Irasema Kondo Padilla

Expediente 957/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 15 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
957/2023
Año
2023
Actuaciones
15
Última actuación
10/10/2023

Partes del expediente

  • Irasema Kondo Padilla
  • Juez Instructor del Tribunal Laboral Burocrático del Estado de Durango

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Vistos los presentes autos, de los que se advierte que se hace necesario establecer si la sentencia que concedió a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal ha quedado cumplida o no, por lo que se procede al estudio de dicha cuestión. En principio, la parte quejosa reclamó el acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral ***, por medio del cual ordenó dar vista al Gobernador del Estado de Durango para iniciar el procedimiento de suspensión de la quejosa del cargo de Secretaria de Salud, por tres días, en virtud del incumplimiento a la sentencia dictada en el aludido juicio. El uno de septiembre de dos mil veintitrés fue dictada sentencia en la que se concedió el amparo solicitado, para los efectos siguientes: "[...]" La sentencia causó ejecutoria el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, por lo que la autoridad responsable fue requerida para dar cumplimiento de la sentencia. Para dar cumplimiento a la sentencia, la autoridad responsable remitió el acuerdo de veintiséis de septiembre del año en cita. Con lo anterior se dio vista a las partes en auto de veintinueve del mismo mes y año, quienes no realizaron manifestaciones en torno al cumplimiento dentro del plazo otorgado por el artículo 196 de la Ley de Amparo. En el acto reclamado, la autoridad responsable ordenó dar vista al Gobernador del Estado de Durango para iniciar el procedimiento de suspensión de la quejosa del cargo de Secretaria de Salud, por tres días, en tanto estimó que había sido omisa en cumplir la sentencia laboral. Sin embargo, en la sentencia de amparo, se arribó a la conclusión de que la autoridad responsable debió valorar las gestiones que había realizado la demandada para dar cumplimiento a la sentencia, pues no podía soslayarse que la condena implicaba el pago de numerario a los actores y que para ello, tomando en cuenta que la demandada es una autoridad del Estado, era necesario que realizara gestiones para obtener partidas presupuestarias adicionales, ya que no tiene libertad para disponer del presupuesto ya etiquetado. De ese modo, la autoridad responsable pasó por alto que la demandada comunicó que había solicitado una partida adicional o extraordinaria para cumplir la condena, lo cual debía ser ponderado para verificar si al hasta ese momento, la falta de cumplimiento era justificada o no. En ese entendido, para cumplir con la sentencia de amparo, la autoridad responsable quedó constreñida a dejar insubsistente el acto reclamado y emitir otro donde ponderara las gestiones indicadas y, realizado lo anterior, decidiera con libertad de jurisdicción si la falta de cumplimiento era justificada. Para tal efecto, la responsable emitió el auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, por lo que a fin de calificar el cumplimiento de la sentencia en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, es oportuno realizar una comparativa entre los efectos del fallo constitucional y los actos realizados por la autoridad responsable: Efectos de la sentencia. "[...]" Por ello, a fin de contar con certeza de que la actual titular de la dependencia demandada, tuviera conocimiento de los adeudos derivados de la condena, ordenó requerirla nuevamente para que realizara su pago, para lo cual especificó los montos a pagar a cada actor. Asimismo, la requirió para que exhibiera copia certificada de la documentación que evidencie el seguimiento dado a la obtención de recursos para cubrir la condena, en relación con la documentación ya remitida. De igual manera, la apercibió con imponer multa en caso de incumplimiento, en el entendido que de no cumplir a pesar de las eventuales multas, podrían imponerse medios de apremio más severos como lo es la suspensión de su cargo. Conforme a lo anterior, se estima que la autoridad cumplió con la sentencia de amparo, pues dejó insubsistente el acto reclamado, especialmente la orden de dar vista al Gobernador del Estado para proceder a la suspensión del cargo de la quejosa. Ahora, no es obstáculo a lo anterior, que la autoridad responsable no haya valorado las gestiones de cumplimiento para verificar si el incumplimiento era justificado; pues en su lugar consideró que en primer lugar era necesario requerir nuevamente a la autoridad para tener certeza de que tiene conocimiento de los montos de la condena. Además, requirió a la autoridad más información en relación con las gestiones para obtener los recursos. Así, lo relevante es que implícitamente estimó que hasta ese momento la falta de cumplimiento no era injustificada, tan es así que consideró que no existía certeza de que la autoridad conociera los lineamientos de la condena, aunado a que existían gestiones para obtener recursos, cuyas constancias de seguimiento era necesario requerir para verificar el seguimiento en torno al cumplimiento. Por tanto, lo conducente es tener por cumplido el fallo protector con apoyo en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo. Como el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. De conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el presente expediente es CONSERVABLE en su integridad y deberá transferirse al área coordinadora de archivos en un plazo de tres años, por lo que en términos del numeral 9 del referido Acuerdo General, resguárdese en este órgano jurisdiccional por el referido plazo, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De acuerdo al numeral 34 del propio Acuerdo General, en la carátula del expediente insértese la leyenda "Conservable" mediante uso de sello. Con base en el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, dado que en el presente asunto se concedió la suspensión definitiva, el cuaderno único del incidente es CONSERVABLE en su integridad y deberá transferirse al área coordinadora de archivos en un plazo de tres años, por lo que en términos del numeral 9 del referido Acuerdo General, resguárdese en este órgano jurisdiccional por el referido plazo, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De acuerdo al numeral 34 del propio Acuerdo General, en la carátula del expediente insértese la leyenda "Conservable" mediante uso de sello. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por lista a la tercera interesada en términos del acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés.

  2. Principal

    CITATORIO PARTE QUEJOSA AUTO 10-OCT-2023 Vistos los presentes autos, de los que se advierte que se hace necesario establecer si la sentencia que concedió a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal ha quedado cumplida o no, por lo que se procede al estudio de dicha cuestión. En principio, la parte quejosa reclamó el acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral ***, por medio del cual ordenó dar vista al Gobernador del Estado de Durango para iniciar el procedimiento de suspensión de la quejosa del cargo de Secretaria de Salud, por tres días, en virtud del incumplimiento a la sentencia dictada en el aludido juicio. El uno de septiembre de dos mil veintitrés fue dictada sentencia en la que se concedió el amparo solicitado, para los efectos siguientes: "[...]" La sentencia causó ejecutoria el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, por lo que la autoridad responsable fue requerida para dar cumplimiento de la sentencia. Para dar cumplimiento a la sentencia, la autoridad responsable remitió el acuerdo de veintiséis de septiembre del año en cita. Con lo anterior se dio vista a las partes en auto de veintinueve del mismo mes y año, quienes no realizaron manifestaciones en torno al cumplimiento dentro del plazo otorgado por el artículo 196 de la Ley de Amparo. En el acto reclamado, la autoridad responsable ordenó dar vista al Gobernador del Estado de Durango para iniciar el procedimiento de suspensión de la quejosa del cargo de Secretaria de Salud, por tres días, en tanto estimó que había sido omisa en cumplir la sentencia laboral. Sin embargo, en la sentencia de amparo, se arribó a la conclusión de que la autoridad responsable debió valorar las gestiones que había realizado la demandada para dar cumplimiento a la sentencia, pues no podía soslayarse que la condena implicaba el pago de numerario a los actores y que para ello, tomando en cuenta que la demandada es una autoridad del Estado, era necesario que realizara gestiones para obtener partidas presupuestarias adicionales, ya que no tiene libertad para disponer del presupuesto ya etiquetado. De ese modo, la autoridad responsable pasó por alto que la demandada comunicó que había solicitado una partida adicional o extraordinaria para cumplir la condena, lo cual debía ser ponderado para verificar si al hasta ese momento, la falta de cumplimiento era justificada o no. En ese entendido, para cumplir con la sentencia de amparo, la autoridad responsable quedó constreñida a dejar insubsistente el acto reclamado y emitir otro donde ponderara las gestiones indicadas y, realizado lo anterior, decidiera con libertad de jurisdicción si la falta de cumplimiento era justificada. Para tal efecto, la responsable emitió el auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, por lo que a fin de calificar el cumplimiento de la sentencia en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, es oportuno realizar una comparativa entre los efectos del fallo constitucional y los actos realizados por la autoridad responsable: Efectos de la sentencia. "[...]" Por ello, a fin de contar con certeza de que la actual titular de la dependencia demandada, tuviera conocimiento de los adeudos derivados de la condena, ordenó requerirla nuevamente para que realizara su pago, para lo cual especificó los montos a pagar a cada actor. Asimismo, la requirió para que exhibiera copia certificada de la documentación que evidencie el seguimiento dado a la obtención de recursos para cubrir la condena, en relación con la documentación ya remitida. De igual manera, la apercibió con imponer multa en caso de incumplimiento, en el entendido que de no cumplir a pesar de las eventuales multas, podrían imponerse medios de apremio más severos como lo es la suspensión de su cargo. Conforme a lo anterior, se estima que la autoridad cumplió con la sentencia de amparo, pues dejó insubsistente el acto reclamado, especialmente la orden de dar vista al Gobernador del Estado para proceder a la suspensión del cargo de la quejosa. Ahora, no es obstáculo a lo anterior, que la autoridad responsable no haya valorado las gestiones de cumplimiento para verificar si el incumplimiento era justificado; pues en su lugar consideró que en primer lugar era necesario requerir nuevamente a la autoridad para tener certeza de que tiene conocimiento de los montos de la condena. Además, requirió a la autoridad más información en relación con las gestiones para obtener los recursos. Así, lo relevante es que implícitamente estimó que hasta ese momento la falta de cumplimiento no era injustificada, tan es así que consideró que no existía certeza de que la autoridad conociera los lineamientos de la condena, aunado a que existían gestiones para obtener recursos, cuyas constancias de seguimiento era necesario requerir para verificar el seguimiento en torno al cumplimiento. Por tanto, lo conducente es tener por cumplido el fallo protector con apoyo en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo. Como el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. De conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el presente expediente es CONSERVABLE en su integridad y deberá transferirse al área coordinadora de archivos en un plazo de tres años, por lo que en términos del numeral 9 del referido Acuerdo General, resguárdese en este órgano jurisdiccional por el referido plazo, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De acuerdo al numeral 34 del propio Acuerdo General, en la carátula del expediente insértese la leyenda "Conservable" mediante uso de sello. Con base en el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, dado que en el presente asunto se concedió la suspensión definitiva, el cuaderno único del incidente es CONSERVABLE en su integridad y deberá transferirse al área coordinadora de archivos en un plazo de tres años, por lo que en términos del numeral 9 del referido Acuerdo General, resguárdese en este órgano jurisdiccional por el referido plazo, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De acuerdo al numeral 34 del propio Acuerdo General, en la carátula del expediente insértese la leyenda "Conservable" mediante uso de sello. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por lista a la tercera interesada en términos del acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés.

  3. Principal

    Agréguese el oficio signado por el Juez Instructor del Tribunal Laboral Burocrático del Poder Judicial del Estado de Durango, mediante el cual comunica el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, remitiendo para tal efecto las constancias relativas. En tal virtud, previo a calificar el cumplimiento al fallo constitucional, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, con las constancias que se agregan en el presente acuerdo, para que dentro del término de tres días computado legalmente, expresen lo que a sus derechos convenga. Hecho lo anterior, con desahogo de la vista o sin ella, acuérdese lo conducente respecto al cumplimiento de la sentencia de amparo. Asimismo, toda vez que la parte tercero interesada no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, se hace efectivo el apercibimiento de veintiocho de julio del año en curso, y se ordena la notificación del presente proveído por lista de estrados. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    I. Ejecutoria. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; por tanto, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. II. Requerimiento de cumplimiento de sentencia. En mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez Instructor del Tribunal Laboral Burocrático del Poder Judicial en el Estado de Durango, para que dentro del término de tres días, de cumplimiento a la sentencia protectora Para tal efecto, deberá informar a este juzgado dicho cumplimiento, remitiendo copia certificada de los acuerdos o determinaciones que dicten al respecto. III. Apercibimiento a la autoridad responsable (multa y trámite de inejecución). Se apercibe a la referida autoridad responsable que de incumplir con el requerimiento precisado en el punto anterior, sin causa justificada, con fundamento en los ya citados artículos, así como los diversos 237, fracción I y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien veces la Unidad de Medida de Actualización vigente al momento del eventual incumplimiento. Asimismo, en términos de los referidos artículos 192 y 193, se le apercibe que en caso de incumplimiento se remitirá el expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado en turno del Vigésimo Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, para que continúe con el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación a la autoridad competente. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192, 193, 238 y 258, de la Ley de Amparo. Además, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime la responsabilidad a la autoridad responsable, pero se tomará en consideración como atenuante en la sanción penal que en su caso se le imponga; aunado a ello, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las responsabilidades antes citadas. Ello, tiene sustento en los artículos 194, 195, 197 y 198, de la ley invocada. Notifíquese.

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