Iraís Cruz Sánchez y Otros.
Expediente 959/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 959/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 16/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Iraís Cruz Sánchez y Otros.
- María del Rosario Miguel Ordoñez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio y anexo que remite el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlaxiaco, Oaxaca; visto su contenido, se le tiene devolviendo debidamente diligenciado el despacho 405/2023, número de origen 267/2023 del índice de este órgano jurisdiccional; por tanto, dese de baja y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de garantías, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales correspondientes. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. Valoración documental. En virtud de lo anterior, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 (Orden de archivo) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; este juzgador determina que el presente expediente se ubica en el supuesto previsto en el inciso d) del artículo 21 del citado Acuerdo General (juicios de amparo en los que se desechó la demanda, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no encuadra en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Consérvese en el archivo de trámite bajo resguardo de este órgano jurisdiccional durante tres años contados a partir del acuerdo de archivo; d) Transcurrida dicha temporalidad, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción; y e) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Documentos originales. Téngase al secretario haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. Se requiere despacho Finalmente, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte, se ordenó la notificación a la parte quejosa del auto de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, mediante despacho 405/2023, con número de origen 267/2023, dirigido al Juez Mixto de Primera Instancia de Tlaxiaco, Oaxaca; comunicación oficial que no ha sido devuelta. Por tanto, en obvio de mayores dilaciones, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, mediante oficio que se gire vía ESTAFETA requiérase al Juez Mixto de Primera Instancia de Tlaxiaco, Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días a partir de que sea legalmente notificado del presente acuerdo, remita la citada comunicación oficial debidamente diligenciada, o bien, informe la imposibilidad que tiene para ello. Apercibido que de no cumplir con lo solicitado en el plazo indicado, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
PREVIO AVISO QUE SE DEJÓ PARA LA PARTE QUEJOSA.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito de cuenta signado por María del Rosario Miguel Ordoñez, como representante común de la parte quejosa, mediante el cual desahoga el requerimiento que le fue formulado en auto de veintidós de septiembre actual, donde les fue requerido lo siguiente: Precise si Yadira Belem García Jiménez y María de Lourdes Medrano Vázquez son partes quejosas en este juicio de amparo. Bajo protesta de decir verdad como parte de los antecedentes, deberá indicar con qué carácter reclama el artículo 21, del Decreto de once de diciembre de dos mil cuatro, es decir como autoaplicativo o en su carácter de heteroaplicativo, debiendo especificar en el caso el acto concreto de aplicación para cada uno de los quejoso que promueven, la autoridad a que se lo atribuye y la fecha en que cada uno tuvo conocimiento del mismo. Exhiba una copia más de su escrito inicial de demanda para que sean distribuidos entre las partes de la siguiente forma: una para la autoridad responsable, una para la tercera interesada y una para el ministerio público; y una más por cada nueva autoridad que llegaré a señalar como responsable. Exhiba tres copias de su escrito aclaratorio, para ser distribuido entre las partes, y una más por cada nueva autoridad que llegaré a señalar como responsable. Al respecto, la representante común de la quejosa realiza las siguientes precisiones: Respecto de la precisión requerida en el inciso a) bajo protesta de decir verdad manifiesta que Yadira Belém García Jiménez y María de Lourdes Medrano Vázquez, son parte quejosa. En atención al inciso b), manifiesta bajo protesta de decir verdad manifiestan que el carácter con el que reclaman el artículo 21, del Decreto de once de diciembre de dos mil cuatro es de carácter autoaplicativo; En este punto es necesario subrayar que aunado a que manifiestan que reclaman el Decreto de once de diciembre de dos mil cuatro con el carácter de autoaplicativo además fueron omisos en referir algún acto de aplicación concreta del acto reclamado, por el cual se actualice el carácter heteroaplicativo del referido decreto. No obstante lo anterior, manifiestan que a las autoridades que les atribuyen el acto son: Director, 2) Subdirector de Planeación y Vinculación, 3) Subdirector de Servicios Administrativos, 4) Jefe de Carrera en Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones y 5) Jefe de la Ingeniería en Desarrollo Comunitario, todas las autoridades del Instituto Tecnológico Superior de San Miguel el Grande, Oaxaca. Sin embargo, no precisan o exhiben el acto concreto que les causa agravio directo. Bajo protesta de decir verdad, manifiestan que la fecha de los hechos que se mencionan fueron a partir del catorce de septiembre de dos mil veintitrés. En ese orden de ideas, se tiene a María del Rosario Miguel Ordoñez, como representante común de la parte quejosa, cumpliendo con la prevención formulada en auto de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, y al respecto se provee: La demanda debe desecharse de plano por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113, de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, se estima que en relación con los actos reclamados en esta instancia constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. "El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días. I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos mencionados se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva después del plazo de quince días contado a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución, oficio o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de éste, salvo en caso de que se reclame una norma general autoaplicativa, el plazo será de treinta días, computados a partir del día de su entrada en vigor. Así, la parte quejosa reclama: el artículo 21 del Decreto de once de diciembre de dos mil cuatro, publicado en el periódico oficial del gobierno del Estado de Oaxaca. En ese sentido, al haber presentado la demanda de garantías el veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, ante la Oficialía de Partes del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Oaxaca, es claro que fue presentada cuando ya había fenecido el término legal de treinta días con el que contaba para promover el juicio de amparo en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, contra el referido decreto, en su carácter de autoaplicativo. Y en tal virtud, la conducta jurídicamente revela conformidad con el acto reclamado, por así estar dispuesto en el artículo 61 fracción XIV, de la Ley de Amparo, lo que hace imposible encausar la inconformidad de la parte quejosa en este medio de control, si previamente lo consintió. Resulta aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." De ahí que, si ese decreto se publicó el día once de diciembre de dos mil cuatro, y en su artículo PRIMERO transitorio se estableció: "PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado" Por tanto, el término de treinta días, con que contaba la parte quejosa, para instar este juicio de amparo le inició a partir de las CERO HORAS del trece de diciembre de dos mil cuatro; feneciendo a los treinta días siguientes, de ahí que, si la demanda de amparo la presentó el veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés (ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec), es inconcuso que la formuló de manera extemporánea, pues dicho plazo le transcurrió del trece de diciembre de dos mil cuatro al veintiuno de enero de dos mil cinco. Cobra aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 26/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común Constitucional, de la Novena Época, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Mayo de 1998, página 461, registro digital 196391, que establece: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS PARA PROMOVER EL AMPARO INICIA DESDE LAS CERO HORAS DEL MISMO DÍA EN QUE ENTRAN EN VIGOR. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció jurisprudencia en el sentido de que el juicio de garantías contra una ley autoaplicativa puede interponerse en dos oportunidades: dentro de los treinta días hábiles contados desde que entra en vigor, y dentro de los quince días a partir del siguiente en que tiene lugar el primer acto de aplicación, según se advierte de la tesis de jurisprudencia 209, visible en la página 201, Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, con el rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE SI LA DEMANDA SE INTERPONE EXTEMPORÁNEAMENTE EN RELACIÓN CON EL TÉRMINO DE 30 DÍAS SIGUIENTES A SU VIGENCIA, Y NO SE DEMUESTRA LA EXISTENCIA DE ACTOS DE APLICACIÓN.". Ahora bien, tratándose de la primera hipótesis, el cómputo del plazo señalado inicia desde el día de su vigencia a las cero horas, porque resultaría incongruente que si la ley de esta naturaleza causa un perjuicio desde la misma fecha en que su observancia es obligatoria, el plazo para promover el juicio empezara a contar hasta el día siguiente, es decir, el segundo día; de ahí que el legislador estableciera en el artículo 22, fracción I, una regla diferente a la prevista por el artículo 21 de la ley de la materia para los casos en que sean reclamables las leyes autoaplicativas en la vía de amparo, pues debe promoverse en el plazo de treinta días a partir de que producen efectos jurídicos. La circunstancia de que en algunos de los textos de las tesis emitidas por el Pleno y Sala de este Alto Tribunal se precise que una "ley sólo puede ser impugnada de inconstitucional como tal, esto es, dentro del término de 30 días siguientes al de su entrada en vigor, a que se refiere el artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo", no significa que el cómputo se inicie al día siguiente de aquel en que comenzó su vigencia, sino a partir del día en que entró en vigor, pues el término "siguientes", que se refiere a los días posteriores a aquellos en que se inició la vigencia de la ley, debe entenderse que se utilizó considerando que normalmente se precisa en los ordenamientos normativos que entrará en vigor al día siguiente de su publicación." En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con el 113 de la invocada Ley, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS. No obstante lo anterior, cabe mencionar que respecto de lo referido por la quejosa en el punto 4. en donde bajo protesta de decir verdad, manifiesta que los hechos que se mencionan fueron a partir del día catorce de septiembre de esta anualidad, es preciso señalar que suponiendo, sin conceder, que el acto que pretendiera reclamar son los hechos consistentes en despidos injustificados, así como amedrentamiento verbales a la mayoría del personal, amenazas de despido; acosos y hostigamiento laboral, también se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1°, fracción I y 5º, fracción II, de la misma Ley, por tener el carácter de relaciones de coordinación, lo cual para ser combatido se debe acudir a los tribunales ordinarios para dirimir su controversia. Lo anterior con fundamento en los artículos referidos, los cuales rezan: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente:. . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 1°.- El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; ." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De los preceptos en cita se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de "autoridad" que violen los derechos fundamentales de los gobernados y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. Lo anterior, pone de manifiesto que el acto de autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, pues así lo dispone el artículo 1º, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio constitucional contra normas generales, actos u omisiones de autoridad. Bajo ese contexto, si a través del juicio de amparo se pueden reclamar actos de autoridad, esto es, provenientes del poder público, es preciso determinar si cualquier actuación del Estado puede ser susceptible de reclamarse a través del juicio constitucional o si por alguna razón pueden excluirse algunas decisiones que aquél adopte. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por autoridad responsable, debe considerarse a aquellos entes que con fundamento en una norma legal emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, por lo cual, debe analizarse en cada caso, si la autoridad señalada como responsable tiene la facultad para tomar decisiones o emitir resoluciones que afecten la esfera jurídica del quejoso. Asimismo, prevé la posibilidad de que los particulares tengan la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos precisados con anterioridad, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Es ilustrativa al caso la tesis P. XXVII/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 199459, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, Febrero de 1997, página 118, cuyo contenido es el que sigue: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir acto unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." En otras palabras, para atribuir el carácter de "autoridad" para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a las relaciones jurídicas entre el gobernado y la autoridad o particular, es decir, que exista una relación de supra a subordinación o de forma similar a ello, que tiene como presupuesto que el quejoso tenga el carácter de gobernado y a quien se le atribuye el acto de autoridad o ente público señalado como autoridad responsable actúe en un plano superior, para lo cual, debe reunir como notas distintivas las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; 3. Con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y; 4. Para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Al caso, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 161133, de epígrafe: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS". Cabe destacar que una de las notas distintivas para atribuir a un órgano u organismo del Estado el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, radica en que exista una relación de supra a subordinación entre éstos y un particular, y no de coordinación o igualdad. Al respecto, la teoría general del derecho establece que las relaciones de coordinación son aquellas entabladas entre particulares que actúan en un plano de igualdad y que, en su caso, deben acudir a los tribunales ordinarios para que de manera coactiva se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellos o contempladas por la ley, encontrándose dentro de este tipo de relaciones, las reguladas por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. Asimismo, se establece que las relaciones de supra a subordinación son aquellas que se dan entre gobernantes y gobernados, en las que los primeros actúan en un plano de superioridad frente a los segundos, estando facultado el órgano estatal para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a instancias jurisdiccionales. Para determinar sobre la procedencia del presente juicio es necesario examinar si la naturaleza del acto reclamado implica una relación de coordinación, o bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, lo que entraña la participación de un órgano del Estado; pues, sólo de dicha manera se podía establecer si a quien se señaló como autoridad responsable, realmente lo es o no, para efectos del juicio de amparo, ya que no basta que el quejoso la señale como tal, debido a que no puede dejarse a voluntad de las partes el decidir si un ente resulta o no autoridad en un caso concreto. Precisado lo anterior, debe decirse que los actos reclamados en el presenta caso, consistentes en: despidos injustificados, así como amedrentamiento verbales a la mayoría del personal, amenazas de despido; acosos y hostigamiento laboral. De lo anterior, se evidencia que las autoridades señaladas como responsables actuaron en su calidad de unidad del ente patronal frente a la relación obrero-burocrática, dando lugar a una controversia en la que no actúa provista de imperio. Lo que hace improcedente el amparo, en la medida que no actúa con potestad pública para efectos del juicio de amparo, sino como Estado-patrón. Es así, ya que la naturaleza de la relación existente entre la parte quejosa y a quienes señala como autoridades responsables, no proviene de una genuina relación de supra a subordinación, entre gobernante-gobernado cuando lo combatido por el servidor público constituye la orden de la dependencia pública en la que trabajaba, de rescisión laboral, que deriva precisamente de la relación laboral que tiene como empleado de tal dependencia. Así las cosas, que con motivo de esa relación laboral la dependencia patronal emita actos unilaterales -positivos, negativos u omisivos, verbales o por escrito- a través de los cuales pueda crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, no significa necesariamente un acto de autoridad si la relación que subyace es de coordinación y no de supra a subordinación, pues de lo contrario todo acto unilateral emitido por un patrón derivado de la relación laboral existente con sus trabajadores, sería acto de autoridad, cuando no es así. Tampoco se trata que todo conflicto obrero patronal sea dirimido vía juicio de amparo como medio ordinario de defensa, ya que éste es un mecanismo extraordinario de impugnación de índole constitucional, frente a actos de autoridad. Ello, derivado de que en tales conflictos patronales queda aún la decisión de los órganos jurisdiccionales ordinarios ante quien pueda controvertirse el proceder de la dependencia patronal. Ilustra lo anterior, en lo conducente y por identidad jurídica, la jurisprudencia P./J. 10/90 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 92, Tomo VI, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1990, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que precisa: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CESE NO ES ACTO DE AUTORIDAD, POR LO QUE EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. Entre la tesis jurisprudencial 315 de la Cuarta Sala (Compilación de 1985, Quinta Parte), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA RELACIÓN LABORAL DE LOS." y la tesis de la Segunda Sala (Compilación de 1985, Tercera Parte, página 739), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DE CONFIANZA, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE NO ES COMPETENTE PARA CONOCER DE CESES DICTADOS CONTRA LOS.", subyace una contradicción trascendente sobre la naturaleza jurídica del cese de un empleado de confianza al servicio del Estado, pues mientras la Segunda Sala sostiene que el cese constituye un acto de autoridad contra el cual procede el juicio de amparo, la Cuarta Sala niega que sea acto de autoridad y sostiene que es un acto que termina una relación equiparable a la laboral, lo que impide acudir al amparo en su contra. La contradicción debe resolverse en favor de este último criterio en virtud de que, en el apartado B, del artículo 123 constitucional, donde se sientan las bases que rigen las relaciones entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Distrito Federal, por una parte, y sus trabajadores, por la otra, se consigna un régimen protector de los empleados públicos en términos semejantes a los establecidos en el apartado A para los obreros en general. En particular destacan las disposiciones contenidas en las fracciones IX y XII de dicho apartado B, pormenorizadas por los artículos 46 y 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de las que se infiere que la relación entre el Estado y sus servidores se equipara a una relación laboral. Las disposiciones mencionadas colocan al Estado en una posición jurídica similar a la de un patrón, puesto que se instituye un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, instancia ante la cual, por determinadas causales de baja, tiene que acudir el titular de la dependencia de la administración a demandar el cese; resulta también significativo observar que los servidores cesados por otras causas tienen el derecho de reclamar ante el mencionado tribunal lo injustificado de la separación y optar por la acción de reinstalación o por la de indemnización, circunstancia que demuestra que en dicha relación el Estado no actúa con el imperio de su soberanía, característica distintiva de los actos de autoridad, sino como si fuera patrón. Cabe señalar que de esta equiparación se encuentran excluidos los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior que, de conformidad con la fracción XIII del aludido apartado, se rigen por sus propias leyes, sin que dicha exclusión alcance a los empleados de confianza, cuya relación, como la de la generalidad de los trabajadores al servicio del Estado, es análoga a la laboral, con independencia de los derechos que como servidores públicos les otorgue la Constitución." En este sentido, cabe aplicar, por similitud la tesis P. XXVIII/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 119, Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que refiere: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE UNA UNIVERSIDAD CUANDO EL ACTO QUE SE LES ATRIBUYE DERIVA DE UNA RELACIÓN LABORAL. Los funcionarios de los organismos públicos descentralizados, en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados; esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de garantías, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Así, las universidades, como organismos descentralizados, son entes públicos que forman parte de la administración pública y por ende del Estado, y si bien presentan una autonomía especial, que implica autonormación y autogobierno, tal circunstancia tiende a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se fundamenta en la libertad de enseñanza, pero no implica de manera alguna su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, y restringida a sus fines, por lo que no se constituye como un obstáculo que impida el ejercicio de las potestades constitucionales y legales de éste para asegurar el regular y eficaz funcionamiento del servicio de enseñanza. Por ello, para analizar si los funcionarios de dichos entes, con fundamento en una ley de origen público ejercen o no un poder jurídico que afecte por sí o ante sí y de manera unilateral la esfera jurídica de los particulares, con independencia de que puedan o no hacer uso de la fuerza pública, debe atenderse al caso concreto. En el que se examina, ha de considerarse que la universidad señalada por el quejoso como responsable, al negar el otorgamiento y disfrute del año sabático a uno de sus empleados académicos, actuó con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal académico, dentro del marco constitucional previsto en la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ello en este caso no resulta ser autoridad para efectos del juicio de amparo, lo que desde luego no implica que en otros supuestos, atendiendo a la naturaleza de los actos emitidos, sí pueda tener tal carácter." En ese tenor, es indudable que los actos reclamados, quedan comprendidos dentro de aquéllos que no pueden ser considerados como emitidos por una autoridad para los efectos del juicio de amparo, en virtud de que emanan de la relación laboral que unía al agraviado con el mencionado Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. En consecuencia, por los motivos expuestos, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1°, fracción I y 5º, fracción II, de la misma Ley, por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se DESECHA la demanda de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito de cuenta signado por María del Rosario Miguel Ordoñez, como representante común de la parte quejosa, mediante el cual desahoga el requerimiento que le fue formulado en auto de veintidós de septiembre actual, donde les fue requerido lo siguiente: Precise si Yadira Belem García Jiménez y María de Lourdes Medrano Vázquez son partes quejosas en este juicio de amparo. Bajo protesta de decir verdad como parte de los antecedentes, deberá indicar con qué carácter reclama el artículo 21, del Decreto de once de diciembre de dos mil cuatro, es decir como autoaplicativo o en su carácter de heteroaplicativo, debiendo especificar en el caso el acto concreto de aplicación para cada uno de los quejoso que promueven, la autoridad a que se lo atribuye y la fecha en que cada uno tuvo conocimiento del mismo. Exhiba una copia más de su escrito inicial de demanda para que sean distribuidos entre las partes de la siguiente forma: una para la autoridad responsable, una para la tercera interesada y una para el ministerio público; y una más por cada nueva autoridad que llegaré a señalar como responsable. Exhiba tres copias de su escrito aclaratorio, para ser distribuido entre las partes, y una más por cada nueva autoridad que llegaré a señalar como responsable. Al respecto, la representante común de la quejosa realiza las siguientes precisiones: Respecto de la precisión requerida en el inciso a) bajo protesta de decir verdad manifiesta que Yadira Belém García Jiménez y María de Lourdes Medrano Vázquez, son parte quejosa. En atención al inciso b), manifiesta bajo protesta de decir verdad manifiestan que el carácter con el que reclaman el artículo 21, del Decreto de once de diciembre de dos mil cuatro es de carácter autoaplicativo; En este punto es necesario subrayar que aunado a que manifiestan que reclaman el Decreto de once de diciembre de dos mil cuatro con el carácter de autoaplicativo además fueron omisos en referir algún acto de aplicación concreta del acto reclamado, por el cual se actualice el carácter heteroaplicativo del referido decreto. No obstante lo anterior, manifiestan que a las autoridades que les atribuyen el acto son: Director, 2) Subdirector de Planeación y Vinculación, 3) Subdirector de Servicios Administrativos, 4) Jefe de Carrera en Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones y 5) Jefe de la Ingeniería en Desarrollo Comunitario, todas las autoridades del Instituto Tecnológico Superior de San Miguel el Grande, Oaxaca. Sin embargo, no precisan o exhiben el acto concreto que les causa agravio directo. Bajo protesta de decir verdad, manifiestan que la fecha de los hechos que se mencionan fueron a partir del catorce de septiembre de dos mil veintitrés. En ese orden de ideas, se tiene a María del Rosario Miguel Ordoñez, como representante común de la parte quejosa, cumpliendo con la prevención formulada en auto de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, y al respecto se provee: La demanda debe desecharse de plano por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113, de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, se estima que en relación con los actos reclamados en esta instancia constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. "El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días. I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos mencionados se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva después del plazo de quince días contado a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución, oficio o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de éste, salvo en caso de que se reclame una norma general autoaplicativa, el plazo será de treinta días, computados a partir del día de su entrada en vigor. Así, la parte quejosa reclama: el artículo 21 del Decreto de once de diciembre de dos mil cuatro, publicado en el periódico oficial del gobierno del Estado de Oaxaca. En ese sentido, al haber presentado la demanda de garantías el veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, ante la Oficialía de Partes del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Oaxaca, es claro que fue presentada cuando ya había fenecido el término legal de treinta días con el que contaba para promover el juicio de amparo en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, contra el referido decreto, en su carácter de autoaplicativo. Y en tal virtud, la conducta jurídicamente revela conformidad con el acto reclamado, por así estar dispuesto en el artículo 61 fracción XIV, de la Ley de Amparo, lo que hace imposible encausar la inconformidad de la parte quejosa en este medio de control, si previamente lo consintió. Resulta aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." De ahí que, si ese decreto se publicó el día once de diciembre de dos mil cuatro, y en su artículo PRIMERO transitorio se estableció: "PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado" Por tanto, el término de treinta días, con que contaba la parte quejosa, para instar este juicio de amparo le inició a partir de las CERO HORAS del trece de diciembre de dos mil cuatro; feneciendo a los treinta días siguientes, de ahí que, si la demanda de amparo la presentó el veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés (ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec), es inconcuso que la formuló de manera extemporánea, pues dicho plazo le transcurrió del trece de diciembre de dos mil cuatro al veintiuno de enero de dos mil cinco. Cobra aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 26/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común Constitucional, de la Novena Época, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Mayo de 1998, página 461, registro digital 196391, que establece: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS PARA PROMOVER EL AMPARO INICIA DESDE LAS CERO HORAS DEL MISMO DÍA EN QUE ENTRAN EN VIGOR. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció jurisprudencia en el sentido de que el juicio de garantías contra una ley autoaplicativa puede interponerse en dos oportunidades: dentro de los treinta días hábiles contados desde que entra en vigor, y dentro de los quince días a partir del siguiente en que tiene lugar el primer acto de aplicación, según se advierte de la tesis de jurisprudencia 209, visible en la página 201, Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, con el rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE SI LA DEMANDA SE INTERPONE EXTEMPORÁNEAMENTE EN RELACIÓN CON EL TÉRMINO DE 30 DÍAS SIGUIENTES A SU VIGENCIA, Y NO SE DEMUESTRA LA EXISTENCIA DE ACTOS DE APLICACIÓN.". Ahora bien, tratándose de la primera hipótesis, el cómputo del plazo señalado inicia desde el día de su vigencia a las cero horas, porque resultaría incongruente que si la ley de esta naturaleza causa un perjuicio desde la misma fecha en que su observancia es obligatoria, el plazo para promover el juicio empezara a contar hasta el día siguiente, es decir, el segundo día; de ahí que el legislador estableciera en el artículo 22, fracción I, una regla diferente a la prevista por el artículo 21 de la ley de la materia para los casos en que sean reclamables las leyes autoaplicativas en la vía de amparo, pues debe promoverse en el plazo de treinta días a partir de que producen efectos jurídicos. La circunstancia de que en algunos de los textos de las tesis emitidas por el Pleno y Sala de este Alto Tribunal se precise que una "ley sólo puede ser impugnada de inconstitucional como tal, esto es, dentro del término de 30 días siguientes al de su entrada en vigor, a que se refiere el artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo", no significa que el cómputo se inicie al día siguiente de aquel en que comenzó su vigencia, sino a partir del día en que entró en vigor, pues el término "siguientes", que se refiere a los días posteriores a aquellos en que se inició la vigencia de la ley, debe entenderse que se utilizó considerando que normalmente se precisa en los ordenamientos normativos que entrará en vigor al día siguiente de su publicación." En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con el 113 de la invocada Ley, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS. No obstante lo anterior, cabe mencionar que respecto de lo referido por la quejosa en el punto 4. en donde bajo protesta de decir verdad, manifiesta que los hechos que se mencionan fueron a partir del día catorce de septiembre de esta anualidad, es preciso señalar que suponiendo, sin conceder, que el acto que pretendiera reclamar son los hechos consistentes en despidos injustificados, así como amedrentamiento verbales a la mayoría del personal, amenazas de despido; acosos y hostigamiento laboral, también se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1°, fracción I y 5º, fracción II, de la misma Ley, por tener el carácter de relaciones de coordinación, lo cual para ser combatido se debe acudir a los tribunales ordinarios para dirimir su controversia. Lo anterior con fundamento en los artículos referidos, los cuales rezan: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente:. . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 1°.- El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; ." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De los preceptos en cita se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de "autoridad" que violen los derechos fundamentales de los gobernados y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. Lo anterior, pone de manifiesto que el acto de autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, pues así lo dispone el artículo 1º, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio constitucional contra normas generales, actos u omisiones de autoridad. Bajo ese contexto, si a través del juicio de amparo se pueden reclamar actos de autoridad, esto es, provenientes del poder público, es preciso determinar si cualquier actuación del Estado puede ser susceptible de reclamarse a través del juicio constitucional o si por alguna razón pueden excluirse algunas decisiones que aquél adopte. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por autoridad responsable, debe considerarse a aquellos entes que con fundamento en una norma legal emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, por lo cual, debe analizarse en cada caso, si la autoridad señalada como responsable tiene la facultad para tomar decisiones o emitir resoluciones que afecten la esfera jurídica del quejoso. Asimismo, prevé la posibilidad de que los particulares tengan la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos precisados con anterioridad, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Es ilustrativa al caso la tesis P. XXVII/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 199459, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, Febrero de 1997, página 118, cuyo contenido es el que sigue: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir acto unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." En otras palabras, para atribuir el carácter de "autoridad" para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a las relaciones jurídicas entre el gobernado y la autoridad o particular, es decir, que exista una relación de supra a subordinación o de forma similar a ello, que tiene como presupuesto que el quejoso tenga el carácter de gobernado y a quien se le atribuye el acto de autoridad o ente público señalado como autoridad responsable actúe en un plano superior, para lo cual, debe reunir como notas distintivas las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; 3. Con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y; 4. Para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Al caso, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 161133, de epígrafe: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS". Cabe destacar que una de las notas distintivas para atribuir a un órgano u organismo del Estado el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, radica en que exista una relación de supra a subordinación entre éstos y un particular, y no de coordinación o igualdad. Al respecto, la teoría general del derecho establece que las relaciones de coordinación son aquellas entabladas entre particulares que actúan en un plano de igualdad y que, en su caso, deben acudir a los tribunales ordinarios para que de manera coactiva se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellos o contempladas por la ley, encontrándose dentro de este tipo de relaciones, las reguladas por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. Asimismo, se establece que las relaciones de supra a subordinación son aquellas que se dan entre gobernantes y gobernados, en las que los primeros actúan en un plano de superioridad frente a los segundos, estando facultado el órgano estatal para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a instancias jurisdiccionales. Para determinar sobre la procedencia del presente juicio es necesario examinar si la naturaleza del acto reclamado implica una relación de coordinación, o bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, lo que entraña la participación de un órgano del Estado; pues, sólo de dicha manera se podía establecer si a quien se señaló como autoridad responsable, realmente lo es o no, para efectos del juicio de amparo, ya que no basta que el quejoso la señale como tal, debido a que no puede dejarse a voluntad de las partes el decidir si un ente resulta o no autoridad en un caso concreto. Precisado lo anterior, debe decirse que los actos reclamados en el presenta caso, consistentes en: despidos injustificados, así como amedrentamiento verbales a la mayoría del personal, amenazas de despido; acosos y hostigamiento laboral. De lo anterior, se evidencia que las autoridades señaladas como responsables actuaron en su calidad de unidad del ente patronal frente a la relación obrero-burocrática, dando lugar a una controversia en la que no actúa provista de imperio. Lo que hace improcedente el amparo, en la medida que no actúa con potestad pública para efectos del juicio de amparo, sino como Estado-patrón. Es así, ya que la naturaleza de la relación existente entre la parte quejosa y a quienes señala como autoridades responsables, no proviene de una genuina relación de supra a subordinación, entre gobernante-gobernado cuando lo combatido por el servidor público constituye la orden de la dependencia pública en la que trabajaba, de rescisión laboral, que deriva precisamente de la relación laboral que tiene como empleado de tal dependencia. Así las cosas, que con motivo de esa relación laboral la dependencia patronal emita actos unilaterales -positivos, negativos u omisivos, verbales o por escrito- a través de los cuales pueda crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, no significa necesariamente un acto de autoridad si la relación que subyace es de coordinación y no de supra a subordinación, pues de lo contrario todo acto unilateral emitido por un patrón derivado de la relación laboral existente con sus trabajadores, sería acto de autoridad, cuando no es así. Tampoco se trata que todo conflicto obrero patronal sea dirimido vía juicio de amparo como medio ordinario de defensa, ya que éste es un mecanismo extraordinario de impugnación de índole constitucional, frente a actos de autoridad. Ello, derivado de que en tales conflictos patronales queda aún la decisión de los órganos jurisdiccionales ordinarios ante quien pueda controvertirse el proceder de la dependencia patronal. Ilustra lo anterior, en lo conducente y por identidad jurídica, la jurisprudencia P./J. 10/90 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 92, Tomo VI, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1990, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que precisa: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CESE NO ES ACTO DE AUTORIDAD, POR LO QUE EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. Entre la tesis jurisprudencial 315 de la Cuarta Sala (Compilación de 1985, Quinta Parte), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA RELACIÓN LABORAL DE LOS." y la tesis de la Segunda Sala (Compilación de 1985, Tercera Parte, página 739), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DE CONFIANZA, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE NO ES COMPETENTE PARA CONOCER DE CESES DICTADOS CONTRA LOS.", subyace una contradicción trascendente sobre la naturaleza jurídica del cese de un empleado de confianza al servicio del Estado, pues mientras la Segunda Sala sostiene que el cese constituye un acto de autoridad contra el cual procede el juicio de amparo, la Cuarta Sala niega que sea acto de autoridad y sostiene que es un acto que termina una relación equiparable a la laboral, lo que impide acudir al amparo en su contra. La contradicción debe resolverse en favor de este último criterio en virtud de que, en el apartado B, del artículo 123 constitucional, donde se sientan las bases que rigen las relaciones entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Distrito Federal, por una parte, y sus trabajadores, por la otra, se consigna un régimen protector de los empleados públicos en términos semejantes a los establecidos en el apartado A para los obreros en general. En particular destacan las disposiciones contenidas en las fracciones IX y XII de dicho apartado B, pormenorizadas por los artículos 46 y 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de las que se infiere que la relación entre el Estado y sus servidores se equipara a una relación laboral. Las disposiciones mencionadas colocan al Estado en una posición jurídica similar a la de un patrón, puesto que se instituye un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, instancia ante la cual, por determinadas causales de baja, tiene que acudir el titular de la dependencia de la administración a demandar el cese; resulta también significativo observar que los servidores cesados por otras causas tienen el derecho de reclamar ante el mencionado tribunal lo injustificado de la separación y optar por la acción de reinstalación o por la de indemnización, circunstancia que demuestra que en dicha relación el Estado no actúa con el imperio de su soberanía, característica distintiva de los actos de autoridad, sino como si fuera patrón. Cabe señalar que de esta equiparación se encuentran excluidos los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior que, de conformidad con la fracción XIII del aludido apartado, se rigen por sus propias leyes, sin que dicha exclusión alcance a los empleados de confianza, cuya relación, como la de la generalidad de los trabajadores al servicio del Estado, es análoga a la laboral, con independencia de los derechos que como servidores públicos les otorgue la Constitución." En este sentido, cabe aplicar, por similitud la tesis P. XXVIII/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 119, Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que refiere: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE UNA UNIVERSIDAD CUANDO EL ACTO QUE SE LES ATRIBUYE DERIVA DE UNA RELACIÓN LABORAL. Los funcionarios de los organismos públicos descentralizados, en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados; esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de garantías, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Así, las universidades, como organismos descentralizados, son entes públicos que forman parte de la administración pública y por ende del Estado, y si bien presentan una autonomía especial, que implica autonormación y autogobierno, tal circunstancia tiende a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se fundamenta en la libertad de enseñanza, pero no implica de manera alguna su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, y restringida a sus fines, por lo que no se constituye como un obstáculo que impida el ejercicio de las potestades constitucionales y legales de éste para asegurar el regular y eficaz funcionamiento del servicio de enseñanza. Por ello, para analizar si los funcionarios de dichos entes, con fundamento en una ley de origen público ejercen o no un poder jurídico que afecte por sí o ante sí y de manera unilateral la esfera jurídica de los particulares, con independencia de que puedan o no hacer uso de la fuerza pública, debe atenderse al caso concreto. En el que se examina, ha de considerarse que la universidad señalada por el quejoso como responsable, al negar el otorgamiento y disfrute del año sabático a uno de sus empleados académicos, actuó con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal académico, dentro del marco constitucional previsto en la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ello en este caso no resulta ser autoridad para efectos del juicio de amparo, lo que desde luego no implica que en otros supuestos, atendiendo a la naturaleza de los actos emitidos, sí pueda tener tal carácter." En ese tenor, es indudable que los actos reclamados, quedan comprendidos dentro de aquéllos que no pueden ser considerados como emitidos por una autoridad para los efectos del juicio de amparo, en virtud de que emanan de la relación laboral que unía al agraviado con el mencionado Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. En consecuencia, por los motivos expuestos, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1°, fracción I y 5º, fracción II, de la misma Ley, por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se DESECHA la demanda de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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