Irais Cruz Martínez

Expediente 86/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
86/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
18/02/2022

Partes del expediente

  • IRAIS CRUZ MARTÍNEZ y Otros.
  • Irais Cruz Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    "... Vistos los autos y la certificación de cuenta; se advierte que, en la especie, mediante proveído de ocho de febrero de dos mil veintidós, se desechó la demanda de garantías promovida por Irais Cruz Martínez y Pedro Hernández López, la cual fue notificada el nueve de febrero de esta anualidad; como esa determinación no fue recurrida a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío del numeral 2° de la Ley citada, se declara que dicho auto ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido..."

  2. Principal

    ...Visto el estado de autos, así como, la primera certificación de cuenta, se obtiene que el plazo de cinco días concedido en proveído de veintiséis de enero de dos mil veintidós, a la parte promovente para que cumpliera con la prevención formulada, transcurrió del treinta y uno de enero al cuatro de febrero de dos mil veintidós; tomando en consideración que fue notificada el veintisiete de enero del año en curso, sin que al momento hiciera manifestación al respecto. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en acuerdo de veintiséis de enero de dos mil veintidós, por tanto, este asunto se resolverá únicamente en los términos planteados en su escrito inicial, de conformidad con el artículo 114, párrafo penúltimo, de la ley de la materia. Por tanto, se provee: En acuerdo de veintiséis de enero de dos mil veintidós, se recibió la demanda de amparo promovida por Irais Cruz Martínez y Pedro Hernández López, quienes reclaman de las autoridades, la orden verbal o escrita para desposeerlos del bien inmueble ubicado al oriente del Municipio de Santa Catarina Minas, Ocotlán, Oaxaca. De esta forma, se les previno para que, bajo protesta de decir verdad, manifestaran si también señalaban como acto reclamado el acta de asamblea de dieciséis de enero de dos mil veintidós de la comunidad de Santa Catarina Minas, Oaxaca; y además, indicaran a qué autoridades se la reprochan. Sin embargo, como quedó asentado al inicio del presente auto, los impetrantes de amparo, fueron omisos en cumplir dentro del plazo legal de cinco días que les fue concedido, con dicha prevención. Es por ello, que este Juzgador, estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, cuyo estudio es de orden público; disposiciones que son del contenido siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5º.- Son partes en el juicio de amparo; II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas". Sobre esta causa de improcedencia existen los criterios siguientes, las cuales se aplican toda vez que su contenido no contraviene lo dispuesto por Ley de Amparo vigente: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Ahora bien, entre los requisitos que debe contener una demanda de amparo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 116 de la ley de la materia, se encuentra el relativo a la expresión de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), por lo cual, en los casos en que del análisis integral de la demanda, el Juez advierta con claridad la participación de una autoridad no señalada como responsable en el capítulo correspondiente, debe prevenir a la parte quejosa, con el apercibimiento relativo, en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 146 de la Ley de Amparo, para que aclare si la señala o no como responsable, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que trasciende al resultado de la sentencia, por lo que en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ordenarse su reposición. "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, noviembre, página 195, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento". (Tesis 2a. CLXIV/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 113, Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época) "AUTORIDAD RESPONSABLE NO LLAMADA A JUICIO. NO PROCEDE EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE SUS ACTOS. Los Jueces de Distrito no están obligados a examinar la constitucionalidad del acto de una autoridad que no fue llamada a juicio, máxime si la parte quejosa estuvo en posibilidad de ampliar su demanda de amparo al conocer por el informe justificado, rendido con anterioridad a la fecha de celebración de la audiencia constitucional, que el acto reclamado provenía de otra autoridad.(Tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17, Volumen CXXVII, Tercera Parte, Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación). El artículo 5 de la Ley de Amparo antes transcrito, en su parte relativa y de interés, establece que son partes en el juicio de amparo, la autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, los dos primeros criterios citados con antelación, revelan que, una vez analizada la demanda de amparo en su totalidad, y si de su análisis se obtiene con claridad la participación de una autoridad no señalada como responsable, el Juez de Distrito debe prevenir a la parte quejosa para que aclare si la señala o no; pues de darse tal omisión, se incurriría en una violación a las normas del procedimiento, trascendiendo con ello el resultado de la sentencia, que un momento se llegara a dictar. De igual forma, el tercer criterio dispone que los jueces de Distrito no están obligados a analizar la constitucionalidad del acto de una autoridad que no fue llamada a juicio, más aún, si el juzgador precisamente, previno a la parte quejosa para que subsanara esa omisión de no haberla señalado en el escrito inicial de demanda. Ahora bien, para demostrar que en el caso estamos ante el supuesto antes descrito, las constancias de autos, valoradas en su carácter de instrumental de actuaciones, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por reenvío de su artículo 2º, ponen de manifiesto que los quejosos, reclaman de las autoridades responsables, la orden verbal o escrita para desposeerlos del bien inmueble ubicado al oriente del Municipio de Santa Catarina Minas, Ocotlán, Oaxaca, con las siguientes medidas: "AL ORIENTE MIDE: 297 METROS CON 50 CENTÍMETROS Y COLINDA CON UN ARROLLO. AL PONIENTE MIDE: 242 METROS Y COLINDA CON LOS CC. APOLINAR VILLAVICENCIO CRUZ, MARGARITA ARELLANES CRUZ Y UN ARROLLO. AL NORTE MIDE: 281 METROS CON 60 CENTÍMETROS TENIENDO UNA INFLEXIÓN A LOS 121 METROS CON 10 CENTÍMETROS Y COLINDA CON LA C. CELESTE MARTÍNEZ. AL SUR MIDE: 286 METROS CON 90 CENTÍMETROS Y COLINDA CON UN TERRENO COMUNAL". Asimismo, en sus antecedentes narrados bajo protesta los quejosos manifestaron lo siguiente: "Tenemos conocimiento que el señor ALFREDO CRUZ quien es presidente de la Junta Vecinal, así como, el Presidente de Bienes Comunales el señor GUSTAVO MARTÍNEZ RÍOS ambos de Santa Catarina Minas tratan de desposesionarnos de nuestro terreno, coludidos con las autoridades que he señalado como responsables tanto ordenadora como ejecutora ya que tenemos conocimiento que en sesión de asamblea con la comunidad de Santa Catarina Minas, Ocotlán Oaxaca, llevada a cabo el domingo dieciséis de enero de dos mil veintidós, con la finalidad que en dicha reunión voten los ciudadanos para desposesionarnos de nuestra propiedad, lo cual, es totalmente violatorio de los derechos fundamentales". En razón de ello, este Juzgador, al advertir la intervención de autoridades ordenadoras y acto no señalados en el escrito inicial de demanda, previno a los quejosos para que, dentro del plazo legal de cinco días, subsanaran dichas omisiones, es decir, precisaran si en el caso, también señalaban como acto reclamado el acta de asamblea de dieciséis de enero de dos mil veintidós de la comunidad de Santa Catarina Minas, Oaxaca, y además, indicaran a qué autoridades se la reprochan. Sin embargo, dicha situación no aconteció, pues los impetrantes de amparo, no subsanaron esas irregularidades en el plazo que les fue concedido, esto es, del treinta y uno de enero al cuatro de febrero de dos mil veintidós. Por tanto, si a los quejosos se les dio la oportunidad de subsanar su demanda de amparo, y precisar si en el caso, también señalaban como acto reclamado la sesión de asamblea de dieciséis de enero de dos mil veintidós, llevada a cabo en la Comunidad de Santa Catarina Minas, Ocotlán, Oaxaca, en donde refieren se tomó la decisión de desposeerlos del bien inmueble que defienden, así como, a las autoridades que intervinieron, y no lo hicieron, este juzgador se encuentra imposibilitado para analizar la constitucionalidad del acto reclamado, al no haber señalado a las autoridades responsables que ordenaron la ejecución del acto que reclaman. Cabe precisar, que el señalamiento del acto relativo a la asamblea de dieciséis de enero de dos mil veintidós, llevada a cabo en por la Comunidad de Santa Catarina Minas, Ocotlán, Oaxaca, no es materia de requerimiento de ampliación de la demanda de amparo con motivo de la rendición de informes justificados, pues el conocimiento de esa autoridad y su intervención acontece desde la presentación de la demanda de garantías, por tanto, no es posible reactivar un plazo que ya feneció y el cual trascurrió del treinta y uno de enero al cuatro de febrero de dos mil veintidós. Se invocan los criterios P./J. 8/2018 (10a.) y 2a./J. 121/2016 (10a.), de rubros y textos: "DEMANDA DE AMPARO. MOMENTO EN EL QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR SU AMPLIACIÓN, CON MOTIVO DE LA RENDICIÓN DEL INFORME JUSTIFICADO. El artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo incorpora expresamente la figura de la ampliación de la demanda de amparo, para los casos en que no hayan transcurrido los plazos para su presentación, o bien, cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los reclamados en la demanda inicial, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional. Este segundo supuesto se actualiza cuando el quejoso tiene conocimiento de nuevos actos reclamados o autoridades responsables, o la necesidad de presentar conceptos de violación novedosos derivados de la fundamentación y motivación que no se conocía con anterioridad, siempre que exista una estrecha relación con los actos impugnados inicialmente. Ahora, si bien el supuesto es abierto, por lo regular el referido conocimiento deriva directamente de las constancias y del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. En este caso, el cómputo del plazo para presentar la ampliación de demanda inicia al día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que tiene por recibido el informe justificado y ordena dar vista al quejoso, excepto cuando se acredite plenamente, que antes de la mencionada notificación, éste se ubicó en alguno de los supuestos previstos en el artículo 18 de la Ley de Amparo, esto es, que conoció con anterioridad la materia novedosa, en cuyo caso el cómputo inicia a partir del día siguiente a ese conocimiento; sin que lo anterior esté vinculado con la vista que se otorga a las partes para imponerse del contenido del informe justificado, por ser actos procesales diferentes con finalidades también distintas, esto es, por un lado se encuentra la posibilidad de: (i) ampliar la demanda ante el conocimiento de actos, autoridades o aspectos novedosos relacionados -incorporando a la litis del amparo elementos que no habían sido integrados al juicio y, por ende, es necesario solicitar un nuevo informe justificado, ya sea a la propia autoridad o a una nueva-; y, por otro, (ii) imponerse del contenido del informe justificado respecto de argumentos y pruebas relacionados con el acto reclamado por el que originalmente se admitió la demanda. Una interpretación en la que se asumiera que el plazo para ampliar la demanda debe computarse a partir del día siguiente al del fenecimiento de la vista para imponerse del informe justificado, traería consigo, como consecuencia, alterar el contenido del artículo 18 invocado, ampliando sin fundamento legal los plazos establecidos por el legislador". "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU AMPLIACIÓN PARA COMBATIR, MEDIANTE NUEVOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, LOS VICIOS PROPIOS DE LOS ACTOS NOVEDOSOS VINCULADOS CON LOS RECLAMADOS INICIALMENTE. La ampliación de demanda de amparo indirecto constituye un medio para salvaguardar derechos fundamentales y resulta acorde con diversos principios. Aunado a ello, el artículo 111 de la Ley de Amparo condiciona su procedencia, por lo que hace a los actos novedosos vinculados con los reclamados inicialmente, a que se presente dentro de los plazos legales y a que no se haya celebrado la audiencia constitucional y, paralelamente, otorga al quejoso la prerrogativa de optar por promover una nueva demanda, en caso de no ampliarla. Por tanto, decretar la improcedencia de la ampliación de la demanda, con base en que esos nuevos actos se reclamen por vicios propios, a pesar de que no sea uno de los requisitos aludidos, equivale a imponer en su perjuicio una restricción y una obligación que ese ordenamiento jurídico no contempla. Además, el hecho de que dichos actos se combatan por vicios propios no justifica la inexistencia de la vinculación entre ellos, pues: a) ésta depende de los hechos del caso, y no de la manera en que se controviertan; b) una vez admitida la ampliación, nada impide que el análisis de constitucionalidad se realice respecto de cada uno de ellos de manera independiente; y, c) se trata de una cuestión que, en tanto influye en el estudio de fondo, no debe impactar en la fijación de la litis. Finalmente, como el artículo citado no establece restricción alguna para formular nuevos conceptos de violación en relación con los actos novedosos objeto de la ampliación, no existe impedimento legal alguno para hacerlo." (Registro: 2012990; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II; Materia(s): Común; Tesis: 2a./J. 121/2016 (10a.); Página: 1324). Además, de manera ilustrativa se cita, la tesis aislada 2a. XLI/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto. "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDENCIA DE SU AMPLIACIÓN. Aunque la Ley de Amparo no prevé expresamente, la figura de la ampliación de la demanda, la Suprema Corte, con fundamento en la relación armónica de las disposiciones relativas a la acción constitucional, ha establecido, en tesis aisladas que sí procede y ha dado algunas reglas en relación con el momento procesal en que puede ejercitarse, a saber: 1a. Antes de que se fije la litis constitucional, esto es, cuando aún no hayan sido rendidos los informes por las autoridades responsables. En esa etapa, la demanda puede ampliarse señalando nuevos actos reclamados, nuevas autoridades responsables y nuevos conceptos de violación, con la única condición de que la ampliación se presente dentro del mismo plazo que rige la presentación de la demanda; 2a. Después de que se hayan rendido los informes justificados. En este supuesto la demanda sólo puede ampliarse en aquellos casos en que de dichos informes se advierta la existencia de un nuevo acto, la intervención de una autoridad distinta a la que emitió o ejecutó el acto reclamado o bien, que hasta ese momento se conozcan los fundamentos y motivos que sustenten el acto que se reclama, lo que también haría posible la ampliación por lo que ve a los conceptos de violación. La ampliación de la demanda, en este caso, debe hacerse atendiendo al plazo que establece la Ley de Amparo para la demanda principal. 3a. Que en ninguno de los supuestos señalados haya sido celebrada la audiencia constitucional". Además de la diversa jurisprudencia: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional. (Publicada con el número 15/2003, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 2/99-PL, publicada en la página 12, Tomo XVIII de Julio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). En ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Irais Cruz Martínez y Pedro Hernández López. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.

  3. Principal

    "... Vista la demanda de amparo promovida por Irais Cruz Martínez y Pedro Hernández López, contra actos del Ayuntamiento Constitucional de Santa Catarina Minas, Oaxaca, y otras autoridades. Registro Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 86/2022. Prevención. A efecto de resolver la cuestión efectivamente planteada, con fundamento en el artículo 114, fracción I y II; en relación con el diverso 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se requiere a los peticionarios de amparo, para que dentro del plazo de cinco días, computado legalmente, la aclaren en los siguientes términos: Precisen si también señalan como acto reclamado el acta de asamblea de dieciséis de enero de dos mil veintidós de la comunidad de Santa Catarina Minas, Oaxaca; y además, indiquen a qué autoridades se la reprochan. Lo anterior, toda vez que en el capítulo relativo al acto reclamado, realizan las siguientes manifestaciones: "Tenemos conocimiento que el señor ALFREDO CRUZ quien es presidente de la Junta Vecinal, así como, el Presidente de Bienes Comunales el señor GUSTAVO MARTÍNEZ RÍOS ambos de Santa Catarina Minas tratan de desposesionarnos de nuestro terreno, coludidos con las autoridades que he señalado como responsables tanto ordenadora como ejecutora ya que tenemos conocimiento que en sesión de asamblea con la comunidad de Santa Catarina Minas, Ocotlán Oaxaca, llevada a cabo el domingo dieciséis de enero de dos mil veintidós, con la finalidad que en dicha reunión voten los ciudadanos para desposesionarnos de nuestra propiedad, lo cual, es totalmente violatorio de los derechos fundamentales. (.). V. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO, QUE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE ME CONSTAN Y QUE CONSTITUYEN LOS ANTECEDENTES DE LOS ACTOS RECLAMADOS, SON LOS SIGUIENTES: (.). Hasta el día de hoy por la mañana me volvieron a comentar unas amistades que realizaron una junta dichas autoridades con algunas personas del pueblo para desposesionarnos de todo nuestro terreno". Es decir, la parte quejosa hace alusión a la asamblea de dieciséis de enero de dos mil veintidós de la comunidad de Santa Catarina Minas, Oaxaca en la que sostienen se determinó la desposesión del inmueble ubicado al oriente del Municipio de Santa Catarina Minas, Ocotlán, Oaxaca; no obstante, no indica si también reprochan dicha acta ni a qué autoridades se la atribuyen. Se enfatiza a los peticionarios de amparo que la importancia de que precise con claridad la autoridad responsable y acto, radica en que dará pauta a fijar la litis constitucional y que la responsable cuente con los elementos necesarios para rendir su informe justificado. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido, la jurisprudencia siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda". (Tesis aislada XX.57 K de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Común, página 871, Tomo III, Marzo de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Apercibimiento. Apercibidos que de no cumplir con lo requerido en el plazo indicado, se proveerá su demanda únicamente en los términos planteados en su escrito inicial, de conformidad con el artículo 114, párrafo penúltimo, de la ley de la materia. Domicilio y autorizados. La parte quejosa señala los estrados de este juzgado, para oír y recibir notificaciones, no obstante, el mismo no es propiamente un domicilio procesal; en consecuencia, con fundamento en los artículos 27 fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, las notificaciones personales se le practicarán por lista de acuerdos. Enseguida, se tiene por autorizadas para el mismo efecto, a las personas que mencionan. Ahora, tomando en consideración que el espíritu del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, es privilegiar el uso de medios electrónicos dada la contingencia sanitaria que atraviesa el país; se tiene a la parte promovente señalando el correo electrónico dsj989@hotmail.com, señalándolo de manera especial y expedita de contacto no procesal. Habilitan días inhábiles De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la ley de la materia, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. En el entendido que las actuaciones señaladas en el párrafo precedente, dado que implica contacto personal, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes las practiquen. Trámite de juicio en línea Toda vez que la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"). Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Transparencia Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición; y en los diversos 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y cuyo primer artículo transitorio indica que entrara en vigor al día siguiente de sus publicación, hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella..."

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