Inversiones RAF, S.A.
Expediente 91/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero. 11 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 91/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 09/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Inversiones RAF, S.A.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Agréguese el oficio firmado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, comunica que por acuerdo de siete de agosto del año en curso, se admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa
- Principal
Acapulco, Guerrero, veintiuno de junio de dos mil diecinueve. Visto el escrito firmado por Arturo Córdova Mendoza, quien se ostenta como Presidente del Consejo de Administración de la quejosa Inversiones Raf, Sociedad Anónima, mediante el cual interpone recurso de revisión y expresa agravios en contra de la sentencia definitiva dictada por este Juzgado Federal, en el juicio de amparo en que se actúa; en ese contexto, con apoyo en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 82, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo; distribúyanse las copias exhibidas y previa constancia de esto último, remítanse los autos al Tribunal Colegiado en Turno en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, para la substanciación del recurso, acompañándole el escrito original de revisión y expresión de agravios y una copia del mismo; en su oportunidad, fórmese el expediente provisional; lo anterior, sin prejuzgar sobre la autenticidad de la firma que calza el escrito de cuenta. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia número 116/2004, sustentada por la Segunda Sala, publicada en la página trescientos seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XX, septiembre de 2004, Novena Época, que dice: "REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO". El artículo 89 de la Ley de Amparo prevé que interpuesta la revisión y recibidas en tiempo las copias del escrito de expresión de agravios conforme al artículo 88, el Juez de Distrito o el superior del tribunal que haya cometido la violación reclamada en los casos a que se refiere el artículo 37, remitirán el expediente original a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o al Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, dentro del plazo de veinticuatro horas, así como el original del propio escrito de agravios y la copia que corresponda al Ministerio Público Federal. De la interpretación del indicado artículo 89, en relación con las reglas de interposición y tramitación del recurso de revisión previstas en los artículos 83 a 86 y 88 a 90 de la Ley de Amparo, así como con la intención que tuvo el legislador al realizar las reformas a esa Ley, que quedaron plasmadas en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 16 de enero de 1984, y que están orientadas al cumplimiento de la garantía de justicia eficaz, pronta y expedita, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que el plazo de veinticuatro horas a que se refiere el citado artículo 89 debe correr a partir de que el expediente se encuentre debidamente integrado, esto es, en cuanto obren en él las constancias de notificación a las partes de la resolución o sentencia recurrida y del auto por el que el Juez de Distrito tiene por interpuesta la revisión y ordena correr traslado de la misma, con copia del escrito de agravios." Notifíquese; personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y tercera interesada, y a las autoridades responsables mediante oficio que se libre, con copia del escrito de agravios.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 91/2019-I, promovido por Arturo Córdova Mendoza, que es la misma persona identificada como Arturo Córdova Mendoza y/o Arturo Córdoba Mendoza, quien se ostenta como Presidente del Consejo de Administración de la quejosa Inversiones Raf, Sociedad Anónima, contra actos del Presidente Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, y otra autoridad; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el seis de febrero de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y remitido por razón de turno, al día siguiente a la Oficialía de Partes de este Juzgado, Arturo Córdova Mendoza, que es la misma persona identificada como Arturo Córdova Mendoza y/o Arturo Córdoba Mendoza, quien se ostenta como Presidente del Consejo de Administración de la quejosa Inversiones Raf, Sociedad Anónima, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades responsables y actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: 1.- Presidente Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, de esta ciudad. 2.- Director de Catastro e Impuesto Predial, de esta ciudad. "IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: 1.- El ilegal cambio de propietario que se hace a la cuenta de catastral número 001-009-029-0000, inmueble propiedad de mi representada, sin conocer las razones y causas que motivaron a realizar las modificaciones al padrón de catastro e impuesto predial. 2.- Como consecuencia de lo anterior, se reclama la violación al artículo 1, 14 y 16 constitucional, por la violación a los derechos humanos de mi representada, propiedades y posesión del inmueble ubicado en el Lote de Terreno número 106, Carretera Escénica del Fraccionamiento Las Brisas, de esta ciudad." La parte quejosa narró los antecedentes del caso y, señaló como derechos fundamentales violados los reconocidos en los artículos 1º, 14 y 16, de la Constitución General de la República. SEGUNDO. Previa prevención de ocho de febrero de dos mil diecinueve (fojas 27 a 29), el diecinueve de febrero siguiente, se admitió la demanda de amparo, se solicitaron informes justificados a las autoridades responsables; se dio intervención legal a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; en proveído de uno de abril del año en curso, se reconoció el carácter de tercero interesada CREDIX GS, Sociedad Anónima de Capital Variable SOFOM (Sociedad Financiera de Objeto Múltiple) ENR (Entidades no reguladas); se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos de uno y veintinueve de abril del año que transcurre (fojas 76 a 78 y 155 a 157), se llevó a cabo al tenor del acta que antecede, de veintidós de mayo de los corrientes; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en la ciudad de Acapulco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, constitucional, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2015 que adicionó al similar 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil quince, así como el diverso acuerdo del veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, que reforma el último mencionado, para homologar la jurisdicción territorial de los centro de justicia penal federal, con los circuitos judiciales del Poder Judicial de la Federación, publicado el dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Previamente a la determinación de la certeza de los actos reclamados, conviene dejar precisado cuáles son los que reclama la parte quejosa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, sobre este punto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que el juzgador de amparo debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar, con exactitud, la intención de la parte promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. En ese sentido, el Juez de Distrito debe: a) analizar en su integridad el escrito de demanda (y de existir también el de ampliación de demanda) y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en la demanda. Sin embargo, en algunas ocasiones el ejercicio antes descrito no es suficiente para lograr tal fijación, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda (y de existir también el de ampliación de demanda), en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, al fijar los actos reclamados, el juzgador de amparo deberá atender a lo que quiso decir la parte inconforme y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Apoya a la anterior consideración, la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, correspondiente a abril de dos mil cuatro, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 181810, que dispone: "ACTO RECLAMADO. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.- Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la Jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, del mes de Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, aplicable al caso por similitud de razón, con número de registro 192097, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese orden de ideas, del contenido de la demanda, la cual es un todo, se advierte que la parte quejosa reclama: El ilegal cambio de propietario que se hace a la cuenta de catastral número 001-009-029-0000, inmueble propiedad de mi representada, sin conocer las razones y causas que motivaron a realizar las modificaciones al padrón de catastro e impuesto predial, relativo al inmueble ubicado en el Lote de Terreno número 106, Carretera Escénica del Fraccionamiento Las Brisas, de esta ciudad." TERCERO. Resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo, sea en la vía directa o indirecta, dicha situación debe ocurrir previamente y, sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se deben estudiar las causas de improcedencia señaladas o que a criterio de este juzgado se actualicen para que, finalmente, de ser procedente el juicio, se entre al análisis del fondo de la cuestión debatida. Lo anterior es así, pues de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de amparo sea procedente. Corrobora lo anterior, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia número XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 68, del Tomo 76, del mes de Abril de 1994, correspondiente a la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 212775, que dispone: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." La Presidenta Municipal de Acapulco de Juárez, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto que le fue reclamado (fojas 71 a 73). En congruencia con lo anterior, ante la negativa expresa de la citada autoridad señalada como responsable resulta innecesario para ellas razonar y acreditar su dicho, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo. Aplica a lo anterior, lo dispuesto en la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en Tomo III, Junio de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 763, con registro 201964, que señala: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa." Así, tomando en consideración la negativa asentada en el informe rendido por la Presidenta Municipal de Acapulco de Juárez, con residencia en esta ciudad, el acto que le fue reclamado, es inexistente. Ello resulta así, pues del informe justificado, al que se le concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no se advierte la existencia del acto reclamado, y tomando en consideración que la aquí quejosa omitió exhibir medios probatorios tendentes a desvirtuar la negativa propuesta de la mencionada autoridad responsable, procede en la especie decretar el sobreseimiento del presente juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;." Así como por identidad jurídica substancial, la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice 1917- Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Común, Primera Parte, Segunda Sección, Materia Común, Sexta Época, página 305, con registro 1002350, cuyo rubro y texto señalan: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Aunado a que la parte quejosa, no hizo manifestación alguna en relación a la vista que se le dio con el informe rendido por la citada responsable, en el que negó el acto reclamado, ni ofreció prueba alguna que desvirtuara tal negativa; siendo que es a dicha parte, a quien corresponde la carga de la prueba; por tanto, como ya se indicó en párrafos que anteceden, procede sobreseer en el juicio de amparo en que se actúa, respecto a la Presidenta Municipal de Acapulco de Juárez, con residencia en esta ciudad. Tiene aplicación el criterio sostenido por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis jurisprudencial 683, Octava Época, Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional, Común Primera Parte, Sexta Sección, página 766, con registro 1002749, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO POSITIVO. ANTE LA NEGATIVA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, SU EXISTENCIA DEBE PROBARSE POR EL QUEJOSO AUN CUANDO LAS VIOLACIONES EN ÉL COMETIDAS IMPLIQUEN CONDUCTAS NEGATIVAS. Cuando el acto reclamado necesariamente consiste en una conducta activa por parte de la autoridad y se señalan como violatorias al orden constitucional conductas de carácter omisivo en las que incurrió la autoridad responsable al realizarla, el quejoso debe demostrar la existencia de esa conducta positiva ante la negativa de la autoridad de haberla ejecutado, pues de la imposibilidad jurídica de exigir al quejoso la demostración de esas omisiones, no se puede derivar ni lógica ni jurídicamente la existencia del acto reclamado, en virtud de que si tales omisiones no pudieron generarse sino con motivo de esa conducta positiva y ésta no se produjo, menos aún pudieron verificarse las citadas omisiones". CUARTO.- La Directora de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia de los actos que se le atribuyen (fojas 46 a 50), por lo que se tiene plenamente probado en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, de conformidad con la Jurisprudencia número 749, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la foja 830 del Tomo II, del Apéndice 1917-Septiembre 2011, con registro número 102815, que a continuación se reproduce: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza de dicho acto se corrobora con las copias certificadas que anexó, a su informe justificado, la citada autoridad, relativas al aviso de movimiento de propiedad de inmueble con folio 175118, efectuado en la cuenta catastral número 001-009-029-0000 (fojas 51 a 70), las que merecen valor probatorio pleno en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2°, toda vez que se trata de un documento público, expedido por servidores públicos en ejercicio de sus funciones. Resulta ilustrativa, por las razones que contiene, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la Jurisprudencia 226 del Pleno de nuestro Máximo Tribunal visible en la página 153, del Tomo VI, Parte SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación), del Apéndice de 1995, con registro 394182, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Previo al estudio del concepto de violación, se examinan las causas de improcedencia por ser cuestión de orden público y estudio preferente en el juicio de garantías, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo vigente. Orienta lo considerado la Jurisprudencia número 5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 95 del Tomo VII, Mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, la tercero interesada CREDIX GS, Sociedad Anónima de Capital Variable SOFOM (Sociedad Financiera de Objeto Múltiple) ENR (Entidades No Reguladas), por conducto de su apoderado jurídico Oliver Alejandro Murguía Alcaraz, hizo valer la causal de improcedencia del juicio de garantías, prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, toda vez que refiere que la parte quejosa no acredita el interés jurídico para promover la demanda de amparo. La causa de improcedencia se actualiza, atento a lo siguiente: El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo dispone: "61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso." Así, tratándose de actos que afecten el interés jurídico, el cual consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto autoritario que estime violatorio de garantías en su perjuicio; es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto ocasionando, un perjuicio, a su titular. Luego, para que proceda el juicio de garantías, es necesario que la afectación del interés jurídico se concrete de manera cierta, directa y actual, pues se presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que se transgrede por una ley o acto de autoridad, de modo que, una persona tiene interés jurídico para acudir al juicio constitucional cuando el acto que reclame le causa un agravio personal y directo, que se entiende como todo menoscabo u ofensa a la persona, ya sea física o moral, el cual puede o no ser patrimonial, pero siempre apreciable objetivamente, es decir, real y no de carácter subjetivo o incierto, siempre que el acto reclamado emane de un tribunal judicial. De igual modo, es importante destacar que el interés jurídico del quejoso es aquel con el que acredita la titularidad de los derechos que se ven afectados con motivo del acto reclamado; de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona diversa. Por consiguiente, cuando un acto, no afecte los intereses jurídicos de la parte quejosa, el amparo que contra éste se promueva será improcedente, según lo previene la fracción XII del numeral 61 de la ley aplicable en estudio. El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma legal que se concreta en algún sujeto determinado otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular. En el juicio de amparo, la parte quejosa debe acreditar fehacientemente que es titular de un derecho que se ve violado por un acto de autoridad; esto es, que afecta su esfera jurídica de derechos. En efecto, el artículo en cita engloba el principio de agravio personal y directo que rige al juicio de amparo tratándose de actos o resoluciones provenientes de autoridades jurisdiccionales; es decir, en contra de ese tipo de actos, para la procedencia del amparo, se requiere que la parte quejosa cuente con interés jurídico, entendido éste como el derecho subjetivo con que cuenta el particular, cuando las prerrogativas que tiene reconocidas por el derecho positivo son transgredidas por un acto de autoridad o por una ley, lo cual lo faculta, por regla general, únicamente a ella, a comparecer ante la Justicia Federal a solicitar el cese de la violación cometida en su perjuicio. De lo anterior se desprende que el perjuicio que conforma al interés jurídico en el amparo debe ser inmediato y directo, y no mediato o indirecto, ya que esta forma no es propiamente lesiva de un derecho, al no tener una repercusión concreta en la esfera jurídica de la quejosa. En suma, el interés que faculta a la parte quejosa para acudir al juicio de amparo a combatir actos de autoridades jurisdiccionales se integra por: a) Un derecho legítimamente tutelado (derecho subjetivo), y b) Un perjuicio que el acto reclamado ocasione en la esfera jurídica del solicitante del amparo. En síntesis, para que la solicitante de amparo cuente con interés jurídico para efectos del juicio de amparo, se requiere que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus derechos jurídicamente tutelados. Por tanto, la falta de cualquiera de los dos elementos anteriores trae como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo en los casos en comento, ya que no se contaría con el interés jurídico necesario para ejercer la acción constitucional mencionada. Ahora, el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones, pues de otra manera no se podría constatar con certeza la violación de derechos fundamentales alegada. Por esa razón, las afectaciones que se reclamen a través del juicio de amparo deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio. De modo que no puede hablarse de la existencia de un agravio personal y directo (interés jurídico), cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. De ahí que, se insiste, el interés jurídico debe estar plenamente acreditado en autos para la procedencia del juicio de amparo contra actos provenientes de autoridades jurisdiccionales. Sustenta lo anteriormente expuesto, la Jurisprudencia 1a./J. 168/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, consultable a página 225, Tomo XXVII, Enero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". En otro orden de ideas, es necesario precisar que la posesión que puede ser objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, promovido por un tercero extraño a juicio, es la que deriva de un título que esté sustentado en alguna figura jurídica o uno o varios preceptos legales que confieran el derecho a poseer. De lo anterior, se infiere que la posesión objeto del juicio de amparo se conforma por dos elementos: I. El ejercicio de un poder de hecho sobre una cosa, y II. La existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a tal ejercicio. Por tanto, no basta, para efectos del juicio de amparo, acreditar la existencia del título que genere el derecho a poseer, sino que es necesario, además, demostrar que se ejerce un poder de hecho sobre el inmueble cuya desposesión se reclama, pues sólo de esta manera se podría tener certeza de que la posesión de la cosa sobre la cual se dirige el acto reclamado pertenece a la esfera jurídica de la parte quejosa y, por consiguiente, constará fehacientemente el perjuicio integrante del interés jurídico necesario para promover el juicio de control constitucional citado. Sirve de apoyo a lo precedente, la Jurisprudencia P./J. 1/2002, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 5, Tomo XV, Febrero del 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común". En otro aspecto, es importante tener presente, para que un documento privado adquiera eficacia probatoria en el juicio de amparo, es necesario que sea de fecha cierta. La razón fundamental del requisito anterior, consiste en que con dicha característica se obtiene convicción de la materialidad del acto contenido, en el instrumento privado, a través de su fecha, para tener una precisión o un conocimiento indudable, de que existió en un momento preciso, con lo que se evita la realización de actos fraudulentos o dolosos. En ese sentido, los documentos privados adquieren fecha cierta desde que: a) Se inscriben en un registro público de la propiedad. b) Se presentan ante un fedatario público o un funcionario autorizado con tal facultad. c) Ocurra la muerte de cualquiera de los firmantes. Lo argumentado tiene sustento, en lo conducente, en la Jurisprudencia 1a./J. 33/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, Agosto de 2010, página 314, que establece: "DOCUMENTO PRIVADO. LA COPIA CERTIFICADA POR FEDATARIO PÚBLICO LO HACE DE FECHA CIERTA A PARTIR DE QUE LO TUVO A LA VISTA PARA SU REPRODUCCIÓN Y, ÚNICAMENTE, PARA EL EFECTO DE HACER CONSTAR QUE EXISTÍA EN ESE MOMENTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad; desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse alguno de esos supuestos, no puede considerarse que un documento es de fecha cierta, y por ende, no puede tenerse certeza de la realización de los actos que consten en tales documentos. Ahora bien, cuando ante un fedatario público se presenta un instrumento privado para su reproducción y certificación, la fe pública y facultades de que está investido permiten considerar que el instrumento reproducido existía en la fecha en que se realizó tal reproducción y cotejo. Por lo que la fecha cierta se adquiere a partir de dicha certificación y no a partir de la fecha que está asentada en el documento. Asimismo, tal certificación notarial no debe equipararse con los efectos jurídicos de una certificación notarial de la autenticidad de las firmas ni califica la legalidad del documento o de lo expresado en él." En la especie, Arturo Córdova Mendoza, que es la misma persona identificada como Arturo Córdova Mendoza y/o Arturo Córdoba Mendoza, quien se ostentó como Presidente del Consejo Administrativo de la quejosa Inversiones Raf, Sociedad Anónima, acreditó su personalidad con la copia certificada de la escritura pública número siete mil cuatrocientos cuarenta y nueve, de veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y dos, pasada ante la fe del Notario Público número Catorce del Distrito Judicial de Tabares (fojas 15 a 22), se advierte que la Asamblea General de la sociedad quejosa, lo designó como Presidente del Consejo de Administración, le otorgó poder general para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y especiales que requieren poder o cláusula conforme a la ley, entre ellos, para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive lo del juicio de amparo a dicha persona. Asimismo, con la diversa copia certificada de la escritura número ciento cinco mil novecientos treinta y siete, de diez de marzo de dos mil ocho, pasada ante la fe del Notario Público Número Dieciocho del Distrito Judicial de Tabares (fojas 33 a 36), acreditó que Juan Arturo Córdova Mendoza, es la misma persona identificada como Arturo Córdova Mendoza y/o Arturo Córdoba Mendoza, por ser los nombres que utiliza en todos sus actos y documentos tanto públicos como privados. Ahora bien, el acto reclamado consiste en el ilegal cambio de propietario que se hace a la cuenta de catastral número 001-009-029-0000, del inmueble propiedad de su representada, sin conocer las razones y causas que motivaron a realizar las modificaciones al padrón de catastro e impuesto predial, relativo al inmueble ubicado en el Lote de Terreno número 106, Carretera Escénica del Fraccionamiento Las Brisas, de esta ciudad. Sin embargo, de las constancias que acompañó a su escrito presentado vía electrónica, en este Juzgado el veintinueve de abril de dos mil diecinueve, la tercero interesada CREDIX GS, Sociedad Anónima de Capital Variable SOFOM (Sociedad Financiera de Objeto Múltiple) ENR (Entidades no reguladas), por conducto de su apoderado jurídico Oliver Alejandro Murguía Alcaraz (fojas 82 a 84), con el número de registrado 6152, se aprecia la copia certificada del testimonio del instrumento público número 81,238 (ochenta y un mil doscientos treinta y ocho), Libro 1,635 (mil seiscientos treinta y cinco), pasada ante la fe del Licenciado Benito Iván Guerra Silla, notario público número 07 (siete) del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), de fecha 25 (veinticinco) de septiembre de 2015 (dos mil quince), debidamente inscrito en la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y Del Comercio de Acapulco, Guerrero, bajo el Folio Real Electrónico número 25,978 (veinticinco mil novecientos setenta y ocho), así como, el instrumento público número 5014 (cinco mil catorce), de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, otorgado ante la fe del Licenciado Javier Calderón García, Notario Público número 179 (ciento setenta y nueve) en el Estado de Michoacán (fojas 85 a 153). De los que se advierten, que en el testimonio del instrumento público número 81,238, de veinticinco de septiembre de dos mil quince, relativa a los siguientes contratos: 1.- De Préstamo en Forma de Apertura de Crédito Revolvente con Garantía Fiduciaria número "CDX DIAGONAL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS", celebrado por una parte "CREDIX GS, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple. Entidad no regulada, representada por su apoderada Rosa María Sanz Ocampo, a quien se le denominó "El acreditante", e Inversiones Raf, Sociedad Anónima de Capital Variable, representada por el Presidente del Consejo de Administración, Arturo Cordova Mendoza, quien también acostumbra usar los nombres de Juan Arturo Córdova Mendoza y Juan Arturo Córdoba Mendoza, quien se identificó con credencial para votar con clave número CRMNJN treinta millones sesenta y dos mil cuatrocientos once h, quinientos, expedida por el Registro Federal de Electores, del entonces Instituto Federal Electoral, por su propio derecho, y designados como los "obligados solidarios y avalistas", y por otra parte CREDIX GS, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple. Entidad no regulada, como Institución Fiduciaria, representada por su Delegada Fiduciaria Rosa María Sanz Ocampo, a quien se le denominó como "Fiduciario" y "Fideicomisario en primer lugar", asimismo, se designó a Arturo Cordova Mendoza, quien también acostumbra usar los nombres de Juan Arturo Córdova Mendoza y Juan Arturo Córdoba Mendoza como "el depositario". 2.- De Fideicomiso irrevocable de garantía número CDX DIAGONAL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS, celebrado por Inversiones Raf, Sociedad Anónima de Capital Variable, representada por el Presidente del Consejo de Administración, Arturo Cordova Mendoza, quien también acostumbra usar los nombres de Juan Arturo Córdova Mendoza y Juan Arturo Córdoba Mendoza, en su carácter de "Fideicomitente" y "Fideicomisario en su lugar"; por otra parte CREDIX GS, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple. Entidad no regulada, como Institución Fiduciaria, representada por su Delegada Fiduciaria, Rosa María Sanz Ocampo, y en lo sucesivo para efectos de dicho contrato "Fiduciario" y "Fideicomisario en primer lugar", y finalmente Arturo Cordova Mendoza, quien también acostumbra usar los nombres de Juan Arturo Córdova Mendoza y Juan Arturo Córdoba Mendoza, a quien se le denominó "El depositario". 3.- De Procedimiento de ejecución extrajudicial de fideicomiso celebrado por Inversiones Raf, Sociedad Anónima de Capital Variable, representada por el Presidente del Consejo de Administración, Arturo Cordova Mendoza, quien también acostumbra usar los nombres de Juan Arturo Córdova Mendoza y Juan Arturo Córdoba Mendoza, en su carácter de Apoderado y Presidente del Consejo de Administración, a la que en lo sucesivo y para efectos de dicho contrato, se le denominará el "Fideicomitente" y "Fideicomisario en segundo lugar; y por otra parte CREDIX GS, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple. Entidad no regulada, como Institución Fiduciaria, representada por su Delegada Fiduciaria, Rosa María Sanz Ocampo, a la que en lo sucesivo y para efectos de dicho contrato se le denominó el "Fiduciario" y "Fideicomisario en primer lugar" y finalmente intervino por su propio y especial derecho Arturo Cordova Mendoza, quien también acostumbra usar los nombres de Juan Arturo Córdova Mendoza y Juan Arturo Córdoba Mendoza, a quien se le denominó "El Depositario". Documento, en el que se aprecia que "Inversiones Raf", Sociedad Anónima de Capital Variable, adquirió por compraventa el lote de terreno número ciento seis, del Fraccionamiento Las Brisas en la Ciudad de Acapulco, Guerrero, con superficie de dos mil ciento setenta y nueve metros, cuarenta y cuatro decímetros cuadrados. Así también, de la referida escritura 5014, se advierte que se consignó la transmisión de la propiedad en ejecución del fideicomiso, cancelación de gravamen y consiguiente extinción de fideicomiso, que otorgó la aquí quejosa Inversiones Raf, Sociedad Anónima, en su carácter de "fideicomitente" y "enajenante", por conducto de la institución fiduciaria denominada CREDIX GS, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, representada por su Delegado Fiduciario el Ingeniero Alberto Angulo Latapi, en favor de la "Fideicomisaria en primer lugar" "acreedora" y "adquiriente", la persona moral CREDIX GS, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, representada por su Presidente del Consejo de Administración el Ingeniero Alonso Fabriciano Gómez Sánz. Documentales, que merecen valor probatorio pleno en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2°, toda vez que se tratan de documentos públicos, expedidos por servidores públicos en ejercicio de sus funciones. De lo anterior, se aprecia que la aquí quejosa Inversiones Raf, Sociedad Anónima, el veintidós de febrero de dos mil dieciocho, trasmitió la propiedad del bien inmueble lote de terreno número ciento seis, del Fraccionamiento Las Brisas en la Ciudad de Acapulco, Guerrero, con superficie de dos mil ciento setenta y nueve metros, cuarenta y cuatro decímetros cuadrados, en el que se realizó el cambio de titularidad, en favor de CREDIX GS, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, que aquí se reclama. Lo anterior, hace evidente, que la aquí quejosa Inversiones Raf, Sociedad Anónima, no acredita, en el presente juicio de amparo, la afectación a su interés jurídico; esto es, que se afecten de manera inmediata y directa su esfera de derechos, como titular de los derechos de posesión o propiedad sobre el cambio de propietario, realizado de la cuenta catastral número 001-009-029-0000, por ello, carece de interés para reclamar en la vía de amparo. No obsta a lo anterior los recibos de pago del impuesto predial correspondientes al año dos mil diecisiete, porque precisamente se refieren a una fecha anterior al año dos mil dieciocho, en que se transmitió la propiedad del inmueble de que se trata. En esas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, lo que obliga a sobreseer en la presente instancia constitucional de conformidad con el numeral 63, fracción V, del cuerpo legal en mención. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 1028, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, página 708, con número de registro 394984 que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Por tanto, la conclusión de que el presente juicio de garantías es improcedente, por las causas asentadas en párrafos precedentes, no implica negar a la parte quejosa su derecho fundamental de acceso a la justicia. Al respecto en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, se invoca la tesis número III.2o.C.3 K (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que se localiza en la foja 2066 del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, con número de registro 2002537, que a continuación se reproduce: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia." Del mismo modo en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, se cita, por identidad jurídica sustancial, la diversa tesis número XVI.1o.A.T.2 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, publicada en la página 1167 del Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Materia Común, con número de registro 2000365, que a continuación se reproduce: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Del examen de compatibilidad de los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo con el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo, en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y con fundamento además, en los artículos 61, 62, 63, 74, 75, 107 y 217, y demás relativos de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por Inversiones Raf, Sociedad Anónima, en contra de las autoridades responsables y por los actos que se precisaron en el resultando primero de esta sentencia, atento a las razones y fundamentos destacados en el los considerativos tercero y quinto, de este fallo. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma el Licenciado Francisco Octavio Escudero Contreras, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, ante el licenciado Antonio Espinosa Rangel, quien autoriza y da fe, el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve. Doy fe.
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