza, partiendo principalmente de que el actuar de la autoridad de control constitucional se encuentra sujeto a la interposición de los medios de impugnación que la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, prevé, y no mediante un nuevo y autónomo juicio de derechos fundamentales. Respecto a la segunda hipótesis, se sigue que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman determinaciones dictadas en ejecución de las resoluciones emitidas en los juicios de amparo. El precepto en cita no distingue, entre la decisión que respecto al fondo se pronuncie y que resuelve el planteamiento constitucional, y los diversos proveídos dictados durante la tramitación de la respectiva instancia constitucional; contra estas resoluciones como en las primeras, no es dable promover demanda de amparo, ya que no compete a un órgano de control de la constitucionalidad analizar los actos de otro órgano de la misma naturaleza, cuando se actúa en ejercicio de esa facultad. Ciertamente, la prohibición de ejercer la acción de amparo contra determinaciones dictadas en los procedimientos de esa naturaleza, no se limita a la sentencia culminatoria del juicio respectivo, sino también a cualquier decisión inmersa en él, pues las resoluciones principales, como las de trámite, no pueden ser reclamadas mediante otro juicio de amparo, ya que ello provocaría juicios interminables. En ese tenor, la causa de improcedencia en comento no se refiere únicamente a que el juicio de amparo resulta improcedente para combatir aquellas determinaciones que ponen fin a la controversia constitucional, o son dictadas en cumplimiento a las mismas, sino también a todas las actuaciones que se dicten durante su substanciación, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquél, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio, ya sea en una aclaración de sentencia o en los recursos de revisión, queja o reclamación. 25/04/22 14:13:29 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c0.2a ARNOLDO DAVILA MAYORGA Las consideraciones expuestas se apoyan en la tesis 1a. LXX/2003, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con el precepto mencionado el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en él o en ejecución de ellas, entendiéndose por aquél la vía extraordinaria para impugnar actos inconstitucionales de cualquier autoridad, y no como el juicio estrictamente iniciado con la demanda y concluido con la resolución definitiva. En ese tenor, se concluye que las resoluciones emitidas en el juicio de amparo contra las cuales éste es improcedente son las dictadas en el juicio principal, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquél, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio, ya sea en una aclaración de sentencia o en los recursos de revisión, queja o reclamación, resoluciones éstas que se entienden emitidas en el juicio de amparo, como medio extraordinario de control constitucional, sin importar que dicha resolución se emita antes o después de concluido el "juicio" en lo principal3 . Por lo anterior, la causa de improcedencia invocada, se explica por la necesidad de proteger la estabilidad y seguridad jurídica, pues éstas no existirían si fuera factible combatir en nuevos juicios de amparo, las resoluciones pronunciadas en ellos o en cumplimiento de éstas, además que la cadena de juicios que en tal supuesto pudiera originarse sería interminable. Ahora por lo que hace a la segunda hipótesis, el precepto citado al establecer que el juicio de garantías no procede en contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, se refiere a aquellas que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo las constriñe a realizar determinadas acciones, esto es, en las que les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva actuación conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. Por tanto, la improcedencia referida deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico realizado en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que, admitir uno nuevo, afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. 3 Tesis 1a. LXX/2003, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVIII, diciembre de 2003, página 83; registro IUS: 182624. Orienta lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ, NO TRANSGREDE EL DERECHO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. El precepto citado, al establecer que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, se refiere a aquellas que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo las constriñe a realizar determinadas acciones, esto es, en las que les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva sentencia conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. Ahora bien, la improcedencia referida deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico realizado en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que, admitir uno nuevo, afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese sentido, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo no transgrede el derecho a contar con un recurso eficaz, al no contradecir los artículos 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues la norma referida no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Además, el precepto citado también cumple con el postulado previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en procurar una justicia pronta y expedita, que asegure su correcta y funcional administración4 . Estudio de la demanda Del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo5 , se llega al conocimiento que la parte quejosa señala como acto reclamado el acuerdo dictado el siete de enero de dos mil veintidós, emitido en el juicio especial hipotecario 545/2019, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con sede en Altamira, promovido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en contra de Abel Sánchez Flores y Blanca Rosa Salazar, en el que la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 1137/2019, del índice de este órgano jurisdiccional, entre otras cosas, ordenó la cancelación de la escritura número 13528 volumen 598 de fecha veinticinco de noviembre de dos mil veinte, autorizada por el Notario 4 Registro digital: 2018315, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materia(s): Constitucional, Común, Tesis: 1a./J. 57/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo I, página 829, Tipo: Jurisprudencia 5 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Licenciado Guillermo Peña Sam a cargo de la Notaría Pública Número 157, con ejercicio en Altamira, Tamaulipas, misma que originó la inscripción 7°, que corresponde al contrato de compraventa celebrado entre Rosa Isela Madrigales Pego, como vendedora, y los aquí quejosos Sergio Eduardo Meléndez Ortega e Irasema Méndez González, como compradores del citado, lo anterior a fin de restituir al directo quejoso Abel Sánchez Flores, su derecho de propiedad y posesión afectado, por lo que se ordenó requerir a Irasema Méndez González y Sergio Eduardo Meléndez Ortega, para que en el término de tres días hagan entrega física y material objeto del presente juicio constitucional. Asimismo, de la lectura de la demanda y las constancias que integran el juicio de amparo 1137/2019 de este juzgado, se acredita en forma patente y absolutamente clara [manifiesto] que [1] Abel Sánchez Flores promovió juicio de amparo en contra del emplazamiento al juicio especial hipotecario 545/2009, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en Altamira, y sus consecuencias, en el que por ejecutoria dictada el quince de julio de dos mil veintiuno, en el recurso de revisión 6/2021, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativo y Civil del Decimonoveno Circuito con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, se revocó la sentencia recurrida a fin de otorgar a la citada parte procesal, el amparo y protección de la justicia federal; [2] Que a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria del juicio de amparo 1137/2019, por acuerdo de siete de enero de dos mil veintidós, emitido en el juicio especial hipotecario 545/2019, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con sede en Altamira, entre otras cosas, se ordenó la cancelación de la escritura número 13528 volumen 598 de fecha veinticinco de noviembre de dos mil veinte, que corresponde al contrato de compraventa celebrado entre Rosa Isela Madrigales Pego, como vendedora, y los esposos Sergio Eduardo Meléndez Ortega e Irasema Méndez González, como compradores de predio que nos ocupa, lo anterior a fin de restituir al directo quejoso Abel Sánchez Flores, su derecho de propiedad y posesión afectado, en virtud de lo anterior, se ordenó requerir a los aquí quejosos Irasema Méndez Gonzáles y Sergio Eduardo Meléndez Ortega, para que en el término de tres días hagan entrega física y material objeto del presente juicio constitucional, [acto que se duele la parte quejosa]. Bajo ese contexto, se tiene la certeza y plena convicción [indudable] de que la causa de improcedencia de que se trata efectivamente se actualiza en el caso concreto, porque la parte quejosa pretende impugnar actuaciones realizadas en el juicio natural dictadas a fin de dar cumplimiento la ejecutoria de amparo dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativo y Civil del Decimonoveno Circuito con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en el amparo en revisión 6/2021, de su índice, formado con motivo del juicio de amparo 1137/2019 de este juzgado. De ahí que se estime demostrado que los actos reclamados por los quejosos no pueden ser analizados en esta instancia constitucional porque ello equivaldría a analizar los alcances de la sentencia emitida en el juicio de amparo 1137/2019, del índice de este órgano jurisdiccional. En ese sentido, es incuestionable, que en el caso se actualiza la causa prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que dispone que el juicio de amparo es improcedente, contra resoluciones dictadas en los propios juicios de amparo o en ejecución de las mismas. Ello es así, pues el acuerdo de siete de enero de dos mil veintiuno reclamado, fue emitido por el Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dictado en el juicio de amparo 1137/2021, de este juzgado, esto es, el acto aquí reclamado, es una actuación que el citado juez indefectiblemente debe emitir como autoridad responsable, pues este órgano jurisdiccional como autoridad de amparo, la constriñe a su realización a fin de velar por el cumplimiento del citado fallo protector, en ese sentido, el acuerdo combatido constituye una consecuencia, de los lineamientos emitidos por este juzgado federal para cumplir con la sentencia de amparo y, por ende, la responsable emitió su nueva actuación conforme a los efectos ahí precisados. Por tanto, la causa de improcedencia que se actualiza, deriva del hecho de que la resolución dictada por el Juez responsable es producto del análisis jurídico realizado en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que, admitir uno nuevo, afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. Apoya lo antes expuesto la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS DERIVADOS DE UNA RESOLUCION INCIDENTAL EN JUICIO DE GARANTIAS. Si los actos reclamados se originaron con motivo de haberse dictado una resolución incidental en relación con un juicio de amparo anterior, en la que se concedió la suspensión de los actos reclamados a la quejosa en el citado juicio de garantías, procede confirmar el sobreseimiento dictado en el nuevo juicio de amparo con apoyo en la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción II del artículo 73 del mismo ordenamiento, que establece la causal de improcedencia contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas, disposición que tiene exacta aplicación por derivarse los actos reclamados de una resolución incidental suspensiva dictada en un juicio de garantías6 En ese contexto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por Irasema Méndez Gonzáles y Sergio Eduardo Meléndez Ortega. Domicilio procesal e intervención de autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo, en el entendido que de no existir, encontrarse deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a los promoventes o sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este Juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo se tienen y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados José Ortiz Rosales, José Ortiz Barraza y Hugo Alberto Ortiz Barraza; así como autorizados en términos del segundo párrafo del citado ordenamiento legal, a los diversos profesionistas que indica, en virtud de no contar con cédula debidamente registrada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. 6 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Volumen L, Tercera Parte, página 21, registro IUS: 267376. Se autoriza uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos y copias. Con fundamento en la circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta a las partes y a sus autorizados para que, previa solicitud a la Secretaria encargada de este expediente, se impongan de sus actuaciones mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos, debiendo recabarse constancia de cada consulta realizada en esos términos. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza la expedición de copias en el presente expediente, previa solicitud verbal que para el efecto se haga a la Secretaria encargada del trámite quién legalmente se encuentre facultado para ello. Información pública. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. INSTRUCCIÓN AL SECRETARIO ENCARGADO DEL TRÁMITE DEL ASUNTO, ACTUARIOS JUDICIALES Y OFICIALES ADMINISTRATIVOS. Por otra parte, a fin de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en términos del artículo 3, de la Ley de Amparo: Se instruye desde este momento al Secretario encargado del trámite de este asunto -quien aparece como fedatario es esta actuación- para que puntualmente: 1. Todos los acuerdos sean signados con Firma Electrónica y cuente con los permisos necesarios. 2. Supervise la integración de manera cronológica al expediente electrónico de las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que obren en el expediente físico. 3. Como fedatario, verifique la coincidencia de contenidos del expediente impreso y el electrónico, para lo cual, al dar cuenta deberá validar expresamente: a) Respecto de la documentación recibida por vía electrónica, toda se ha impreso y agregado al expediente físico, en su caso, con la evidencia criptográfica de la firma respectiva y sin necesidad de certificación o actuación judicial, y b) Cuando la documentación se reciba en formato impreso, esta se ha digitalizado e ingresado al expediente electrónico respectivo. 4. Al solicitar los informes o documentación a las autoridades responsables, respecto de juicios seguidos ante tribunales que no pertenezcan al Poder Judicial de la Federación, procurará que la digitalización de los expedientes relativos a dichos juicios se realice por las propias autoridades responsables y solo si esto no es posible, se cerciore se realice dicha digitalización por los oficiales judiciales de su mesa. En ese sentido, se ordena al oficial judicial: La digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes físicamente, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo. La integración de manera cronológica al expediente electrónico de las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que obren en el expediente físico. En cuanto al Actuario Judicial que por terminación de expediente le corresponda: Deberá digitalizar oportunamente todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren derivadas del presente asunto, incorporándolas al expediente electrónico a más tardar al día siguiente de su realización. En todo momento, queda a cargo del Secretario -quien aparece como fedatario- cerciorarse tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad y dar fe de ello al pie de cada determinación judicial. Exhortación para mejorar la comunicación con las partes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea; asimismo, para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese en términos de ley.

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