Iran Isaí Cruz Jarquin

Expediente 1920/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1920/2015
Año
2015
Actuaciones
10
Última actuación
08/09/2016

Partes del expediente

  • Iran Isaí Cruz Jarquin

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    MESA IB] Oaxaca de Juárez, Oaxaca, ocho de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días concedido a la parte quejosa y tercera interesada en proveído de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, para que manifestaran lo que a sus derechos correspondiera en relación con el cumplimiento que dio la responsable a la sentencia concesoria dictada por este juzgado; en consecuencia, se procede al análisis de las constancias que obran en autos para determinar si se encuentra cumplida o no dicha sentencia. Ahora bien, en la sentencia dictada en este juicio de amparo, se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la justicia federal, para los siguientes efectos: AUTORIDAD EFECTOS 1.- Juez Tercero de lo Penal del distrito del Centro. Deje insubsistente el auto de término constitucional dictado el quince de noviembre de dos mil quince, en el expediente penal 200/2014 y con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución, en la que, al analizar los elementos del cuerpo del delito de robo calificado con violencia, así como la probable responsabilidad del aquí quejoso en su comisión, subsane los extremos anteriormente comentados; fallo que podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales de motivación que la afectaban. En la referida determinación se señalaron como vicios formales los siguientes: 1.- Omitió hacer consideración alguna respecto de los elementos del cuerpo del delito relativos al objeto material y resultado material, por ende, valorar las pruebas que tomó en consideración para tal efecto. 2.- Al valorar la denuncia de Juan Genaro Mendoza García, Cecilia Felicitas Meléndez Martínez y Diego Miguel Gregorio, omitió fundar su apreciación en la fracción VI, del artículo 355 del Código de Procedimientos Penales del Estado y evidenciar que se cumplen los requisitos previstos en los incisos c) y f); además, omitió explicar por qué las documentales que anexó el último de los citados declarantes merecen valor probatorio, ni lo que advirtió de las mismas para acreditar la propiedad del numerario. Asimismo, la responsable omitió hacer pronunciamiento alguno respecto del interrogatorio respondido por Genaro Mendoza García, al declarar el veintisiete de mayo de dos mil trece. 3.- En cuanto a la valoración de la declaración ministerial de Irán Isaí Cruz Jarquín, omitió señalar si se cumplieron los requisitos previstos en el inciso b) de ese numeral, esto es, no dijo si fue realizada ante el Ministerio Público o el Tribunal de la causa y si el inculpado estaba debidamente enterado del procedimiento y del proceso, tanto en el análisis del cuerpo del delito como en la probable responsabilidad. 4.- En relación a la valoración de los testimonios de Antonio Andrés Reyes Soriano y Ana Lilian Valle Espinoza, omitió exponer si se cumplen los requisitos señalados en el inciso c) de la fracción VI, del artículo 355 del Código de Procedimientos Penales, tanto en el análisis del cuerpo del delito como en la probable responsabilidad. 5.- En cuanto a la inspección ocular de cuatro de octubre del año dos mil doce, la responsable no refirió si se cumplió con lo dispuesto en los numerales 370 y 372 del ordenamiento invocado, además era necesario que explicara cuál fue el motivo de su práctica, si fue a petición de parte o de oficio, en este último caso, porqué, se consideró necesaria su realización, si se fijaron con claridad los instrumentos o medios que probablemente se hayan empleado y la forma en que se hubieren usado. 6.- Respecto a la valoración de las periciales en planimetría y fotografía, la responsable omitió señalar si en su desahogo se observaron las exigencias de los artículos 400, 403 y 404 de la misma codificación en consulta. 7.- En cuanto a la valoración del dictamen de avalúo, la responsable omitió señalar si se cumplen los requisitos previstos en el artículo 403 del código de la materia. 8.- No integró correctamente la prueba circunstancial. 9.- Al valorar la pericial de avalúo para acreditar la lesión al bien jurídico, la responsable omitió valorarlo como prueba pericial. 10.- Por lo que hace a la calificativa del delito que se traduce en la violencia moral a las personas, no expuso en qué conductas concretas se evidenció dicha violencia, ni las pruebas que lo acreditan. 11.- Respecto a la valoración de la declaración de Antonio González Ríos, la responsable omitió valorarla como testimonial y verificar si se satisfacen los requisitos de la fracción VI, del artículo 355 del código en comento. 12.- Omitió señalar si el dictamen en telefónica celular de veinte de septiembre de dos mil doce (fojas 71 a 74 del cuaderno de pruebas), consulta de numeración y claves de larga distancia (fojas 162 a 166 del cuaderno de pruebas) y oficio SADAI/2599/2013, suscrito por el apoderado legal de Radiomovil Dipsa, Sociedad Anónima de Capital Variable (fojas 171 y 172 del cuaderno de pruebas), son o no relevantes para acreditar los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad y, valorarlos conforme a su propia naturaleza. En acato a la sentencia concesoria, el Juez Tercero de lo Penal del distrito del Centro, residente en esta ciudad, mediante oficios 3747 y 4495, remitió a este juzgado, copia certificada de las resoluciones de nueve de junio y trece de julio de dos mil dieciséis, dictadas en el expediente penal 200/2014. Ahora bien, una vez que se analizaron dichas resoluciones, se determinó que la autoridad responsable no subsanó algunas deficiencias señaladas en la ejecutoria de amparo. Por lo que en proveídos de cinco y veintisiete de julio pasado, se le requirió de nueva cuenta, para que emitiera nueva resolución, que cumpliera con los lineamientos señalados en la sentencia de referencia. En tal virtud, mediante oficio 4747, el Juez Tercero de lo Penal del distrito del Centro, residente en esta ciudad, remitió a este juzgado, copia certificada de la resolución de dos de agosto de dos mil dieciséis, dictada en el expediente penal 200/2014. De la que se advierte que subsanó las deficiencias en los siguientes términos: En cuanto al punto número uno, se pronunció respecto de los elementos del cuerpo del delito relativos al objeto material y resultado material y señaló la pruebas que tomó en consideración para acreditarlos. En relación a lo señalado en el punto número dos, explicó que las denuncias de Juan Genaro Mendoza García, Felicitas Meléndez Martínez y Diego Miguel Gregorio, cumplen con lo dispuesto en la fracción VI del artículo 355 del Código de Procedimientos Penales del Estado. Asimismo, valoró las documentales que exhibió Diego Miguel Gregorio y la declaración de Juan Genaro Mendoza García, de veintisiete de mayo de dos mil trece. Por lo que hace al punto marcado con el número tres, en el apartado relativo a la integración del cuerpo del delito, así como en el de la probable responsabilidad, señaló que constituye una confesión a la luz del artículo 395 del Código de Procedimientos Penales del Estado, que fue rendida ante el Ministerio Público estando plenamente informado de la indagatoria que se integraba En cuanto al punto número cuatro, en el estudio relativo a la integración del cuerpo del delito y a la probable responsabilidad, al valorar los testimonios de Antonio Andrés Reyes Soriano y Ana Lilian Valle Espinoza, señaló que cumplen con los requisitos del inciso c), fracción VI del artículo 355 del código adjetivo de la materia. Respecto al punto número cinco, señaló que la inspección ocular de cuatro de octubre de dos mil doce cumple con lo dispuesto en el artículo 372 del código adjetivo de la materia, se realizó de manera oficiosa y se fijaron con claridad los aspectos a certificar. En atención al punto número seis, al valorar la pericial en planimetría, indicó que cumple con lo dispuesto en los artículos 400, 403 y 404 del Código Local de Procedimientos Penales; asimismo, que al dictamen en fotografía le concede valor indiciario atento a lo dispuesto en el artículo 354 en relación con el 59 bis del ordenamiento en consulta. En relación al punto número siete, al valorar el dictamen de avalúo indicó que cumple con lo dispuesto en el artículo 403 del código de la materia. Por lo que hace al punto número ocho, se pronunció correctamente respecto a la integración de la prueba circunstancial. En cuanto al punto número nueve, al pronunciarse respecto de la lesión al bien jurídico valoró la prueba pericial de avalúo en términos de los artículos 400, 403 y 404 del código adjetivo de la materia. Respecto al punto número diez, explicó porque la conducta de los activos constriñó el estado emocional del sujeto pasivo, lo que se tradujo en violencia moral hacia su persona. En consideración al punto número once, consideró que la declaración de Antonio González Ríos carece de valor probatorio. Atento al punto número doce, consideró que el dictamen en telefónica celular de veinte de septiembre de dos mil doce y el oficio SADAI/2599/2013, suscrito por el apoderado legal de Radiomovil Dipsa, Sociedad Anónima de Capital Variable, carecen de valor probatorio. Asimismo, mediante oficio recibido en este juzgado el veinticuatro de agosto del presente año, remitió copia del auto de veintitrés de agosto pasado, en el que declaró insubsistente y sin efecto alguno el auto de formal prisión de quince de noviembre de dos mil quince; esto es, restituyó al quejoso en el goce del derecho fundamental violado en su perjuicio; por tanto, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente. Notifíquese personalmente. (SE NOTIFICO POR LISTA CON FUND EN EL ART 27 FRAC I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO)

  2. Principal

    Mesa I-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dieciocho de agosto de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días concedido a la parte quejosa y tercera interesada en proveído de cuatro de agosto de dos mil dieciséis, para que manifestaran lo que a sus derechos correspondiera en relación con el cumplimiento que dio la responsable a la sentencia concesoria dictada por este juzgado; en consecuencia, se procede al análisis de las constancias que obran en autos para determinar si se encuentra cumplida o no dicha sentencia. Ahora bien, en la sentencia dictada en este juicio de amparo, se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la justicia federal, para los siguientes efectos: AUTORIDAD EFECTOS 1.- Juez Tercero de lo Penal del distrito del Centro. Deje insubsistente el auto de término constitucional dictado el quince de noviembre de dos mil quince, en el expediente penal 200/2014 y con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución, en la que, al analizar los elementos del cuerpo del delito de robo calificado con violencia, así como la probable responsabilidad del aquí quejoso en su comisión, subsane los extremos anteriormente comentados; fallo que podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales de motivación que la afectaban. En acato a la sentencia concesoria, el Juez Tercero de lo Penal del distrito del Centro, residente en esta ciudad, mediante oficio 4495, remitió a este juzgado, copia certificada de la resolución de trece de julio de dos mil dieciséis, dictada en el expediente penal 200/2014. Ahora bien, una vez que se analizó la resolución de trece de julio de dos mil dieciséis, se determinó que la autoridad responsable subsanó algunas deficiencias señaladas en la ejecutoria de amparo. Por lo que en proveído de veintisiete del mes pasado, se le requirió de nueva cuenta, para que emitiera nueva resolución, que cumpliera con los lineamientos señalados en la sentencia de referencia. Asimismo, mediante oficio 4747, el Juez Tercero de lo Penal del distrito del Centro, residente en esta ciudad, remitió a este juzgado, copia certificada de la resolución de dos de agosto de dos mil dieciséis, dictada en el expediente penal 200/2014. De la citada documental se aprecia que la referida autoridad responsable, dejó insubsistente el auto de formal prisión de trece de julio de dos mil dieciséis, emitido en el expediente penal 200/2014; sin embargo, omitió dejar insubsistente la diversa emitida el quince de noviembre de dos mil quince, en el citado expediente penal, que es precisamente el acto reclamado. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, considerando que, por ser de orden público el cumplimiento de las sentencias de amparo, este órgano jurisdiccional está obligado a velar por su cumplimiento, requiérase nuevamente al Juez Tercero de lo Penal del distrito del Centro, residente en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, siguientes al en que quede notificado de este proveído, deje insubsistente la resolución de quince de noviembre de dos mil quince, emitida en el expediente penal 200/2014. Apercíbase a la responsable que de no cumplir con lo requerido, o de no justificar la imposibilidad legal que tenga para ello, con fundamento en los artículos 192, 238 y 258 de la ley de la materia, se le impondrá multa equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al momento de incurrir en la conducta sancionada, la que se determinará desde luego y remitirá los autos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad; se considerará como incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales, en términos del artículo 193 de la citada Ley de Amparo. Notifíquese...

  3. Principal

    Mesa I-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintisiete de julio de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta se advierte que el plazo concedido a las partes quejosa y tercera interesada, relativo a la vista de la resolución dictada por el juez Tercero Penal del distrito judicial del Centro, Oaxaca, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, transcurrió para el quejoso del veintiuno al veinticinco del mes en curso y para la autoridad tercera interesada agente del Ministerio Público adscrito al juzgado Tercero Penal del distrito judicial del Centro, del dieciocho al veinte del actual, sin que hicieran manifestación alguna. Ahora bien, en la sentencia dictada en este juicio de garantías, se concedió al quejoso Irán Isaí Cruz Jarquín, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para los efectos siguientes: Autoridad Efectos 1.- Juez Tercero de lo Penal del distrito del Centro. Deje insubsistente el auto de término constitucional dictado el quince de noviembre de dos mil quince, en el expediente penal 200/2014 y con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución, en la que, al analizar los elementos del cuerpo del delito de robo calificado con violencia, así como la probable responsabilidad del aquí quejoso en su comisión, subsane los extremos anteriormente comentados; fallo que podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales de motivación que la afectaban. En la ejecutoria de mérito se resumió que los vicios formales fueron los siguientes: 1.- Omitió hacer consideración alguna respecto de los elemento del cuerpo del delito relativos al objeto material y resultado material, por ende, valorar las pruebas que tomó en consideración para tal efecto. 2.- Al valorar la denuncia de Juan Genaro Mendoza García, Cecilia Felicitas Meléndez Martínez y Diego Miguel Gregorio, omitió fundar su apreciación en la fracción VI, del artículo 355 del Código de Procedimientos Penales del Estado y evidenciar que se cumplen los requisitos previstos en los incisos c) y f); además, omitió explicar por qué las documentales que anexó el último de los citados declarantes merecen valor probatorio, ni lo que advirtió de las mismas para acreditar la propiedad del numerario. Asimismo, la responsable omitió hacer pronunciamiento alguno respecto del interrogatorio respondido por Genaro Mendoza García, al declarar el veintisiete de mayo de dos mil trece. 3.- En cuanto a la valoración de la declaración ministerial de Irán Isaí Cruz Jarquín, omitió señalar si se cumplieron los requisitos previstos en el inciso b) de ese numeral, esto es, no dijo si fue realizada ante el Ministerio Público o el Tribunal de la causa y si el inculpado estaba debidamente enterado del procedimiento y del proceso, tanto en el análisis del cuerpo del delito como en la probable responsabilidad. 4.- En relación a la valoración de los testimonios de Antonio Andrés Reyes Soriano y Ana Lilian Valle Espinoza, omitió exponer si se cumplen los requisitos señalados en el inciso c) de la fracción VI, del artículo 355 del Código de Procedimientos Penales, tanto en el análisis del cuerpo del delito como en la probable responsabilidad. 5.- En cuanto a la inspección ocular de cuatro de octubre del año dos mil doce, la responsable no refirió si se cumplió con lo dispuesto en los numerales 370 y 372 del ordenamiento invocado, además era necesario que explicara cuál fue el motivo de su práctica, si fue a petición de parte o de oficio, en este último caso, porqué, se consideró necesaria su realización, si se fijaron con claridad los instrumentos o medios que probablemente se hayan empleado y la forma en que se hubieren usado. 6.- Respecto a la valoración de las periciales en planimetría y fotografía, la responsable omitió señalar si en su desahogo se observaron las exigencias de los artículos 400, 403 y 404 de la misma codificación en consulta. 7.- En cuanto a la valoración del dictamen de avalúo, la responsable omitió señalar si se cumplen los requisitos previstos en el artículo 403 del código de la materia. 8.- No integró correctamente la prueba circunstancial. 9.- Al valorar la pericial de avalúo para acreditar la lesión al bien jurídico, la responsable omitió valorarlo como prueba pericial. 10.- Por lo que hace a la calificativa del delito que se traduce en la violencia moral a las personas, no expuso en qué conductas concretas se evidenció dicha violencia, ni las pruebas que lo acreditan. 11.- Respecto a la valoración de la declaración de Antonio González Ríos, la responsable omitió valorarla como testimonial y verificar si se satisfacen los requisitos de la fracción VI, del artículo 355 del código en comento. 12.- Omitió señalar si el dictamen en telefónica celular de veinte de septiembre de dos mil doce (fojas 71 a 74 del cuaderno de pruebas), consulta de numeración y claves de larga distancia (fojas 162 a 166 del cuaderno de pruebas) y oficio SADAI/2599/2013, suscrito por el apoderado legal de Radiomovil Dipsa, Sociedad Anónima de Capital Variable (fojas 171 y 172 del cuaderno de pruebas), son o no relevantes para acreditar los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad y, valorarlos conforme a su propia naturaleza. Por resolución de nueve de junio de dos mil dieciséis, el juez Tercero Penal del distrito judicial del Centro, intentó cumplir con la ejecutoria de amparo, porque dejó insubsistente el auto de formal prisión de quince de noviembre de dos mil quince, pero omitió subsanar algunas deficiencias formales, por lo que en auto de cinco de julio de dos mil dieciséis, se le requirió nuevamente. Mediante oficio 4495, de trece de julio de dos mil dieciséis, el juez Tercero Penal del distrito judicial del Centro, Oaxaca, remitió copia certificada de la resolución de trece de julio del año en curso, dictada en el expediente 200/2014, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, en auto de catorce de julio de este año, se ordenó dar vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que hicieran manifestación alguna. De la determinación que remitió la responsable a fin de acatar la ejecutoria de amparo, se aprecia que dejó insubsistente la resolución de nueve de junio de dos mil dieciséis y subsanó algunas de las deficiencias formales destacadas en la misma, sin embargo omitió dejar insubsistente la resolución de quince de noviembre de dos mil quince, reclamada en este juicio, la cual si bien fue declarada insubsistente en diversa resolución de nueve de junio de dos mil dieciséis, ahora subsiste con motivo de que se declaró insubsistente en la diversa resolución de trece de julio de dos mil dieciséis. Asimismo, omitió referirse a lo siguiente: 1. Omitió hacer consideración alguna respecto de los elementos del cuerpo del delito relativos al objeto material y resultado material, por ende, valorar las pruebas que tomó en consideración para tal efecto. 2. Al valorar la denuncia de Diego Miguel Gregorio, omitió explicar lo que advirtió de la diversa documental que anexó, consistente en el oficio 270/2012, de diez de abril, signado por Genaro Mendoza García y señalar si tiene o no valor probatorio. 3. No integró correctamente la prueba circunstancial de los elementos del cuerpo del delito. En vista de lo anterior, se estima que el juez responsable, no acató la sentencia de amparo en sus términos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérasele nuevamente, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la legal notificación de este proveído, cumpla cabalmente con la ejecutoria de amparo y emita una nueva determinación en la que subsane las deficiencias destacadas, debiendo remitir dentro del mismo plazo copia certificada íntegra y legible de la determinación que al efecto dicte. Apercibido que de no cumplir con lo anterior, sin causa justificada, se le impondrá una multa en términos de los artículos 237, fracción I y 258 de la Ley de Amparo, al momento en que incurra en la conducta sancionadora, que podrá determinarse desde cien hasta mil unidades de medida y actualización y además se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación del puesto y su consignación. Notifíquese...

  4. Principal

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, cinco de julio de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta se advierte que el plazo concedido a las partes quejosa y tercera interesada, relativo a la vista de la resolución dictada por el juez Tercero Penal del distrito judicial del Centro, Oaxaca, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, transcurrió para el quejoso del diecisiete al veinticuatro del pasado mes de junio y para la autoridad tercera interesada agente del Ministerio Público adscrito al juzgado Tercero Penal del distrito judicial del Centro, del dieciséis al veintitrés de junio último, sin que hicieran manifestación alguna. Ahora bien, en la sentencia dictada en este juicio de garantías, se concedió al quejoso Irán Isaí Cruz Jarquín, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para los efectos siguientes: Autoridad Efectos 1.- Juez Tercero de lo Penal del distrito del Centro. Deje insubsistente el auto de término constitucional dictado el quince de noviembre de dos mil quince, en el expediente penal 200/2014 y con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución, en la que, al analizar los elementos del cuerpo del delito de robo calificado con violencia, así como la probable responsabilidad del aquí quejoso en su comisión, subsane los extremos anteriormente comentados; fallo que podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales de motivación que la afectaban. En la ejecutoria de mérito se resumió que los vicios formales fueron los siguientes: 1.- Omitió hacer consideración alguna respecto de los elemento del cuerpo del delito relativos al objeto material y resultado material, por ende, valorar las pruebas que tomó en consideración para tal efecto. 2.- Al valorar la denuncia de Juan Genaro Mendoza García, Cecilia Felicitas Meléndez Martínez y Diego Miguel Gregorio, omitió fundar su apreciación en la fracción VI, del artículo 355 del Código de Procedimientos Penales del Estado y evidenciar que se cumplen los requisitos previstos en los incisos c) y f); además, omitió explicar por qué las documentales que anexó el último de los citados declarantes merecen valor probatorio, ni lo que advirtió de las mismas para acreditar la propiedad del numerario. Asimismo, la responsable omitió hacer pronunciamiento alguno respecto del interrogatorio respondido por Genaro Mendoza García, al declarar el veintisiete de mayo de dos mil trece. 3.- En cuanto a la valoración de la declaración ministerial de Irán Isaí Cruz Jarquín, omitió señalar si se cumplieron los requisitos previstos en el inciso b) de ese numeral, esto es, no dijo si fue realizada ante el Ministerio Público o el Tribunal de la causa y si el inculpado estaba debidamente enterado del procedimiento y del proceso, tanto en el análisis del cuerpo del delito como en la probable responsabilidad. 4.- En relación a la valoración de los testimonios de Antonio Andrés Reyes Soriano y Ana Lilian Valle Espinoza, omitió exponer si se cumplen los requisitos señalados en el inciso c) de la fracción VI, del artículo 355 del Código de Procedimientos Penales, tanto en el análisis del cuerpo del delito como en la probable responsabilidad. 5.- En cuanto a la inspección ocular de cuatro de octubre del año dos mil doce, la responsable no refirió si se cumplió con lo dispuesto en los numerales 370 y 372 del ordenamiento invocado, además era necesario que explicara cuál fue el motivo de su práctica, si fue a petición de parte o de oficio, en este último caso, porqué, se consideró necesaria su realización, si se fijaron con claridad los instrumentos o medios que probablemente se hayan empleado y la forma en que se hubieren usado. 6.- Respecto a la valoración de las periciales en planimetría y fotografía, la responsable omitió señalar si en su desahogo se observaron las exigencias de los artículos 400, 403 y 404 de la misma codificación en consulta. 7.- En cuanto a la valoración del dictamen de avalúo, la responsable omitió señalar si se cumplen los requisitos previstos en el artículo 403 del código de la materia. 8.- No integró correctamente la prueba circunstancial. 9.- Al valorar la pericial de avalúo para acreditar la lesión al bien jurídico, la responsable omitió valorarlo como prueba pericial. 10.- Por lo que hace a la calificativa del delito que se traduce en la violencia moral a las personas, no expuso en qué conductas concretas se evidenció dicha violencia, ni las pruebas que lo acreditan. 11.- Respecto a la valoración de la declaración de Antonio González Ríos, la responsable omitió valorarla como testimonial y verificar si se satisfacen los requisitos de la fracción VI, del artículo 355 del código en comento. 12.- Omitió señalar si el dictamen en telefónica celular de veinte de septiembre de dos mil doce (fojas 71 a 74 del cuaderno de pruebas), consulta de numeración y claves de larga distancia (fojas 162 a 166 del cuaderno de pruebas) y oficio SADAI/2599/2013, suscrito por el apoderado legal de Radiomovil Dipsa, Sociedad Anónima de Capital Variable (fojas 171 y 172 del cuaderno de pruebas), son o no relevantes para acreditar los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad y, valorarlos conforme a su propia naturaleza. Mediante oficio 3747, de nueve de junio de dos mil dieciséis, el juez Tercero Penal del distrito judicial del Centro, Oaxaca, remitió copia certificada de la resolución de nueve de junio del año en curso, dictada en el expediente 200/2014, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, en auto de trece de junio de este año, se ordenó dar vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que hicieran manifestación alguna. De la determinación que remitió la responsable a fin de acatar la ejecutoria de amparo, se aprecia que dejó insubsistente la resolución de quince de noviembre de dos mil quince y subsanó algunas de las deficiencias formales destacadas en la misma, sin embargo omitió referirse a lo siguiente: 1.- Omitió hacer consideración alguna respecto de los elemento del cuerpo del delito relativos al objeto material y resultado material, por ende, valorar las pruebas que tomó en consideración para tal efecto. 2.- Al valorar la denuncia de Diego Miguel Gregorio, omitió explicar por qué las documentales que anexó el último de los citados declarantes merecen valor probatorio, ni lo que advirtió de las mismas para acreditar la propiedad del numerario a excepción de la póliza de cheque 0990503. Asimismo, la responsable omitió hacer pronunciamiento alguno respecto del interrogatorio respondido por Genaro Mendoza García, al declarar el veintisiete de mayo de dos mil trece. 3.- En cuanto a la inspección ocular de cuatro de octubre del año dos mil doce, la responsable no refirió si fue a petición de parte o de oficio, en este último caso, porqué, se consideró necesaria su realización. 4.- No integró correctamente la prueba circunstancial de los elementos del cuerpo del delito. 5.- Omitió señalar si la consulta de numeración y claves de larga distancia, es o no relevante para acreditar los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad y, valorarlos conforme a su propia naturaleza. En vista de lo anterior, se estima que el juez responsable, no acató la sentencia de amparo en sus términos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérasele nuevamente, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la legal notificación de este proveído, cumpla cabalmente con la ejecutoria de amparo y emita una nueva determinación en la que subsane las deficiencias destacadas, debiendo remitir dentro del mismo plazo copia certificada íntegra y legible de la determinación que al efecto dicte. Apercibido que de no cumplir con lo anterior, sin causa justificada, se le impondrá una multa en términos de los artículos 237, fracción I y 258 de la Ley de Amparo, al momento en que incurra en la conducta sancionadora, que podrá determinarse desde cien hasta mil unidades de medida y actualización y además se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación del puesto y su consignación. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado José Luis Evaristo Villegas, juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre, asistido de la licenciada, Miryam Elizabeth Cuevas González, secretaria que autoriza y da fe.

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