Irais Rosalia Fabela Molina

Expediente 1738/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1738/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
29/11/2022

Partes del expediente

  • Irais Rosalia Fabela Molina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Con fundamento en lo establecido en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por el Actuario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual informa el contenido del acuerdo de veintidós de noviembre pasado, del que se advierte que recibió los originales del presente juicio y que se avocó al conocimiento de la demanda de amparo de interés. En tal sentido, tomando en consideración la certificación secretarial de cuenta; se estima que no existe más por cumplimentar en este sumario constitucional; por tanto, con fundamento en lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitir este asunto al archivo de este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Lo anterior, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Generados por los Órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en términos del diverso artículo 21, inciso i), del referido acuerdo en relación con los puntos 8.1.2 inciso 10 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte este expediente es destruible, en el plazo de tres años, al ser un juicio en el que este órgano jurisdiccional se declaró incompetente, para conocer del asunto. En otro contexto, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo vigésimo primero del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este Juzgado Federal durante el plazo de tres años; por lo que después de ese lapso, se procederá a la destrucción del mismo, pues a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Finalmente, se precisa que el presente sumario constitucional se enviará materialmente al archivo una vez que obren la totalidad de las constancias de notificación ordenadas en este asunto.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos la comparecencia de cuenta, a través de la cual se advierte que la quejosa ***y ratificó el contenido del escrito registrado con número de promoción 26459, así como la firma que obra en el mismo. En tal sentido, en atención a lo solicitado en el escrito de interés y a la certificación de cuenta, se tienen como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, por no contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.

  3. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado, supuestamente por la quejosa ****, mediante el cual solicita se autorice a los profesionistas que señala, para que en su nombre y representación reciban toda clase de notificaciones y la representen en el presente asunto. Luego, previo acordar lo conducente respecto del escrito de cuenta, resulta necesario precisar que del análisis de la firma del escrito presentado por la quejosa, se advierte que difiere notablemente en cuanto a sus trazos gráficos, respecto de la que obra en el escrito inicial de demanda, circunstancia que genera incertidumbre jurídica respecto de la verdadera emisora de la voluntad que se plasma en el escrito que se acuerda. Al respecto, es importante destacar que la firma de la promovente no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a sus escritos, pues en el procedimiento, la voluntad de las partes de ejercitar un derecho se manifiesta mediante la firma, o bien, mediante la impresión de la huella digital con testigo que firme a su ruego, teniendo en consideración lo siguiente: 1. La firma es el signo gráfico con el cual, en general, se obligan todas las personas en todos los actos jurídicos en los que se requiere la forma escrita, tal como lo es la demanda de amparo y sus promociones. 2. Denota la voluntad de ejercicio del derecho que en el propio escrito se plasma. 3. Es una formalidad indispensable para dar curso a cualquier escrito que contenga una promoción judicial, ya que la firma al pie del documento sirve para dar autenticidad al mismo. Por tanto, a efecto de que este órgano jurisdiccional se cerciore de que efectivamente la quejosa fue quien suscribió el escrito de cuenta, con fundamento en lo establecido en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; se requiere a ****, para que dentro del plazo de tres días legalmente computado, comparezca al local de este órgano de control constitucional con la finalidad de ratificar el contenido del escrito de cuenta y la firma que obra en el mismo. Con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentado el escrito de mérito, con las consecuencias jurídicas atinentes. *** En ese tenor, hágase del conocimiento a la quejosa que el suscrito está facultado para ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía para el caso de que se observara una notoria diferencia entre la firma que calza la demanda, la plasmada en el escrito que se acuerda, y la que se asiente durante la diligencia de ratificación respectiva; lo anterior, en razón de que la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente e independiente de la actuación de las partes. *** Finalmente, se hace del conocimiento a la parte quejosa las penas en que incurre en el caso de que exprese hechos falsos, contenidos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 261.- Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: - - - I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y - - - II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." Finalmente, si bien es cierto que, en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, la notificación de la presente determinación debe practicarse de manera personal, puesto que permite que la parte quejosa haga valer las defensas que procedan, o bien, actuar de conformidad con lo que ordenan las disposiciones legales aplicables, no menos cierto resulta que, en acuerdo de ocho de noviembre pasado, se tuvo como domicilio de aquella, para oír y recibir todo tipo de notificaciones, las listas de acuerdos que se publican en este Juzgado de Distrito; por tanto, practíquese esta notificación a través del medio informativo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°; agréguese a los autos la razón signada por el Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, a través de la cual manifiesta la imposibilidad para notificar a la parte quejosa el auto de catorce de noviembre del año en curso. Así las cosas, en cumplimiento a lo ordenado en auto de ocho de los cursantes, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa el contenido de la presente determinación, así como la diversa de referencia, por medio de lista que se fije en este órgano judicial Notifíquese en los términos precisados en la presente determinación; y por lista a la parte quejosa el presente auto, así como el diverso de catorce de noviembre de dos mil veintidós. el cual dice: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2º de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta a través del cual la quejosa ****, da cumplimiento a la prevención decretada mediante proveído de ocho de noviembre del año en curso. Así las cosas, se tienen por cumplidos los requerimientos formulados en tal sentido, dado lo cual, se deja sin efectos el apercibimiento decretado. Ahora bien, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en el derecho fundamental de legalidad, tutelado en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese orden, del contenido de la demanda y escrito aclaratorio que nos ocupa, se desprende que la promovente reclama: La resolución de seis de octubre de dos mil veintidós, dictada por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el toca de apelación 672/2022, que confirmó la sentencia definitiva de diez de agosto de dos mil veintidós, emitida en el juicio ordinario civil sobre acción plenaria de posesión 23/2022 del índice del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. Luego, es oportuno señalar que en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, se establecen los supuestos de competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del juicio de amparo directo. En efecto, el contenido del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, establece: **** Asimismo, el diverso precepto legal 47, de la Ley de Amparo, establece: **** Luego, del análisis de la demanda, se desprende que la resolución de seis de octubre de dos mil veintidós, dictada por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el toca de apelación 672/2022, que confirmó la sentencia definitiva de diez de agosto de dos mil veintidós, emitida en el juicio ordinario civil sobre acción plenaria de posesión 23/2022 del índice del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, constituye una sentencia definitiva que decide el juicio en lo principal. En ese tenor, tal resolución sólo puede combatirse a través del juicio de amparo directo, por tratarse precisamente de una resolución que pone fin al juicio, en términos de lo dispuesto en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. En la especie, mediante el acto precisado con antelación; y tal como se desprende de las manifestaciones que hizo la parte quejosa bajo protesta de decir verdad en su libelo constitucional y escrito aclaratorio, se aprecia que la peticionaria de amparo demandó a ****, dentro del juicio plenario de posesión, el cual fue radicado bajo el ordinal 23/2022 del índice estadístico del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México; mismo en el que el diez de agosto de dos mil veintidós, se dictó sentencia definitiva. Inconforme con lo anterior, la quejosa interpuso recurso de apelación del cual tocó su conocimiento a la Segunda Sala Colegiada Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, bajo el ordinal 672/2022; dado lo cual, el seis de octubre de dos mil veintidós, dictó sentencia confirmatoria; la cual constituye el acto reclamado. Sin que se advierta de la copia que de la misma se adjunta al escrito aclaratorio, que la sala responsable haya hecho pronunciamiento alguno en relación a la reposición del procedimiento por violaciones procesales, sino un análisis que la llevó a confirmar de forma absoluta la diversa de primera instancia que resolvió el fondo de la cuestión planteada. Por tal motivo, la dictada en segunda instancia (seis de octubre de dos mil veintidós), constituye una resolución que pone fin al juicio, y por ende, contra dicha determinación procede el juicio de amparo directo. En esas condiciones, con fundamento en lo previsto en los artículos 47 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito declara carecer de competencia legal para conocer y resolver sobre la demanda de amparo de cuenta; por tanto, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno, para los efectos legales de su competencia. **** En este contexto, remítanse los autos del juicio de amparo indirecto 1738/2022, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Segundo Circuito, para que realice las gestiones que sean necesarias, a efecto de que este asunto sea turnado administrativamente al Tribunal Colegiado en turno correspondiente. Igualmente, se solicita a la Superioridad que de no tener inconveniente legal alguno y en términos de lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Amparo, tenga a bien informar a este órgano de control constitucional si acepta o no la competencia legal planteada, y acuse el recibo de estilo correspondiente.

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