Iraiz Yazmin Solorio Garibay

Expediente 899/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 42 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
899/2022
Año
2022
Actuaciones
42
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Iraiz Yazmin Solorio Garibay

Actuaciones

Las 4 más recientes de 42.

  1. Principal

    Por lo expuesto y fundado, se: R e s u e l v e: Primero. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, carece de competencia legal, por razón de territorio, para resolver el presente juicio de amparo promovido por Iraiz Yazmín Solorio Garibay, contra los actos que reclama de las autoridades que señala como responsables. Segundo. Remítase el presente juicio de amparo al Juez de Distrito con residencia en Mexicali, Baja California, en turno, para que en términos de lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, determine si acepta o no la competencia declinada. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Víctor Manuel Mercado Flores, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio remitido por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, al que anexa los autos originales del juicio de amparo ********************, de este índice, promovido por ********************, contra actos del Juez Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, y otras autoridades, con motivo de la determinación emitida el diez de octubre de dos mil veintitrés, en la que el citado Juzgado de Distrito no aceptó la competencia declinada, por los motivos que expone. Por lo tanto, acúsese el recibo correspondiente y háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En ese contexto, en atención a lo acordado en el párrafo que antecede, se señalan las trece horas con cincuenta minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la audiencia constitucional. Notifíquese.

  3. Incidental

    Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: Único. Se concede la suspensión definitiva a Iraiz Yazmin Solorio Garibay, respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable indicada en el considerando tercero por los motivos contemplados en ese considerando. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos se desprende que este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, es legalmente incompetente por razón de territorio, para resolver el presente juicio de amparo promovido por Iraiz Yazmín Solorio Garibay, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94 de la Constitución General de la República, 37 de la Ley de Amparo, así como los diversos 49, 124 y 125 del Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Para avalar la anterior postura, de inicio, es conveniente citar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De la anterior trascripción se desprende que existen tres reglas fundamentales para fijar la competencia en los juicios de amparo: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, a saber; 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. De lo antes descrito se desprende que la competencia territorial de los Jueces de Distrito depende directamente de la ejecución de los actos reclamados; es decir, si éste la tiene, operará alguna de las dos primeras reglas, y si carece de ella, se estará en presencia de la última. Asimismo, es menester precisar que el propósito del legislador al establecer las referidas reglas de competencia, fue facilitar al gobernado el acceso de la justicia constitucional para que pueda disponer de mejores posibilidades de defensa, y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. En ese tenor, a fin de determinar si le asiste competencia a este Juzgado de Distrito para resolver el presente asunto, resulta imperativo que se atiendan las consecuencias jurídicas del acto reclamado por la parte quejosa; es decir, si requiere o no ejecución material. Del análisis integral del escrito inicial de demanda y de las constancias agregadas al sumario se aprecia que la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de derechos fundamentales, lo constituye -entre otros- la orden de aprehensión y su ejecución. Acto reclamado que fue emitido por el Juez de Control en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, pues de las constancias que anexó a su informe con justificación, se advierte que en la causa penal 203/2021, que se instruye en contra de Iraiz Yazmín Solorio Garibay, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de fraude específico, el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, emitió orden de aprehensión en su contra. Por tanto, el acto reclamado sí tiene ejecución material, el cual consiste en la orden de aprehensión girada en contra de la aquí quejosa y, en vía de consecuencia, su cumplimentación por parte de las autoridades ejecutoras que residen en la ciudad de Mexicali, Baja California; por lo que se actualiza la hipótesis de competencia precisada en el inciso a) particularmente en lo relativo a que será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Sin que en el presente caso, la parte quejosa haya señalado autoridades responsables con residencia en donde este Juzgado ejerce jurisdicción. Lo anterior con independencia que el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional haya aceptado la competencia declinada por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, pues dicha circunstancia tuvo su origen en virtud que la parte quejosa -en su escrito inicial de demanda- señaló como autoridades responsables a todos los Jueces de Distrito del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. Sin embargo, con motivo de la prevención a la quejosa, para que precisara los juicios de amparo materia de los actos reclamados, al no cumplir con el requerimiento, el cinco de junio de dos mil veintitrés, se tuvo por no presentada la demanda de amparo indirecto, única y exclusivamente respecto de los actos reclamados a los Jueces de Distrito del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. En ese sentido, si el motivo por el que se originó la competencia legal de este Juzgado Distrito fue el que la parte quejosa haya señalado como autoridades responsables a los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, todos con residencia en Mexicali; al haber desaparecido ese impedimento legal y encontrarse señaladas solamente autoridades responsables con domicilio en Mexicali, Baja California y es en ese mismo lugar en donde reside el Juez de Control que emitió la orden de aprehensión en contra de la parte quejosa; es evidente que, acorde al contenido de la primera regla para fijar la competencia de los Juzgados de Distrito, contenida en el párrafo primero, del artículo 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito resulta legalmente incompetente por razón de territorio, para conocer y resolver del presente asunto. Lo anterior es así, porque en todo caso, la ejecución de la orden de aprehensión y sus consecuencias legales que pudieran traducirse en la restricción de la libertad personal de la parte quejosa, le corresponde a las autoridades con residencia en Mexicali, Baja California, lugar en el que incluso, la quejosa refiere se intentó ejecutar el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia PC.I.P. J/39 P, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Tomo II, abril de 2018, página 1071, Décima Época, registro digital 2016596, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RADICA LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ, CUANDO UNA VEZ RENDIDOS LOS INFORMES JUSTIFICADOS DESAPARECE LA POSIBILIDAD DE EJECUCIÓN EN MÁS DE UN DISTRITO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Del precepto indicado se advierte que la competencia para conocer del juicio de amparo, cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, recae en el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Dicha posibilidad surge con el señalamiento de autoridades ejecutoras con injerencia en distintas demarcaciones territoriales y se toma en consideración para que el Juez de amparo que reciba la demanda sea momentáneamente competente. Ahora bien, tratándose de la orden de aprehensión, si al rendir los informes justificados las autoridades responsables ejecutoras niegan los actos reclamados y el quejoso no desvirtúa esa negativa, es inconcuso que esa posibilidad de ejecución en distintos Distritos desaparece, pues al no existir otro elemento cierto y objetivo que sirva para concluir categóricamente que el acto se ejecutará en otro ámbito territorial y no donde se emitió la orden de aprehensión, debe conocer del procedimiento constitucional, conforme a la regla prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad que la emitió pues, por regla general, es en ese sitio donde el acto deberá tener ejecución. PLENO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Contradicción de tesis 5/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Quinto, ambos en Materia Penal del Primer Circuito. 3 de octubre de 2017. Mayoría de votos de los Magistrados Carlos Hugo Luna Ramos, Miguel Enrique Sánchez Frías, Mario Ariel Acevedo Cedillo, Humberto Manuel Román Franco, Silvia Carrasco Corona, María Elena Leguízamo Ferrer, José Pablo Pérez Villalba e Irma Rivero Ortiz de Alcántara. Disidentes: Olga Estrever Escamilla y Lilia Mónica López Benítez. Ponente: Lilia Mónica López Benítez. Encargado del engrose: Humberto Manuel Román Franco. Secretario: Julio César Antonio Rosales. Tesis contendientes: Tesis I.1o.P.31 P (10a.), de título y subtítulo: "COMPETENCIA TERRITORIAL PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. SI NO HAY INDICIOS DE QUE SE EJECUTARÁ O DE QUE YA TRATÓ DE EJECUTARSE EN DETERMINADO CIRCUITO JUDICIAL, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RADICA EL JUEZ QUE LA ORDENÓ, SALVO EXCEPCIÓN EXPRESA.", aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 27 de mayo de 2016 a las 10:27 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, Tomo IV, mayo de 2016, página 2758, y Tesis I.5o.P.16 K (10a.), de título y subtítulo: "COMPETENCIA EN AMPARO POR RAZÓN DE TERRITORIO. EN TRATÁNDOSE DE PLURALIDAD DE LUGARES O ÁMBITOS ESPACIALES DE EJECUCIÓN. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO ANTE EL QUE SE PRESENTE LA DEMANDA (INTERPRETACIÓN DE LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO).", aprobada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de julio de 2017 a las 10:21 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 44, Tomo II, julio de 2017, página 1001. Nota: Por ejecutoria del 6 de febrero de 2020, la Primera Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 313/2019 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la conforman, la jurisprudencia 1a./J. 52/2013 (10a.), de la Primera Sala de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Tomo 1, agosto de 2013, página 383, Décima Época, registro digital 2004166, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables. Contradicción de tesis 571/2012. Entre las sustentadas por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, actual Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. 10 de abril de 2013. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que hace a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos respecto al fondo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Horacio Nicolás Ruiz Palma. Tesis de jurisprudencia 52/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha ocho de mayo de dos mil trece." Por tanto, toda vez en el presente juicio de derechos fundamentales no se señalaron autoridades responsables con residencia en el lugar en el que este Juzgado ejerce jurisdicción, por el contrario, las autoridades responsables Jueces de Control del Estado de Baja California y Comandante de Agencia Estatal de Investigación, tienen su residencia en la ciudad de Mexicali, aceptaron el acto reclamado, consistente en la orden de aprehensión girada en contra de Iraiz Yazmin Solorio Garibay, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de fraude específico, derivada de la causa penal 203/2021; resulta inconcuso que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para resolver el presente asunto, motivo por el cual resulta procedente declinar la competencia legal por razón de territorio, al Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, en turno, para que, en términos de lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, determine si acepta o no la competencia declinada y, en su caso, se sirva acusar el recibo correspondiente. Asimismo, de la certificación se desprende que en esta misma data, se resolvió el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa, por la totalidad de las autoridades responsables. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente, por razón de territorio, para conocer del presente asunto, debiéndose remitir a la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, a fin de que se turne al Juzgado de Distrito correspondiente. Asimismo, se solicita al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, que corresponda conocer del presente asunto, de no existir inconveniente legal alguno, se sirva acusar el recibo de estilo e informe a este órgano de control, lo que tenga a bien determinar en relación con la competencia planteada. Notifíquese.

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