Iovany Hernández Feria
Expediente 235/2020 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 16 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 235/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 09/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Iovany Hernández Feria
- Sala Regional de Tlaxcala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previsto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso a) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías, la sentencia y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de este numeral. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a veintitrés de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que obra a foja 168 de autos, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el término de diez días concedido al quejoso y, al tercero interesado mediante proveído de veinte de abril de dos mil veintiuno, a fin de que expresaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento que dio la autoridad responsable a la ejecutoria que concedió la protección constitucional; sin que ninguna de las partes realizara manifestación alguna. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, y con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En el caso, Iovany Hernández Feria por propio derecho, solicitó la protección constitucional contra la sentencia dictada el veinticuatro de enero de dos mil veinte, por la Magistrada Instructora Comisionada a la Primera Ponencia de la Sala Regional de Tlaxcala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el expediente administrativo 122/19-28-01-1 de su índice. Seguida la secuela procesal, mediante sesión ordinaria celebrada a través del sistema de videoconferencia en tiempo real el doce de noviembre de dos mil veinte este Tribunal Colegiado dictó el fallo correspondiente, en el cual concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: "( Análisis de la violación procesal. Bajo ese contexto, si en el escrito inicial de demanda el actor hoy quejoso ofreció como pruebas las resoluciones determinantes impugnadas, entre ellas, la identificada con número de folio 301125F7938635107, y si en el acuerdo de dieciséis de abril de dos mil diecinueve se tuvieron por admitidas dichas probanzas y la Magistrada Instructora responsable soslayó tener en cuenta que si el actor no adjuntó a la demanda de nulidad el documento que contiene la resolución con número de folio 301125F7938635107. Luego, la responsable estaba obligada a actuar de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, esto es, requerir al promovente a efecto de que presentara el documento respectivo dentro del plazo de cinco días; de ahí que al no haberlo hecho así, es evidente que transgredió las reglas del procedimiento; lo que además afectó las defensas del quejoso y trascendió al resultado del fallo, pues la Magistrada Instructora responsable al respecto resolvió que estaba impedida para examinar los argumentos propuestos por la demandante ante la omisión del actor de ofrecer como prueba la resolución con número de folio 301125F7938635107. ( Conclusión y efectos. Ante lo fundado de la violación procesal en comento, procede conceder la protección constitucional solicitada para el efecto de que la autoridad responsable: 1. Deje insubsistente la sentencia reclamada. 2. Reponga el procedimiento a partir de la violación advertida, a fin de que actúe de conformidad con lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 3. Hecho lo anterior, emita otra en la que reitere lo que no fue materia de pronunciamiento en esta ejecutoria. 4. Con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda respecto de la resolución con número de folio 301125F7938635107." Mediante oficio 7124/2020, este Órgano jurisdiccional remitió el testimonio de dicha ejecutoria, así como los autos que sirvieron para el conocimiento del asunto a la autoridad administrativa responsable, para que informara sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se procedería en términos del precepto citado en último término. El veinte de abril de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio 28-1-1-4620/21, por medio del cual la Sala responsable remitió copia certificada de la sentencia dictada el catorce de abril de dos mil veintiuno, la que es materia de análisis en la presente resolución de cumplimiento. Ahora, de las constancias que obra en autos y de la sentencia que emitió la responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se advierte que dicha autoridad: I. Mediante acuerdo dictado el uno de diciembre de dos mil veinte, dejó insubsistente la sentencia reclamada, esto es, la dictada el veinticuatro de enero de dos mil veinte (foja 102 de autos, cumplimiento del lineamiento "1."). II. Por auto dictado el uno de diciembre de dos mil veinte, ordenó reponer el procedimiento a partir de la violación procesal advertida por este Tribunal Colegiado, esto es, conforme a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, requirió al promovente a efecto de que el plazo de cinco días exhibiera la resolución 301125F7938635107, así como sus actas circunstanciadas de hechos, de transcurso de tiempo y de notificación por estrados, así como una copia de las citadas documentales requeridas y del escrito por el que desahogara la prevención a fin de correr traslado a la autoridad demandada, lo anterior, bajo el apercibimiento correspondiente. II.I. Cabe precisar que consta en autos, que mediante acuerdo de cuatro de enero de dos mil veinte (foja 112 de autos), la responsable: < Tuvo al accionante por exhibiendo copia certificada de la resolución 301125F7938635107, de tres de diciembre de dos mil doce, así como las actas circunstanciadas de hechos, de transcurso de tiempo y de notificación por estrados; < Admitió a trámite la demanda en vía sumaria respecto de la citada resolución; < Ordenó emplazar a la parte demanda para los efectos legales conducentes; y, < Señaló fecha para el cierre de instrucción. II.II. Luego, en proveído de tres de febrero de dos mil veintiuno (foja 119 de autos): < Tuvo a la enjuiciada por contestando la demanda únicamente respecto de la resolución 301125F7938635107 y por hechas las manifestaciones relativas. < Por lo anterior, ordenó dar vista al accionante, para que en el plazo de ley ampliara la demanda respecto de la citada resolución. II.III. El dos de marzo de dos mil veintiuno (foja 128 de autos): < Tuvo al actor por formulando ampliación de demanda. < Otorgó a la demandada el término de ley para que formulara la contestación a dicha ampliación. II.IV. Mediante proveído de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno (foja 137 de autos): < Tuvo a la enjuiciada por contestando la ampliación de demanda. < Hizo saber al actor que el oficio de contestación se encontraba disponible en las instalaciones de la Sala responsable. < Otorgó a las partes el término de ley para formular alegatos y que una vez fenecido dicho plazo declararía cerrada la instrucción. Con todo lo anterior, la responsable dio cumplimiento al lineamiento "2.". III. El catorce de abril de dos mil veintiuno [páginas 9-15 del fallo dictado en cumplimiento], dictó otra sentencia en la que reiteró lo que no fue materia de pronunciamiento en la ejecutoria de amparo, es decir, la responsable estableció (cumplimiento del lineamiento "3."): < Es infundada la causal de improcedencia invocada por la autoridad demandada. < La enjuiciada no fundó y motivó la orden de notificación por estrados al no precisar exactamente en qué supuesto de la fracción III del artículo 134 del Código Fiscal de la Federación, se ubicó el actor para la procedencia de la notificación vía estrados. < Los acuerdos de notificación por estrados por los que ordenó la notificación de las resoluciones impugnadas (excepto la resolución 301125F7938635107), carecen de la motivación exigida por el artículo 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación. < Al resultar ilegales las notificaciones por estrados de las resoluciones con diversos números de folios, se tiene al accionante como sabedor de las mismas el día que así lo manifestó en el escrito de demanda, es decir, el veinte de marzo de dos mil diecinueve. IV. Hecho lo anterior con libertad de jurisdicción, resolvió lo que en derecho consideró respecto de la resolución con número de folio 301125F7938635107, esto es, declaró la nulidad lisa y llana de dicha resolución al actualizarse la causal de anulación prevista por el artículo 51, fracción IV de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, (páginas 24-34 de la sentencia en examen cumplimiento del lineamiento "4."). A fin de hacer patente lo anterior, se transcribe la parte conducente: "QUINTO.- En el QUINTO concepto de impugnación aduce el demandante que respecto de las resoluciones con números de folios 301125F7938635107, 301131F79386355107, 302132F7938635107, 302133F7938635107, 302134F7938635107, 302135F7938635107 y 302136F7938635107, emitidas por el Gerente de Recaudación Fiscal en la Delegación Regional Veracruz, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se configura la caducidad de facultades en términos de los artículos 30 fracción I de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores. La autoridad demandada en su contestación sostiene que no se ha configurado la caducidad alegada por la actora, toda vez que no han transcurrido los 5 años a partir de que el Instituto tuvo conocimiento del hecho generador, plazo que se computa a partir de que fueron emitidas las resoluciones impugnadas. Resulta FUNDADO el concepto de impugnación. En efecto, el artículo 30, fracción I, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, dispone: (Transcribe artículo). El artículo 29, fracciones II y II (sic) de la misma ley citada, señala: (Transcribe artículo). El diverso 35 de la misma ley, señala: (Transcribe artículo, explica lo que se deprede de los citados preceptos y luego cita tesis). Ahora bien, en el presente caso, teniéndose a la vista las resoluciones con números de folios 301131F7938635107, 302132F7938635107, 302133F7938635107, 302134F7938635107, 302135F7938635107, 302136F7938635107 y 301125F7938635107, que obran a folios 212 al 215; 149 al 152, 205 al 209, 170 al 174, 158 al 164, 180 al 185, y 544 a 546, se desprende que la autoridad está determinando créditos fiscales por los siguientes períodos: Resolución Periodo 301131F7938635107 2013-01 302132F7938635107 2013-02 302133F7938635107 2013-03 302134F7938635107 2013-04 302135F7938635107 2013-05 302136F7938635107 2013-06 301125F7938635107 2012-05 Así, se tiene que si se hace el cómputo de los 5 años con que contaba la autoridad fiscal para determinar créditos fiscales, se tiene que partiendo de que el hoy actor contaba hasta el día 17 del mes siguiente a los bimestres 2013-01, 2013-02, 2013-03, 2013-04, 2013-05, 2013-06 y 2012-05, para efectuar el pago, y tuvo conocimiento de las resoluciones relacionadas en el recuadro anterior, hasta el día 20 de marzo de 2019, resulta claro que para esta última fecha ya habían transcurrido los 5 años que establece el artículo 30, fracción I de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, por lo que caducaron sus facultades para liquidar tales bimestres, de ahí que resulta fundado lo argüido por la demandante, siendo suficiente para declarar la nulidad lisa y llana de las resoluciones con números de folio 301131F7938635107, 302132F7938635107, 302133F7938635107, 302134F7938635107, 302135F7938635107, 302136F7938635107 y 301125F7938635107, al actualizarse la causal de anulación prevista por el artículo 51, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. SEXTO.- En el SÉPTIMO concepto de impugnación, la parte actora manifiesta que las resoluciones impugnadas carecen de la debida fundamentación y motivación en términos del artículo 38, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, toda vez que la autoridad demandada únicamente menciona que cuenta con los datos referentes a los trabajadores para la determinación de los pagos omitidos, pero no precisa a que trabajadores corresponden supuestamente los adeudos, lo que resulta ilegal, ya que el cálculo de las aportaciones y amortizaciones correspondientes no se realiza de forma global, sino partiendo de elementos específicos que atienden a las condiciones de cada trabajador. La autoridad demandada al producir su contestación, sostiene que las resoluciones impugnadas se encuentran debidamente fundadas y motivadas. Resulta FUNDADO el concepto de impugnación. El artículo 38 fracción IV del Código Fiscal de la Federación, dispone: (Transcribe artículo). De lo anterior, se desprende que todo acto de autoridad debe encontrarse fundado y motivado, por lo que tienen que cumplir con el requisito de señalar las razones particulares y causas inmediatos que se hayan tenido en consideración para emitir el acto de molestia, así como citar las disposiciones legales aplicables. (Cita tesis). Ahora, la autoridad demandada en las resoluciones impugnadas, señala: (Transcribe). De lo anteriormente transcrito, se desprende que el instituto demandado asentó que los datos de identificación de los trabajadores de la actora por los cuales se emitieron las resoluciones impugnadas, se consignaron en las mismas, sin embargo, de la lectura practicada a éstas, no se desprende los nombres de los trabajadores al servicio de la actora, siendo que la demandada debe precisar el nombre de cada trabajador y en virtud de que no se cumplió con ese requisito, le asiste la razón a la demandante. (Cita tesis). Así las cosas, toda vez que ha quedado acreditado que las resoluciones combatidas no cumplen con el requisito de la debida fundamentación y motivación, resulta claro que se actualiza la causal de anulación prevista por el artículo 51 fracción IV de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo." Consecuentemente, debe concluirse que la autoridad responsable dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el fallo protector, sin que haya incurrido en exceso o defecto en la ejecución del mismo, pues circunscribió su actuación a los efectos ahí precisados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo. Por tanto, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 196 de la ley invocada. Notifíquese como legalmente corresponda a las partes. Así lo acordó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigesimoctavo Circuito, quien actúa con la licenciada Miriam Ramírez Alanís, secretaria de acuerdos que da fe.- Doy fe. NCM/MRA/javi
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que transcurrió el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de veinte de abril del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, sin que lo hayan hecho; con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, procédase a dictar la resolución correspondiente. En conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, veinte de abril de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio de cuenta mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se remite copia certificada de la sentencia de catorce del mes y año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada, así como con los diversos oficios enviados por la responsable en cumplimiento a la ejecutoria emitida en el expediente en que se actúa, entregando copia autorizada de la sentencia correspondiente para que dentro del término de diez días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, expresen lo que a su interés corresponda. En conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese, por lista a la parte quejosa y por oficio a los terceros interesados. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
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