Irasema Cruz Perez

Expediente 194/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
194/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
11/05/2022

Partes del expediente

  • Irasema Cruz Perez

Actuaciones

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a once de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, al haber transcurrido el término de cinco días a que alude el artículo 98 de la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley invocada, para interponer recurso de queja en contra del proveído en el que se desechó la demanda, sin que la impetrante hubiese ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de referencia HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio en el que se desechó la demanda de amparo. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal. Por otra parte, glósese el escrito de la quejosa y como lo solicita, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvansele las constancias a que hace referencia en el escrito que se provee, previo su cotejo y compulsa; déjese en el sumario copia de ellas y hágase entrega al promovente o al autorizado para tal efecto, previa identificación y razón que por su recibo otorguen en autos para debida constancia. En el entendido que, para poder ingresar de manera física a este órgano jurisdiccional y recoger los documentos solicitados, deberá generar una cita mediante la obtención del Código QR, a través del procedimiento automatizado disponible en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, disponible en dicho portal del micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales" de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021 y 1/2022.

  2. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintiséis de abril de dos mil veintidós. Vista la razón del actuario judicial adscrito, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa Irasema Cruz Pérez, el proveído de once de abril de dos mil veintidós, por los motivos ahí expuestos; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, hágasele dicha notificación, así como las subsecuentes de carácter personal, por medio de lista de acuerdos que se publica en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para tal efecto.

  3. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a once de abril de dos mil veintidós. RADICACIÓNVista la demanda de amparo promovida por Irasema Cruz Pérez, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia con sede en Papantla, Veracruz, por violación a los artículos 14 y 17 Constitucionales. Fórmese expediente, anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número , que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la ley de la materia, establece que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 188643 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, Octubre de 2001 Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 128/2001 Página: 803 CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa". Bajo esta perspectiva, se considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]." De acuerdo con la norma anterior, sólo puede acudirse al juicio de amparo cuando previamente se han agotado los recursos o medios de defensa legales previstos en la ley ordinaria, y que sean los idóneos para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. El señalado motivo legal de improcedencia descansa en el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, el cual atiende a que el amparo es medio de defensa extraordinario, por lo que para instarlo previamente se deben agotar los medios ordinarios de impugnación o defensa establecidos en la ley que rige al acto reclamado. En ese orden de ideas, para que se actualice tal causal de improcedencia, es necesario: 1. Que se trate de resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo. 2. Que respecto de las mismas la ley conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. 3. Que no se actualice alguna de las excepciones al principio de definitividad previstas en la porción normativa citada, es decir: a) De actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradicción, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales. b. El acto consista órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de la sentencia definitiva en materia penal. c. Cuando se trate de personas extrañas a juicio. d. La interpretación del medio de defensa se sujete a interpretación adicional, o su fundamento sea insuficiente para determinarla, será optativo. En el caso, el quejoso narró, bajo protesta de decir verdad y como antecedentes del acto reclamado, los hechos siguientes: "[.] 1. A finales del mes de Septiembre del año dos mil once acudí ante el C. Juez Segundo de Primera Instancia de Papantla, Veracruz, a demandar alimentos en la Vía Ordinaria Civil, al C. Miguel Ángel Colorado Martínez, y otros, reclamándoles la cancelación de una pensión alimenticia que dolosamente y en componenda con Miguel Ángel Colorado Martínez vienen percibiendo y con ello evitar que mi menor hijo recibiera su pensión alimenticia con el salario neto de las percepciones económicas del demandado, y al efecto se le dio curso a la demanda y se radicó en dicho Juzgado el expediente civil número 875/2011, donde se ordenó emplazar a los demandados, además de girarse el oficio correspondiente a la Secretaría de Salubridad y Asistencia del Estado de Veracruz, para que procediera a realizar los descuentos de la pensión alimenticia provisional decretada en dicho juicio. 2. Posteriormente se hizo el emplazamiento respectivo, donde los demandados dieron contestación a la demanda, más adelante se llevaron a cabo las audiencias de Ley, recibiéndose en su oportunidad todas las pruebas ofrecidas por las partes, así mismo se desahogó la audiencia de Alegatos y se turnaron los autos para resolver; auto que no se dio cumplimiento, según el C. Juez porque se tenía que agotar los estudios psicológicos y socioeconómicos del demandado, por lo que en su oportunidad se ordenó girar oficio al DIF Municipal de la ciudad de Papantla de Olarte, Veracruz, para que procediera a realizar dichos exámenes; luego entonces dicha Institución fijo fecha y hora para dichos exámenes, donde después de muchos trámites y citatorios, compareció el demandado Miguel Ángel Colorado Martínez para los exámenes ordenados, pero inexplicablemente solamente se le practicaron los estudios socioeconómicos, mas no los psicológicos. 3.· Por consiguiente, al volverse a pedir que se turnara nuevamente para resolver, el C. Juez conocedor del expediente determinó que faltaban los estudios psicológicos; por lo que se volvió a girar oficio al DIF Municipal de Papantla, Veracruz, para dichos exámenes, pero el demandado no volvió a comparecer jamás, a pesar de que se señalaron muchas fechas en el DIF Municipal para la realización de este examen, y de ello nunca acudió a comparecer el demandado, también así el señor Miguel Ángel Colorado Martínez dolosamente se transfirió de sus labores a otra Región del Estado de Veracruz, es por ello que se solicitó nuevamente a la Secretaría de Salubridad y Asistencia del Estado que informara el lugar donde se encuentra actualmente trabajando el demandado, a lo que dicha Institución informó que su centro de labores se encontraba en Minatitlán, Veracruz, y es por ello que se giró oficio al C. Juez de lo similar de Minatitlán, para que por su conducto girara oficio al DIF Municipal de ese lugar, para que realizara el examen ordenado, pero hasta la fecha dicha Institución no ha informado nada al respecto y de este asunto ya lleva más de 10 años y hasta la fecha no se ha emitido la Resolución correspondiente..." Ahora, la peticionaria de amparo en el apartado de conceptos de violación señaló lo siguiente: "El C. Juez Segundo de Primera Instancia de la ciudad de Papantla, Veracruz, violenta en mi perjuicio el contenido del segundo párrafo del artículo 17 Constitucional que textualmente expresa: "Toda persona tiene derecho a que se le administre Justicia por Tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial", esto al negarse a dictar resolución como lo peticione mediante escrito de fecha 04 de Marzo del presente año y a ello emitió el auto de fecha 23 de Marzo del año en curso, donde determinó que NO HA LUGAR a lo solicitado, pese a que como se desprende del juicio antes mencionado se celebraron todas las audiencias previstas por el Código de Procedimientos Civiles del Estado, incluyendo la audiencia de Alegatos, y hasta este momento no se ha dictado ninguna resolución al respecto, a pesar de que han transcurrido muchos años, esto solo por el hecho de faltar el estudio psicológico" De lo antes expuesto se colige que el acto reclamado consiste en el auto de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, emitido en los autos del expediente civil 875/2011, mediante el cual el juez responsable negó la solicitud de la parte quejosa de dictar sentencia, hasta en tanto se realizara el estudio ordenado al demandado, aquí tercero interesado. Puntualizado lo anterior, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, en el Título Decimosegundo, "De los recursos y de la revisión de oficio", establece en sus artículos 506 y 507, lo siguiente: "Articulo 506. Los autos que no causen daño irreparable en la sentencia y los decretos pueden ser revocados por el Juez que los dicta, o por el que los substituya en el conocimiento del negocio" "Artículo 507. La revocación puede pedirse en el acto de la notificación o dentro del término de dos días. Se resolverá de plano o en audiencia que tendrá lugar dentro de los tres días siguientes. Sólo podrán ofrecerse las pruebas que puedan rendirse en dicha audiencia". De los preceptos reproducidos, se desprende que la revocación, constituye el medio ordinario de defensa idóneo para que puedan ser combatidos los autos que no causen un daño irreparable en la sentencia. Luego, es claro que contra el auto reclamado, la quejosa debió agotar el medio ordinario de defensa establecido en el precitado cuerpo normativo. Adicionalmente a lo expuesto, en el caso que nos ocupa no se actualiza ninguna de las hipótesis de excepción, previstas en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradicción, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales. Tampoco se reclaman actos que afecten la libertad personal de la quejosa, quien tampoco se ostenta como persona extraña a juicio, pues fue ella quien promovió la controversia de origen. Finalmente, la interpretación del medio de defensa que se estima procedente no requiere de interpretación adicional ni su fundamento es insuficiente para determinar su procedencia. Por tanto, en estricto acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, antes de acudir a esta instancia constitucional a combatir el auto de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, dictado en el juicio ordinario civil 875/2011, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia con sede en Papantla, Veracruz; debe agotar el medio ordinario de defensa -recurso de revocación-, por medio de cual puede revocarse el aludido auto. En el anterior contexto, resulta incuestionable la actualización de una causa de notoria e indudable improcedencia; por ende, se desecha de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 61, fracción XVIII, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resultan aplicables las jurisprudencias siguientes: "Época: Novena Época Registro: 187016 Instancia: Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XV, Mayo de 2002 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/37 Página: 902 AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado por la promovente en su escrito de demanda y como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Pericles Vicente Vega Andrés y Brigido Cruz García, toda vez que no tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta; así como a José Luis Hernández Santes y Ulises Martínez Simbron, por así haberlo solicitado expresamente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, al respecto, requiérase a los actuarios adscritos a este juzgado, a efecto de que observen lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificará inmediatamente en que sean pronunciadas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En observancia a los Acuerdos Generales conjuntos 1/2009 y 1/2013 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, así como el diverso Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el cual en el transitorio tercero precisa que queda derogado el Título Cuarto, De los servicios electrónicos del CJF, del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las constancias indispensables para su debida integración. COMUNICACIÓN ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1º, 2º, fracción V, 3º, fracción X; 4º, 7º, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete -que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1º, fracción l, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Cuarto y Séptimo transitorios del decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite a las partes y a sus autorizados la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de los acuerdos que obran en el presente juicio. EXHORTO PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se invita a las partes a que: a) De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, lo que significa que no podrá practicarse ninguna notificación a través de estos medios, únicamente son para establecer contacto. El contenido de estos contactos deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DENTRO DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL Se precisa a las partes, que en caso de que deseen consultar el expediente electrónico en los equipos de cómputo que están a su disposición en este órgano jurisdiccional, deberán generar una cita a través de un proceso automatizado disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el que se les otorgará un Código QR que permitirá a éstas y, en su caso, a otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresar al órgano jurisdiccional, plenamente identificadas y registradas, dicho código podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, en el entendido de que la cita durará un máximo de veinticinco minutos, de conformidad con los artículos 3, 6 , fracción II, y 8, del referido Acuerdo General 21/2020. INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS Con apoyo en el artículo 2°, fracción VI, del referido Acuerdo General 21/2020, se instruye a los secretarios de este juzgado para que se realice la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos, asimismo, en caso de detectar alguna omisión, lo hagan saber a la titular para ordenar que se subsane de inmediato. DILIGENCIAS PERSONALES De conformidad con el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021 y 9/2021, las diligencias personales que se realicen en este asunto, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud del servidor público que la realice y de las personas justiciables.

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