Irais Pulido Sòlis

Expediente 210/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
210/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
25/11/2020

Partes del expediente

  • Irais Pulido Sòlis

Actuaciones

  1. Principal

    Se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia emitida en este juicio, en la que se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO. Con fundamento en el artículo 214 de la ley en la materia, archívese este juicio como asunto concluido. En ese sentido, en cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído que carece de relevancia documental; lo anterior, deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone los numerales 21, 22, 23 y 24 del acuerdo normativo. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé el numeral 21, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que por sus características amerite ser devuelto.

  2. Principal

    Se agrega a los autos el escrito signado por la quejosa *******, por medio del cual solicita la sea notificada la determinación por la que se tuvo por cumplida la sentencia de amparo; en atención a su contenido, dígasele que en sentencia de treinta de octubre pasado, se sobreseyó el juicio de amparo en que se actúa. Ahora, por cuanto al contenido del oficio por el que el Fiscal Cuarto de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del VI Distrito Judicial en Tuxpan, Veracruz, dio respuesta a su solicitud presentada el diecisiete de marzo de dos mil veinte, hágase de su conocimiento que mediante proveído de veintiuno de septiembre pasado, se ordenó darle vista con dichas constancias para que manifestara lo que a su derecho conviniera, acuerdo que fue debidamente notificado a dicha parte procesal, tal y como se advierte de la diligencia actuarial levantada por la actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional.

  3. Principal

    ... CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. Como cuestión preliminar y acorde a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede el estudio de las causas de improcedencia, ya sea de oficio o que invoquen las partes, al tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Página 262, Parte VIII, Materia Común, del Apéndice al Seminario Judicial de la Federación 1917-1985, de rubro: "IMPROCEDENCIA" En esa tesitura, el caso en estudio, se advierte de oficio la causal de improcedencia a que se refiere el citado precepto 61, fracción XXI, del ordenamiento legal en cita, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.). De acuerdo al numeral antes transcrito deviene el sobreseimiento del juicio de garantías cuando apareciere claramente que hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo cual, debe entenderse no sólo la circunstancia de que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en estudio, es necesaria la coincidencia de dos extremos; que: a) Se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de manera tal que el acto ya no agravie a la parte quejosa y disfrute del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución Federal, que a la letra dice: Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. Por lo cual, válidamente se puede afirmar que para que un acto omisivo cese sus efectos en la esfera jurídica del gobernado, la autoridad responsable debe emitir o verificar el acto cuya omisión se le atribuye a fin de que deje de existir la violación constitucional. Ahora bien, en el caso a estudio, la parte quejosa reclama: La omisión del Fiscal Cuarto de la unidad Integral de Procuración de Justicia del VI Distrito Judicial en Tuxpan, Veracruz, de dar respuesta a la solicitud presentada el diecisiete de marzo de dos mil veinte. Precisado ello, resulta necesario indicar que, el derecho consagrado en el numeral 8o de la Carta Magna, conocido como "petición" y que se refiere a la garantía en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad tiene derecho a recibir una respuesta, se encuentra integrado de los siguientes elementos: La petición: ? Debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ? Dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada, y ? El peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. La respuesta: ? La autoridad debe emitir un acuerdo;  ? Ha de producirse en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; ? Tendrá que ser congruente con la petición;  ? La autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos; ? No existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quién se formuló, a que provea necesariamente de conformidad con lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso. En ese sentido, debe destacarse que de las documentales remitidas por la autoridad responsable se desprende que mediante determinación de diecisiete de marzo del año en curso, emitido en la carpeta de investigación **********, la autoridad responsable dio contestación al escrito presentado por la ahora quejosa; cuya notificación se ordenó mediante oficio sin número de esa propia data; advirtiendo del margen del mismo que no fue posible hacer entrega del mismo pues no fue posible localizar el domicilio de la hoy quejosa. En ese tenor, toda vez que el respeto al derecho consagrado en el artículo 8º Constitucional radica en que cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta, circunstancia que aconteció durante la tramitación del presente juicio, pues si bien del oficio de diecisiete de marzo del año en curso, dirigido a la parte quejosa, se advierte que la autoridad responsable se encontró imposibilitada de notificar la respuesta contenida en el mismo. Tal oficio fue exhibido en el presente juicio de amparo como apoyo a lo manifestado en el informe justificado por la autoridad responsable, teniendo así la quejosa oportunidad de ampliar su demanda de amparo, en razón de que mediante proveído de veintiuno de septiembre pasado se le dio vista para tal efecto, acuerdo que fue notificado el veinticinco de septiembre del año en curso, sin que haya formulado manifestación alguna, tal y como se hizo constar en la audiencia constitucional ; por lo que, si bien no obraba en autos constancia de notificación de la respuesta otorgada, lo cierto es que con motivo de la tramitación de este juicio constitucional la impetrante tuvo conocimiento de la misma. En ese sentido, al haberse emitido una contestación a la solicitud de la parte quejosa, la cual se hizo de su conocimiento por conducto de este órgano jurisdiccional, es evidente que desaparecieron los efectos de la omisión reclamada a la citada autoridad. Por tanto, es inconcuso que cesaron los efectos del acto reclamado, ya que se destruyeron en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si ese acto no hubiera invadido la esfera jurídica de la promovente del amparo, por lo que, resulta ocioso realizar el examen de actos que ya no tienen vida jurídica dado el hacer positivo de la autoridad responsable; en consecuencia, resulta improcedente el juicio intentado, a la luz de lo que dispone la fracción XXI del numeral 61 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de nuestra Carta Magna. Lo anterior encuentra apoyo en la Tesis 2ª./J.59/99, de la Segunda Sala, publicada en la página 38, Tomo IX, diciembre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". En consecuencia, al haberse actualizado la apuntada causal de improcedencia, procede sobreseer al respecto en el presente juicio constitucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. QUINTO. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener la presente sentencia, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo expuesto y fundado de conformidad con los artículos 65, 73, 74, 75, 76, 79 y demás relativos a la Ley de Amparo; se, RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Irais *********, con base en los razonamientos expuestos en el cuarto considerando de la presente determinación. SEGUNDO. Elabórese versión pública en términos del considerando último del presente fallo.

  4. Principal

    ...See advierte que transcurre el término previsto en los artículos 17 y 111 de la Ley de Amparo, concedido a la parte quejosa en auto de veintiuno de septiembre de dos mil veinte. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y, se fijan las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, para su verificativo.

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