Irán González Díaz

Expediente 628/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
628/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
13/09/2022

Partes del expediente

  • Irán González Díaz
  • Juez Segundo de Distrito de Amparo En Zacatecas

Actuaciones

  1. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, trece de septiembre de dos mil veintidós Visto; advirtiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que no existen diligencias pendientes de practicar, ni documentos originales o copia certificada que deban ser devueltos a las partes, que en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, y que este juzgado dio fe que la versión electrónica del juicio de amparo en que se actúa, coincide en su totalidad con la versión impresa, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previo las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos 1°, 12 y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente es destruible.

  2. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, seis de julio de dos mil veintidós. Vista; la certificación que antecede, remítase el presente cuaderno de antecedentes al archivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior atendiendo además a que conforme a la certificación secretarial de cuenta, en el presente expediente no existen diligencias pendientes de practicar, ni documentos en original o copia certificada exhibidos por las partes, que deban ser devueltos al interesado y en su caso ya fueron digitalizadas las constancias del presente cuaderno de antecedentes; de igual forma, que este juzgado da fe de que la versión electrónica del juicio de amparo en que se actúa, coincide en su totalidad con la versión impresa. En la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos 1,12 y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente es destruible.

  3. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, primero de abril de dos mil veintidós. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Víctor Moisés Sánchez Ramírez, en representación de Irán González Díaz, contra actos de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas y otras autoridades, por violación a diversos preceptos Constitucionales, la Jueza acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 628/2022-IV y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). INCOMPETENCIA. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito en el Estado, se declara legalmente incompetente para conocer de la citada demanda, habida cuenta que se señala como autoridad responsable al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. Se afirma ello pues la parte quejosa señala como responsable: "a) Juez Segundo de Distrito de Amparo en Zacatecas." Las cuestiones de competencia son de orden público, previo, especial y oficioso pronunciamiento, en virtud de que el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o de las partes. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia 153, publicada en la página 267, Tomo VII, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: COMPETENCIA, APLICACIÓN DE LAS LEYES DE. Las normas que regulan la competencia por función o materia, se apoderan de las relaciones jurídicas procesales en el estado en que se encuentran, rigiendo inmediatamente, por ser de orden público. De la demanda de amparo presentada por Víctor Moisés Sánchez Ramírez, en representación de Irán González Díaz, contra actos del Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas y otras autoridades, en su capítulo relativo a los actos reclamados, se desprende, que reclama los siguientes: "(.) (i) falta de atención médica, (ii) incomunicación, (iii) la detención ilegal fuera de procedimiento en la Estación Migratoria con fines de deportación, expulsión o repatriación." Asimismo, en el apartado referente a las autoridades responsables, en lo que interesa, señala como tal al: " Juez Segundo de Distrito de Amparo en Zacatecas." Así es, los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." TURNO A LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMUN. En mérito de lo expuesto, sin proveer sobre la admisión de la demanda, con apoyo en los artículos citados de la Ley de Amparo, remítase oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, para que realice registro correspondiente de la demanda (con registro OCC: 20220922005000095, folio electrónico 3316145) y expida la boleta de turno respectiva, a fin de estar en condiciones de remitirla al juzgado que así corresponda. SUSPENSIÓN DE PLANO. Los actos reclamados que hace consistir el promovente son: Tratos crueles, inhumanos y degradantes. Falta de atención medica al quejoso Irán González Díaz, así como suministros médicos La Incomunicación. La detención ilegal fuera de procedimiento en la estación migratoria, con fines de deportación o repatriación. Que a veces hay agua para asearse y a veces no; que no cuentan con artículos de aseo o recreación dentro del centro de detención. En el entendido que el directo quejoso Irán González Díaz, es extranjero, de nacionalidad Cubana. Así las cosas, con sustento en los artículos 15, 125, 160 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concede la suspensión de oficio y de plano en favor de Irán González Díaz, respecto de los actos precisados con antelación. Para que cesen de inmediato los diversos actos consistentes en tratos crueles, inhumanos y degradantes, falta de atención médica, incomunicación y la detención ilegal fuera de procedimiento en la Estación Migratoria, con fines de deportación o repatriación. Debiendo las autoridades responsables hacer del conocimiento del directo quejoso el derecho que tiene de comunicarse de inmediato con quien estime conveniente, para lo cual, las responsables Migratorias deberán permitir al directo quejoso que utilice el teléfono o cualquier otro medio de comunicación para tales efectos; asimismo, para que se le permita ver a sus abogados o persona de confianza. Para que en caso de haberse ordenado la deportación, expulsión o repatriación del quejoso, no se ejecuten, hasta en tanto se resuelve el presente juicio de amparo. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia PC.X. J/15 K (10a.), sustentada por el Pleno del Décimo Circuito, publicada en la página 879 del Libro 78, septiembre de dos mil veinte, tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia Común, Décima Época, con registro digital 2022090, del siguiente tenor: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE OTORGARLA DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE RECLAMAN LA POSIBLE DEPORTACIÓN O REPATRIACIÓN Y, SIMULTÁNEAMENTE, ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DE MIGRANTES CON SITUACIÓN IRREGULAR EN EL PAÍS. Cuando una persona con calidad de migrante solicita el amparo contra su posible deportación o repatriación y simultáneamente reclama actos restrictivos de su libertad personal, efectuados por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público, el juzgador de amparo, en atención a los principios de continencia de la causa y pro persona, deberá otorgar la suspensión de oficio y de plano respecto de ambos actos en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, y fijar los requisitos de eficacia que estime pertinentes conforme lo establecen los artículos 138, fracción I y 164, del referido ordenamiento, aun cuando el primero de los indicados artículos se refiere a la suspensión provisional. Lo anterior en razón de que no se puede ordenar la libertad del quejoso, sin que se fijen medidas de eficacia y tampoco se pueden desvincular los actos privativos de la libertad consistentes en la deportación del quejoso, pudiendo en su caso, tomarse como parámetro, sin ser vinculantes, las condicionantes establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración." Para que en caso que las autoridades responsables se encuentren ejecutando la detención del quejoso (alojamiento), con vista en las manifestaciones realizadas en la demanda de amparo y en las constancias que obren en su expediente, las autoridades determinen si dicho quejoso se encuentra en situación legal en el territorio nacional, en términos de los artículos 68, 100 y 111 de la Ley de Migración, y se sitúa en alguna hipótesis legal para obtener su libertad; de ser así, deberán poner en inmediata libertad personal a Irán González Díaz, lo cual procederá sólo en el caso de que dichos actos se hayan llevado a cabo fuera de procedimiento y sin orden o mandamiento escrito, conforme a lo previsto a los artículos 15, 126 y 164, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio de que quede a disposición de la autoridad migratoria competente para la continuación del procedimiento administrativo migratorio que, en su caso, se haya instaurado en su contra, supuesto en el cual, dicho quejoso deberá ser inmediatamente notificado de la existencia de dicho procedimiento, y las causas y fundamentos con base en los cuales fue instaurado. Ahora bien, para el caso de que la detención obedezca a la comisión de un delito y se trate de flagrancia o en ejecución de una orden del Ministerio Público, en uso de la facultad que le otorga el párrafo quinto del artículo 16 Constitucional en vigor, la medida cautelar se concede para el efecto que el quejoso Irán González Díaz, quede a disposición de este juzgado por lo que hace a su libertad personal en el lugar donde se encuentre, sin perjuicio de que sin dilación alguna sea puesto a disposición del Ministerio Público, para que éste determine sobre su libertad si procediese o su retención dentro del plazo y en los términos que el párrafo noveno del artículo 16 Constitucional establece, o bien, determine su consignación a la autoridad judicial. En esos casos, el efecto de la suspensión será que el quejoso Irán González Díaz, permanezca en el lugar en que se encuentra detenido, retenido o alojado, en la inteligencia de que las autoridades responsables deberán en todo momento respetar los derechos del agraviado en el Procedimiento Administrativo Migratorio a que se refiere el artículo 102 de la Ley de Migración, así como proveer lo conducente en caso de que el quejoso pretenda garantizar conforme a alguno de los supuestos ahí establecidos a efecto de lograr su estancia regular en el país. Además, otorguen el derecho fundamental de asistencia consular en términos del artículo 36, inciso C), de la Convención de Viena, sobre las relaciones consulares; esto es, deberán informar al detenido sobre su derecho a comunicarse con el representante consular de su país, quien libremente puede decir si ejerce o no, tal derecho; lo anterior, a efecto de respetar la garantía al debido proceso y su libertad a disposición de este juzgado, en términos de lo previsto en el artículo 160 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 80/2007, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, tomo XXVI, Diciembre 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número I. 3o. A. J./7, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada a foja 951, tomo III, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 229397, de rubro: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA." También es aplicable la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en la página 978, tomo XI, Mayo de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191, 840, de epígrafe: "SUSPENSIÓN DE OFICIO PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 123 DE LA LEY DE AMPARO. CUÁNDO PROCEDE." No obstante, si la autoridad migratoria, en el ejercicio de sus funciones y disposiciones legales aplicables, determina una causa para dejar en libertad de tránsito al quejoso Irán González Díaz, deberá informarlo al Juzgado de inmediato, acompañando las constancias que la acrediten. Sin que la suspensión de plano decretada con antelación impida la continuación del procedimiento establecido en la Ley de Migración, ya que éste es de orden público. Por otra parte, al advertirse del contenido de la demanda de amparo que el directo quejoso Irán González Díaz reclama medularmente la omisión de proporcionarle la atención médica integral, no cuentan con los artículos de aseo y recreación dentro del centro de detención, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito decreta la suspensión de oficio y de plano del acto reclamado. En efecto, el acto que aquí se reclama, de omisión de brindarle la atención médica que requiere y le sean brindados y suministrados los medicamentos necesarios; lo anterior, para salvaguardar la vida del quejoso, al guardar una vinculación directa con el derecho a la salud. Dada la temática que supone el análisis de la solicitud de la medida cautelar, conviene citar el contenido del aludido 4°, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece: "Artículo 4°. [.] Toda persona tiene derecho a la protección de la salud, La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución". Dicha disposición, consagra el derecho humano a la salud, que se traduce en la obligación del Estado de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población, entendiéndose por tales servicios, las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona. Sobre el derecho a la salud, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido los siguientes criterios. "DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4O. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. Este Alto Tribunal ha señalado que el derecho a la protección de la salud previsto en el citado precepto constitucional tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Así, lo anterior es compatible con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destacan el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho; y el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", según el cual toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En ese sentido y en congruencia con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. Así, el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud". "DERECHO A LA SALUD. SU NATURALEZA NORMATIVA. Nuestro país atraviesa una etapa de intensa transformación en la manera de identificar la sustancia normativa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus consecuencias para la mecánica del funcionamiento del juicio de amparo. Una de las manifestaciones específicas de este fenómeno es la alteración de la comprensión, hasta ahora tradicional, de derechos como el relativo a la salud o a la educación. Esto es, a pesar de su consagración textual en la Carta Magna, estos derechos han sido tradicionalmente entendidos como meras declaraciones de intenciones, sin mucho poder vinculante real sobre la acción de ciudadanos y poderes públicos. Se ha entendido que su efectiva consecución estaba subordinada a actuaciones legislativas y administraciones específicas, en cuya ausencia los Jueces Constitucionales no podían hacer mucho. Ahora, en cambio, se parte de la premisa de que, aunque en un Estado constitucional democrático el legislador ordinario y las autoridades gubernamentales y administrativas tienen un margen muy amplio para plasmar su visión de la Constitución y, en particular, para desplegar en una dirección u otra las políticas públicas y regulaciones que deben dar cuerpo a la garantía efectiva de los derechos, el Juez Constitucional puede contrastar su labor con los estándares contenidos en la propia Ley Suprema y en los tratados de derechos humanos que forman parte de la normativa y vinculan a todas las autoridades estatales". Asimismo, debe decirse que el derecho a la salud no se limita a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo, es decir, se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. Del citado artículo 4° de la Constitución, que establece que toda persona tiene derecho a la salud, derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. El Estado mexicano ha suscrito convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho. La realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. De ahí que las mejoras en salud constituyen un presupuesto para el desarrollo y no una mera consecuencia de este y, por ende, la realización del derecho humano a la salud aparece crecientemente como una regla esencial para saber si realmente hay progreso en un Estado y, al mismo tiempo, como un medio decisivo para obtenerlo. La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad incluye el acceso igual y oportuno a los servicios de salud básicos preventivos, curativos y de rehabilitación, así como a la educación en materia de salud; programas de reconocimientos periódicos; tratamiento apropiado de enfermedades, afecciones, lesiones y discapacidades frecuentes, preferiblemente en la propia comunidad; el suministro de medicamentos esenciales, y el tratamiento y atención apropiados de la salud mental. Las anteriores consideraciones encuentran su sustento en las siguientes jurisprudencias y tesis aisladas, del siguiente tenor: "DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL. La protección de la salud es un objetivo que el Estado puede perseguir legítimamente, toda vez que se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4o. constitucional, en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Al respecto, no hay que perder de vista que este derecho tiene una proyección tanto individual o personal, como una pública o social. Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual, el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar. Por otro lado, la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, entre otras". "DERECHO A LA SALUD. SU TUTELA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO. La justiciabilidad del derecho a la salud no tiene manifestaciones idénticas cuando su violación se denuncia por los ciudadanos en vía de amparo y cuando se reclama por otras vías como por ejemplo, la acción de inconstitucionalidad. Para determinar qué tipo de pretensiones pueden estudiarse en vía de amparo hay que constatar no sólo que se invoque la violación de un derecho fundamental que incorpora pretensiones jurídicas subjetivas, sino también que la invasión al derecho que se denuncia represente un tipo de vulneración remediable por dicha vía. Lo anterior es así, porque el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de actos y normas con efectos únicamente para el caso concreto, como lo establecen los artículos 103, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 76 de la Ley de Amparo; sin embargo, ello no permite descartar que, en ciertas ocasiones, dar efectividad al amparo implique adoptar medidas que colateral y fácticamente tengan efectos para más personas que la que actuaron como partes en el caso concreto. Pero este tipo de efectos, que podrían denominarse ultra partes, deben ser colaterales y estar unidos por una relación de conexidad fáctica o funcional con los efectos inter partes, es decir, no pueden ser efectos central o preliminarmente colectivos. Ello es así, porque la Constitución General de la República reserva la posibilidad de impugnar las normas de manera que puedan ser declaradas inválidas con efectos erga omnes a una serie acotada de órganos legitimados, por la vía de las controversias constitucionales o las acciones de inconstitucionalidad". "DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN. Del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según el cual toda persona tiene derecho a la salud, derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. El Estado Mexicano ha suscrito convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho, y existen documentos que esclarecen su contenido y alcance jurídico mínimo consensuado. Así, la Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, dispone que el derecho a la salud garantiza pretensiones en términos de disponibilidad, accesibilidad, no discriminación, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud y refiere que los poderes públicos tienen obligaciones de respeto, protección y cumplimiento en relación con él. Algunas de estas obligaciones son de cumplimiento inmediato y otras de progresivo, lo cual otorga relevancia normativa a los avances y retrocesos en el nivel de goce del derecho. Como destacan los párrafos 30 y siguientes de la Observación citada, aunque el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé la aplicación progresiva y reconoce los obstáculos que representa la limitación de los recursos disponibles, también impone a los Estados obligaciones de efecto inmediato, como por ejemplo las de garantizar que el derecho a la salud sea ejercido sin discriminación alguna y de adoptar medidas para su plena realización, que deben ser deliberadas y concretas. Como subraya la Observación, la realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Al igual que ocurre con los demás derechos enunciados en el Pacto referido, continúa el párrafo 32 de la Observación citada, existe una fuerte presunción de que no son permisibles las medidas regresivas adoptadas en relación con el derecho a la salud". De igual modo, el derecho a la salud previsto en el artículo 4° de la Constitución, puede entenderse como la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud encaminados a la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físicopsicológica. Ello implica, entre otras cuestiones, que el Estado mexicano: a) cuente con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de la salud, cuya naturaleza dependerá particularmente de su nivel de desarrollo; b) que tales establecimientos estén al alcance de la población, en especial los grupos vulnerables o marginados; y c) que además de resultar aceptables desde el punto de vista cultural deberán ser apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad. Así, la lucha contra las enfermedades tiene que ver con los esfuerzos individuales y colectivos de los Estados para facilitar, entre otras cosas, las tecnologías pertinentes, en tanto que la creación de condiciones que aseguren a las personas asistencia médica y servicios médicos en casos de enfermedad, no se limita al acceso igual y oportuno a los servicios de salud básicos preventivos, curativos y de rehabilitación, sino al tratamiento apropiado de enfermedades, afecciones, lesiones y discapacidades. En ese contexto, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 126 del mismo ordenamiento legal, se decreta la suspensión de plano con efectos preventivos y tutelares, para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de sus competencias, realicen los actos correspondientes, a efecto de que bajo su más estricta responsabilidad proporcionen al quejoso la atención médica, el tratamiento que estimen necesario, debiendo suministrarle los medicamentos que requiere para su problema "asma", además de los artículos necesarios para el aseo y recreación, con la finalidad de no poner en riesgo su salud; lo anterior, hasta en tanto se notifique que causó ejecutoria la sentencia que se dicte en el presente juicio. En la inteligencia que dichas autoridades responsables deberán realizar todas las gestiones necesarias a fin de que, bajo su más estricta responsabilidad, el amparista reciba la atención médica y los medicamentos correspondientes, sin costo alguno. Lo anterior deberá hacerse del conocimiento de las autoridades responsables para que, en el ámbito de sus competencias acaten dicha medida bajo su más estricta responsabilidad con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se hará uso de las medidas de apremio previstas en el artículo 237 de la Ley de Amparo; asimismo, se le hace saber que el incumplimiento al anterior mandato judicial constituye un delito previsto y sancionado en el artículo 265, fracción I, de la legislación citada. Comuníquese a las autoridades responsables que la violación a esta medida suspensional genera la comisión de un delito equiparable al de abuso de autoridad, en términos de lo previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. De igual modo, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que en caso de no cumplir con lo ordenado, se dará vista a las autoridades competentes para que investiguen la comisión del delito que prevé el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo y, por ende, les podrá ser impuesta una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, con independencia de los demás delitos en que pudieran incurrir. En el entendido que si la autoridad responsable se negara a recibir el oficio en que se otorgó la suspensión de plano, cualquiera que fuera el motivo de su negativa, deberá estarse al contenido de los artículos 107, fracción XVII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 28, de la Ley de Amparo, que textualmente establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] XVII. La autoridad responsable que desobedezca un auto de suspensión o que, ante tal medida, admita por mala fe o negligencia fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente, será sancionada penalmente. [.] "Artículo 28. Las notificaciones por oficio se harán conforme a las reglas siguientes: I. Si el domicilio de la oficina principal de la autoridad se encuentra en el lugar del juicio, un empleado hará la entrega, recabando la constancia de recibo correspondiente. Si la autoridad se niega a recibir el oficio, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha." En ese caso, será responsable del incumplimiento a la suspensión de plano y, en consecuencia, será plenamente responsable de las sanciones penales que en su caso procedan, en términos de los artículos citados. OBLIGACIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DE INFORMAR CUMPLIMIENTO A LA SUSPENSIÓN DE PLANO. En mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 126 y 262, fracción III, de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, siguientes a la legal notificación de este acuerdo, informen el inmediato cumplimiento que deberán dar a la suspensión de oficio y de plano decretada a favor del aquí quejoso. Cabe precisar que los efectos de la medida suspensional anteriormente decretada, como ya se precisó, no implican sustituir el documento que en su caso expide la autoridad migratoria para transitar libremente por el territorio nacional. Dicha medida cautelar no surtirá efectos si en el caso, los quejosos estuvieran en el supuesto a que se refiere el artículo 33 Constitucional, esto es, que el Titular del Ejecutivo de la Unión haya juzgado inconveniente la permanencia en el país del extranjero, numeral que dispone: "Artículo 33. Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución. El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención. Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país." Lo anterior tiene justificación porque la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un requisito para el disfrute de todos los demás derechos, ya que de no ser respetado, los demás carecerían de sentido, y por esa razón, el Estado tiene la obligación de garantizar las condiciones necesarias para que no se viole, pues específicamente son los encargados de los Centros de Estación Migratoria quienes tienen asignada la función especial de garantes de los derechos de las personas que se encuentra bajo su custodia, para lo cual deben realizar todos aquellos actos o gestiones que sean necesarios para salvaguardar la vida de los inmigrantes. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. No ha lugar a ordenar el trámite de incidente de suspensión, en virtud que en párrafos precedentes se ordenó suspender de plano los actos reclamados. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS. Téngase por autorizados para oír y recibir notificaciones, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Denisse Ortiz López, Víctor Hugo Venegas Ortiz, Armando Hernández Cruz, Miriam del Carmen Ramírez Argueta Juan Carlos Vargas Trejo y Erika Antonia López Ortega. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en los artículos 55, 58 y 66 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del propio Consejo, se le autoriza para recibir notificaciones vía electrónica, con nombre de usuario VicSanchez; en consecuencia, se comisiona a la Analista Jurídico S.I.S.E. (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes), para que realice las gestiones necesarias para tales efectos. En el entendido que con el objeto de brindar certeza a las partes y atendiendo a lo señalado en el diverso numeral 62, del citado Acuerdo General, debe señalarse que las notificaciones por vía electrónica tendrán lugar con motivo de la consulta de la resolución judicial correspondiente en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, lo que generará la constancia respectiva, o cuando sin haber revocado la referida solicitud, se ingrese un acuerdo al expediente electrónico para la consulta de las partes, dentro del plazo de dos días hábiles siguientes, por no haber realizado la consulta de la resolución respectiva, se genere la constancia que corresponda. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Como lo solicitan, téngase como medio de comunicación no procesal los correos electrónicos y los números telefónicos que proporcionan, en términos de lo dispuesto por los artículos 5°, fracción I y 22, fracción II del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, a efecto de agilizar la secuela procesal en el presente juicio; ello en virtud de la emergencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivada del virus SARS-CoV2 (COVID 19). INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria para que dé fe, que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. SE AUTORIZAN COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de esta última, se autoriza a las partes la expedición a su costa de las copias fotostáticas simples o certificadas de las actuaciones que obren en autos; autorizando su entrega a quienes tengan personalidad reconocida en el presente juicio, previa identificación y constancia que por su recibo se asiente en autos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En otro orden, con apoyo en la Circular 12/2009, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, ello sin necesidad de presentar solicitud por escrito. Entonces, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". INGRESO A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO. Hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa e imponerse de los informes, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos del artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Del mismo modo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5°, fracción I y 22, fracción II del citado Acuerdo General, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio; ello en virtud de la emergencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivada del virus SARS-CoV2 (COVID 19).

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