Ipolito Uc Simá

Expediente 538/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
538/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
24/03/2021

Partes del expediente

  • Ipolito Uc Simá

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo legal de diez días, dentro del que las partes pudieron recurrir en revisión el auto de nueve de diciembre de dos mil veinte, que sobreseyó fuera de audiencia este juicio de amparo, sin haberlo hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Se comunica lo anterior a las responsables; háganse las anotaciones en el libro respectivo, y como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, se declara como concluido y se ordena su archivo, en los términos siguientes: 1. De conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es DESTRUÍBLE en un plazo de tres años, pues se trata de un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. 2. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del Acuerdo General invocado, y una vez que transcurran tres años a esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese..

  2. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, nueve de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que la autoridad responsable Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado agregado en auto de nueve de noviembre del año en curso, negó la existencia del acto reclamado consistente en: la omisión de dictar cierre de instrucción dentro del juicio laboral xxx/2012, agregando que el uno de octubre de este año, declaró cerrada la instrucción en dicho juicio y ordenó turnar los autos al proyectista para que en el término legal formulara el proyecto de resolución en forma de laudo; para lo cual remitió copia certificadas que acreditan su dicho. Ahora, como se dijo de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se obtiene que el uno de octubre de dos mil veinte, la responsable declaró cerrada la instrucción dentro del juicio laboral xxx/2012, ordenando la notificación de las partes mediante estrados; por tanto, tomando en consideración que tales documentales tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129 y 202 del. Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su ordinal 2, resulta indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que obliga a sobreseer en el presente juicio, dado que el acto reclamado en este asunto, fue la omisión de dictar el cierre de instrucción dentro del juicio laboral xxx/2012 y la notificación del mismo a las partes. Para ilustrar este aserto, primeramente es menester transcribir el contenido del citado precepto, cuya literalidad es la siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" En el caso particular, xxxx, quien se ostenta apoderado legal del quejoso xxxxx, reclama la omisión de dictar el cierre de instrucción dentro del juicio laboral xxxx/2012 y la notificación del mismo a las partes; por tanto, si la autoridad laboral responsable, en proveído de uno de octubre de dos mil veinte, declaró cerrada la instrucción y ordenó turnar los autos al proyectista para que en el término legal formulara el proyecto de resolución en forma de laudo, notificación de dicho auto que se hizo a través de estrados, por tanto, resulta inconcuso que han cesado los efectos de los actos reclamados en esta vía constitucional, ya que cualquier violación que pudo haberse ocasionado a los derechos públicos subjetivos del impetrante con motivo del acto aquí reclamado, han quedado destruidos de manera total e incondicional; de manera que las cosas han vuelto al estado que guardaban antes del acto reclamado, sin que haya dejado huella alguna en la esfera amparo 538/2020-V-A jurídica del promovente que amerite ser compensada con la concesión de la protección constitucional. Apoya este razonamiento, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 59/99, publicada en la página 38, del Tomo XIV, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Por lo tanto, ante la notoria, manifiesta e indudable actualización de la causa de improcedencia antes invocada, con apoyo en la fracción V del numeral 63 de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo sin necesidad de la celebración de la audiencia constitucional, ya que hacer lo contrario, contravendría el espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Apoya este razonamiento, el criterio sustentado por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en la Jurisprudencia 10/2003, publicada en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, intitulado: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En virtud de lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la audiencia constitucional programada para las diez horas con treinta y cinco minutos del diecisiete de diciembre de dos mil veinte. 5 Supresión de datos sensibles. Las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del precepto 113, fracción I, de la de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida mediante el DECRETO por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, según los dispone su artículo primero transitorio. Sin embargo, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la nombrada ley Federal, aplicable hasta en tanto se emita la nueva norma reglamentaria, conforme lo dispone el artículo tercero transitorio del mencionado decreto, se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública, previsto en el TÍTULO QUINTO, DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, Capítulo I, de la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis (vigente a partir del diez de mayo siguiente en términos del artículo primero transitorio del decreto). Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Se tiene debidamente notificada a la parte quejosa el acuerdo de nueve de diciembre del año en curso cuya síntesis dice: San Francisco de Campeche, Campeche, nueve de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que la autoridad responsable Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado agregado en auto de nueve de noviembre del año en curso, negó la existencia del acto reclamado consistente en: la omisión de dictar cierre de instrucción dentro del juicio laboral xxx/2012, agregando que el uno de octubre de este año, declaró cerrada la instrucción en dicho juicio y ordenó turnar los autos al proyectista para que en el término legal formulara el proyecto de resolución en forma de laudo; para lo cual remitió copia certificadas que acreditan su dicho. Ahora, como se dijo de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se obtiene que el uno de octubre de dos mil veinte, la responsable declaró cerrada la instrucción dentro del juicio laboral xxx/2012, ordenando la notificación de las partes mediante estrados; por tanto, tomando en consideración que tales documentales tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129 y 202 del. Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su ordinal 2, resulta indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que obliga a sobreseer en el presente juicio, dado que el acto reclamado en este asunto, fue la omisión de dictar el cierre de instrucción dentro del juicio laboral xxx/2012 y la notificación del mismo a las partes. Para ilustrar este aserto, primeramente es menester transcribir el contenido del citado precepto, cuya literalidad es la siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" En el caso particular, xxxx, quien se ostenta apoderado legal del quejoso xxxxx, reclama la omisión de dictar el cierre de instrucción dentro del juicio laboral xxxx/2012 y la notificación del mismo a las partes; por tanto, si la autoridad laboral responsable, en proveído de uno de octubre de dos mil veinte, declaró cerrada la instrucción y ordenó turnar los autos al proyectista para que en el término legal formulara el proyecto de resolución en forma de laudo, notificación de dicho auto que se hizo a través de estrados, por tanto, resulta inconcuso que han cesado los efectos de los actos reclamados en esta vía constitucional, ya que cualquier violación que pudo haberse ocasionado a los derechos públicos subjetivos del impetrante con motivo del acto aquí reclamado, han quedado destruidos de manera total e incondicional; de manera que las cosas han vuelto al estado que guardaban antes del acto reclamado, sin que haya dejado huella alguna en la esfera amparo 538/2020-V-A jurídica del promovente que amerite ser compensada con la concesión de la protección constitucional. Apoya este razonamiento, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 59/99, publicada en la página 38, del Tomo XIV, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Por lo tanto, ante la notoria, manifiesta e indudable actualización de la causa de improcedencia antes invocada, con apoyo en la fracción V del numeral 63 de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo sin necesidad de la celebración de la audiencia constitucional, ya que hacer lo contrario, contravendría el espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Apoya este razonamiento, el criterio sustentado por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en la Jurisprudencia 10/2003, publicada en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, intitulado: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En virtud de lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la audiencia constitucional programada para las diez horas con treinta y cinco minutos del diecisiete de diciembre de dos mil veinte. 5 Supresión de datos sensibles. Las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del precepto 113, fracción I, de la de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida mediante el DECRETO por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, según los dispone su artículo primero transitorio. Sin embargo, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la nombrada ley Federal, aplicable hasta en tanto se emita la nueva norma reglamentaria, conforme lo dispone el artículo tercero transitorio del mencionado decreto, se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública, previsto en el TÍTULO QUINTO, DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, Capítulo I, de la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis (vigente a partir del diez de mayo siguiente en términos del artículo primero transitorio del decreto). Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, nueve de noviembre de dos mil veinte. Agréguense a los autos los informes justificados que rinden la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche y Actuario de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad, con apoyo en el diverso 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con sus contenido, para que manifiesten lo que a sus intereses convengan. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de la Materia, ténganse como pruebas de la autoridad, las documentales que adjunta a su informe con justificación, las cuales se tomarán en consideración al momento de resolver el presente asunto. En mérito de lo anterior, se difiere la audiencia señalada para el día de hoy, y se fija como nueva fecha para su celebración, las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Sirve de sustento esta determinación, la jurisprudencia 54/2000 emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Sin que haya lugar a notificar a través de oficio el presente acuerdo a las autoridades responsables, toda vez que ya existe constancia de su notificación en el presente juicio de amparo y, por ende, este Órgano Jurisdiccional, está en aptitud de notificarlas por medio de lista. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifíquese.

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