Iran Olvera Balderrama
Expediente 2376/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2376/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Iran Olvera Balderrama
Actuaciones
- Principal
AGRÉGUESE EL OFICIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CHIAPAS, CON SEDE EN ESTA CIUDAD... ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO...
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, y toda vez que el quejoso Irán Olvera Balderrama, se encuentra privado de su libertad y no cuenta con asistencia jurídica, a fin de garantizar la tutela jurisdiccional efectiva, requiérasele para que en el acto de la notificación del presente acuerdo, o bien, dentro del término de tres días contado a partir de la legal notificación del mismo, realice la designación de un abogado que lo represente, bajo el apercibimiento de no hacerlo, este órgano jurisdiccional le designará uno de oficio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización son: Época: Décima Época, Registro: 2020495, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 23 de agosto de 2019 10:31 h, Materia(s): (Constitucional, Común), Tesis: 1a./J. 43/2019 (10a.), que dice: TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja. Por otra parte, con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, agréguense a los autos los informes de suspensión de plano rendidos por el Director General y Presidente del Comité Técnico del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince ""CPS-CHIAPAS", con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas y por el Subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, dese vista a las partes con su contenido, por el término de tres días, para el ejercicio de sus derechos si lo estiman pertinente. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido del licenciado José Alfredo Arévalo Treviño, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, con el cual la autoridad oficiante remite la demanda de amparo promovida por Irán Olvera Balderrama, lo anterior, para que darle el trámite respectivo, de lo que este juzgado toma nota para los efectos legales conducentes. EXPEDIENTE Y REGISTRO Por lo tanto, vista la demanda promovida por Irán Olvera Balderrama, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad del Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, y otras autoridades; fórmese el cuaderno correspondiente y regístrese en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número 2376/2019. SUSPENSION DE PLANO Previo a la admisión de la demanda de amparo, de su análisis integral se deduce que el directo agraviado reclama la orden de traslado; por lo tanto, con la finalidad de garantizar una pronta y expedita impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional, y además, ante el peligro evidente en que se encuentra la parte quejosa, en caso de que se pudieran ejecutar o continúen ejecutándose los actos reclamados, este Juzgado de Distrito considera necesario decretar la suspensión de oficio y de plano en los siguientes términos: Con fundamento en los artículos 15 y 126, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en vinculación con el artículo 48, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil quince, se concede la suspensión de plano respecto de la orden de traslado reclamada por la parte quejosa, para el efecto de que, en caso de que no se haya ejecutado el acto reclamado, el impetrante no sea trasladado del centro penitenciario donde se encuentra actualmente recluido, a diverso centro penitenciario, hasta en tanto, se notifique la sentencia que se dicte al resolver el fondo de este asunto, excepción hecha de que el cambio de lugar de reclusión coincida con el deseo del promovente. La suspensión de plano decretada, no surtirá efecto alguno, en caso de que el acto reclamado ya se haya ejecutado, pues de concederse la suspensión del mismo, equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie. Asimismo, se precisa que la medida cautelar se concede en los términos señalados, y surtirá sus efectos, siempre y cuando el traslado reclamado no implique o ataña al cumplimiento de una sentencia que hubiera causado ejecutoria, se trate de una cuestión de competencia definida, de una orden de extradición internacional o por razones o circunstancias de seguridad del propio quejoso ya sean personales, del lugar donde se encuentre, de quienes ahí se encuentren o del personal a quien se haya encomendado su custodia; lo anterior, porque, en esos casos, de concederse la medida suspensional solicitada en la demanda de amparo en los términos planteados, se contravendrían disposiciones de orden público. Ello es así, pues la sociedad podría sufrir un perjuicio que de otra manera no resentiría, ya que está interesada en que las ejecutorias que constituyen la verdad legal se cumplan, y además por otra parte, se contravendrían disposiciones de orden público, como lo es el artículo 133 constitucional, que se refiere a que todos los tratados (entre los cuales se encuentran los de extradición) que estén de acuerdo con la propia Constitución celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de la Unión; finalmente, con la medida tampoco debe ponerse en riesgo ni la seguridad de la directa agraviada, menos aún de terceros. Apoya este razonamiento, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis Jurisprudencial 58/2016 (10a.) cuyo rubro y contenido es el siguiente: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SOLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA.-" Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis de jurisprudencia 1ª./J. 17/2013 (10ª) y 1ª./J. 83/2015 (10ª), ha establecido, respectivamente, que la orden de traslado de un recluso de un centro penitenciario a otro produce una afectación a la libertad personal de manera indirecta; y, que cuando dicha orden se ejecuta sin la intervención de la autoridad jurisdiccional rectora del proceso o de la fase de ejecución de sentencia, no puede estimarse que se trate de un acto emitido en razón del procedimiento. Luego, si la literalidad del artículo 126 de la Ley de amparo precisa que la suspensión de plano y de oficio se concederá cuando se trate de actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, las condiciones para actualizar el supuesto son precisamente las que de manera clara y concreta se establecen en el propio precepto y consisten solamente en: a) que se trate de un acto que conlleve privación de la libertad personal; y b) que tal acto sea dictado fuera de procedimiento, sin que sea dable añadir como requisito que la afectación a la libertad se deba verificar de manera directa o indirecta, pues adicionar un nuevo requisito para la procedencia de la suspensión de plano a través de una interpretación seria en detrimento del derecho fundamental de tutela judicial efectiva en ese sentido, si el precepto de que se habla únicamente refiere que se debe tratar de un acto que ataque a la libertad personal y que dicho acto se emita fuera de procedimiento, lo que tiene lugar, precisamente, en el caso de la orden de traslado de un centro penitenciario a otro cuando es emitida por autoridades de carácter administrativo, es inconcuso que respecto de la mencionada orden debe concederse la suspensión de oficio y de plano, aun cuando esta únicamente afecte la libertad personal del recluso de manera indirecta. Se apercibe a las autoridades responsables que de no dar cumplimiento a esta suspensión oficiosa o de no informar el impedimento legal o material existente, se les impondrá multa equivalente a cincuenta unidades de medidas y actualización de conformidad con el numeral 237, fracción I, en relación al 259, de la Ley de Amparo, en vinculación con el artículo segundo transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación. Comuníquese a las autoridades responsables la suspensión de plano para su debido cumplimiento; y para que en el término de veinticuatro horas informen por oficio a este Juzgado de Distrito el cumplimiento que hayan dado a la suspensión de plano decretada, ya que dicha determinación deberá ser obedecida bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad señalada como responsable, de conformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que dice: Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. ADMISIÓN DE LA DEMANDA Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal, 1o, fracción I, 5o, 6o, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117, 119 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo en sus términos. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Por lo tanto y en virtud de que la suspensión de plano fue decretada a favor de la parte quejosa, no se tramita el incidente de suspensión. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se pide a las autoridades responsables que rindan sus respectivos informes justificados dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio por el que se les comunica el presente acuerdo. Al tiempo, se hace del conocimiento de las aludidas potestades que: * En caso de que omitan rendir sus informes se presumirán ciertos los actos reclamados que se les imputan. * En los informes deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio, así como la constitucionalidad o legalidad de los actos reprochados, a los que deberán acompañar además, copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo; pues de no hacerlo así, o de no remitir las aludidas documentales de manera completa y legible para la solución del presente asunto, se les sancionará con una multa de cien a mil unidades de medida y actualización, conforme lo dispuesto en la fracción II, del artículo 260 de la Ley de Amparo. REQUERIMIENTO A AUTORIDADES FORÁNEAS A fin de integrar con celeridad el expediente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, se requiere a las responsables que tienen su domicilio fuera de esta ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, para que en el término de veinticuatro horas acusen recibo de la recepción del oficio por el que se les comunica el presente proveído. Se apunta que el cumplimiento a lo así solicitado podrá realizarse vía telegráfica o por cualquier medio de mensajería acelerada, sin perjuicio de hacerlo además a través de la vía postal ordinaria. Se apercibe a las potestades responsables que de no cumplir con lo anterior en el plazo y condiciones establecidos, o de no manifestar el impedimento legal que tuvieren para ello, se les impondrá en lo individual, una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, específicamente a la persona física que ostente en cargo público correspondiente, de conformidad con el artículo 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. TERCERO INTERESADO Se reserva el emplazar a la parte tercero interesada, hasta en tanto obren los informes justificados de las responsables. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO Con apoyo en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se hace saber a las partes que cuando tengan conocimiento de alguna causa de improcedencia y/o sobreseimiento, así como la existencia de otro u otros juicios constitucionales que se relacionen con el presente, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, incluso aun celebrada la audiencia constitucional o que el asunto se encuentre en revisión y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten. En caso contrario, se les impondrá multa de treinta a trescientas unidades de medida y actualización, en términos del numeral 251 de la invocada legislación. INTERVENCIÓN LEGAL AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Con fundamento en los artículos 5, fracción IV, 26, fracción I, inciso k) y 29, de la Ley de Amparo, se ordena dar la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo, para lo cual notifíquesele personalmente el presente auto. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se cita a las partes a la audiencia constitucional, que tendrá lugar a las diez horas con diez minutos del veinte de diciembre de dos mil diecinueve. PRUEBAS De acuerdo al contenido de los dispositivos 119 al 123 de la Ley de Amparo, se indica a las partes que en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS De conformidad con lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles [aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia], se tiene a la parte demandante señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el referido en su escrito de demanda. AUTORIZACIÓN EN EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y COPIAS Desde ahora se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Por tanto, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3º.C725C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". También se autoriza expedir, en un solo tanto, las copias simples o certificadas que a su costa solicite cualquiera de las partes al comparecer a este juzgado, previa toma de razón y recibo que de ello se deje en autos para constancia legal; lo anterior de conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ello, en el entendido de que, de encontrarse algún motivo por el que deba ampliarse esa prerrogativa, el compareciente deberá solicitarla por escrito en la oficialía de partes de este juzgado, la cual se acordará como legalmente corresponda. SOLICITUD DE ACCESO A EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 93 y sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa la consulta vía internet del expediente electrónico relativo al presente asunto, a través de la cuenta de usuario que señala, en virtud de encontrarse debidamente registrada. Por lo anterior, se ordena dar de alta de inmediato en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el nombre del usuario antes referido para su debida consulta. En el entendido de que la autorización de ingresar al expediente electrónico no conlleva a que la parte quejosa reciba notificaciones por esa vía, ya que la notificación por vía electrónica solo se realizará a las partes que lo soliciten expresamente [y que previamente hayan obtenido la firma electrónica], en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de la Materia, situación que no acontece hasta este momento. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. SIGNATURA DE OFICIOS Se autoriza a los secretarios de este órgano jurisdiccional a firmar los oficios que se originen de la presente determinación. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de once de junio del año dos mil dos, y con el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el referido medio de difusión oficial el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor al día siguiente, así como el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley antes mencionada, cabe señalar a las partes el derecho que les asiste para oponerse a hacerse públicas las sentencias, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Los responsables en el manejo de este expediente, procederán a la oportuna digitalización de las constancias que lo integren (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y proceso técnico informático y documental), con excepción de los anexos que dadas sus características y voluminosidad la dificulten. Todo ello a efecto de cumplir con el artículo 3, párrafos quinto y sexto de la ley de la materia Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula, asistido del licenciado José Alfredo Arévalo Treviño, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
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