Iram Ochoa Morales
Expediente 988/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 20 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 988/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 25/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Iram Ochoa Morales
- Daniel Obed Viñas Herrera
- IRAM OCHOA MORALES y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. I. Resolución queda firme. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido el auto de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual se decretó el sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de mérito ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. II. Expediente principal. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción, cumplidos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General. III. Incidentes de suspensión. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. IV. Devolución de documentos. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitieron las autoridades responsables, se ordena devolver: A la 1. Magistrada de la Décima Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (Margarita Gayosso Ponce), la copia auténtica correspondiente al toca 23/2022, de su índice (anexo I); y, A la 2. Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución del Estado de Puebla, con sede en Puebla (Adriana Lourdes Martínez Jiménez); dos discos versátiles digitales, y copia auténtica de la carpeta judicial administrativa 1901/2020/PUEBLA, de su índice (anexo II). Sin que sea necesario requerir el acuse de recibo correspondiente, toda vez que las autoridades en mención se encuentran dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar los oficios respectivos, para que se cerciore que en los acuses de recibo de dichas misivas, se haga constar la entrega de los documentos descritos. Notifíquese pos lista a la parte quejosa y a los terceros interesados; por oficio a las autoridades responsables, a la diversa tercera interesada y al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.
- Principal
( citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE 27 DE OCTUBRE DE 2022, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. AUTORIDAD CUMPLE REQUERIMIENTO. Intégrese a los autos el oficio 31330/2021/JC signado por la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución del Estado de Puebla (Adriana Lourdes Martínez Jiménez), a través del cual en cumplimiento al auto de veinticuatro de octubre pasado, remite copia del acta mínima de la audiencia de once de octubre del año en curso y un disco en formato versátil digital que contiene el registro audiovisual de dicha audiencia celebrada en la carpeta judicial administrativa 1901/2020/PUEBLA, de su índice. Por tanto, con fundamento en el párrafo quinto del artículo 117, en relación con el diverso 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas documentales de la citada autoridad responsable las que adjunta a su informe y el disco versátil digital que acompañó, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en el momento procesal oportuno. Y, por cuanto hace al disco versátil digital remitido no ha lugar a señalar fecha para que sea reproducido en audiencia pública, pues esa probanza se desahoga por sí misma, al tener el carácter de prueba documental. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro se cita a continuación: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.". Guárdese en un sobre cerrado el disco versátil digital que acompaña, y glósese al expediente, para los efectos legales a que haya lugar. SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y con base en las constancias remitidas por las autoridades responsables, en apoyo a sus informes de ley, así como las recibidas en la fecha en que se actúa, esta autoridad Federal advierte de oficio que, en la especie, se actualiza una causal de improcedencia, respecto de los actos reclamados, que conlleva a sobreseer en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, por los fundamentos y las razones que enseguida se exponen. En principio, es necesario precisar que los actos reclamados por los quejosos Daniel Obed Viñas Herrera e Iram Ochoa Morales, en este controvertido constitucional -según se advierte del escrito inicial de demanda y de los informes de ley- son: De la 1. Magistrada de la Décima Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (Margarita Gayosso Ponce). -La resolución de cinco de septiembre de dos mil veintidós, dictada dentro del toca de apelación 23/2022, en la cual, revocó la resolución decretada por la jueza de Control de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla el dieciocho de abril del año en curso, en la causa penal 1901/2020/PUEBLA, a través de la cual autorizó la suspensión condicional del proceso en favor de los acusados -aquí quejosos- ; y, De la 2. Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución del Estado de Puebla (Adriana Lourdes Martínez Jiménez). -El cumplimiento de la referida resolución. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables 1. Magistrada de la Décima Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (Margarita Gayosso Ponce) y 2. Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución del Estado de Puebla (Adriana Lourdes Martínez Jiménez), al rendir sus correspondientes informes justificados (fojas 50, 60 y 61, respectivamente), aceptaron la existencia de los actos reclamados; por lo que se tienen plenamente probados. Certeza que se corrobora con la copia auténtica del toca 23/2022 (anexo I) y de la carpeta judicial administrativa 1901/2020/PUEBLA (anexo II), así como con dos discos versátiles digitales, que contienen los registros de audio y video de las audiencias llevadas a cabo el dieciocho de abril y el once de octubre, ambas de dos mil veintidós, dentro de la referida causa penal; documentales que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2; de las que se advierte que el cinco de septiembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable ordenadora dictó la resolución combatida y que el once de octubre pasado, la responsable ejecutora celebró audiencia para dar cumplimiento a aquélla. Análisis de la causal de improcedencia. Ahora bien, no obstante la existencia de los actos reclamados, no ha lugar a esperar a la celebración de la audiencia constitucional a efecto de analizar su constitucionalidad, dado que, respecto de los mismos, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, consistente en el consentimiento expreso o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento al acto combatido; la referida porción normativa, señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; (.)". En efecto, la fracción XIII, del artículo 61 de la ley de la materia, prevé como causa de improcedencia del juicio de derechos fundamentales el consentimiento expreso del quejoso del acto que combate, lo que se produce cuando el interesado expresa un allanamiento, anuencia o conformidad de manera verbal, por escrito o por signos inequívocos respecto de ese acto; es decir, cuando revela de manera evidente que se ha conformado con la decisión y consecuencias integrales que implican el acto de autoridad reclamado. Ahora bien, para una mejor comprensión de la mencionada causa de inviabilidad, se considera oportuno revelar los antecedentes más destacados del acto reclamado, que se advierten de las constancias remitidas por las autoridades responsables en apoyo a sus correspondientes informes de ley -ya valoradas con anterioridad-: 1. La causa penal 1901/2020/PUEBLA, del índice del Juzgado de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, se instruye en contra de los aquí quejosos Daniel Obed Viñas Herrera e Iram Ochoa Morales, por haberse dictado en su contra auto de vinculación a proceso, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho con apariencia del delito de robo agravado en grado de tentativa, en agravio de la persona moral denominada Empresa Sinergia de Energéticos, Sociedad Anónima de Capital Variable; y, lesiones calificadas, en agravio de Eduardo Cortez Xicotencatl. 2. Seguido el procedimiento, en audiencia de dieciocho de abril de dos mil veintidós, la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución del Estado de Puebla (Adriana Lourdes Martínez Jiménez), a solicitud de la defensa particular de los hoy quejosos, autorizó la suspensión condicional del proceso a favor de Daniel Obed Viñas Herrera e Iram Ochoa Morales, por el término de treinta y tres meses, bajo el cumplimiento de diversas condiciones y el plan de pago de la reparación del daño indicado en la propia audiencia; por lo que, en la propia audiencia, ordenó suspender las medidas cautelares impuestas con anterioridad. 3. Inconformes con dicha determinación, la parte ofendida -por conducto de su apoderada legal- y la víctima del delito, interpusieron recurso de apelación, cuyo conocimiento correspondió a la Décima Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, dentro del toca 23/2022. 4. Sustanciado el procedimiento de alzada, el cinco de septiembre de dos mil veintidós, la Magistrada de la Décima Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (Margarita Gayosso Ponce) resolvió el aludido medio de impugnación; encontrando por una parte, infundados e inoperantes los agravios formulados por la apoderada legal de la persona jurídica agraviada; y, por otra, fundado el motivo de disenso vertido por la víctima Eduardo Cortez Xicotencatl, consistente en que el plan para la reparación integral del daño que le fue causado, resultaba insuficiente. Por lo anterior, la Magistrada de la Sala Unitaria responsable, ordenó revocar la resolución impugnada y dejar sin efecto las condiciones impuestas en la audiencia celebrada el dieciocho de abril de dos mil veintidós, dentro de la causa penal de origen. Además, en la referida resolución, se destacó que la decisión adoptada, de modo alguno impedía la oportunidad para los imputados de perfeccionar el plan de reparación del daño, ajustándolo a los lineamientos previstos en la Ley General de Víctimas, y así poder insistir en someter a control judicial la solución del conflicto a través de la suspensión condicional del proceso, siempre que ésta resultare oportuna (mientras no se dicte auto de apertura a juicio). Dicha resolución, constituye el acto reclamado en esta vía constitucional. 5. En auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, la jueza de control dictó un acuerdo en el que, a petición de la parte ofendida y de la víctima del delito, convocó a las partes a una audiencia [a las nueve horas del once de octubre de dos mil veintidós] para dar cumplimiento a la resolución de alzada, y para revisar las medidas cautelares a imponer a los acusados. En el mismo auto, tuvo por recibido un escrito del defensor particular de los acusados -aquí quejosos-, en el que solicitó que señalara fecha para la celebración de audiencia condicional a proceso, en la que dicha parte procesal, haría un nuevo planteamiento de pago de la reparación del daño moral y psicológico causado a la víctima; indicando la jueza de control que en la audiencia preindicada podría realizar la solicitud correspondiente. 6. A las diez horas con veintinueve minutos del once de octubre de dos mil veintidós, la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución del Estado de Puebla (Adriana Lourdes Martínez Jiménez), declaró abierta la audiencia señalada en el punto que antecede, en la que estuvieron presentes el agente del Ministerio Público, la parte ofendida -por conducto de su apoderada legal-, la víctima, los acusados -aquí quejosos- y sus defensores particulares. En uso de la voz, tanto la fiscalía como los sujetos pasivos del delito, solicitaron que, dado el sentido de la resolución dictada en el toca de apelación 23/2022, se impusiera a los acusados la medida cautelar de prisión preventiva necesaria y se fijara fecha para la celebración de la audiencia intermedia. Por su parte, la defensa particular de los hoy quejosos, manifestó lo siguiente: "Primero, evidentemente nos oponemos a una medida de prisión preventiva necesaria o justificada, sobre todo partiendo de la idea de que fue concedida la presente suspensión, mis defendidos, bueno nuestros defendidos no han incumplido una sola de las condiciones que les fue impuesta, en este caso, tanto los pagos como la firma periódica, como sus domicilios, inclusive, están presentes el día de hoy en esta audiencia señalada. Ahora bien Señoría, sí me gustaría nada más hacer un planteamiento muy breve. En el toca multicitado por la representación social y por los asesores que es el 23/2022, al momento en el que se resolvió, se decretaron inoperantes los agravios que expusieron tanto el asesor victimal de la moral como la víctima en su contenido, únicamente se resolvió que era necesario imponer alguna medida compensatoria en relación al daño moral, inclusive en la misma resolución dice que siempre y cuando no se dicte auto de apertura a juicio oral se puede realizar nuevamente algún planteamiento. Lo dice, lo voy a leer textual: " lo anterior no impide la oportunidad para los imputados de perfeccionar el plan de reparación del daño y ajustarlo". En esa tesitura su señoría, esta defensa a efecto de poder generar un plan de condiciones, que considere alguna reparación moral en favor de la víctima Eduardo Cortez Xicoténcatl, propone que el plan o las medidas ya dictadas continúen como ya estaban, únicamente agregando una compensación moral al imputado, digo, perdón a la víctima, en este caso particular su señoría, en relación al pago de los daños, se propusieron treinta y tres pagos por la cantidad de $12,000.00 pesos, es decir, al día de hoy se tienen devengados $102,000.00 pesos, de hecho, esto obra en la carpeta judicial administrativa en la que se actúa. Partiendo de esa idea su señoría, al ser treinta y tres pagos los propuestos, existe un excedente, los daños acreditados por la empresa fueron de $420,960.00 pesos, en el planteamiento de los treinta y tres pagos existe un excedente de %5039.08 pesos; partiendo de esa idea y también considerando que el día de ayer mis defendidos precisamente depositaron la cantidad de $12,000.00 pesos para estar cubriendo estos daños, se propone que este excedente de $5000.00 pesos pase a disposición del señor Cortez Xicoténcatl, víctima del presente asunto y que la cantidad total que se ofrece para efecto de reparar el daño moral sea la de $30,000.00 pesos, misma que se propone sea devengada de la siguiente manera: El siguiente pago, el pago subsecuente su señoría, sería en noviembre del dos mil veintidós, lo que se propone es que en la temporalidad de noviembre de 2022 a noviembre de 2023 los pagos realizados sean por la cantidad de $14,080.00 pesos, esto a efecto de que continúen los doce en favor de la empresa, Sinergia Energéticos para cubrir ese daño material y exista un excedente de $2,080.00 pesos a favor de la víctima Eduardo Cortez Xicoténcatl. Por ello Señoría, insisto, partiendo del contenido del toca que se resolvió, y también partiendo de la idea de que no se ha dictado un auto de apertura juicio oral, esta defensa propone que las condiciones impuestas continúen como en su momento se resolvieron, es decir, la firma semanal que están realizando mis defendidos, no se ha incumplido ningún tipo de condición, de hecho una de las condiciones que se impuso, bueno, acercarse a la víctima y esto no ha acontecido, no ha habido ningún tipo de acercamiento ni tampoco ningún tipo de molestia a su persona ni mucho menos al patrimonio de la empresa ni nada por el estilo, por lo cual su señoría proponemos que en esta temporalidad de noviembre de 2022 a noviembre de 2023 los pagos devengados pueden ser por la cantidad de $14,080.00 pesos a efecto de que $2080.00 queden a disposición del daño moral en favor de Eduardo Cortez Xicoténcatl los otros $12,000 a efecto de reparar el daño material, partiendo de eso su señoría proponemos que sean las condiciones a efecto de poder cubrir una reparación moral." De la anterior transcripción, se advierte que los hoy quejosos, por conducto de su defensor particular han manifestado su consentimiento expreso del acto que combaten, pues tanto por escrito, como en la audiencia referida han dejado ver su conformidad con la decisión y consecuencias integrales que implican la resolución adoptada por la Sala Unitaria responsable. Ello es así, pues realizaron una nueva propuesta sobre el pago de la reparación integral del daño para la víctima Eduardo Cortez Xicoténcatl, tal y como se encuentra determinado en la resolución combatida; por lo tanto, dicha acción entraña el consentimiento de la resolución dictada el cinco de septiembre de dos mil veintidós, dentro del toca de apelación 23/2022, dado que su voluntad de proponer un nuevo plan de pago para la reparación integral del daño a la mencionada víctima del delito, implica la aceptación de la decisión adoptada por el tribunal de apelación, o que, al menos, no la cuestionen, con la finalidad que se autorice nuevamente la suspensión condicional del proceso a su favor. No se soslaya que en la multicitada audiencia celebrada dentro de la causa penal de origen el once de octubre de dos mil veintidós, la jueza de control responsable no autorizó la suspensión condicional del proceso, pues consideró que el nuevo plan de reparación del daño propuesto no se ajustaba a los lineamientos previstos en la Ley General de Víctimas; sin embargo, ello en nada cambia la actualización de la mencionada causal de improcedencia, pues estimar lo contrario, llevaría al extremo de permitir en sede constitucional que el gobernado ejerza intereses incompatibles, uno que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al llevar a cabo una nueva propuesta de plan de reparación del daño para la víctima del delito -tal y como se estableció en la resolución recurrida- y, otro, que lo cuestiona mediante el juicio de amparo; lo que jurídicamente es inadmisible. En ese tenor, a juicio de este órgano jurisdiccional, el consentimiento adquirió eficacia en el momento en el que la defensa de los acusados -ante la presencia de estos- planteó la nueva propuesta de reparación integral del daño para la víctima del delito; por tanto, la decisión que al respecto tomó la jueza de control no perfecciona ni da eficacia a ese consentimiento, toda vez que éste es unilateral e incondicional, es decir, no depende de la resolución judicial ni de otro acto proveniente de un tercero, por lo que si la autoridad decide negar que el procedimiento penal culmine a través de la suspensión condicional del proceso, ya sea porque exista oposición fundada de la víctima o porque el imputado no cumplió con alguno de los requisitos que establece la ley, esa circunstancia no significa que no haya existido el consentimiento libre e informado del imputado, pues, considerar lo contrario, sería tanto como premiar que aquél ejerza intereses incompatibles. Máxime que la jueza de control responsable señaló nueva fecha para verificar un nuevo planteamiento de pago de reparación integral del daño, el cual de cumplir con los lineamientos previstos en ley, pudiera dar lugar a la suspensión condicional del proceso nuevamente. Por otro lado, debe decirse que no es impedimento que la propuesta de culminar con el conflicto penal a través de un mecanismo alterno -como la suspensión condicional del proceso- se formule por la defensa de los acusados y no por éstos; lo anterior, porque al margen de que la defensa es el órgano técnico especializado que vela por los intereses de su representado en un proceso penal y le informa de los alcances de los medios legales previstos en la ley para su defensa -como los mecanismos alternativos de solución del conflicto penal-, la circunstancia de que los acusados, conocedores de sus derechos, no se opongan a tal solicitud, sino que externan hechos o actos que implican su consentimiento -como encontrarse presentes en audiencia frente a una jueza de control sin formular oposición-, ello se traduce en el consentimiento de la resolución reclamada, con la aceptación de sus consecuencias o que, por lo menos, no la cuestionen. En consecuencia, es incuestionable que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia a que se contrae la fracción XIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por ello, procede en términos del diverso 63, fracción V, decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de derechos fundamentales. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto al acto de ejecución reclamado a la 2. Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución del Estado de Puebla (Adriana Lourdes Martínez Jiménez), en virtud que su inconstitucionalidad se hizo depender del acto atribuido a la autoridad responsable ordenadora, al no haberse reclamado por vicios propios. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Por lo anteriormente expuesto, se dejan sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las nueve horas con treinta y dos minutos del catorce de noviembre de dos mil veintidós. Comuníquese lo anterior a las partes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a los terceros interesados; por oficio a las autoridades responsables, a la diversa tercera interesada y al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.
- Principal
(AVISO) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EDUARDO CORTEZ XINCONTENCATL--EL ACUERDO DE 27 DE OCTUBRE DE 2022, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. AUTORIDAD CUMPLE REQUERIMIENTO. Intégrese a los autos el oficio 31330/2021/JC signado por la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución del Estado de Puebla (Adriana Lourdes Martínez Jiménez), a través del cual en cumplimiento al auto de veinticuatro de octubre pasado, remite copia del acta mínima de la audiencia de once de octubre del año en curso y un disco en formato versátil digital que contiene el registro audiovisual de dicha audiencia celebrada en la carpeta judicial administrativa 1901/2020/PUEBLA, de su índice. Por tanto, con fundamento en el párrafo quinto del artículo 117, en relación con el diverso 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas documentales de la citada autoridad responsable las que adjunta a su informe y el disco versátil digital que acompañó, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en el momento procesal oportuno. Y, por cuanto hace al disco versátil digital remitido no ha lugar a señalar fecha para que sea reproducido en audiencia pública, pues esa probanza se desahoga por sí misma, al tener el carácter de prueba documental. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro se cita a continuación: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.". Guárdese en un sobre cerrado el disco versátil digital que acompaña, y glósese al expediente, para los efectos legales a que haya lugar. SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y con base en las constancias remitidas por las autoridades responsables, en apoyo a sus informes de ley, así como las recibidas en la fecha en que se actúa, esta autoridad Federal advierte de oficio que, en la especie, se actualiza una causal de improcedencia, respecto de los actos reclamados, que conlleva a sobreseer en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, por los fundamentos y las razones que enseguida se exponen. En principio, es necesario precisar que los actos reclamados por los quejosos Daniel Obed Viñas Herrera e Iram Ochoa Morales, en este controvertido constitucional -según se advierte del escrito inicial de demanda y de los informes de ley- son: De la 1. Magistrada de la Décima Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (Margarita Gayosso Ponce). -La resolución de cinco de septiembre de dos mil veintidós, dictada dentro del toca de apelación 23/2022, en la cual, revocó la resolución decretada por la jueza de Control de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla el dieciocho de abril del año en curso, en la causa penal 1901/2020/PUEBLA, a través de la cual autorizó la suspensión condicional del proceso en favor de los acusados -aquí quejosos- ; y, De la 2. Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución del Estado de Puebla (Adriana Lourdes Martínez Jiménez). -El cumplimiento de la referida resolución. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables 1. Magistrada de la Décima Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (Margarita Gayosso Ponce) y 2. Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución del Estado de Puebla (Adriana Lourdes Martínez Jiménez), al rendir sus correspondientes informes justificados (fojas 50, 60 y 61, respectivamente), aceptaron la existencia de los actos reclamados; por lo que se tienen plenamente probados. Certeza que se corrobora con la copia auténtica del toca 23/2022 (anexo I) y de la carpeta judicial administrativa 1901/2020/PUEBLA (anexo II), así como con dos discos versátiles digitales, que contienen los registros de audio y video de las audiencias llevadas a cabo el dieciocho de abril y el once de octubre, ambas de dos mil veintidós, dentro de la referida causa penal; documentales que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2; de las que se advierte que el cinco de septiembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable ordenadora dictó la resolución combatida y que el once de octubre pasado, la responsable ejecutora celebró audiencia para dar cumplimiento a aquélla. Análisis de la causal de improcedencia. Ahora bien, no obstante la existencia de los actos reclamados, no ha lugar a esperar a la celebración de la audiencia constitucional a efecto de analizar su constitucionalidad, dado que, respecto de los mismos, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, consistente en el consentimiento expreso o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento al acto combatido; la referida porción normativa, señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; (.)". En efecto, la fracción XIII, del artículo 61 de la ley de la materia, prevé como causa de improcedencia del juicio de derechos fundamentales el consentimiento expreso del quejoso del acto que combate, lo que se produce cuando el interesado expresa un allanamiento, anuencia o conformidad de manera verbal, por escrito o por signos inequívocos respecto de ese acto; es decir, cuando revela de manera evidente que se ha conformado con la decisión y consecuencias integrales que implican el acto de autoridad reclamado. Ahora bien, para una mejor comprensión de la mencionada causa de inviabilidad, se considera oportuno revelar los antecedentes más destacados del acto reclamado, que se advierten de las constancias remitidas por las autoridades responsables en apoyo a sus correspondientes informes de ley -ya valoradas con anterioridad-: 1. La causa penal 1901/2020/PUEBLA, del índice del Juzgado de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, se instruye en contra de los aquí quejosos Daniel Obed Viñas Herrera e Iram Ochoa Morales, por haberse dictado en su contra auto de vinculación a proceso, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho con apariencia del delito de robo agravado en grado de tentativa, en agravio de la persona moral denominada Empresa Sinergia de Energéticos, Sociedad Anónima de Capital Variable; y, lesiones calificadas, en agravio de Eduardo Cortez Xicotencatl. 2. Seguido el procedimiento, en audiencia de dieciocho de abril de dos mil veintidós, la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución del Estado de Puebla (Adriana Lourdes Martínez Jiménez), a solicitud de la defensa particular de los hoy quejosos, autorizó la suspensión condicional del proceso a favor de Daniel Obed Viñas Herrera e Iram Ochoa Morales, por el término de treinta y tres meses, bajo el cumplimiento de diversas condiciones y el plan de pago de la reparación del daño indicado en la propia audiencia; por lo que, en la propia audiencia, ordenó suspender las medidas cautelares impuestas con anterioridad. 3. Inconformes con dicha determinación, la parte ofendida -por conducto de su apoderada legal- y la víctima del delito, interpusieron recurso de apelación, cuyo conocimiento correspondió a la Décima Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, dentro del toca 23/2022. 4. Sustanciado el procedimiento de alzada, el cinco de septiembre de dos mil veintidós, la Magistrada de la Décima Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (Margarita Gayosso Ponce) resolvió el aludido medio de impugnación; encontrando por una parte, infundados e inoperantes los agravios formulados por la apoderada legal de la persona jurídica agraviada; y, por otra, fundado el motivo de disenso vertido por la víctima Eduardo Cortez Xicotencatl, consistente en que el plan para la reparación integral del daño que le fue causado, resultaba insuficiente. Por lo anterior, la Magistrada de la Sala Unitaria responsable, ordenó revocar la resolución impugnada y dejar sin efecto las condiciones impuestas en la audiencia celebrada el dieciocho de abril de dos mil veintidós, dentro de la causa penal de origen. Además, en la referida resolución, se destacó que la decisión adoptada, de modo alguno impedía la oportunidad para los imputados de perfeccionar el plan de reparación del daño, ajustándolo a los lineamientos previstos en la Ley General de Víctimas, y así poder insistir en someter a control judicial la solución del conflicto a través de la suspensión condicional del proceso, siempre que ésta resultare oportuna (mientras no se dicte auto de apertura a juicio). Dicha resolución, constituye el acto reclamado en esta vía constitucional. 5. En auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, la jueza de control dictó un acuerdo en el que, a petición de la parte ofendida y de la víctima del delito, convocó a las partes a una audiencia [a las nueve horas del once de octubre de dos mil veintidós] para dar cumplimiento a la resolución de alzada, y para revisar las medidas cautelares a imponer a los acusados. En el mismo auto, tuvo por recibido un escrito del defensor particular de los acusados -aquí quejosos-, en el que solicitó que señalara fecha para la celebración de audiencia condicional a proceso, en la que dicha parte procesal, haría un nuevo planteamiento de pago de la reparación del daño moral y psicológico causado a la víctima; indicando la jueza de control que en la audiencia preindicada podría realizar la solicitud correspondiente. 6. A las diez horas con veintinueve minutos del once de octubre de dos mil veintidós, la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución del Estado de Puebla (Adriana Lourdes Martínez Jiménez), declaró abierta la audiencia señalada en el punto que antecede, en la que estuvieron presentes el agente del Ministerio Público, la parte ofendida -por conducto de su apoderada legal-, la víctima, los acusados -aquí quejosos- y sus defensores particulares. En uso de la voz, tanto la fiscalía como los sujetos pasivos del delito, solicitaron que, dado el sentido de la resolución dictada en el toca de apelación 23/2022, se impusiera a los acusados la medida cautelar de prisión preventiva necesaria y se fijara fecha para la celebración de la audiencia intermedia. Por su parte, la defensa particular de los hoy quejosos, manifestó lo siguiente: "Primero, evidentemente nos oponemos a una medida de prisión preventiva necesaria o justificada, sobre todo partiendo de la idea de que fue concedida la presente suspensión, mis defendidos, bueno nuestros defendidos no han incumplido una sola de las condiciones que les fue impuesta, en este caso, tanto los pagos como la firma periódica, como sus domicilios, inclusive, están presentes el día de hoy en esta audiencia señalada. Ahora bien Señoría, sí me gustaría nada más hacer un planteamiento muy breve. En el toca multicitado por la representación social y por los asesores que es el 23/2022, al momento en el que se resolvió, se decretaron inoperantes los agravios que expusieron tanto el asesor victimal de la moral como la víctima en su contenido, únicamente se resolvió que era necesario imponer alguna medida compensatoria en relación al daño moral, inclusive en la misma resolución dice que siempre y cuando no se dicte auto de apertura a juicio oral se puede realizar nuevamente algún planteamiento. Lo dice, lo voy a leer textual: " lo anterior no impide la oportunidad para los imputados de perfeccionar el plan de reparación del daño y ajustarlo". En esa tesitura su señoría, esta defensa a efecto de poder generar un plan de condiciones, que considere alguna reparación moral en favor de la víctima Eduardo Cortez Xicoténcatl, propone que el plan o las medidas ya dictadas continúen como ya estaban, únicamente agregando una compensación moral al imputado, digo, perdón a la víctima, en este caso particular su señoría, en relación al pago de los daños, se propusieron treinta y tres pagos por la cantidad de $12,000.00 pesos, es decir, al día de hoy se tienen devengados $102,000.00 pesos, de hecho, esto obra en la carpeta judicial administrativa en la que se actúa. Partiendo de esa idea su señoría, al ser treinta y tres pagos los propuestos, existe un excedente, los daños acreditados por la empresa fueron de $420,960.00 pesos, en el planteamiento de los treinta y tres pagos existe un excedente de %5039.08 pesos; partiendo de esa idea y también considerando que el día de ayer mis defendidos precisamente depositaron la cantidad de $12,000.00 pesos para estar cubriendo estos daños, se propone que este excedente de $5000.00 pesos pase a disposición del señor Cortez Xicoténcatl, víctima del presente asunto y que la cantidad total que se ofrece para efecto de reparar el daño moral sea la de $30,000.00 pesos, misma que se propone sea devengada de la siguiente manera: El siguiente pago, el pago subsecuente su señoría, sería en noviembre del dos mil veintidós, lo que se propone es que en la temporalidad de noviembre de 2022 a noviembre de 2023 los pagos realizados sean por la cantidad de $14,080.00 pesos, esto a efecto de que continúen los doce en favor de la empresa, Sinergia Energéticos para cubrir ese daño material y exista un excedente de $2,080.00 pesos a favor de la víctima Eduardo Cortez Xicoténcatl. Por ello Señoría, insisto, partiendo del contenido del toca que se resolvió, y también partiendo de la idea de que no se ha dictado un auto de apertura juicio oral, esta defensa propone que las condiciones impuestas continúen como en su momento se resolvieron, es decir, la firma semanal que están realizando mis defendidos, no se ha incumplido ningún tipo de condición, de hecho una de las condiciones que se impuso, bueno, acercarse a la víctima y esto no ha acontecido, no ha habido ningún tipo de acercamiento ni tampoco ningún tipo de molestia a su persona ni mucho menos al patrimonio de la empresa ni nada por el estilo, por lo cual su señoría proponemos que en esta temporalidad de noviembre de 2022 a noviembre de 2023 los pagos devengados pueden ser por la cantidad de $14,080.00 pesos a efecto de que $2080.00 queden a disposición del daño moral en favor de Eduardo Cortez Xicoténcatl los otros $12,000 a efecto de reparar el daño material, partiendo de eso su señoría proponemos que sean las condiciones a efecto de poder cubrir una reparación moral." De la anterior transcripción, se advierte que los hoy quejosos, por conducto de su defensor particular han manifestado su consentimiento expreso del acto que combaten, pues tanto por escrito, como en la audiencia referida han dejado ver su conformidad con la decisión y consecuencias integrales que implican la resolución adoptada por la Sala Unitaria responsable. Ello es así, pues realizaron una nueva propuesta sobre el pago de la reparación integral del daño para la víctima Eduardo Cortez Xicoténcatl, tal y como se encuentra determinado en la resolución combatida; por lo tanto, dicha acción entraña el consentimiento de la resolución dictada el cinco de septiembre de dos mil veintidós, dentro del toca de apelación 23/2022, dado que su voluntad de proponer un nuevo plan de pago para la reparación integral del daño a la mencionada víctima del delito, implica la aceptación de la decisión adoptada por el tribunal de apelación, o que, al menos, no la cuestionen, con la finalidad que se autorice nuevamente la suspensión condicional del proceso a su favor. No se soslaya que en la multicitada audiencia celebrada dentro de la causa penal de origen el once de octubre de dos mil veintidós, la jueza de control responsable no autorizó la suspensión condicional del proceso, pues consideró que el nuevo plan de reparación del daño propuesto no se ajustaba a los lineamientos previstos en la Ley General de Víctimas; sin embargo, ello en nada cambia la actualización de la mencionada causal de improcedencia, pues estimar lo contrario, llevaría al extremo de permitir en sede constitucional que el gobernado ejerza intereses incompatibles, uno que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al llevar a cabo una nueva propuesta de plan de reparación del daño para la víctima del delito -tal y como se estableció en la resolución recurrida- y, otro, que lo cuestiona mediante el juicio de amparo; lo que jurídicamente es inadmisible. En ese tenor, a juicio de este órgano jurisdiccional, el consentimiento adquirió eficacia en el momento en el que la defensa de los acusados -ante la presencia de estos- planteó la nueva propuesta de reparación integral del daño para la víctima del delito; por tanto, la decisión que al respecto tomó la jueza de control no perfecciona ni da eficacia a ese consentimiento, toda vez que éste es unilateral e incondicional, es decir, no depende de la resolución judicial ni de otro acto proveniente de un tercero, por lo que si la autoridad decide negar que el procedimiento penal culmine a través de la suspensión condicional del proceso, ya sea porque exista oposición fundada de la víctima o porque el imputado no cumplió con alguno de los requisitos que establece la ley, esa circunstancia no significa que no haya existido el consentimiento libre e informado del imputado, pues, considerar lo contrario, sería tanto como premiar que aquél ejerza intereses incompatibles. Máxime que la jueza de control responsable señaló nueva fecha para verificar un nuevo planteamiento de pago de reparación integral del daño, el cual de cumplir con los lineamientos previstos en ley, pudiera dar lugar a la suspensión condicional del proceso nuevamente. Por otro lado, debe decirse que no es impedimento que la propuesta de culminar con el conflicto penal a través de un mecanismo alterno -como la suspensión condicional del proceso- se formule por la defensa de los acusados y no por éstos; lo anterior, porque al margen de que la defensa es el órgano técnico especializado que vela por los intereses de su representado en un proceso penal y le informa de los alcances de los medios legales previstos en la ley para su defensa -como los mecanismos alternativos de solución del conflicto penal-, la circunstancia de que los acusados, conocedores de sus derechos, no se opongan a tal solicitud, sino que externan hechos o actos que implican su consentimiento -como encontrarse presentes en audiencia frente a una jueza de control sin formular oposición-, ello se traduce en el consentimiento de la resolución reclamada, con la aceptación de sus consecuencias o que, por lo menos, no la cuestionen. En consecuencia, es incuestionable que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia a que se contrae la fracción XIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por ello, procede en términos del diverso 63, fracción V, decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de derechos fundamentales. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto al acto de ejecución reclamado a la 2. Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución del Estado de Puebla (Adriana Lourdes Martínez Jiménez), en virtud que su inconstitucionalidad se hizo depender del acto atribuido a la autoridad responsable ordenadora, al no haberse reclamado por vicios propios. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Por lo anteriormente expuesto, se dejan sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las nueve horas con treinta y dos minutos del catorce de noviembre de dos mil veintidós. Comuníquese lo anterior a las partes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a los terceros interesados; por oficio a las autoridades responsables, a la diversa tercera interesada y al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.
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PUBLICACIÓN DE CITATORIO: EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE TERCERA INTERESADA LA PERSONA MORAL SINERGIA DE ENERGÉTICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, EL AUTO DE VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. AUTORIDAD CUMPLE REQUERIMIENTO. Intégrese a los autos el oficio 31330/2021/JC signado por la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución del Estado de Puebla (Adriana Lourdes Martínez Jiménez), a través del cual en cumplimiento al auto de veinticuatro de octubre pasado, remite copia del acta mínima de la audiencia de once de octubre del año en curso y un disco en formato versátil digital que contiene el registro audiovisual de dicha audiencia celebrada en la carpeta judicial administrativa 1901/2020/PUEBLA, de su índice. Por tanto, con fundamento en el párrafo quinto del artículo 117, en relación con el diverso 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas documentales de la citada autoridad responsable las que adjunta a su informe y el disco versátil digital que acompañó, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en el momento procesal oportuno. Y, por cuanto hace al disco versátil digital remitido no ha lugar a señalar fecha para que sea reproducido en audiencia pública, pues esa probanza se desahoga por sí misma, al tener el carácter de prueba documental. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro se cita a continuación: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.". Guárdese en un sobre cerrado el disco versátil digital que acompaña, y glósese al expediente, para los efectos legales a que haya lugar. SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y con base en las constancias remitidas por las autoridades responsables, en apoyo a sus informes de ley, así como las recibidas en la fecha en que se actúa, esta autoridad Federal advierte de oficio que, en la especie, se actualiza una causal de improcedencia, respecto de los actos reclamados, que conlleva a sobreseer en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, por los fundamentos y las razones que enseguida se exponen. En principio, es necesario precisar que los actos reclamados por los quejosos Daniel Obed Viñas Herrera e Iram Ochoa Morales, en este controvertido constitucional -según se advierte del escrito inicial de demanda y de los informes de ley- son: De la 1. Magistrada de la Décima Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (Margarita Gayosso Ponce). -La resolución de cinco de septiembre de dos mil veintidós, dictada dentro del toca de apelación 23/2022, en la cual, revocó la resolución decretada por la jueza de Control de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla el dieciocho de abril del año en curso, en la causa penal 1901/2020/PUEBLA, a través de la cual autorizó la suspensión condicional del proceso en favor de los acusados -aquí quejosos- ; y, De la 2. Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución del Estado de Puebla (Adriana Lourdes Martínez Jiménez). -El cumplimiento de la referida resolución. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables 1. Magistrada de la Décima Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (Margarita Gayosso Ponce) y 2. Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución del Estado de Puebla (Adriana Lourdes Martínez Jiménez), al rendir sus correspondientes informes justificados (fojas 50, 60 y 61, respectivamente), aceptaron la existencia de los actos reclamados; por lo que se tienen plenamente probados. Certeza que se corrobora con la copia auténtica del toca 23/2022 (anexo I) y de la carpeta judicial administrativa 1901/2020/PUEBLA (anexo II), así como con dos discos versátiles digitales, que contienen los registros de audio y video de las audiencias llevadas a cabo el dieciocho de abril y el once de octubre, ambas de dos mil veintidós, dentro de la referida causa penal; documentales que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2; de las que se advierte que el cinco de septiembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable ordenadora dictó la resolución combatida y que el once de octubre pasado, la responsable ejecutora celebró audiencia para dar cumplimiento a aquélla. Análisis de la causal de improcedencia. Ahora bien, no obstante la existencia de los actos reclamados, no ha lugar a esperar a la celebración de la audiencia constitucional a efecto de analizar su constitucionalidad, dado que, respecto de los mismos, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, consistente en el consentimiento expreso o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento al acto combatido; la referida porción normativa, señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; (.)". En efecto, la fracción XIII, del artículo 61 de la ley de la materia, prevé como causa de improcedencia del juicio de derechos fundamentales el consentimiento expreso del quejoso del acto que combate, lo que se produce cuando el interesado expresa un allanamiento, anuencia o conformidad de manera verbal, por escrito o por signos inequívocos respecto de ese acto; es decir, cuando revela de manera evidente que se ha conformado con la decisión y consecuencias integrales que implican el acto de autoridad reclamado. Ahora bien, para una mejor comprensión de la mencionada causa de inviabilidad, se considera oportuno revelar los antecedentes más destacados del acto reclamado, que se advierten de las constancias remitidas por las autoridades responsables en apoyo a sus correspondientes informes de ley -ya valoradas con anterioridad-: 1. La causa penal 1901/2020/PUEBLA, del índice del Juzgado de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, se instruye en contra de los aquí quejosos Daniel Obed Viñas Herrera e Iram Ochoa Morales, por haberse dictado en su contra auto de vinculación a proceso, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho con apariencia del delito de robo agravado en grado de tentativa, en agravio de la persona moral denominada Empresa Sinergia de Energéticos, Sociedad Anónima de Capital Variable; y, lesiones calificadas, en agravio de Eduardo Cortez Xicotencatl. 2. Seguido el procedimiento, en audiencia de dieciocho de abril de dos mil veintidós, la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución del Estado de Puebla (Adriana Lourdes Martínez Jiménez), a solicitud de la defensa particular de los hoy quejosos, autorizó la suspensión condicional del proceso a favor de Daniel Obed Viñas Herrera e Iram Ochoa Morales, por el término de treinta y tres meses, bajo el cumplimiento de diversas condiciones y el plan de pago de la reparación del daño indicado en la propia audiencia; por lo que, en la propia audiencia, ordenó suspender las medidas cautelares impuestas con anterioridad. 3. Inconformes con dicha determinación, la parte ofendida -por conducto de su apoderada legal- y la víctima del delito, interpusieron recurso de apelación, cuyo conocimiento correspondió a la Décima Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, dentro del toca 23/2022. 4. Sustanciado el procedimiento de alzada, el cinco de septiembre de dos mil veintidós, la Magistrada de la Décima Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (Margarita Gayosso Ponce) resolvió el aludido medio de impugnación; encontrando por una parte, infundados e inoperantes los agravios formulados por la apoderada legal de la persona jurídica agraviada; y, por otra, fundado el motivo de disenso vertido por la víctima Eduardo Cortez Xicotencatl, consistente en que el plan para la reparación integral del daño que le fue causado, resultaba insuficiente. Por lo anterior, la Magistrada de la Sala Unitaria responsable, ordenó revocar la resolución impugnada y dejar sin efecto las condiciones impuestas en la audiencia celebrada el dieciocho de abril de dos mil veintidós, dentro de la causa penal de origen. Además, en la referida resolución, se destacó que la decisión adoptada, de modo alguno impedía la oportunidad para los imputados de perfeccionar el plan de reparación del daño, ajustándolo a los lineamientos previstos en la Ley General de Víctimas, y así poder insistir en someter a control judicial la solución del conflicto a través de la suspensión condicional del proceso, siempre que ésta resultare oportuna (mientras no se dicte auto de apertura a juicio). Dicha resolución, constituye el acto reclamado en esta vía constitucional. 5. En auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, la jueza de control dictó un acuerdo en el que, a petición de la parte ofendida y de la víctima del delito, convocó a las partes a una audiencia [a las nueve horas del once de octubre de dos mil veintidós] para dar cumplimiento a la resolución de alzada, y para revisar las medidas cautelares a imponer a los acusados. En el mismo auto, tuvo por recibido un escrito del defensor particular de los acusados -aquí quejosos-, en el que solicitó que señalara fecha para la celebración de audiencia condicional a proceso, en la que dicha parte procesal, haría un nuevo planteamiento de pago de la reparación del daño moral y psicológico causado a la víctima; indicando la jueza de control que en la audiencia preindicada podría realizar la solicitud correspondiente. 6. A las diez horas con veintinueve minutos del once de octubre de dos mil veintidós, la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución del Estado de Puebla (Adriana Lourdes Martínez Jiménez), declaró abierta la audiencia señalada en el punto que antecede, en la que estuvieron presentes el agente del Ministerio Público, la parte ofendida -por conducto de su apoderada legal-, la víctima, los acusados -aquí quejosos- y sus defensores particulares. En uso de la voz, tanto la fiscalía como los sujetos pasivos del delito, solicitaron que, dado el sentido de la resolución dictada en el toca de apelación 23/2022, se impusiera a los acusados la medida cautelar de prisión preventiva necesaria y se fijara fecha para la celebración de la audiencia intermedia. Por su parte, la defensa particular de los hoy quejosos, manifestó lo siguiente: "Primero, evidentemente nos oponemos a una medida de prisión preventiva necesaria o justificada, sobre todo partiendo de la idea de que fue concedida la presente suspensión, mis defendidos, bueno nuestros defendidos no han incumplido una sola de las condiciones que les fue impuesta, en este caso, tanto los pagos como la firma periódica, como sus domicilios, inclusive, están presentes el día de hoy en esta audiencia señalada. Ahora bien Señoría, sí me gustaría nada más hacer un planteamiento muy breve. En el toca multicitado por la representación social y por los asesores que es el 23/2022, al momento en el que se resolvió, se decretaron inoperantes los agravios que expusieron tanto el asesor victimal de la moral como la víctima en su contenido, únicamente se resolvió que era necesario imponer alguna medida compensatoria en relación al daño moral, inclusive en la misma resolución dice que siempre y cuando no se dicte auto de apertura a juicio oral se puede realizar nuevamente algún planteamiento. Lo dice, lo voy a leer textual: " lo anterior no impide la oportunidad para los imputados de perfeccionar el plan de reparación del daño y ajustarlo". En esa tesitura su señoría, esta defensa a efecto de poder generar un plan de condiciones, que considere alguna reparación moral en favor de la víctima Eduardo Cortez Xicoténcatl, propone que el plan o las medidas ya dictadas continúen como ya estaban, únicamente agregando una compensación moral al imputado, digo, perdón a la víctima, en este caso particular su señoría, en relación al pago de los daños, se propusieron treinta y tres pagos por la cantidad de $12,000.00 pesos, es decir, al día de hoy se tienen devengados $102,000.00 pesos, de hecho, esto obra en la carpeta judicial administrativa en la que se actúa. Partiendo de esa idea su señoría, al ser treinta y tres pagos los propuestos, existe un excedente, los daños acreditados por la empresa fueron de $420,960.00 pesos, en el planteamiento de los treinta y tres pagos existe un excedente de %5039.08 pesos; partiendo de esa idea y también considerando que el día de ayer mis defendidos precisamente depositaron la cantidad de $12,000.00 pesos para estar cubriendo estos daños, se propone que este excedente de $5000.00 pesos pase a disposición del señor Cortez Xicoténcatl, víctima del presente asunto y que la cantidad total que se ofrece para efecto de reparar el daño moral sea la de $30,000.00 pesos, misma que se propone sea devengada de la siguiente manera: El siguiente pago, el pago subsecuente su señoría, sería en noviembre del dos mil veintidós, lo que se propone es que en la temporalidad de noviembre de 2022 a noviembre de 2023 los pagos realizados sean por la cantidad de $14,080.00 pesos, esto a efecto de que continúen los doce en favor de la empresa, Sinergia Energéticos para cubrir ese daño material y exista un excedente de $2,080.00 pesos a favor de la víctima Eduardo Cortez Xicoténcatl. Por ello Señoría, insisto, partiendo del contenido del toca que se resolvió, y también partiendo de la idea de que no se ha dictado un auto de apertura juicio oral, esta defensa propone que las condiciones impuestas continúen como en su momento se resolvieron, es decir, la firma semanal que están realizando mis defendidos, no se ha incumplido ningún tipo de condición, de hecho una de las condiciones que se impuso, bueno, acercarse a la víctima y esto no ha acontecido, no ha habido ningún tipo de acercamiento ni tampoco ningún tipo de molestia a su persona ni mucho menos al patrimonio de la empresa ni nada por el estilo, por lo cual su señoría proponemos que en esta temporalidad de noviembre de 2022 a noviembre de 2023 los pagos devengados pueden ser por la cantidad de $14,080.00 pesos a efecto de que $2080.00 queden a disposición del daño moral en favor de Eduardo Cortez Xicoténcatl los otros $12,000 a efecto de reparar el daño material, partiendo de eso su señoría proponemos que sean las condiciones a efecto de poder cubrir una reparación moral." De la anterior transcripción, se advierte que los hoy quejosos, por conducto de su defensor particular han manifestado su consentimiento expreso del acto que combaten, pues tanto por escrito, como en la audiencia referida han dejado ver su conformidad con la decisión y consecuencias integrales que implican la resolución adoptada por la Sala Unitaria responsable. Ello es así, pues realizaron una nueva propuesta sobre el pago de la reparación integral del daño para la víctima Eduardo Cortez Xicoténcatl, tal y como se encuentra determinado en la resolución combatida; por lo tanto, dicha acción entraña el consentimiento de la resolución dictada el cinco de septiembre de dos mil veintidós, dentro del toca de apelación 23/2022, dado que su voluntad de proponer un nuevo plan de pago para la reparación integral del daño a la mencionada víctima del delito, implica la aceptación de la decisión adoptada por el tribunal de apelación, o que, al menos, no la cuestionen, con la finalidad que se autorice nuevamente la suspensión condicional del proceso a su favor. No se soslaya que en la multicitada audiencia celebrada dentro de la causa penal de origen el once de octubre de dos mil veintidós, la jueza de control responsable no autorizó la suspensión condicional del proceso, pues consideró que el nuevo plan de reparación del daño propuesto no se ajustaba a los lineamientos previstos en la Ley General de Víctimas; sin embargo, ello en nada cambia la actualización de la mencionada causal de improcedencia, pues estimar lo contrario, llevaría al extremo de permitir en sede constitucional que el gobernado ejerza intereses incompatibles, uno que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al llevar a cabo una nueva propuesta de plan de reparación del daño para la víctima del delito -tal y como se estableció en la resolución recurrida- y, otro, que lo cuestiona mediante el juicio de amparo; lo que jurídicamente es inadmisible. En ese tenor, a juicio de este órgano jurisdiccional, el consentimiento adquirió eficacia en el momento en el que la defensa de los acusados -ante la presencia de estos- planteó la nueva propuesta de reparación integral del daño para la víctima del delito; por tanto, la decisión que al respecto tomó la jueza de control no perfecciona ni da eficacia a ese consentimiento, toda vez que éste es unilateral e incondicional, es decir, no depende de la resolución judicial ni de otro acto proveniente de un tercero, por lo que si la autoridad decide negar que el procedimiento penal culmine a través de la suspensión condicional del proceso, ya sea porque exista oposición fundada de la víctima o porque el imputado no cumplió con alguno de los requisitos que establece la ley, esa circunstancia no significa que no haya existido el consentimiento libre e informado del imputado, pues, considerar lo contrario, sería tanto como premiar que aquél ejerza intereses incompatibles. Máxime que la jueza de control responsable señaló nueva fecha para verificar un nuevo planteamiento de pago de reparación integral del daño, el cual de cumplir con los lineamientos previstos en ley, pudiera dar lugar a la suspensión condicional del proceso nuevamente. Por otro lado, debe decirse que no es impedimento que la propuesta de culminar con el conflicto penal a través de un mecanismo alterno -como la suspensión condicional del proceso- se formule por la defensa de los acusados y no por éstos; lo anterior, porque al margen de que la defensa es el órgano técnico especializado que vela por los intereses de su representado en un proceso penal y le informa de los alcances de los medios legales previstos en la ley para su defensa -como los mecanismos alternativos de solución del conflicto penal-, la circunstancia de que los acusados, conocedores de sus derechos, no se opongan a tal solicitud, sino que externan hechos o actos que implican su consentimiento -como encontrarse presentes en audiencia frente a una jueza de control sin formular oposición-, ello se traduce en el consentimiento de la resolución reclamada, con la aceptación de sus consecuencias o que, por lo menos, no la cuestionen. En consecuencia, es incuestionable que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia a que se contrae la fracción XIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por ello, procede en términos del diverso 63, fracción V, decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de derechos fundamentales. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto al acto de ejecución reclamado a la 2. Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución del Estado de Puebla (Adriana Lourdes Martínez Jiménez), en virtud que su inconstitucionalidad se hizo depender del acto atribuido a la autoridad responsable ordenadora, al no haberse reclamado por vicios propios. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Por lo anteriormente expuesto, se dejan sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las nueve horas con treinta y dos minutos del catorce de noviembre de dos mil veintidós. Comuníquese lo anterior a las partes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a los terceros interesados; por oficio a las autoridades responsables, a la diversa tercera interesada y al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.
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