Irania Citlali Castellanos Sánchez
Expediente 362/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 25 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 362/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 24/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Irania Citlali Castellanos Sánchez
- Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues de la lectura integral de las constancias remitidas por el Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Córdoba, Veracruz, se advierte que por resolución de cuatro de enero del año en curso, en principio, dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, la diversa determinación de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, dictada en el juicio ordinario civil 948/2020/VII. Posteriormente, en esa misma data, al resolver nuevamente el recurso de reclamación interpuesto por el demandado, Félix Castellanos Pérez, contra la pensión alimenticia provisional decretada en el referido expediente, acató los lineamientos trazados en el fallo protector, ya que de la lectura de dicha determinación -que en obvio de repeticiones innecesarias no es transcrita- se desprende, en lo que trasciende, que en principio, prescindió de considerar que corresponde a la acreedora alimentaria acreditar la necesidad de recibir alimentos, y que el hecho de que la citada accionante haya procreado un hijo constituye, por sí mismo, un elemento que permita justificar su falta de necesidad alimenticia. Asimismo, para analizar si la pensión alimenticia de trato resultaba proporcional o no, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 del Código Civil de la Entidad, entre otras cosas, ponderó las necesidades de la acreedora alimentaria, en contraposición con las posibilidades económicas del deudor alimentario; en el entendido de que en este último rubro indicó que los ingresos del demandado no eran insuficientes para cumplir con dicha carga alimentaria. Hecho lo anterior, determinó declarar improcedente la reclamación planteada y, en consecuencia, confirmó el monto de la pensión alimenticia provisional de que se trata. Cabe mencionar que el sentido de la nueva determinación, emitida por la autoridad responsable resulta ajeno a los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analizó, pues en ésta sólo se le ordenó que emitiera una nueva resolución acatando las directrices precisadas en el fallo protector, pero sin que existiera imperativo de resolver en determinado sentido. En tales condiciones, dado que la responsable cumplió con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; en consecuencia, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. En el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente se concedió la medida cautelar solicitada, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales o billete de depósito al no obrar en autos. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las copias certificadas del expediente civil número 948/2020/VII, que remitió la autoridad responsable, las cuales obran en un tomo de pruebas; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y al tercero interesado.
- Incidental
Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues de la lectura integral de las constancias remitidas por el Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Córdoba, Veracruz, se advierte que por resolución de cuatro de enero del año en curso, en principio, dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, la diversa determinación de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, dictada en el juicio ordinario civil 948/2020/VII. Posteriormente, en esa misma data, al resolver nuevamente el recurso de reclamación interpuesto por el demandado, Félix Castellanos Pérez, contra la pensión alimenticia provisional decretada en el referido expediente, acató los lineamientos trazados en el fallo protector, ya que de la lectura de dicha determinación -que en obvio de repeticiones innecesarias no es transcrita- se desprende, en lo que trasciende, que en principio, prescindió de considerar que corresponde a la acreedora alimentaria acreditar la necesidad de recibir alimentos, y que el hecho de que la citada accionante haya procreado un hijo constituye, por sí mismo, un elemento que permita justificar su falta de necesidad alimenticia. Asimismo, para analizar si la pensión alimenticia de trato resultaba proporcional o no, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 del Código Civil de la Entidad, entre otras cosas, ponderó las necesidades de la acreedora alimentaria, en contraposición con las posibilidades económicas del deudor alimentario; en el entendido de que en este último rubro indicó que los ingresos del demandado no eran insuficientes para cumplir con dicha carga alimentaria. Hecho lo anterior, determinó declarar improcedente la reclamación planteada y, en consecuencia, confirmó el monto de la pensión alimenticia provisional de que se trata. Cabe mencionar que el sentido de la nueva determinación, emitida por la autoridad responsable resulta ajeno a los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analizó, pues en ésta sólo se le ordenó que emitiera una nueva resolución acatando las directrices precisadas en el fallo protector, pero sin que existiera imperativo de resolver en determinado sentido. En tales condiciones, dado que la responsable cumplió con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; en consecuencia, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. En el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente se concedió la medida cautelar solicitada, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales o billete de depósito al no obrar en autos. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las copias certificadas del expediente civil número 948/2020/VII, que remitió la autoridad responsable, las cuales obran en un tomo de pruebas; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y al tercero interesado.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, POR LISTA DE ESTRADOS, ASÍ COMO EN UNA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL PORTAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL AUTO DE VEINTICUATRO DE ENERO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, EL CUAL DICE: Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues de la lectura integral de las constancias remitidas por el Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Córdoba, Veracruz, se advierte que por resolución de cuatro de enero del año en curso, en principio, dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, la diversa determinación de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, dictada en el juicio ordinario civil 948/2020/VII. Posteriormente, en esa misma data, al resolver nuevamente el recurso de reclamación interpuesto por el demandado, Félix Castellanos Pérez, contra la pensión alimenticia provisional decretada en el referido expediente, acató los lineamientos trazados en el fallo protector, ya que de la lectura de dicha determinación -que en obvio de repeticiones innecesarias no es transcrita- se desprende, en lo que trasciende, que en principio, prescindió de considerar que corresponde a la acreedora alimentaria acreditar la necesidad de recibir alimentos, y que el hecho de que la citada accionante haya procreado un hijo constituye, por sí mismo, un elemento que permita justificar su falta de necesidad alimenticia. Asimismo, para analizar si la pensión alimenticia de trato resultaba proporcional o no, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 del Código Civil de la Entidad, entre otras cosas, ponderó las necesidades de la acreedora alimentaria, en contraposición con las posibilidades económicas del deudor alimentario; en el entendido de que en este último rubro indicó que los ingresos del demandado no eran insuficientes para cumplir con dicha carga alimentaria. Hecho lo anterior, determinó declarar improcedente la reclamación planteada y, en consecuencia, confirmó el monto de la pensión alimenticia provisional de que se trata. Cabe mencionar que el sentido de la nueva determinación, emitida por la autoridad responsable resulta ajeno a los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analizó, pues en ésta sólo se le ordenó que emitiera una nueva resolución acatando las directrices precisadas en el fallo protector, pero sin que existiera imperativo de resolver en determinado sentido. En tales condiciones, dado que la responsable cumplió con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; en consecuencia, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. En el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente se concedió la medida cautelar solicitada, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales o billete de depósito al no obrar en autos. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las copias certificadas del expediente civil número 948/2020/VII, que remitió la autoridad responsable, las cuales obran en un tomo de pruebas; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y al tercero interesado.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA, POR LISTA DE ACUERDOS, ASÍ COMO EN UNA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL PORTAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL AUTO QUE DICE: Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues de la lectura integral de las constancias remitidas por el Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Córdoba, Veracruz, se advierte que por resolución de cuatro de enero del año en curso, en principio, dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, la diversa determinación de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, dictada en el juicio ordinario civil 948/2020/VII. Posteriormente, en esa misma data, al resolver nuevamente el recurso de reclamación interpuesto por el demandado, Félix Castellanos Pérez, contra la pensión alimenticia provisional decretada en el referido expediente, acató los lineamientos trazados en el fallo protector, ya que de la lectura de dicha determinación -que en obvio de repeticiones innecesarias no es transcrita- se desprende, en lo que trasciende, que en principio, prescindió de considerar que corresponde a la acreedora alimentaria acreditar la necesidad de recibir alimentos, y que el hecho de que la citada accionante haya procreado un hijo constituye, por sí mismo, un elemento que permita justificar su falta de necesidad alimenticia. Asimismo, para analizar si la pensión alimenticia de trato resultaba proporcional o no, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 del Código Civil de la Entidad, entre otras cosas, ponderó las necesidades de la acreedora alimentaria, en contraposición con las posibilidades económicas del deudor alimentario; en el entendido de que en este último rubro indicó que los ingresos del demandado no eran insuficientes para cumplir con dicha carga alimentaria. Hecho lo anterior, determinó declarar improcedente la reclamación planteada y, en consecuencia, confirmó el monto de la pensión alimenticia provisional de que se trata. Cabe mencionar que el sentido de la nueva determinación, emitida por la autoridad responsable resulta ajeno a los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analizó, pues en ésta sólo se le ordenó que emitiera una nueva resolución acatando las directrices precisadas en el fallo protector, pero sin que existiera imperativo de resolver en determinado sentido. En tales condiciones, dado que la responsable cumplió con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; en consecuencia, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. En el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente se concedió la medida cautelar solicitada, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales o billete de depósito al no obrar en autos. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las copias certificadas del expediente civil número 948/2020/VII, que remitió la autoridad responsable, las cuales obran en un tomo de pruebas; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y al tercero interesado.
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