Iran Pierre Trani Astudillo

Expediente 1295/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 14 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1295/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
13/07/2023

Partes del expediente

  • Iran Pierre Trani Astudillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a trece de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, por medio del cual devuelve los autos originales en dos tomos de actuaciones del juicio de amparo 1295/2022, promovido por Irán Pierre Trani Astudillo; asimismo, remite copia certificada de la resolución dictada en el incidente de inejecución de sentencia laboral número 7/2023. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Hágase saber a las partes que el punto resolutivo es el siguiente: "PRIMERO. Existe imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la sentencia de amparo de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, emitida en el juicio de amparo 1295/2022, del índice del juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad SEGUNDO. Se declara SIN MATERIA el incidente de inejecución de sentencia a que este expediente se refiere." En tal virtud, háganse las anotaciones respectivas para los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Entonces, tomando en consideración que el expediente carece de valor institucional e histórico y no es considerado de relevancia documental, además de que no aporta mayores elementos al acervo cultural, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, específicamente en su artículo 17, fracción III, inciso a), del capítulo quinto, relativo a los expedientes conservables, se determina que este expediente es susceptible de conservación, una vez transcurridos tres años, contados a partir de la emisión de este proveído. En relación al cuaderno de antecedentes que se formó para la sustanciación del recurso de revisión, y toda vez que carece de valor institucional histórico o no aporta mayores elementos al acervo archivístico, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, específicamente en el artículo 19, fracción I, inciso a), capítulo octavo, relativo a la destrucción de expedientes, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que hayan transcurrido seis meses a partir del presente proveído, dado que no obran documentos originales, carece de valor institucional e histórico, ni es considerado de relevancia documental, conforme al Acuerdo General citado. Finalmente, dado que es un hecho notorio que la autoridad responsable hará uso de su primer período vacacional, se instruye al Actuario Judicial adscrito, para que una vez que reanude sus labores haga entrega del oficio que derive del presente asunto. Notifíquese.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ocho de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el telegrama enviado por ********************, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento realizado el veinte de abril del año en curso, informa que ya recibió los oficios números 2318/2023 y 6253/2023 de siete de febrero y quince de marzo del año en curso. Por otra parte, se advierte que el expediente se encuentra debidamente integrado con las notificaciones correspondientes a las parte; en tal virtud, remítase de inmediato el presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para que resuelva el incidente de inejecución. Notifíquese.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veinte de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, se advierte que no se cuenta con los acuses de recibo de los oficios 2318/2023 y 6523/2023 dirigidos a ********************, mediante los cuales se ordenó notificar los autos de siete de febrero y quince de marzo del año en curso, en el que se tuvo por no cumplida la sentencia dictada en el presente juicio, así como el auto que ordenó la inejecución correspondiente. Ahora bien, dado que es necesario contar con dichas constancias a fin de integrar debidamente el expediente; requiérase por vía telegráfica a la referida autoridad, para que dentro del término de tres días siguientes a la notificación del presente proveído informen por la misma vía si ya recibió los mencionados oficios y de ser así la fecha de su recepción, a fin de que ello se tenga como acuse de recibo. Se le apercibe que de no hacerlo así, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio; ello en termino de los numerales 237, 238 y 259, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo. Notifíquese.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a quince de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado jurídico procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se aprecia que mediante proveído de siete de febrero del presente año, se declaró imposibilidad jurídica para el cumplimiento de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, habiendo transcurrido el término de quince días que tiene la parte legitimada para inconformarse con esa resolución, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que lo haya hecho así. En consecuencia, con fundamento los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, en Turno, con residencia en esta ciudad, el expediente original, para los efectos precisados en el artículo 193 de la mencionada ley. Fórmese cuaderno de antecedentes únicamente con la impresión del presente acuerdo, así como con el acuse del oficio por el que se envía el presente juicio de amparo, ya que acorde a los principios de austeridad y racionalidad presupuestaria se estima innecesaria la integración tradicional de copias certificadas al cuaderno de antecedentes, cuya destrucción es inminente; además de que conforme a lo previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, el presente juicio se encuentra debidamente digitalizado en el expediente electrónico para la consulta de las partes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 23/2018 (10a.), con número de registro digital 2017828, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, página 274, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. En términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez del conocimiento y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura que una determinación de tal naturaleza sea revisada, de oficio, por el superior jerárquico del Juez a quo, que en el caso lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, si dentro del plazo de 15 días se interpone recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción II, de la ley mencionada, ese medio de impugnación debe declararse procedente contra la resolución del Juez de Distrito y no de la que emita el Tribunal Colegiado de Circuito en la que confirme la existencia de dicha imposibilidad pues, acorde con el punto cuarto fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante el Instrumento Normativo aprobado por el propio Pleno el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, no cabría interponer el recurso de inconformidad contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 196 de la ley de la materia, en razón de que la competencia para resolver dichos recursos recae, precisamente, en esos órganos colegiados, derivado, además, de que deben ser los propios órganos jurisdiccionales que tramitaron el juicio de amparo (Jueces de Distrito en amparo indirecto y Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo) los que en primera instancia se pronuncien sobre la existencia de una imposibilidad para cumplir el fallo constitucional y, eventualmente, conozcan y resuelvan con efectos vinculantes, cuando cause estado la interlocutoria respectiva, las solicitudes que en su oportunidad se presenten sobre el cumplimiento sustituto, determinando si ha lugar o no a dicho cumplimiento, de modo que la Suprema Corte únicamente se ocupe de aquellas gestiones que se le planteen sobre tales temas en los incidentes de inejecución radicados ante ella." Así como la diversa jurisprudencia 2a./J.44/2017 (10a), en Materia Común, , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 490, con registro digital 2014210, del rubro y texto, siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO. Cuando exista declaración del órgano judicial de amparo en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas, o bien, materiales, debe cesar en el conocimiento del asunto y enviar los autos al superior, acorde con el quinto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, que prevé que si la ejecutoria no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley; disposición que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pormenorizó en el inciso D) de la fracción VI del artículo segundo de su Acuerdo General Número 5/2013 (*), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2013. Ahora bien, si en lugar de cumplir con esta obligación, el juzgador ordena el archivo del asunto porque, en su concepto, la concesión del amparo no pudo realizar su misión de restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, la fracción II del artículo 201 del mismo ordenamiento habilita a las partes para que interpongan el recurso de inconformidad contra dicha determinación, a fin de que el superior examine su legalidad y, particularmente, si existe o no la pretextada imposibilidad de acatar la sentencia protectora, o la razón esgrimida para renunciar a restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida pues, de no existir este medio de defensa, se privaría al quejoso de la oportunidad de obtener, en los casos que proceda, la sustitución del cumplimiento de la sentencia mediante el pago de los daños y perjuicios que habrían de liquidarse en el incidente respectivo." Notifíquese; y personalmente a la quejosa.

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