Irasema Guadalupe Guerrero Rodríguez
Expediente 1138/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 21 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1138/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial En el Estado, Ciudad
- Irasema Guadalupe Guerrero Rodríguez
- José de Jesús Nuñez Montes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Visto el estado de los autos se advierte que no obran las constancias con la que se acredite que se haya notificado a las responsables el auto de cinco de abril de dos mil veintidós. En ese sentido, a fin de evitar mayores dilaciones se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este Juzgado a fin de que notifique el mencionado auto a las responsables. Finalmente se tiene por recibido y se ordena agregar el escrito de cuenta firmado por el endosatario en procuración del tercero interesado, mediante el cual realiza diversas manifestaciones y en atención a lo solicitado dígasele que se esté a lo acordado párrafos atrás. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a cinco de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de amparo, dentro del plazo de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada sentencia para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese este expediente como asunto concluido, junto con los cuadernos incidentales correspondientes. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Por lo que hace a los incidentes de suspensión, atendiendo a la fracción I, inciso a), del mismo numeral, el original de este es depurable, pues se concedió la medida cautelar solicitada; en tanto que el duplicado es destruible en un plazo de seis meses, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del aludido Acuerdo General; se ordena agregar copia certificada del presente auto en el cuaderno incidental derivado del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Sandra Luz González García, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1138/2021; promovido por Irasema Guadalupe Guerrero Rodríguez, contra los actos que reclama del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: Primero.- Presentación y requisitos de la demanda. Por escrito recibido el uno de julio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, del que razón de turno correspondió conocer a este Juzgado, Irasema Guadalupe Guerrero Rodríguez, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto siguiente: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- Señalo como AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA al C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL, DE ESTE PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO Y, COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA SEÑALO AL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO A LA CENTRAL DE ACTUARIOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, DE ESTE PRIMER DISTRITO JUDICIAL, con residencia el primero de ellos en el Palacio de Justicia ubicado en el 6 y 7 ceros Boulevard "Praxedis Balboa" y Zaragoza y el segundo en calle Zaragoza número 224, entre las de Francisco Zarco y López Velarde, ambos con Código Postal 87090, de la Colonia Miguel Hidalgo, de esta Ciudad. IV.-ACTO RECLAMADO.- Lo constituye EL ILEGAL EMPLAZAMIENTO QUE FUE DECRETADO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA Y LLEVADO A CABO POR LA AUTORIDAD EJECUTORA, QUE SE PRACTICÓ CON DIVERSA PERSONA A LA SUSCRITA PROMOVENTE, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL NUMERO 47/2014. TRAMITADO EN CONTRA DE LA COMPARECIENTE ANTE EL JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO CIVIL, DE ESTE PRIMER DISTRITO JUDICIAL, EN CONTRAVENCIÓN A LAS REGLAS ESTABLECIDAS PARA ESE TIPO DE ACTUACIONES EN PERJUICIO DE LA SUSCRITA QUEJOSA, PORQUE ME HA DEJADO EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL PRIVARME DE MI DERECHO FUNDAMENTAL DE SER OIDA Y VENCIDA EN JUICIO, ACTO PROCESAL QUE ES UNO DE LOS MAS IMPORTANTE DEL PROCEDIMIENTO. SINO QUE ES EL MAS IMPORTANTE, LO QUE TORNA ILEGAL TODO LO ACTUADO CON POSTERIORIDAD A DICHA DILIGENCIA, COMO QUEDARÁ DEMOSTRADO OPORTUNAMENTE AL RESOLVER EL FONDO DEL ASUNTO." La parte quejosa narró los antecedentes del caso; precisó como violados los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló conceptos de violación. Segundo.- Admisión de la demanda. Por auto de veintinueve de julio de dos mil veintiuno, se registró bajo el número 1138/2021; se admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero.- Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior en virtud de que las autoridades responsables tienen su residencia dentro de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito. Segundo.- Aplicación de la norma vigente. Antes de iniciar el estudio de este juicio de garantías, es necesario destacar que como a la fecha de presentación de la demanda de garantías que dio origen a este juicio, ya había cobrado aplicación la nueva Ley de Amparo, el presente asunto tiene que ser resuelto mediante las disposiciones de ese cuerpo normativo. En efecto, el martes dos de abril de dos mil trece se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación, miércoles tres de abril de ese mismo año, en cuyo artículo segundo transitorio se abrogó la ley anterior. En esa medida, la cita de tesis aisladas y de jurisprudencia que se hace en la presente resolución, es en términos de lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, debido a que si bien se trata de criterios integrados conforme a la ley anterior, no se advierte que se opongan a la ley nueva y por ello mantienen su vigencia. Tercero.- Autoridad responsable y acto reclamado. Previo a establecer la certeza o inexistencia de los actos reclamados, debe observarse que los artículos 74, fracción I, y 75 de la Ley de Amparo imponen la obligación de precisarlos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en la demanda; y, c) tratándose de amparo contra leyes o disposiciones de observancia general, para determinar cuáles se combaten debe atenderse a lo expuesto en los conceptos de violación. Sobre el particular se invocan la jurisprudencia P./J. 40/2000, así como las tesis aisladas P. VI/2004 y P. XXXVIII/90, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.", y "AMPARO CONTRA LEYES. PARA DETERMINAR CUÁL ES EL PRECEPTO QUE SE COMBATE, DEBEN TENERSE EN CUENTA LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN." Con base en estas premisas, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que en el caso concreto, el acto reclamado se hace consistir en: El emplazamiento efectuado mediante diligencias de veintiséis y veintisiete de febrero de dos mil catorce, dentro del expediente 47/2014. Cuarto. Existencia de los actos reclamados.- Las autoridades responsables, al rendir su informe justificado niegan la existencia del acto reclamado; sin embargo, dicha negativa queda desvirtuada con las constancias que remitió el juez responsable en justificación de sus actos, por lo tanto, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por presuntivamente ciertos los actos reclamados. Quinto.- (Causales de improcedencia). La causal de improcedencia del juicio de amparo, es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, y atento a lo sustentado por la jurisprudencia número 814, visible en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete-mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, página número 553, que al rubro dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." Al respecto, este órgano de control constitucional advierte de manera oficiosa, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 17 de la referida ley, en virtud de que el presente juicio de amparo se promovió de manera extemporánea, es decir, fuera del término de quince días que dispone dicho ordinal. Previo a lo anterior, es necesario transcribir el contenido del precepto legal y fracción que la prevén: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" Ahora, respecto a los plazos legales con que cuenta el gobernado para promover el juicio de amparo, el numeral 17 de la mencionada ley prevé: "Artículo 17.- El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general auto aplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Asimismo, el diverso numeral 18 establece: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del primero de los preceptos legales en cita, se desprende el juicio de amparo es improcedente si no se promueve dentro de los plazos previstos en la ley. Asimismo, del artículo 17 transcrito, se aprecia el término para la interposición del juicio de amparo es de quince días, excepto: 1. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición; en estos casos, el término será de treinta días; 2. Cuando se impugne la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, e imponga pena de prisión; en dicho supuesto, la demanda podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años. 3. Cuando el promovente sea un núcleo de población ejidal o comunal y pueda verse afectado por el acto de autoridad en la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios; aquí la demanda deberá presentarse en el término de siete años; y 4. Cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; pues en estos casos la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. Y el último de los preceptos legales transcritos, indica a partir de cuándo se computara el término de quince días para presentar la demanda de amparo a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que se reclame. b) A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución. c) A partir del día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos o de su ejecución. En el caso concreto se está en la hipótesis prevista en el inciso b), por lo cual se procede analizar la fecha a partir de la cual la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos reclamados, para así establecer si la presentación de la demanda aconteció dentro del plazo de quince días al que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo. De la lectura a la demanda de amparo se desprende que la solicitante se ostenta con el carácter de tercera extraña, al juicio ejecutivo mercantil 47/2014, pues refiere que se le privó de su derecho fundamental de ser oída y vencida en dicho juicio, ya que considera que el emplazamiento reclamado se efectuó en contravención a las reglas establecidas en la ley para ese efecto, el que se llevó a cabo mediante diligencias de veintiséis y veintisiete de febrero de dos mil catorce. Asimismo, expuso en su demanda de amparo que tuvo conocimiento del acto reclamado hasta el diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Sin embargo, de las constancias de autos se advierte que por escrito de seis de agosto de dos mil diecinueve, compareció ante el juez responsable a solicitar copia certificada de todo el expediente, incluyendo cuadernillos de pruebas o incidentes: Por auto de ocho de agosto de dos mil diecinueve, el juez responsable acordó de conformidad su petición. Mediante diligencia de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, se hizo constar que compareció la licenciada María del Consuelo Lara Martínez, a quien se le hizo entrega de las copias solicitadas por la parte quejosa. Bajo ese contexto, tomando en cuenta que en el presente asunto, la promovente del amparo se ostenta con el carácter de tercera extraña a juicio y, que mediante diligencia de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, se hizo constar que compareció la licenciada María del Consuelo Lara Martínez, a quien se le hizo entrega de las copias solicitadas por la parte quejosa, resulta claro que el plazo de quince días que prevé la ley para promover el amparo, le trascurrió del veintinueve de agosto al diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, descontando por inhábiles los días treinta y uno de agosto, uno , siete, ocho, catorce y quince de septiembre de dos mil diecinueve (sábados y domingos) y dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve (inhábil). AGOSTO 2019 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES S D 27 Recibió copia certificada de las constancias solicitadas por la parte aquí quejosa 28 29 30 31 SEPTIEMBRE 2019 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 (artículo 19 de la Ley de Amparo) 17 18 19 De ahí, que al haberse presentado la demanda hasta el uno de julio de dos mil veintiuno; es evidente que para esa fecha ya había transcurrido el aludido plazo de quince días, consintiéndose tácitamente el acto reclamado. Lo anterior es así, toda vez que el plazo impugnativo tratándose de una persona que se ostenta con el carácter de tercero extraño debe computarse a partir de que tenga conocimiento de esos actos que le causan un agravio personal, actual y directo, de donde se infiere que el plazo empieza a contar desde que tiene conocimiento de ello. Es aplicable la jurisprudencia P./J.115/2010, del Pleno de la Suprema Corte, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 5, bajo el registro 163172, que al rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ." Asimismo, la Jurisprudencia P./J. 6/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, página 95, de rubro siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EL PLAZO PARA QUE PROMUEVA EL AMPARO NO SE COMPUTA SIEMPRE A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, SINO A PARTIR DE CUANDO AQUÉLLA CONOCE EL PROCEDIMIENTO, SENTENCIA O ACTO QUE AFECTE SU INTERÉS (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 359, COMPILACIÓN DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, TOMO VI)." En ese sentido, se reitera, que tratándose del acto aquí reclamado a la autoridad responsable, el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días. Lo anterior se justifica, en razón de que no se está reclamando una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en cuyo caso el plazo sería de treinta días; tampoco la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, ya que en ese supuesto el término para promoverla sería de ocho años; de igual forma, no se está en el supuesto de que se reclamen actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que el plazo para promover amparo será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; y, por último, los actos reclamados tampoco implican peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. Por lo anterior, resulta indudable que el plazo para promover la demanda de amparo respecto de lo que aquí se duele la parte quejosa, es de quince días, los cuales deberán computarse a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. De ahí que surja la presunción legal contenida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo y se considere consentido tácitamente tal acto reclamado en este juicio constitucional, asimismo que la demanda de amparo resulte extemporánea dado que fue promovida fuera del plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley en comento. Para mayor objetividad, se inserta el contenido de la tesis aislada emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 105 del Volumen 217-228 Cuarta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo rubro y texto son del siguiente tenor: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA LA PRESENTACIÓN DE. SÓLO CUANDO NO OBRE CONSTANCIA DE LA NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO, PUEDE EFECTUARSE EL CÓMPUTO DESDE EL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DEL MISMO O SE HAYA OSTENTADO SABEDOR DE TAL ACTO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el término de quince días para la interposición de la demanda de amparo se cuenta desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución reclamada; al en que haya tenido conocimiento de la misma o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Ahora bien, la correcta interpretación de dicho precepto debe ser en el sentido de que las hipótesis segunda y tercera mencionadas son aplicables sólo cuando no obren constancias de la notificación al quejoso de la resolución que reclame, o esas situaciones se hayan producido con anterioridad, pues de otro modo, debe estarse a tales constancias y no a la fecha en que el quejoso afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado". Cabe señalar que cómputo para promover la demanda de amparo, se realiza a partir de la fecha en que la licenciada María del Consuelo Lara Martínez, se le hizo entrega de las copias solicitadas por la parte aquí quejosa, profesionista que autorizó para tal efecto. Al respecto, se cita la jurisprudencia 1a./J. 42/2002 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Septiembre de 2002, página 5, Novena Época, de texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CONOCIDO DESDE EL MOMENTO EN QUE SE RECIBEN LAS COPIAS SOLICITADAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que conforme al espíritu que informa el artículo 21 de la Ley de Amparo, el momento en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones. En congruencia con lo anterior, se concluye que no es sino hasta el momento en que el particular recibe las copias solicitadas ante la autoridad responsable, con la finalidad de promover el juicio de garantías, cuando puede entenderse que tuvo un conocimiento directo, exacto y completo del acto reclamado, pues es hasta entonces que puede tenerse la certeza de que el particular conoció en su integridad los actos que estima le son violatorios de garantías y, por tanto, es esa fecha la que debe tomarse como base para el cómputo del término que establece el artículo 21 de la ley citada. De lo contrario, el hecho de que se presuma que con la simple solicitud de copias el quejoso ya tenía conocimiento pleno del acto reclamado, podría ocasionar que el término para la presentación de la demanda empezara a correr antes de que hubiera tenido conocimiento íntegro del acto reclamado, con lo que se limitaría el plazo que tiene el particular para formular su demanda y defender sus derechos, lo cual se traduciría en una denegación de impartición de justicia y se rompería incluso con el equilibrio procesal al limitarle su posibilidad de defensa. Por consiguiente, al estar demostrada la causal de improcedencia, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, por los motivos expuestos en el presente considerando, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Irasema Guadalupe Guerrero Rodríguez, contra los actos que reclama del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, y otra autoridad. Notifíquese; y, personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma electrónicamente el licenciado Fernando Ureña Moreno, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Ernestina Olvera Quiroz, Secretaria del juzgado que autoriza, hasta hoy ocho de febrero de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe. Razón. En esta fecha se generaron los oficios a las autoridades correspondientes. Conste. OFICIO NÚMERO: 4287/2022 JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO, CIUDAD (AUTORIDAD RESPONSABLE) 4288/2022 ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO A LA CENTRAL DE ACTUARIOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, CIUDAD (AUTORIDAD RESPONSABLE) En el juicio de amparo número 1138/2021, promovido por IRASEMA GUADALUPE GUERRERO RODRÍGUEZ, en contra de actos de Usted, con esta fecha se dictó un auto que a la letra dice: S E N T E N C I A Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1138/2021; promovido por Irasema Guadalupe Guerrero Rodríguez, contra los actos que reclama del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: Primero.- Presentación y requisitos de la demanda. Por escrito recibido el uno de julio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, del que razón de turno correspondió conocer a este Juzgado, Irasema Guadalupe Guerrero Rodríguez, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto siguiente: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- Señalo como AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA al C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL, DE ESTE PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO Y, COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA SEÑALO AL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO A LA CENTRAL DE ACTUARIOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, DE ESTE PRIMER DISTRITO JUDICIAL, con residencia el primero de ellos en el Palacio de Justicia ubicado en el 6 y 7 ceros Boulevard "Praxedis Balboa" y Zaragoza y el segundo en calle Zaragoza número 224, entre las de Francisco Zarco y López Velarde, ambos con Código Postal 87090, de la Colonia Miguel Hidalgo, de esta Ciudad. IV.-ACTO RECLAMADO.- Lo constituye EL ILEGAL EMPLAZAMIENTO QUE FUE DECRETADO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA Y LLEVADO A CABO POR LA AUTORIDAD EJECUTORA, QUE SE PRACTICÓ CON DIVERSA PERSONA A LA SUSCRITA PROMOVENTE, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL NUMERO 47/2014. TRAMITADO EN CONTRA DE LA COMPARECIENTE ANTE EL JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO CIVIL, DE ESTE PRIMER DISTRITO JUDICIAL, EN CONTRAVENCIÓN A LAS REGLAS ESTABLECIDAS PARA ESE TIPO DE ACTUACIONES EN PERJUICIO DE LA SUSCRITA QUEJOSA, PORQUE ME HA DEJADO EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL PRIVARME DE MI DERECHO FUNDAMENTAL DE SER OIDA Y VENCIDA EN JUICIO, ACTO PROCESAL QUE ES UNO DE LOS MAS IMPORTANTE DEL PROCEDIMIENTO. SINO QUE ES EL MAS IMPORTANTE, LO QUE TORNA ILEGAL TODO LO ACTUADO CON POSTERIORIDAD A DICHA DILIGENCIA, COMO QUEDARÁ DEMOSTRADO OPORTUNAMENTE AL RESOLVER EL FONDO DEL ASUNTO." La parte quejosa narró los antecedentes del caso; precisó como violados los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló conceptos de violación. Segundo.- Admisión de la demanda. Por auto de veintinueve de julio de dos mil veintiuno, se registró bajo el número 1138/2021; se admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero.- Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior en virtud de que las autoridades responsables tienen su residencia dentro de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito. Segundo.- Aplicación de la norma vigente. Antes de iniciar el estudio de este juicio de garantías, es necesario destacar que como a la fecha de presentación de la demanda de garantías que dio origen a este juicio, ya había cobrado aplicación la nueva Ley de Amparo, el presente asunto tiene que ser resuelto mediante las disposiciones de ese cuerpo normativo. En efecto, el martes dos de abril de dos mil trece se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación, miércoles tres de abril de ese mismo año, en cuyo artículo segundo transitorio se abrogó la ley anterior. En esa medida, la cita de tesis aisladas y de jurisprudencia que se hace en la presente resolución, es en términos de lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, debido a que si bien se trata de criterios integrados conforme a la ley anterior, no se advierte que se opongan a la ley nueva y por ello mantienen su vigencia. Tercero.- Autoridad responsable y acto reclamado. Previo a establecer la certeza o inexistencia de los actos reclamados, debe observarse que los artículos 74, fracción I, y 75 de la Ley de Amparo imponen la obligación de precisarlos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en la demanda; y, c) tratándose de amparo contra leyes o disposiciones de observancia general, para determinar cuáles se combaten debe atenderse a lo expuesto en los conceptos de violación. Sobre el particular se invocan la jurisprudencia P./J. 40/2000, así como las tesis aisladas P. VI/2004 y P. XXXVIII/90, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.", y "AMPARO CONTRA LEYES. PARA DETERMINAR CUÁL ES EL PRECEPTO QUE SE COMBATE, DEBEN TENERSE EN CUENTA LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN." Con base en estas premisas, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que en el caso concreto, el acto reclamado se hace consistir en: El emplazamiento efectuado mediante diligencias de veintiséis y veintisiete de febrero de dos mil catorce, dentro del expediente 47/2014. Cuarto. Existencia de los actos reclamados.- Las autoridades responsables, al rendir su informe justificado niegan la existencia del acto reclamado; sin embargo, dicha negativa queda desvirtuada con las constancias que remitió el juez responsable en justificación de sus actos, por lo tanto, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por presuntivamente ciertos los actos reclamados. Quinto.- (Causales de improcedencia). La causal de improcedencia del juicio de amparo, es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, y atento a lo sustentado por la jurisprudencia número 814, visible en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete-mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, página número 553, que al rubro dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." Al respecto, este órgano de control constitucional advierte de manera oficiosa, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 17 de la referida ley, en virtud de que el presente juicio de amparo se promovió de manera extemporánea, es decir, fuera del término de quince días que dispone dicho ordinal. Previo a lo anterior, es necesario transcribir el contenido del precepto legal y fracción que la prevén: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" Ahora, respecto a los plazos legales con que cuenta el gobernado para promover el juicio de amparo, el numeral 17 de la mencionada ley prevé: "Artículo 17.- El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general auto aplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Asimismo, el diverso numeral 18 establece: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del primero de los preceptos legales en cita, se desprende el juicio de amparo es improcedente si no se promueve dentro de los plazos previstos en la ley. Asimismo, del artículo 17 transcrito, se aprecia el término para la interposición del juicio de amparo es de quince días, excepto: 1. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición; en estos casos, el término será de treinta días; 2. Cuando se impugne la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, e imponga pena de prisión; en dicho supuesto, la demanda podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años. 3. Cuando el promovente sea un núcleo de población ejidal o comunal y pueda verse afectado por el acto de autoridad en la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios; aquí la demanda deberá presentarse en el término de siete años; y 4. Cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; pues en estos casos la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. Y el último de los preceptos legales transcritos, indica a partir de cuándo se computara el término de quince días para presentar la demanda de amparo a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que se reclame. b) A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución. c) A partir del día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos o de su ejecución. En el caso concreto se está en la hipótesis prevista en el inciso b), por lo cual se procede analizar la fecha a partir de la cual la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos reclamados, para así establecer si la presentación de la demanda aconteció dentro del plazo de quince días al que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo. De la lectura a la demanda de amparo se desprende que la solicitante se ostenta con el carácter de tercera extraña, al juicio ejecutivo mercantil 47/2014, pues refiere que se le privó de su derecho fundamental de ser oída y vencida en dicho juicio, ya que considera que el emplazamiento reclamado se efectuó en contravención a las reglas establecidas en la ley para ese efecto, el que se llevó a cabo mediante diligencias de veintiséis y veintisiete de febrero de dos mil catorce. Asimismo, expuso en su demanda de amparo que tuvo conocimiento del acto reclamado hasta el diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Sin embargo, de las constancias de autos se advierte que por escrito de seis de agosto de dos mil diecinueve, compareció ante el juez responsable a solicitar copia certificada de todo el expediente, incluyendo cuadernillos de pruebas o incidentes: Por auto de ocho de agosto de dos mil diecinueve, el juez responsable acordó de conformidad su petición. Mediante diligencia de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, se hizo constar que compareció la licenciada María del Consuelo Lara Martínez, a quien se le hizo entrega de las copias solicitadas por la parte quejosa. Bajo ese contexto, tomando en cuenta que en el presente asunto, la promovente del amparo se ostenta con el carácter de tercera extraña a juicio y, que mediante diligencia de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, se hizo constar que compareció la licenciada María del Consuelo Lara Martínez, a quien se le hizo entrega de las copias solicitadas por la parte quejosa, resulta claro que el plazo de quince días que prevé la ley para promover el amparo, le trascurrió del veintinueve de agosto al diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, descontando por inhábiles los días treinta y uno de agosto, uno , siete, ocho, catorce y quince de septiembre de dos mil diecinueve (sábados y domingos) y dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve (inhábil). AGOSTO 2019 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES S D 27 Recibió copia certificada de las constancias solicitadas por la parte aquí quejosa 28 29 30 31 SEPTIEMBRE 2019 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 (artículo 19 de la Ley de Amparo) 17 18 19 De ahí, que al haberse presentado la demanda hasta el uno de julio de dos mil veintiuno; es evidente que para esa fecha ya había transcurrido el aludido plazo de quince días, consintiéndose tácitamente el acto reclamado. Lo anterior es así, toda vez que el plazo impugnativo tratándose de una persona que se ostenta con el carácter de tercero extraño debe computarse a partir de que tenga conocimiento de esos actos que le causan un agravio personal, actual y directo, de donde se infiere que el plazo empieza a contar desde que tiene conocimiento de ello. Es aplicable la jurisprudencia P./J.115/2010, del Pleno de la Suprema Corte, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 5, bajo el registro 163172, que al rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ." Asimismo, la Jurisprudencia P./J. 6/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, página 95, de rubro siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EL PLAZO PARA QUE PROMUEVA EL AMPARO NO SE COMPUTA SIEMPRE A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, SINO A PARTIR DE CUANDO AQUÉLLA CONOCE EL PROCEDIMIENTO, SENTENCIA O ACTO QUE AFECTE SU INTERÉS (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 359, COMPILACIÓN DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, TOMO VI)." En ese sentido, se reitera, que tratándose del acto aquí reclamado a la autoridad responsable, el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días. Lo anterior se justifica, en razón de que no se está reclamando una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en cuyo caso el plazo sería de treinta días; tampoco la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, ya que en ese supuesto el término para promoverla sería de ocho años; de igual forma, no se está en el supuesto de que se reclamen actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que el plazo para promover amparo será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; y, por último, los actos reclamados tampoco implican peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. Por lo anterior, resulta indudable que el plazo para promover la demanda de amparo respecto de lo que aquí se duele la parte quejosa, es de quince días, los cuales deberán computarse a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. De ahí que surja la presunción legal contenida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo y se considere consentido tácitamente tal acto reclamado en este juicio constitucional, asimismo que la demanda de amparo resulte extemporánea dado que fue promovida fuera del plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley en comento. Para mayor objetividad, se inserta el contenido de la tesis aislada emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 105 del Volumen 217-228 Cuarta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo rubro y texto son del siguiente tenor: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA LA PRESENTACIÓN DE. SÓLO CUANDO NO OBRE CONSTANCIA DE LA NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO, PUEDE EFECTUARSE EL CÓMPUTO DESDE EL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DEL MISMO O SE HAYA OSTENTADO SABEDOR DE TAL ACTO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el término de quince días para la interposición de la demanda de amparo se cuenta desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución reclamada; al en que haya tenido conocimiento de la misma o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Ahora bien, la correcta interpretación de dicho precepto debe ser en el sentido de que las hipótesis segunda y tercera mencionadas son aplicables sólo cuando no obren constancias de la notificación al quejoso de la resolución que reclame, o esas situaciones se hayan producido con anterioridad, pues de otro modo, debe estarse a tales constancias y no a la fecha en que el quejoso afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado". Cabe señalar que cómputo para promover la demanda de amparo, se realiza a partir de la fecha en que la licenciada María del Consuelo Lara Martínez, se le hizo entrega de las copias solicitadas por la parte aquí quejosa, profesionista que autorizó para tal efecto. Al respecto, se cita la jurisprudencia 1a./J. 42/2002 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Septiembre de 2002, página 5, Novena Época, de texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CONOCIDO DESDE EL MOMENTO EN QUE SE RECIBEN LAS COPIAS SOLICITADAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que conforme al espíritu que informa el artículo 21 de la Ley de Amparo, el momento en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones. En congruencia con lo anterior, se concluye que no es sino hasta el momento en que el particular recibe las copias solicitadas ante la autoridad responsable, con la finalidad de promover el juicio de garantías, cuando puede entenderse que tuvo un conocimiento directo, exacto y completo del acto reclamado, pues es hasta entonces que puede tenerse la certeza de que el particular conoció en su integridad los actos que estima le son violatorios de garantías y, por tanto, es esa fecha la que debe tomarse como base para el cómputo del término que establece el artículo 21 de la ley citada. De lo contrario, el hecho de que se presuma que con la simple solicitud de copias el quejoso ya tenía conocimiento pleno del acto reclamado, podría ocasionar que el término para la presentación de la demanda empezara a correr antes de que hubiera tenido conocimiento íntegro del acto reclamado, con lo que se limitaría el plazo que tiene el particular para formular su demanda y defender sus derechos, lo cual se traduciría en una denegación de impartición de justicia y se rompería incluso con el equilibrio procesal al limitarle su posibilidad de defensa. Por consiguiente, al estar demostrada la causal de improcedencia, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, por los motivos expuestos en el presente considerando, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Irasema Guadalupe Guerrero Rodríguez, contra los actos que reclama del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, y otra autoridad. Notifíquese; y, personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma electrónicamente el licenciado Fernando Ureña Moreno, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Ernestina Olvera Quiroz, Secretaria del juzgado que autoriza, hasta hoy ocho de febrero de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe. ---FIRMADO. ELECTRÓNICAMENTE---. Lo que me permito transcribir a usted para su conocimiento y en vía de notificación en forma. A T E N T A M E N T E Cd. Victoria, Tam., a ocho de febrero de dos mil veintidós. LA SECRETARIA DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. (FIRMA ELECTRÓNICAMENTE) LIC. ERNESTINA OLVERA QUIROZ. JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN. ACUERDO DE FECHA: ocho de febrero de dos mil veintidós. JUICIO DE AMPARO NÚMERO: 1138/2021. PROMOVIDO POR: IRASEMA GUADALUPE GUERRERO RODRÍGUEZ. OFICIO NÚMERO: 4287/2022 JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO, CIUDAD (AUTORIDAD RESPONSABLE) 4288/2022 ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO A LA CENTRAL DE ACTUARIOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, CIUDAD (AUTORIDAD RESPONSABLE) Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1138/2021; promovido por Irasema Guadalupe Guerrero Rodríguez, contra los actos que reclama del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: Primero.- Presentación y requisitos de la demanda. Por escrito recibido el uno de julio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, del que razón de turno correspondió conocer a este Juzgado, Irasema Guadalupe Guerrero Rodríguez, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto siguiente: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- Señalo como AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA al C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL, DE ESTE PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO Y, COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA SEÑALO AL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO A LA CENTRAL DE ACTUARIOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, DE ESTE PRIMER DISTRITO JUDICIAL, con residencia el primero de ellos en el Palacio de Justicia ubicado en el 6 y 7 ceros Boulevard "Praxedis Balboa" y Zaragoza y el segundo en calle Zaragoza número 224, entre las de Francisco Zarco y López Velarde, ambos con Código Postal 87090, de la Colonia Miguel Hidalgo, de esta Ciudad. IV.-ACTO RECLAMADO.- Lo constituye EL ILEGAL EMPLAZAMIENTO QUE FUE DECRETADO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA Y LLEVADO A CABO POR LA AUTORIDAD EJECUTORA, QUE SE PRACTICÓ CON DIVERSA PERSONA A LA SUSCRITA PROMOVENTE, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL NUMERO 47/2014. TRAMITADO EN CONTRA DE LA COMPARECIENTE ANTE EL JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO CIVIL, DE ESTE PRIMER DISTRITO JUDICIAL, EN CONTRAVENCIÓN A LAS REGLAS ESTABLECIDAS PARA ESE TIPO DE ACTUACIONES EN PERJUICIO DE LA SUSCRITA QUEJOSA, PORQUE ME HA DEJADO EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL PRIVARME DE MI DERECHO FUNDAMENTAL DE SER OIDA Y VENCIDA EN JUICIO, ACTO PROCESAL QUE ES UNO DE LOS MAS IMPORTANTE DEL PROCEDIMIENTO. SINO QUE ES EL MAS IMPORTANTE, LO QUE TORNA ILEGAL TODO LO ACTUADO CON POSTERIORIDAD A DICHA DILIGENCIA, COMO QUEDARÁ DEMOSTRADO OPORTUNAMENTE AL RESOLVER EL FONDO DEL ASUNTO." La parte quejosa narró los antecedentes del caso; precisó como violados los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló conceptos de violación. Segundo.- Admisión de la demanda. Por auto de veintinueve de julio de dos mil veintiuno, se registró bajo el número 1138/2021; se admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero.- Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior en virtud de que las autoridades responsables tienen su residencia dentro de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito. Segundo.- Aplicación de la norma vigente. Antes de iniciar el estudio de este juicio de garantías, es necesario destacar que como a la fecha de presentación de la demanda de garantías que dio origen a este juicio, ya había cobrado aplicación la nueva Ley de Amparo, el presente asunto tiene que ser resuelto mediante las disposiciones de ese cuerpo normativo. En efecto, el martes dos de abril de dos mil trece se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación, miércoles tres de abril de ese mismo año, en cuyo artículo segundo transitorio se abrogó la ley anterior. En esa medida, la cita de tesis aisladas y de jurisprudencia que se hace en la presente resolución, es en términos de lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, debido a que si bien se trata de criterios integrados conforme a la ley anterior, no se advierte que se opongan a la ley nueva y por ello mantienen su vigencia. Tercero.- Autoridad responsable y acto reclamado. Previo a establecer la certeza o inexistencia de los actos reclamados, debe observarse que los artículos 74, fracción I, y 75 de la Ley de Amparo imponen la obligación de precisarlos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en la demanda; y, c) tratándose de amparo contra leyes o disposiciones de observancia general, para determinar cuáles se combaten debe atenderse a lo expuesto en los conceptos de violación. Sobre el particular se invocan la jurisprudencia P./J. 40/2000, así como las tesis aisladas P. VI/2004 y P. XXXVIII/90, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.", y "AMPARO CONTRA LEYES. PARA DETERMINAR CUÁL ES EL PRECEPTO QUE SE COMBATE, DEBEN TENERSE EN CUENTA LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN." Con base en estas premisas, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que en el caso concreto, el acto reclamado se hace consistir en: El emplazamiento efectuado mediante diligencias de veintiséis y veintisiete de febrero de dos mil catorce, dentro del expediente 47/2014. Cuarto. Existencia de los actos reclamados.- Las autoridades responsables, al rendir su informe justificado niegan la existencia del acto reclamado; sin embargo, dicha negativa queda desvirtuada con las constancias que remitió el juez responsable en justificación de sus actos, por lo tanto, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por presuntivamente ciertos los actos reclamados. Quinto.- (Causales de improcedencia). La causal de improcedencia del juicio de amparo, es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, y atento a lo sustentado por la jurisprudencia número 814, visible en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete-mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, página número 553, que al rubro dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." Al respecto, este órgano de control constitucional advierte de manera oficiosa, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 17 de la referida ley, en virtud de que el presente juicio de amparo se promovió de manera extemporánea, es decir, fuera del término de quince días que dispone dicho ordinal. Previo a lo anterior, es necesario transcribir el contenido del precepto legal y fracción que la prevén: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" Ahora, respecto a los plazos legales con que cuenta el gobernado para promover el juicio de amparo, el numeral 17 de la mencionada ley prevé: "Artículo 17.- El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general auto aplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Asimismo, el diverso numeral 18 establece: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del primero de los preceptos legales en cita, se desprende el juicio de amparo es improcedente si no se promueve dentro de los plazos previstos en la ley. Asimismo, del artículo 17 transcrito, se aprecia el término para la interposición del juicio de amparo es de quince días, excepto: 1. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición; en estos casos, el término será de treinta días; 2. Cuando se impugne la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, e imponga pena de prisión; en dicho supuesto, la demanda podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años. 3. Cuando el promovente sea un núcleo de población ejidal o comunal y pueda verse afectado por el acto de autoridad en la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios; aquí la demanda deberá presentarse en el término de siete años; y 4. Cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; pues en estos casos la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. Y el último de los preceptos legales transcritos, indica a partir de cuándo se computara el término de quince días para presentar la demanda de amparo a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que se reclame. b) A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución. c) A partir del día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos o de su ejecución. En el caso concreto se está en la hipótesis prevista en el inciso b), por lo cual se procede analizar la fecha a partir de la cual la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos reclamados, para así establecer si la presentación de la demanda aconteció dentro del plazo de quince días al que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo. De la lectura a la demanda de amparo se desprende que la solicitante se ostenta con el carácter de tercera extraña, al juicio ejecutivo mercantil 47/2014, pues refiere que se le privó de su derecho fundamental de ser oída y vencida en dicho juicio, ya que considera que el emplazamiento reclamado se efectuó en contravención a las reglas establecidas en la ley para ese efecto, el que se llevó a cabo mediante diligencias de veintiséis y veintisiete de febrero de dos mil catorce. Asimismo, expuso en su demanda de amparo que tuvo conocimiento del acto reclamado hasta el diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Sin embargo, de las constancias de autos se advierte que por escrito de seis de agosto de dos mil diecinueve, compareció ante el juez responsable a solicitar copia certificada de todo el expediente, incluyendo cuadernillos de pruebas o incidentes: Por auto de ocho de agosto de dos mil diecinueve, el juez responsable acordó de conformidad su petición. Mediante diligencia de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, se hizo constar que compareció la licenciada María del Consuelo Lara Martínez, a quien se le hizo entrega de las copias solicitadas por la parte quejosa. Bajo ese contexto, tomando en cuenta que en el presente asunto, la promovente del amparo se ostenta con el carácter de tercera extraña a juicio y, que mediante diligencia de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, se hizo constar que compareció la licenciada María del Consuelo Lara Martínez, a quien se le hizo entrega de las copias solicitadas por la parte quejosa, resulta claro que el plazo de quince días que prevé la ley para promover el amparo, le trascurrió del veintinueve de agosto al diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, descontando por inhábiles los días treinta y uno de agosto, uno , siete, ocho, catorce y quince de septiembre de dos mil diecinueve (sábados y domingos) y dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve (inhábil). AGOSTO 2019 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES S D 27 Recibió copia certificada de las constancias solicitadas por la parte aquí quejosa 28 29 30 31 SEPTIEMBRE 2019 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 (artículo 19 de la Ley de Amparo) 17 18 19 De ahí, que al haberse presentado la demanda hasta el uno de julio de dos mil veintiuno; es evidente que para esa fecha ya había transcurrido el aludido plazo de quince días, consintiéndose tácitamente el acto reclamado. Lo anterior es así, toda vez que el plazo impugnativo tratándose de una persona que se ostenta con el carácter de tercero extraño debe computarse a partir de que tenga conocimiento de esos actos que le causan un agravio personal, actual y directo, de donde se infiere que el plazo empieza a contar desde que tiene conocimiento de ello. Es aplicable la jurisprudencia P./J.115/2010, del Pleno de la Suprema Corte, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 5, bajo el registro 163172, que al rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ." Asimismo, la Jurisprudencia P./J. 6/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, página 95, de rubro siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EL PLAZO PARA QUE PROMUEVA EL AMPARO NO SE COMPUTA SIEMPRE A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, SINO A PARTIR DE CUANDO AQUÉLLA CONOCE EL PROCEDIMIENTO, SENTENCIA O ACTO QUE AFECTE SU INTERÉS (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 359, COMPILACIÓN DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, TOMO VI)." En ese sentido, se reitera, que tratándose del acto aquí reclamado a la autoridad responsable, el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días. Lo anterior se justifica, en razón de que no se está reclamando una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en cuyo caso el plazo sería de treinta días; tampoco la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, ya que en ese supuesto el término para promoverla sería de ocho años; de igual forma, no se está en el supuesto de que se reclamen actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que el plazo para promover amparo será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; y, por último, los actos reclamados tampoco implican peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. Por lo anterior, resulta indudable que el plazo para promover la demanda de amparo respecto de lo que aquí se duele la parte quejosa, es de quince días, los cuales deberán computarse a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. De ahí que surja la presunción legal contenida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo y se considere consentido tácitamente tal acto reclamado en este juicio constitucional, asimismo que la demanda de amparo resulte extemporánea dado que fue promovida fuera del plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley en comento. Para mayor objetividad, se inserta el contenido de la tesis aislada emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 105 del Volumen 217-228 Cuarta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo rubro y texto son del siguiente tenor: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA LA PRESENTACIÓN DE. SÓLO CUANDO NO OBRE CONSTANCIA DE LA NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO, PUEDE EFECTUARSE EL CÓMPUTO DESDE EL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DEL MISMO O SE HAYA OSTENTADO SABEDOR DE TAL ACTO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el término de quince días para la interposición de la demanda de amparo se cuenta desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución reclamada; al en que haya tenido conocimiento de la misma o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Ahora bien, la correcta interpretación de dicho precepto debe ser en el sentido de que las hipótesis segunda y tercera mencionadas son aplicables sólo cuando no obren constancias de la notificación al quejoso de la resolución que reclame, o esas situaciones se hayan producido con anterioridad, pues de otro modo, debe estarse a tales constancias y no a la fecha en que el quejoso afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado". Cabe señalar que cómputo para promover la demanda de amparo, se realiza a partir de la fecha en que la licenciada María del Consuelo Lara Martínez, se le hizo entrega de las copias solicitadas por la parte aquí quejosa, profesionista que autorizó para tal efecto. Al respecto, se cita la jurisprudencia 1a./J. 42/2002 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Septiembre de 2002, página 5, Novena Época, de texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CONOCIDO DESDE EL MOMENTO EN QUE SE RECIBEN LAS COPIAS SOLICITADAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que conforme al espíritu que informa el artículo 21 de la Ley de Amparo, el momento en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones. En congruencia con lo anterior, se concluye que no es sino hasta el momento en que el particular recibe las copias solicitadas ante la autoridad responsable, con la finalidad de promover el juicio de garantías, cuando puede entenderse que tuvo un conocimiento directo, exacto y completo del acto reclamado, pues es hasta entonces que puede tenerse la certeza de que el particular conoció en su integridad los actos que estima le son violatorios de garantías y, por tanto, es esa fecha la que debe tomarse como base para el cómputo del término que establece el artículo 21 de la ley citada. De lo contrario, el hecho de que se presuma que con la simple solicitud de copias el quejoso ya tenía conocimiento pleno del acto reclamado, podría ocasionar que el término para la presentación de la demanda empezara a correr antes de que hubiera tenido conocimiento íntegro del acto reclamado, con lo que se limitaría el plazo que tiene el particular para formular su demanda y defender sus derechos, lo cual se traduciría en una denegación de impartición de justicia y se rompería incluso con el equilibrio procesal al limitarle su posibilidad de defensa. Por consiguiente, al estar demostrada la causal de improcedencia, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, por los motivos expuestos en el presente considerando, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Irasema Guadalupe Guerrero Rodríguez, contra los actos que reclama del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, y otra autoridad. Notifíquese; y, personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma electrónicamente el licenciado Fernando Ureña Moreno, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Ernestina Olvera Quiroz, Secretaria del juzgado que autoriza, hasta hoy ocho de febrero de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe. Razón. En esta fecha se generaron los oficios a las autoridades correspondientes. Conste. OFICIO NÚMERO: 4287/2022 JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO, CIUDAD (AUTORIDAD RESPONSABLE) 4288/2022 ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO A LA CENTRAL DE ACTUARIOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, CIUDAD (AUTORIDAD RESPONSABLE) En el juicio de amparo número 1138/2021, promovido por IRASEMA GUADALUPE GUERRERO RODRÍGUEZ, en contra de actos de Usted, con esta fecha se dictó un auto que a la letra dice: S E N T E N C I A Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1138/2021; promovido por Irasema Guadalupe Guerrero Rodríguez, contra los actos que reclama del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: Primero.- Presentación y requisitos de la demanda. Por escrito recibido el uno de julio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, del que razón de turno correspondió conocer a este Juzgado, Irasema Guadalupe Guerrero Rodríguez, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto siguiente: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- Señalo como AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA al C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL, DE ESTE PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO Y, COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA SEÑALO AL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO A LA CENTRAL DE ACTUARIOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, DE ESTE PRIMER DISTRITO JUDICIAL, con residencia el primero de ellos en el Palacio de Justicia ubicado en el 6 y 7 ceros Boulevard "Praxedis Balboa" y Zaragoza y el segundo en calle Zaragoza número 224, entre las de Francisco Zarco y López Velarde, ambos con Código Postal 87090, de la Colonia Miguel Hidalgo, de esta Ciudad. IV.-ACTO RECLAMADO.- Lo constituye EL ILEGAL EMPLAZAMIENTO QUE FUE DECRETADO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA Y LLEVADO A CABO POR LA AUTORIDAD EJECUTORA, QUE SE PRACTICÓ CON DIVERSA PERSONA A LA SUSCRITA PROMOVENTE, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL NUMERO 47/2014. TRAMITADO EN CONTRA DE LA COMPARECIENTE ANTE EL JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO CIVIL, DE ESTE PRIMER DISTRITO JUDICIAL, EN CONTRAVENCIÓN A LAS REGLAS ESTABLECIDAS PARA ESE TIPO DE ACTUACIONES EN PERJUICIO DE LA SUSCRITA QUEJOSA, PORQUE ME HA DEJADO EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL PRIVARME DE MI DERECHO FUNDAMENTAL DE SER OIDA Y VENCIDA EN JUICIO, ACTO PROCESAL QUE ES UNO DE LOS MAS IMPORTANTE DEL PROCEDIMIENTO. SINO QUE ES EL MAS IMPORTANTE, LO QUE TORNA ILEGAL TODO LO ACTUADO CON POSTERIORIDAD A DICHA DILIGENCIA, COMO QUEDARÁ DEMOSTRADO OPORTUNAMENTE AL RESOLVER EL FONDO DEL ASUNTO." La parte quejosa narró los antecedentes del caso; precisó como violados los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló conceptos de violación. Segundo.- Admisión de la demanda. Por auto de veintinueve de julio de dos mil veintiuno, se registró bajo el número 1138/2021; se admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero.- Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior en virtud de que las autoridades responsables tienen su residencia dentro de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito. Segundo.- Aplicación de la norma vigente. Antes de iniciar el estudio de este juicio de garantías, es necesario destacar que como a la fecha de presentación de la demanda de garantías que dio origen a este juicio, ya había cobrado aplicación la nueva Ley de Amparo, el presente asunto tiene que ser resuelto mediante las disposiciones de ese cuerpo normativo. En efecto, el martes dos de abril de dos mil trece se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación, miércoles tres de abril de ese mismo año, en cuyo artículo segundo transitorio se abrogó la ley anterior. En esa medida, la cita de tesis aisladas y de jurisprudencia que se hace en la presente resolución, es en términos de lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, debido a que si bien se trata de criterios integrados conforme a la ley anterior, no se advierte que se opongan a la ley nueva y por ello mantienen su vigencia. Tercero.- Autoridad responsable y acto reclamado. Previo a establecer la certeza o inexistencia de los actos reclamados, debe observarse que los artículos 74, fracción I, y 75 de la Ley de Amparo imponen la obligación de precisarlos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en la demanda; y, c) tratándose de amparo contra leyes o disposiciones de observancia general, para determinar cuáles se combaten debe atenderse a lo expuesto en los conceptos de violación. Sobre el particular se invocan la jurisprudencia P./J. 40/2000, así como las tesis aisladas P. VI/2004 y P. XXXVIII/90, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.", y "AMPARO CONTRA LEYES. PARA DETERMINAR CUÁL ES EL PRECEPTO QUE SE COMBATE, DEBEN TENERSE EN CUENTA LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN." Con base en estas premisas, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que en el caso concreto, el acto reclamado se hace consistir en: El emplazamiento efectuado mediante diligencias de veintiséis y veintisiete de febrero de dos mil catorce, dentro del expediente 47/2014. Cuarto. Existencia de los actos reclamados.- Las autoridades responsables, al rendir su informe justificado niegan la existencia del acto reclamado; sin embargo, dicha negativa queda desvirtuada con las constancias que remitió el juez responsable en justificación de sus actos, por lo tanto, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por presuntivamente ciertos los actos reclamados. Quinto.- (Causales de improcedencia). La causal de improcedencia del juicio de amparo, es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, y atento a lo sustentado por la jurisprudencia número 814, visible en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete-mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, página número 553, que al rubro dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." Al respecto, este órgano de control constitucional advierte de manera oficiosa, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 17 de la referida ley, en virtud de que el presente juicio de amparo se promovió de manera extemporánea, es decir, fuera del término de quince días que dispone dicho ordinal. Previo a lo anterior, es necesario transcribir el contenido del precepto legal y fracción que la prevén: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" Ahora, respecto a los plazos legales con que cuenta el gobernado para promover el juicio de amparo, el numeral 17 de la mencionada ley prevé: "Artículo 17.- El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general auto aplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Asimismo, el diverso numeral 18 establece: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del primero de los preceptos legales en cita, se desprende el juicio de amparo es improcedente si no se promueve dentro de los plazos previstos en la ley. Asimismo, del artículo 17 transcrito, se aprecia el término para la interposición del juicio de amparo es de quince días, excepto: 1. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición; en estos casos, el término será de treinta días; 2. Cuando se impugne la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, e imponga pena de prisión; en dicho supuesto, la demanda podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años. 3. Cuando el promovente sea un núcleo de población ejidal o comunal y pueda verse afectado por el acto de autoridad en la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios; aquí la demanda deberá presentarse en el término de siete años; y 4. Cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; pues en estos casos la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. Y el último de los preceptos legales transcritos, indica a partir de cuándo se computara el término de quince días para presentar la demanda de amparo a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que se reclame. b) A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución. c) A partir del día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos o de su ejecución. En el caso concreto se está en la hipótesis prevista en el inciso b), por lo cual se procede analizar la fecha a partir de la cual la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos reclamados, para así establecer si la presentación de la demanda aconteció dentro del plazo de quince días al que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo. De la lectura a la demanda de amparo se desprende que la solicitante se ostenta con el carácter de tercera extraña, al juicio ejecutivo mercantil 47/2014, pues refiere que se le privó de su derecho fundamental de ser oída y vencida en dicho juicio, ya que considera que el emplazamiento reclamado se efectuó en contravención a las reglas establecidas en la ley para ese efecto, el que se llevó a cabo mediante diligencias de veintiséis y veintisiete de febrero de dos mil catorce. Asimismo, expuso en su demanda de amparo que tuvo conocimiento del acto reclamado hasta el diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Sin embargo, de las constancias de autos se advierte que por escrito de seis de agosto de dos mil diecinueve, compareció ante el juez responsable a solicitar copia certificada de todo el expediente, incluyendo cuadernillos de pruebas o incidentes: Por auto de ocho de agosto de dos mil diecinueve, el juez responsable acordó de conformidad su petición. Mediante diligencia de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, se hizo constar que compareció la licenciada María del Consuelo Lara Martínez, a quien se le hizo entrega de las copias solicitadas por la parte quejosa. Bajo ese contexto, tomando en cuenta que en el presente asunto, la promovente del amparo se ostenta con el carácter de tercera extraña a juicio y, que mediante diligencia de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, se hizo constar que compareció la licenciada María del Consuelo Lara Martínez, a quien se le hizo entrega de las copias solicitadas por la parte quejosa, resulta claro que el plazo de quince días que prevé la ley para promover el amparo, le trascurrió del veintinueve de agosto al diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, descontando por inhábiles los días treinta y uno de agosto, uno , siete, ocho, catorce y quince de septiembre de dos mil diecinueve (sábados y domingos) y dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve (inhábil). AGOSTO 2019 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES S D 27 Recibió copia certificada de las constancias solicitadas por la parte aquí quejosa 28 29 30 31 SEPTIEMBRE 2019 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 (artículo 19 de la Ley de Amparo) 17 18 19 De ahí, que al haberse presentado la demanda hasta el uno de julio de dos mil veintiuno; es evidente que para esa fecha ya había transcurrido el aludido plazo de quince días, consintiéndose tácitamente el acto reclamado. Lo anterior es así, toda vez que el plazo impugnativo tratándose de una persona que se ostenta con el carácter de tercero extraño debe computarse a partir de que tenga conocimiento de esos actos que le causan un agravio personal, actual y directo, de donde se infiere que el plazo empieza a contar desde que tiene conocimiento de ello. Es aplicable la jurisprudencia P./J.115/2010, del Pleno de la Suprema Corte, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 5, bajo el registro 163172, que al rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ." Asimismo, la Jurisprudencia P./J. 6/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, página 95, de rubro siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EL PLAZO PARA QUE PROMUEVA EL AMPARO NO SE COMPUTA SIEMPRE A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, SINO A PARTIR DE CUANDO AQUÉLLA CONOCE EL PROCEDIMIENTO, SENTENCIA O ACTO QUE AFECTE SU INTERÉS (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 359, COMPILACIÓN DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, TOMO VI)." En ese sentido, se reitera, que tratándose del acto aquí reclamado a la autoridad responsable, el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días. Lo anterior se justifica, en razón de que no se está reclamando una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en cuyo caso el plazo sería de treinta días; tampoco la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, ya que en ese supuesto el término para promoverla sería de ocho años; de igual forma, no se está en el supuesto de que se reclamen actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que el plazo para promover amparo será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; y, por último, los actos reclamados tampoco implican peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. Por lo anterior, resulta indudable que el plazo para promover la demanda de amparo respecto de lo que aquí se duele la parte quejosa, es de quince días, los cuales deberán computarse a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. De ahí que surja la presunción legal contenida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo y se considere consentido tácitamente tal acto reclamado en este juicio constitucional, asimismo que la demanda de amparo resulte extemporánea dado que fue promovida fuera del plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley en comento. Para mayor objetividad, se inserta el contenido de la tesis aislada emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 105 del Volumen 217-228 Cuarta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo rubro y texto son del siguiente tenor: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA LA PRESENTACIÓN DE. SÓLO CUANDO NO OBRE CONSTANCIA DE LA NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO, PUEDE EFECTUARSE EL CÓMPUTO DESDE EL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DEL MISMO O SE HAYA OSTENTADO SABEDOR DE TAL ACTO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el término de quince días para la interposición de la demanda de amparo se cuenta desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución reclamada; al en que haya tenido conocimiento de la misma o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Ahora bien, la correcta interpretación de dicho precepto debe ser en el sentido de que las hipótesis segunda y tercera mencionadas son aplicables sólo cuando no obren constancias de la notificación al quejoso de la resolución que reclame, o esas situaciones se hayan producido con anterioridad, pues de otro modo, debe estarse a tales constancias y no a la fecha en que el quejoso afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado". Cabe señalar que cómputo para promover la demanda de amparo, se realiza a partir de la fecha en que la licenciada María del Consuelo Lara Martínez, se le hizo entrega de las copias solicitadas por la parte aquí quejosa, profesionista que autorizó para tal efecto. Al respecto, se cita la jurisprudencia 1a./J. 42/2002 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Septiembre de 2002, página 5, Novena Época, de texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CONOCIDO DESDE EL MOMENTO EN QUE SE RECIBEN LAS COPIAS SOLICITADAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que conforme al espíritu que informa el artículo 21 de la Ley de Amparo, el momento en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones. En congruencia con lo anterior, se concluye que no es sino hasta el momento en que el particular recibe las copias solicitadas ante la autoridad responsable, con la finalidad de promover el juicio de garantías, cuando puede entenderse que tuvo un conocimiento directo, exacto y completo del acto reclamado, pues es hasta entonces que puede tenerse la certeza de que el particular conoció en su integridad los actos que estima le son violatorios de garantías y, por tanto, es esa fecha la que debe tomarse como base para el cómputo del término que establece el artículo 21 de la ley citada. De lo contrario, el hecho de que se presuma que con la simple solicitud de copias el quejoso ya tenía conocimiento pleno del acto reclamado, podría ocasionar que el término para la presentación de la demanda empezara a correr antes de que hubiera tenido conocimiento íntegro del acto reclamado, con lo que se limitaría el plazo que tiene el particular para formular su demanda y defender sus derechos, lo cual se traduciría en una denegación de impartición de justicia y se rompería incluso con el equilibrio procesal al limitarle su posibilidad de defensa. Por consiguiente, al estar demostrada la causal de improcedencia, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, por los motivos expuestos en el presente considerando, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Irasema Guadalupe Guerrero Rodríguez, contra los actos que reclama del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, y otra autoridad. Notifíquese; y, personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma electrónicamente el licenciado Fernando Ureña Moreno, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Ernestina Olvera Quiroz, Secretaria del juzgado que autoriza, hasta hoy ocho de febrero de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe. ---FIRMADO. ELECTRÓNICAMENTE---. Lo que me permito transcribir a usted para su conocimiento y en vía de notificación en forma. A T E N T A M E N T E Cd. Victoria, Tam., a ocho de febrero de dos mil veintidós. LA SECRETARIA DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. (FIRMA ELECTRÓNICAMENTE) LIC. ERNESTINA OLVERA QUIROZ. JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN. ACUERDO DE FECHA: ocho de febrero de dos mil veintidós. JUICIO DE AMPARO NÚMERO: 1138/2021. PROMOVIDO POR: IRASEMA GUADALUPE GUERRERO RODRÍGUEZ. OFICIO NÚMERO: 4287/2022 JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO, CIUDAD (AUTORIDAD RESPONSABLE) 4288/2022 ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO A LA CENTRAL DE ACTUARIOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, CIUDAD (AUTORIDAD RESPONSABLE) Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1138/2021; promovido por Irasema Guadalupe Guerrero Rodríguez, contra los actos que reclama del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: Primero.- Presentación y requisitos de la demanda. Por escrito recibido el uno de julio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, del que razón de turno correspondió conocer a este Juzgado, Irasema Guadalupe Guerrero Rodríguez, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto siguiente: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- Señalo como AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA al C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL, DE ESTE PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO Y, COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA SEÑALO AL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO A LA CENTRAL DE ACTUARIOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, DE ESTE PRIMER DISTRITO JUDICIAL, con residencia el primero de ellos en el Palacio de Justicia ubicado en el 6 y 7 ceros Boulevard "Praxedis Balboa" y Zaragoza y el segundo en calle Zaragoza número 224, entre las de Francisco Zarco y López Velarde, ambos con Código Postal 87090, de la Colonia Miguel Hidalgo, de esta Ciudad. IV.-ACTO RECLAMADO.- Lo constituye EL ILEGAL EMPLAZAMIENTO QUE FUE DECRETADO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA Y LLEVADO A CABO POR LA AUTORIDAD EJECUTORA, QUE SE PRACTICÓ CON DIVERSA PERSONA A LA SUSCRITA PROMOVENTE, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL NUMERO 47/2014. TRAMITADO EN CONTRA DE LA COMPARECIENTE ANTE EL JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO CIVIL, DE ESTE PRIMER DISTRITO JUDICIAL, EN CONTRAVENCIÓN A LAS REGLAS ESTABLECIDAS PARA ESE TIPO DE ACTUACIONES EN PERJUICIO DE LA SUSCRITA QUEJOSA, PORQUE ME HA DEJADO EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL PRIVARME DE MI DERECHO FUNDAMENTAL DE SER OIDA Y VENCIDA EN JUICIO, ACTO PROCESAL QUE ES UNO DE LOS MAS IMPORTANTE DEL PROCEDIMIENTO. SINO QUE ES EL MAS IMPORTANTE, LO QUE TORNA ILEGAL TODO LO ACTUADO CON POSTERIORIDAD A DICHA DILIGENCIA, COMO QUEDARÁ DEMOSTRADO OPORTUNAMENTE AL RESOLVER EL FONDO DEL ASUNTO." La parte quejosa narró los antecedentes del caso; precisó como violados los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló conceptos de violación. Segundo.- Admisión de la demanda. Por auto de veintinueve de julio de dos mil veintiuno, se registró bajo el número 1138/2021; se admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero.- Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior en virtud de que las autoridades responsables tienen su residencia dentro de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito. Segundo.- Aplicación de la norma vigente. Antes de iniciar el estudio de este juicio de garantías, es necesario destacar que como a la fecha de presentación de la demanda de garantías que dio origen a este juicio, ya había cobrado aplicación la nueva Ley de Amparo, el presente asunto tiene que ser resuelto mediante las disposiciones de ese cuerpo normativo. En efecto, el martes dos de abril de dos mil trece se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación, miércoles tres de abril de ese mismo año, en cuyo artículo segundo transitorio se abrogó la ley anterior. En esa medida, la cita de tesis aisladas y de jurisprudencia que se hace en la presente resolución, es en términos de lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, debido a que si bien se trata de criterios integrados conforme a la ley anterior, no se advierte que se opongan a la ley nueva y por ello mantienen su vigencia. Tercero.- Autoridad responsable y acto reclamado. Previo a establecer la certeza o inexistencia de los actos reclamados, debe observarse que los artículos 74, fracción I, y 75 de la Ley de Amparo imponen la obligación de precisarlos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en la demanda; y, c) tratándose de amparo contra leyes o disposiciones de observancia general, para determinar cuáles se combaten debe atenderse a lo expuesto en los conceptos de violación. Sobre el particular se invocan la jurisprudencia P./J. 40/2000, así como las tesis aisladas P. VI/2004 y P. XXXVIII/90, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.", y "AMPARO CONTRA LEYES. PARA DETERMINAR CUÁL ES EL PRECEPTO QUE SE COMBATE, DEBEN TENERSE EN CUENTA LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN." Con base en estas premisas, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que en el caso concreto, el acto reclamado se hace consistir en: El emplazamiento efectuado mediante diligencias de veintiséis y veintisiete de febrero de dos mil catorce, dentro del expediente 47/2014. Cuarto. Existencia de los actos reclamados.- Las autoridades responsables, al rendir su informe justificado niegan la existencia del acto reclamado; sin embargo, dicha negativa queda desvirtuada con las constancias que remitió el juez responsable en justificación de sus actos, por lo tanto, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por presuntivamente ciertos los actos reclamados. Quinto.- (Causales de improcedencia). La causal de improcedencia del juicio de amparo, es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, y atento a lo sustentado por la jurisprudencia número 814, visible en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete-mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, página número 553, que al rubro dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." Al respecto, este órgano de control constitucional advierte de manera oficiosa, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 17 de la referida ley, en virtud de que el presente juicio de amparo se promovió de manera extemporánea, es decir, fuera del término de quince días que dispone dicho ordinal. Previo a lo anterior, es necesario transcribir el contenido del precepto legal y fracción que la prevén: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" Ahora, respecto a los plazos legales con que cuenta el gobernado para promover el juicio de amparo, el numeral 17 de la mencionada ley prevé: "Artículo 17.- El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general auto aplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Asimismo, el diverso numeral 18 establece: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del primero de los preceptos legales en cita, se desprende el juicio de amparo es improcedente si no se promueve dentro de los plazos previstos en la ley. Asimismo, del artículo 17 transcrito, se aprecia el término para la interposición del juicio de amparo es de quince días, excepto: 1. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición; en estos casos, el término será de treinta días; 2. Cuando se impugne la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, e imponga pena de prisión; en dicho supuesto, la demanda podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años. 3. Cuando el promovente sea un núcleo de población ejidal o comunal y pueda verse afectado por el acto de autoridad en la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios; aquí la demanda deberá presentarse en el término de siete años; y 4. Cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; pues en estos casos la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. Y el último de los preceptos legales transcritos, indica a partir de cuándo se computara el término de quince días para presentar la demanda de amparo a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que se reclame. b) A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución. c) A partir del día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos o de su ejecución. En el caso concreto se está en la hipótesis prevista en el inciso b), por lo cual se procede analizar la fecha a partir de la cual la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos reclamados, para así establecer si la presentación de la demanda aconteció dentro del plazo de quince días al que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo. De la lectura a la demanda de amparo se desprende que la solicitante se ostenta con el carácter de tercera extraña, al juicio ejecutivo mercantil 47/2014, pues refiere que se le privó de su derecho fundamental de ser oída y vencida en dicho juicio, ya que considera que el emplazamiento reclamado se efectuó en contravención a las reglas establecidas en la ley para ese efecto, el que se llevó a cabo mediante diligencias de veintiséis y veintisiete de febrero de dos mil catorce. Asimismo, expuso en su demanda de amparo que tuvo conocimiento del acto reclamado hasta el diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Sin embargo, de las constancias de autos se advierte que por escrito de seis de agosto de dos mil diecinueve, compareció ante el juez responsable a solicitar copia certificada de todo el expediente, incluyendo cuadernillos de pruebas o incidentes: Por auto de ocho de agosto de dos mil diecinueve, el juez responsable acordó de conformidad su petición. Mediante diligencia de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, se hizo constar que compareció la licenciada María del Consuelo Lara Martínez, a quien se le hizo entrega de las copias solicitadas por la parte quejosa. Bajo ese contexto, tomando en cuenta que en el presente asunto, la promovente del amparo se ostenta con el carácter de tercera extraña a juicio y, que mediante diligencia de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, se hizo constar que compareció la licenciada María del Consuelo Lara Martínez, a quien se le hizo entrega de las copias solicitadas por la parte quejosa, resulta claro que el plazo de quince días que prevé la ley para promover el amparo, le trascurrió del veintinueve de agosto al diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, descontando por inhábiles los días treinta y uno de agosto, uno , siete, ocho, catorce y quince de septiembre de dos mil diecinueve (sábados y domingos) y dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve (inhábil). AGOSTO 2019 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES S D 27 Recibió copia certificada de las constancias solicitadas por la parte aquí quejosa 28 29 30 31 SEPTIEMBRE 2019 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 (artículo 19 de la Ley de Amparo) 17 18 19 De ahí, que al haberse presentado la demanda hasta el uno de julio de dos mil veintiuno; es evidente que para esa fecha ya había transcurrido el aludido plazo de quince días, consintiéndose tácitamente el acto reclamado. Lo anterior es así, toda vez que el plazo impugnativo tratándose de una persona que se ostenta con el carácter de tercero extraño debe computarse a partir de que tenga conocimiento de esos actos que le causan un agravio personal, actual y directo, de donde se infiere que el plazo empieza a contar desde que tiene conocimiento de ello. Es aplicable la jurisprudencia P./J.115/2010, del Pleno de la Suprema Corte, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 5, bajo el registro 163172, que al rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ." Asimismo, la Jurisprudencia P./J. 6/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, página 95, de rubro siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EL PLAZO PARA QUE PROMUEVA EL AMPARO NO SE COMPUTA SIEMPRE A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, SINO A PARTIR DE CUANDO AQUÉLLA CONOCE EL PROCEDIMIENTO, SENTENCIA O ACTO QUE AFECTE SU INTERÉS (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 359, COMPILACIÓN DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, TOMO VI)." En ese sentido, se reitera, que tratándose del acto aquí reclamado a la autoridad responsable, el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días. Lo anterior se justifica, en razón de que no se está reclamando una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en cuyo caso el plazo sería de treinta días; tampoco la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, ya que en ese supuesto el término para promoverla sería de ocho años; de igual forma, no se está en el supuesto de que se reclamen actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que el plazo para promover amparo será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; y, por último, los actos reclamados tampoco implican peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. Por lo anterior, resulta indudable que el plazo para promover la demanda de amparo respecto de lo que aquí se duele la parte quejosa, es de quince días, los cuales deberán computarse a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. De ahí que surja la presunción legal contenida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo y se considere consentido tácitamente tal acto reclamado en este juicio constitucional, asimismo que la demanda de amparo resulte extemporánea dado que fue promovida fuera del plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley en comento. Para mayor objetividad, se inserta el contenido de la tesis aislada emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 105 del Volumen 217-228 Cuarta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo rubro y texto son del siguiente tenor: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA LA PRESENTACIÓN DE. SÓLO CUANDO NO OBRE CONSTANCIA DE LA NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO, PUEDE EFECTUARSE EL CÓMPUTO DESDE EL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DEL MISMO O SE HAYA OSTENTADO SABEDOR DE TAL ACTO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el término de quince días para la interposición de la demanda de amparo se cuenta desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución reclamada; al en que haya tenido conocimiento de la misma o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Ahora bien, la correcta interpretación de dicho precepto debe ser en el sentido de que las hipótesis segunda y tercera mencionadas son aplicables sólo cuando no obren constancias de la notificación al quejoso de la resolución que reclame, o esas situaciones se hayan producido con anterioridad, pues de otro modo, debe estarse a tales constancias y no a la fecha en que el quejoso afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado". Cabe señalar que cómputo para promover la demanda de amparo, se realiza a partir de la fecha en que la licenciada María del Consuelo Lara Martínez, se le hizo entrega de las copias solicitadas por la parte aquí quejosa, profesionista que autorizó para tal efecto. Al respecto, se cita la jurisprudencia 1a./J. 42/2002 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Septiembre de 2002, página 5, Novena Época, de texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CONOCIDO DESDE EL MOMENTO EN QUE SE RECIBEN LAS COPIAS SOLICITADAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que conforme al espíritu que informa el artículo 21 de la Ley de Amparo, el momento en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones. En congruencia con lo anterior, se concluye que no es sino hasta el momento en que el particular recibe las copias solicitadas ante la autoridad responsable, con la finalidad de promover el juicio de garantías, cuando puede entenderse que tuvo un conocimiento directo, exacto y completo del acto reclamado, pues es hasta entonces que puede tenerse la certeza de que el particular conoció en su integridad los actos que estima le son violatorios de garantías y, por tanto, es esa fecha la que debe tomarse como base para el cómputo del término que establece el artículo 21 de la ley citada. De lo contrario, el hecho de que se presuma que con la simple solicitud de copias el quejoso ya tenía conocimiento pleno del acto reclamado, podría ocasionar que el término para la presentación de la demanda empezara a correr antes de que hubiera tenido conocimiento íntegro del acto reclamado, con lo que se limitaría el plazo que tiene el particular para formular su demanda y defender sus derechos, lo cual se traduciría en una denegación de impartición de justicia y se rompería incluso con el equilibrio procesal al limitarle su posibilidad de defensa. Por consiguiente, al estar demostrada la causal de improcedencia, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, por los motivos expuestos en el presente considerando, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Irasema Guadalupe Guerrero Rodríguez, contra los actos que reclama del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, y otra autoridad. Notifíquese; y, personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma electrónicamente el licenciado Fernando Ureña Moreno, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Ernestina Olvera Quiroz, Secretaria del juzgado que autoriza, hasta hoy ocho de febrero de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe. Razón. En esta fecha se generaron los oficios a las autoridades correspondientes. Conste.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONALProm. En Victoria, Tamaulipas, siendo las once horas con diez minutos del veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1138/2021, promovido por Irasema Guadalupe Guerrero Rodríguez; encontrándose en audiencia pública el licenciado Fernando Ureña Moreno, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con la asistencia de la licenciada Ernestina Olvera Quiroz, Secretaria de este Juzgado con quien actúa, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, sin la comparecencia personal de las partes ni de sus autorizados. Enseguida la Secretaria hace una relación de las constancias de autos, y CERTIFICA: que obran agregados en autos los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado y Actuario Judicial Adscrito a la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y el tercero interesado a José Francisco Rodríguez Silva, endosatario en procuración de José de Jesús Núñez Montes, se encuentra emplazado a juicio. Que el tercero interesado promovió diverso juicio de amparo 1176/2015, relacionado con actos derivados del expediente de donde proviene el acto reclamado. El Juez acuerda: Toda vez que constituye un hecho notorio para este juzgado que el diverso juicio de amparo número 11176/2021, está relacionado con actos derivados del expediente de donde proviene el acto reclamado, atento a la certificación secretarial de cuenta, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese para que obre como en derecho corresponda copia certificada de la demanda de amparo, del auto que ordenó su emplazamiento y de la diligencia de emplazamiento de la tercera interesada, aquí quejosa, así como de la sentencia dictada en dicho juicio y de la notificación de la misma a la tercera interesada Irasema Guadalupe Guerrero Rodríguez, así como del auto que la declaró ejecutoriada, para que se tome en consideración en su momento procesal oportuno conforme a derecho corresponda. Al efecto, es aplicable la jurisprudencia 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Junio de Dos Mil Siete, Página 285: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista". A continuación se abre el período probatorio: La secretaria da nueva cuenta con las constancias remitidas por las autoridades responsables en justificación de sus actos. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia. Como no se ofrecieron más elementos de convicción que deban relacionarse y desahogarse se cierra dicho periodo y se ordena abrir el de alegatos, en el que la Secretaria hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho. El Juez acuerda: Como no se formularon alegatos que deban relacionarse, se cierra dicho periodo. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia, firmando electrónicamente al calce los que en ella intervinieron; en la inteligencia de que quedan los autos en estado de resolución.- DOY FE. EL JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. LIC. FERNANDO UREÑA MORENO LA SECRETARIA. LIC. ERNESTINA OLVERA QUIROZ. AUDIENCIA CONSTITUCIONALProm. En Victoria, Tamaulipas, siendo las once horas con diez minutos del veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1138/2021, promovido por Irasema Guadalupe Guerrero Rodríguez; encontrándose en audiencia pública el licenciado Fernando Ureña Moreno, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con la asistencia de la licenciada Ernestina Olvera Quiroz, Secretaria de este Juzgado con quien actúa, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, sin la comparecencia personal de las partes ni de sus autorizados. Enseguida la Secretaria hace una relación de las constancias de autos, y CERTIFICA: que obran agregados en autos los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado y Actuario Judicial Adscrito a la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y el tercero interesado a José Francisco Rodríguez Silva, endosatario en procuración de José de Jesús Núñez Montes, se encuentra emplazado a juicio. Que el tercero interesado promovió diverso juicio de amparo 1176/2015, relacionado con actos derivados del expediente de donde proviene el acto reclamado. El Juez acuerda: Toda vez que constituye un hecho notorio para este juzgado que el diverso juicio de amparo número 11176/2021, está relacionado con actos derivados del expediente de donde proviene el acto reclamado, atento a la certificación secretarial de cuenta, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese para que obre como en derecho corresponda copia certificada de la demanda de amparo, del auto que ordenó su emplazamiento y de la diligencia de emplazamiento de la tercera interesada, aquí quejosa, así como de la sentencia dictada en dicho juicio y de la notificación de la misma a la tercera interesada Irasema Guadalupe Guerrero Rodríguez, así como del auto que la declaró ejecutoriada, para que se tome en consideración en su momento procesal oportuno conforme a derecho corresponda. Al efecto, es aplicable la jurisprudencia 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Junio de Dos Mil Siete, Página 285: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista". A continuación se abre el período probatorio: La secretaria da nueva cuenta con las constancias remitidas por las autoridades responsables en justificación de sus actos. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia. Como no se ofrecieron más elementos de convicción que deban relacionarse y desahogarse se cierra dicho periodo y se ordena abrir el de alegatos, en el que la Secretaria hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho. El Juez acuerda: Como no se formularon alegatos que deban relacionarse, se cierra dicho periodo. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia, firmando electrónicamente al calce los que en ella intervinieron; en la inteligencia de que quedan los autos en estado de resolución.- DOY FE. EL JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. LIC. FERNANDO UREÑA MORENO LA SECRETARIA. LIC. ERNESTINA OLVERA QUIROZ. AUDIENCIA CONSTITUCIONALProm. En Victoria, Tamaulipas, siendo las once horas con diez minutos del veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1138/2021, promovido por Irasema Guadalupe Guerrero Rodríguez; encontrándose en audiencia pública el licenciado Fernando Ureña Moreno, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con la asistencia de la licenciada Ernestina Olvera Quiroz, Secretaria de este Juzgado con quien actúa, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, sin la comparecencia personal de las partes ni de sus autorizados. Enseguida la Secretaria hace una relación de las constancias de autos, y CERTIFICA: que obran agregados en autos los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado y Actuario Judicial Adscrito a la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y el tercero interesado a José Francisco Rodríguez Silva, endosatario en procuración de José de Jesús Núñez Montes, se encuentra emplazado a juicio. Que el tercero interesado promovió diverso juicio de amparo 1176/2015, relacionado con actos derivados del expediente de donde proviene el acto reclamado. El Juez acuerda: Toda vez que constituye un hecho notorio para este juzgado que el diverso juicio de amparo número 11176/2021, está relacionado con actos derivados del expediente de donde proviene el acto reclamado, atento a la certificación secretarial de cuenta, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese para que obre como en derecho corresponda copia certificada de la demanda de amparo, del auto que ordenó su emplazamiento y de la diligencia de emplazamiento de la tercera interesada, aquí quejosa, así como de la sentencia dictada en dicho juicio y de la notificación de la misma a la tercera interesada Irasema Guadalupe Guerrero Rodríguez, así como del auto que la declaró ejecutoriada, para que se tome en consideración en su momento procesal oportuno conforme a derecho corresponda. Al efecto, es aplicable la jurisprudencia 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Junio de Dos Mil Siete, Página 285: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista". A continuación se abre el período probatorio: La secretaria da nueva cuenta con las constancias remitidas por las autoridades responsables en justificación de sus actos. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia. Como no se ofrecieron más elementos de convicción que deban relacionarse y desahogarse se cierra dicho periodo y se ordena abrir el de alegatos, en el que la Secretaria hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho. El Juez acuerda: Como no se formularon alegatos que deban relacionarse, se cierra dicho periodo. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia, firmando electrónicamente al calce los que en ella intervinieron; en la inteligencia de que quedan los autos en estado de resolución.- DOY FE. EL JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. LIC. FERNANDO UREÑA MORENO LA SECRETARIA. LIC. ERNESTINA OLVERA QUIROZ.
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