Iran Torres Espinoza
Expediente 1166/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1166/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/12/2019
Partes del expediente
- Iran Torres Espinoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos del juicio en que se actúa, puede advertirse que el presente no está plena y debidamente integrado, en razón que está transcurriendo el término de quince días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la autoridad responsable rinda su respectivo informe justificado; el cual se interrumpe ya que se encuentran gozando de su período vacacional, motivo por el cual, no es posible que rinda el informe justificado. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis aislada (Común), con registro 249175, de la Séptima Época, publicada en la página 108, del Semanario Judicial de la Federación, de Tribunal Colegiados de Circuito, con rubro y texto siguiente: "INFORMES DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, DÍAS INHÁBILES PARA RENDIR LOS. La jurisprudencia relativa a que deben considerarse inhábiles para la interposición del juicio de amparo los días en que las autoridades responsables dejan de laborar, también favorece a éstas en cuanto al término para rendir sus informes; de tal manera que al encontrarse disfrutando del período legal de vacaciones, es evidente que no están en posibilidad de rendir los informes que le fueron solicitados por el Juez de Distrito, resultando por consiguiente incorrecto que dicho funcionario haya tenido por presuntivamente ciertos los actos reclamados de la autoridad que se encontraba en esas condiciones y le impusiera una multa." Diferimiento. Atento a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que habría de celebrarse el día de hoy, y se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del veinticuatro de enero de dos mil veinte, para su celebración.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito de cuenta. Se retira carácter de perito oficial. Atento a su contenido, se tiene a M*********, quien fue designado como perito oficial de este Juzgado de Distrito, pretendiendo aceptar el cargo conferido; sin embargo, al advertirse que por proveído de cuatro del mes y año en curso, se tuvo al diverso perito *********, aceptando el cargo conferido por este Juzgado, por tanto, dígasele al promovente no ha lugar a acordar de conformidad con lo solicitado; asimismo, se le retira el cargo conferido por auto de veintiséis de noviembre de la anualidad. Requerimiento. Ahora, afecto de poder de estar en aptitud de proseguir con la secuela procesal relativa a la prueba pericial en grafoscopía; requiérase a la parte quejosa, para que dentro de término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación correspondiente, señale un domicilio en el cual pueda ser notificado ********************representante legal de la moral ********************; apercibido que de no hacerlo así en el término concedido para tal efecto, se le impondrá una multa de cincuenta días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, relacionado con el artículo 259, ambos de la Ley de Amparo.
- Principal
en atención a que la parte tercero interesado no atendio el citatorio de 28 de diciembre de 2019 se emplaza a juicio y se notifica el auto de 26 de noviembre de 2019 que dice: Visto lo de cuenta, se recibe la demanda de amparo promovida por ********, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; por tanto, y con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 35, 37, 107, 108, 115, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo; ordénese admitir la demanda, formar el expediente respectivo, y registrar el ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 1166/2019. Incidente de suspensión. No fue solicitado. Informe justificado. De acuerdo con el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad señalada como responsable el informe justificado relativo, que deberá rendir dentro del término de quince días contado a partir de la legal notificación. Desde luego, en el propio informe la autoridad expondrá las razones y los fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad de los actos reclamados o la improcedencia del juicio, para lo cual debe acompañar, en el caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no rendir el respectivo informe justificado dentro del término conferido, este órgano jurisdiccional presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, y con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, podrá imponer multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Audiencia constitucional. Para tal efecto, fíjense las nueve horas con treinta minutos del veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, conforme con el artículo 115 de la ley de la materia. Conocimiento de notificación de autoridad. se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que de diferirse la celebración de la audiencia constitucional, se le notificará el acuerdo respectivo por medio de lista y no por oficio, toda vez que corresponde a este Juzgador la facultad de determinar cuáles resoluciones deberán de hacerse del conocimiento de las responsables mediante oficio, atendiendo a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, por lo que se considera que dicho acuerdo es de mero trámite. A lo anterior, resulta aplicable por las razones que la informan la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materia Común, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro número 2002576, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Improcedencia y sobreseimiento. Con fundamento en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, requiérase a las partes para que, tan pronto como aparezca una causal de improcedencia o sobreseimiento, lo comuniquen a esta autoridad y de ser posible acompañen las constancias que la acrediten, con el apercibimiento que, de no hacerlo así, con fundamento en el último numeral mencionado, podrá imponerse en lo particular una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Intervención al Ministerio Público. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, corriéndole traslado con copia de la demanda de amparo. Tercero interesado. Se reconoce el carácter de terceros interesados. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional les reconoce el carácter de terceros interesados al Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California y Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud sección 42 (SNTSA SECCIÓN 42); por lo que, en ese tenor, se instruye al Actuario adscrito a este Juzgado, para que proceda emplazarlas notificándoles el presente proveído, en su domicilio oficial, o en su defecto, en el domicilio que cita la parte quejosa en la demanda de amparo; a la primera mediante oficio y a la segunda de manera personal en el domicilio ubicado en ********de esta Ciudad de Mexicali, Baja California; además, corriéndoles traslado con copia de la demanda de amparo y haciéndole saber el día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional. Pruebas. De conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida la instrumental de actuaciones y se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza, la cual será valorada y tomada en consideración en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional respectiva. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito inicial de demanda, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Autorizados. Téngase como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ******** Requerimiento. Por lo anterior, requiérase por conducto de la parte quejosa a ********, para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, mediante escrito acepten y protesten el cargo conferido; ello a fin de que éste órgano de control constitucional les tenga por reconocido dicho carácter, dado que no firman el ocurso de cuenta, como señal de aceptación de tal mandato. Resulta aplicable a lo anterior la tesis de jurisprudencia, que en apoyo a esta determinación y como criterio orientador, se cita a continuación: "AUTORIZADO EN LOS AMPLIOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. ES NECESARIO QUE ACEPTE Y PROTESTE EL CARGO PARA QUE SE LE RECONOZCA ESE CARÁCTER. Aunque es cierto que el citado precepto, en su párrafo segundo, establece que en las materias civil, mercantil o administrativa, los autorizados que las partes designen deberán acreditar que están legalmente facultados para ejercer la profesión de abogado, también lo es que dicha figura constituye un verdadero mandato judicial cuando se nombra en los amplios términos de dicho artículo, de suerte que le son aplicables las reglas contenidas en el Código Civil Federal, cuyo dispositivo legal 2547 es categórico en establecer que el mandato se reputa perfecto con la aceptación del mandatario, la que puede ser expresa o tácita. De ahí que resulte imperativo que aquel que sea designado autorizado en los términos mencionados, acepte y proteste el cargo conferido a fin de que el órgano de control constitucional le reconozca ese carácter. Además, en la medida en que los abogados acepten y protesten ese cargo, quedan protegidos tanto ellos como los que los nombran, puesto que puede suceder que una de las partes en el amparo designe a un autorizado sin que éste se entere y, por ende, que jamás participe en el asunto. Luego, si en el manejo del procedimiento constitucional hubiera negligencia, sería factible que al autorizado le finquen responsabilidades civiles, penales o administrativas, lo que no sería justo dado que no tuvo la oportunidad de comparecer al amparo; como tampoco lo sería el hecho de que, sin aportar nada al juicio, un autorizado reclamara el pago de honorarios por el solo hecho de habérsele investido como tal. Así mismo, es posible que una de las partes en el juicio de garantías tenga conocimiento que algún Juez o Magistrado se encuentra impedido para conocer de los asuntos en que participe o intervenga algún abogado litigante y, aprovechándose de esa situación, designe al profesionista como autorizado -sin que éste se entere- sólo para conseguir el impedimento del funcionario. Situaciones que se evitarán si los profesionistas del derecho aceptan y protestan el aludido cargo. (Época: Novena Época, Registro: 165604, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Enero de 2010, Materia(s): Común, Tesis: III.5o.C.29 K, Página: 2014)" Apercibimiento. Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así en el plazo señalado, se les revocará la autorización precisada con antelación, y solo se les tendrá como autorizados en términos restringidos del numeral 12 de la Ley de la Materia. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, habilítense días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Digitalización. De conformidad con el artículo 3°, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para imponerse de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en el servicio. Asimismo, para mayor eficacia en la notificación de las comunicaciones oficiales, se autoriza para efectos de enviarlas y recibirlas, el uso de los medios electrónicos, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de los nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Finalmente, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de los datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. quedan a disposición de dicha parte en este juzgado las copias de traslado correspondientes.
- Principal
en atención a que la parte AUTORIZADO DE LOS QUEJOSOS no atendio el AVISO de 29 de diciembre de 2019 se notifica el auto de 26 de noviembre de 2019 que dice: Visto lo de cuenta, se recibe la demanda de amparo promovida por ********, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; por tanto, y con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 35, 37, 107, 108, 115, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo; ordénese admitir la demanda, formar el expediente respectivo, y registrar el ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 1166/2019. Incidente de suspensión. No fue solicitado. Informe justificado. De acuerdo con el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad señalada como responsable el informe justificado relativo, que deberá rendir dentro del término de quince días contado a partir de la legal notificación. Desde luego, en el propio informe la autoridad expondrá las razones y los fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad de los actos reclamados o la improcedencia del juicio, para lo cual debe acompañar, en el caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no rendir el respectivo informe justificado dentro del término conferido, este órgano jurisdiccional presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, y con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, podrá imponer multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Audiencia constitucional. Para tal efecto, fíjense las nueve horas con treinta minutos del veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, conforme con el artículo 115 de la ley de la materia. Conocimiento de notificación de autoridad. se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que de diferirse la celebración de la audiencia constitucional, se le notificará el acuerdo respectivo por medio de lista y no por oficio, toda vez que corresponde a este Juzgador la facultad de determinar cuáles resoluciones deberán de hacerse del conocimiento de las responsables mediante oficio, atendiendo a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, por lo que se considera que dicho acuerdo es de mero trámite. A lo anterior, resulta aplicable por las razones que la informan la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materia Común, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro número 2002576, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Improcedencia y sobreseimiento. Con fundamento en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, requiérase a las partes para que, tan pronto como aparezca una causal de improcedencia o sobreseimiento, lo comuniquen a esta autoridad y de ser posible acompañen las constancias que la acrediten, con el apercibimiento que, de no hacerlo así, con fundamento en el último numeral mencionado, podrá imponerse en lo particular una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Intervención al Ministerio Público. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, corriéndole traslado con copia de la demanda de amparo. Tercero interesado. Se reconoce el carácter de terceros interesados. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional les reconoce el carácter de terceros interesados al Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California y Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud sección 42 (SNTSA SECCIÓN 42); por lo que, en ese tenor, se instruye al Actuario adscrito a este Juzgado, para que proceda emplazarlas notificándoles el presente proveído, en su domicilio oficial, o en su defecto, en el domicilio que cita la parte quejosa en la demanda de amparo; a la primera mediante oficio y a la segunda de manera personal en el domicilio ubicado en ********de esta Ciudad de Mexicali, Baja California; además, corriéndoles traslado con copia de la demanda de amparo y haciéndole saber el día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional. Pruebas. De conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida la instrumental de actuaciones y se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza, la cual será valorada y tomada en consideración en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional respectiva. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito inicial de demanda, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Autorizados. Téngase como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ******** Requerimiento. Por lo anterior, requiérase por conducto de la parte quejosa a ********, para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, mediante escrito acepten y protesten el cargo conferido; ello a fin de que éste órgano de control constitucional les tenga por reconocido dicho carácter, dado que no firman el ocurso de cuenta, como señal de aceptación de tal mandato. Resulta aplicable a lo anterior la tesis de jurisprudencia, que en apoyo a esta determinación y como criterio orientador, se cita a continuación: "AUTORIZADO EN LOS AMPLIOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. ES NECESARIO QUE ACEPTE Y PROTESTE EL CARGO PARA QUE SE LE RECONOZCA ESE CARÁCTER. Aunque es cierto que el citado precepto, en su párrafo segundo, establece que en las materias civil, mercantil o administrativa, los autorizados que las partes designen deberán acreditar que están legalmente facultados para ejercer la profesión de abogado, también lo es que dicha figura constituye un verdadero mandato judicial cuando se nombra en los amplios términos de dicho artículo, de suerte que le son aplicables las reglas contenidas en el Código Civil Federal, cuyo dispositivo legal 2547 es categórico en establecer que el mandato se reputa perfecto con la aceptación del mandatario, la que puede ser expresa o tácita. De ahí que resulte imperativo que aquel que sea designado autorizado en los términos mencionados, acepte y proteste el cargo conferido a fin de que el órgano de control constitucional le reconozca ese carácter. Además, en la medida en que los abogados acepten y protesten ese cargo, quedan protegidos tanto ellos como los que los nombran, puesto que puede suceder que una de las partes en el amparo designe a un autorizado sin que éste se entere y, por ende, que jamás participe en el asunto. Luego, si en el manejo del procedimiento constitucional hubiera negligencia, sería factible que al autorizado le finquen responsabilidades civiles, penales o administrativas, lo que no sería justo dado que no tuvo la oportunidad de comparecer al amparo; como tampoco lo sería el hecho de que, sin aportar nada al juicio, un autorizado reclamara el pago de honorarios por el solo hecho de habérsele investido como tal. Así mismo, es posible que una de las partes en el juicio de garantías tenga conocimiento que algún Juez o Magistrado se encuentra impedido para conocer de los asuntos en que participe o intervenga algún abogado litigante y, aprovechándose de esa situación, designe al profesionista como autorizado -sin que éste se entere- sólo para conseguir el impedimento del funcionario. Situaciones que se evitarán si los profesionistas del derecho aceptan y protestan el aludido cargo. (Época: Novena Época, Registro: 165604, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Enero de 2010, Materia(s): Común, Tesis: III.5o.C.29 K, Página: 2014)" Apercibimiento. Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así en el plazo señalado, se les revocará la autorización precisada con antelación, y solo se les tendrá como autorizados en términos restringidos del numeral 12 de la Ley de la Materia. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, habilítense días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Digitalización. De conformidad con el artículo 3°, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para imponerse de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en el servicio. Asimismo, para mayor eficacia en la notificación de las comunicaciones oficiales, se autoriza para efectos de enviarlas y recibirlas, el uso de los medios electrónicos, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de los nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Finalmente, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de los datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce.
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