Invermag , S.A.P.I. de C.V.
Expediente 139/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 139/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 27/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Invermag , S.A.P.I. de C.V.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mediante el cual, acusa de recibo del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, en contra de la sentencia de dos de junio del año en curso; e informa que se admitió con el número 310/2023, de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales procedentes. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Visto el oficio de la Consultora Jurídica General de la Oficina de Control de Gestión del Gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual informa que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a través de la Secretaria de Trabajo y Prevención Social, rindió su informe justificado en el cual señaló domicilio para recibir notificaciones a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por ello devuelve el oficio 12127 de dos de junio de dos mil veintitrés, dirigido al Ejecutivo Federal. En ese tenor, gírese oficio a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que por su conducto se le notifique al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos el citado oficio, para los efectos legales procedentes. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de junio de dos mil veintitrés.****************************************Agréguese a los autos el escrito de ********************, en su carácter de apoderada legal de la moral quejosa ********************, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada el dos de junio de la presente anualidad.****************************************Por tanto, con fundamento en los 81 fracción I inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo y 89 de la Ley de Amparo, se tiene interpuesto ese recurso, ordenándose distribuir copia de los agravios entre las partes.****************************************Dentro de los tres días siguientes al en que se encuentre debidamente integrado el expediente (glosadas las constancias de notificación a las partes de la resolución impugnada, distribuida la copia de los agravios entre las partes y notificación del presente proveído), sin ulterior acuerdo, remítase el expediente y el medio de impugnación al tribunal correspondiente.****************************************Solicítese a la Oficina de Correspondencia Común respectiva la boleta de turno de dicho medio de impugnación y, una vez generada ésta, dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que se integre debidamente este expediente, sin ulterior acuerdo, remítase a la Superioridad que corresponda oficio con el oficio de expresión de agravios y boleta de turno de manera digitalizada, lo anterior de conformidad con el numeral 89 de la ley de la materia.****************************************En el entendido que se pone a su disposición el expediente electrónico del presente asunto a fin de que esté en posibilidades de substanciar el recurso en cuestión; por tanto, una vez que se cuente con dicha papeleta de turno relativa al medio de impugnación, sin ulterior acuerdo, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 3 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, realícese la vinculación de las constancias a fin de que la Alzada pueda realizar la consulta en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes para la resolución del recurso de mérito.****************************************En consecuencia, se instruye al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este Juzgado Federal, para que en coordinación con el Actuario de la Adscripción, realicen las gestiones necesarias a efecto de dar lugar a lo anterior.****************************************Asimismo, se hace de su conocimiento que en caso de requerir cualquier constancia que no se encuentre disponible, previa solicitud, se remitirá a la brevedad posible, para lo cual, se proporciona el teléfono 55 53 87 05 00, extensión 1241.****************************************Finalmente, con las constancias necesarias, intégrese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo.****************************************Notifíquese.
- Principal
V I S T O para resolver el juicio de amparo indirecto 139/2023-II-A; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación. Mediante escrito presentado vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación el nueve de febrero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, y remitido el diez de febrero siguiente por razón de turno a este Juzgado de Distrito, ********************, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Presidente de la República y otras autoridades, los que se establecerán en el considerando SEGUNDO. SEGUNDO. Trámite. Por acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, previa ratificación de demanda por parte de la apoderada legal Lucía Morales Avendaño y desahogo de prevención, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda que registró con el número 139/2023-II-A, otorgó la intervención que legalmente le compete a la representante social federal de la adscripción, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se celebró al tenor del acta de once de abril de dos mil veintitrés. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México es legalmente competente para conocer del presente juicio biinstancial, de conformidad con los artículos 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, toda vez que se reclama la inconstitucionalidad de porciones normativas, cuyos efectos derivados de su aplicación, tienen lugar dentro del territorio en que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reprochados, que se advierten del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, de la lectura de la demanda, en concordancia con la información allegada al juicio, se colige que la peticionaria de amparo reclama: Del Presidente de la República, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, cada uno en el ámbito de sus respectivas competencias: El Decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el retiro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, específicamente respecto a los numerales 168, fracciones II y IV, así como del segundo y tercero transitorios. En la inteligencia que la parte quejosa acude al presente juicio de amparo reclamado las citadas normas como autoaplicativas, es decir, como normas que con su sola entrada en vigor inciden en su esfera de derechos. TERCERO. Existencia. Las autoridades responsables Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (folio 2494), Cámara de Senadores del Congreso de la Unión (folio 3346) y Presidente de la República, a través de la Secretaria del Trabajo (folio 3643), al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia de los actos reclamados, cada una en el ámbito de sus respectivas competencias. Tal afirmativa se acredita con la publicación del "DECRETO por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro", en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Lo anterior, constituye un hecho notorio que puede ser invocado de oficio por este juzgado, en términos de lo previsto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Al efecto, se cita la tesis sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo sesenta y cinco, Primera Parte, página quince, con rubro y texto del tenor siguiente: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." Así como, en lo conducente, la jurisprudencia número 2a./J.65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, correspondiente al mes de agosto de dos mil, página doscientos sesenta, que dispone: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Razones las anteriores, por las que se tiene probada la existencia de los actos reclamados, con apoyo en el numeral 117 de la Ley de Amparo. CUARTO. Improcedencia. Respecto a la norma general reclamada, este órgano de justicia advierte de oficio que se actualizan las causales de improcedencia contenidas en el artículo 61 fracciones XII y XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción I, constitucional, toda vez que ********************, no acredita la afectación a su esfera jurídica con la emisión del decreto reclamado. En principio conviene recordar el contenido de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, y 61, fracción XII, estos últimos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." Por su parte, el artículo 6º de la Ley de Amparo establece: "ARTÍCULO 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por si, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Finalmente, el artículo 61, fracción XII, indica: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los interés jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." De los preceptos transcritos se colige que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad (actos o resoluciones en estricto sentido, o los actos de naturaleza formal o materialmente legislativa, sean leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general) y, se sigue, siempre a instancia de parte agraviada, es decir, el juicio de amparo únicamente puede promoverlo la parte a quien perjudique el acto reclamado, ya sea a través de la afectación de su interés jurídico o de su interés legítimo. El presupuesto jurídico que contienen los preceptos transcritos, interés jurídico o interés legítimo, representa uno de los elementos básicos para la procedencia del juicio de amparo, pues si los actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, entonces no tendrá legitimación para instaurarlo; en consecuencia, cuando acude en demanda de amparo debe acreditar en forma fehaciente que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, esto es, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente demostrada, el juicio resultará improcedente por no acreditarse un interés jurídico. Con independencia de lo anterior, también se requiere que se lesione el interés legítimo en el supuesto de que no sea directamente titular de un derecho subjetivo contenido en una norma, el cual supone la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. En efecto, para promover el juicio de amparo el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos o legítimos entendiéndose por éstos, lo siguiente: a) El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad; b) El interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. c) El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular; d) No es suficiente para acreditar el interés jurídico o legítimo en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página treinta y cinco de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número sesenta, Octava Época, misma que se transcribe: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia." De igual forma, la tesis jurisprudencial P./J. 50/2014 (10a.) sustentada por el Tribunal Pleno, de rubro y contenido siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." Ahora bien, tratándose de leyes, el interés jurídico o legítimo para efectos del juicio de amparo, no puede acreditarse únicamente con la expedición y presumible aplicación respectiva de las mismas, sino que debe acreditarse plenamente que la disposición legal reclamada (sea autoaplicativa o heteroaplicativa), ha causado un agravio en la esfera de derechos de la parte quejosa, por virtud de encontrarse en los supuestos hipotéticos de la norma de observancia general o por virtud de un acto de aplicación que lo actualice. En este contexto, para determinar cuándo una norma general causa una afectación con su sola entrada en vigor y cuándo se requiere de un acto de aplicación, existe la distinción entre normas heteroaplicativas y autoaplicativas en función de las posibilidades de afectación de una norma general, por lo que debe aplicarse el criterio de clasificación de ambos tipos de normas que con base en la actual regulación del juicio constitucional aún subsiste, relacionado con el concepto de "individualización incondicionada", que define la norma autoaplicativa como la que trasciende directamente para afectar la esfera jurídica del quejoso, sin condicionarse a ningún acto, pues si su contenido está condicionado, se trata de una norma heteroaplicativa. De este modo, el juez de amparo debe aplicar el criterio clasificador de las normas para determinar la procedencia del juicio constitucional, siempre y cuando haya precisado previamente si resulta aplicable la noción de interés legítimo o jurídico. Lo anterior tiene sustento en la tesis 2a. LXVII/2014 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cuatrocientos tres, del libro ocho, julio de dos mil catorce, tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2006986, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO. CUANDO EN AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES SE ALEGUE SU AFECTACIÓN, ES NECESARIO EXAMINAR LA NATURALEZA DE AQUÉLLAS PARA IDENTIFICAR SI EXISTE AGRAVIO A LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO. Acorde con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el interés legítimo individual o colectivo está condicionado a la afectación de la esfera jurídica del promovente, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De ahí que, aun cuando en un juicio de amparo contra normas generales se alegue que se afecta el interés legítimo y que se violan derechos reconocidos en la Constitución Federal, debe examinarse si se trata de normas heteroaplicativas o autoaplicativas, para identificar si se genera o no una afectación en la esfera jurídica del quejoso, sin que la vigencia de las normas, por sí sola, incida en su naturaleza, pues ésta depende del contenido particular de cada una, en el sentido de si las obligaciones de hacer o no hacer que establezcan requieren o no de un acto de aplicación para actualizar un perjuicio en la esfera jurídica del gobernado, o bien surgen con la entrada en vigor de la norma, caso en el cual lo que debe quedar de manifiesto es que quien acude al juicio de amparo se encuentre en el supuesto normativo correspondiente." Asimismo, es aplicable al caso, la tesis 1a. CCLXXXI/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento cuarenta y ocho del libro ocho, julio de dos mil catorce, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2006963, del tenor literal siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO Y JURÍDICO. CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS LEYES HETEROAPLICATIVAS Y AUTOAPLICATIVAS EN UNO U OTRO CASO. Para determinar cuándo una norma general causa una afectación con su sola entrada en vigor y cuándo se requiere de un acto de aplicación, existe la distinción entre normas heteroaplicativas y autoaplicativas en función de las posibilidades de afectación de una norma general. Desde la Novena Época, el criterio de clasificación de ambos tipos de normas gira alrededor del concepto de "individualización incondicionada", con el cual se ha entendido la norma autoaplicativa como la que trasciende directamente para afectar la esfera jurídica del quejoso, sin condicionarse a ningún acto. Si su contenido está condicionado, se trata de una norma heteroaplicativa. Así, el criterio de individualización incondicionada es formal, esto es, relativo o dependiente de una concepción material de afectación que dé contenido a ambos tipos de normas, pues sin un concepto previo de agravio que tome como base, por ejemplo, al interés jurídico, interés legítimo o interés simple, dicho criterio clasificador no es apto por sí mismo para determinar cuándo una ley genera perjuicios por su sola entrada en vigor o si se requiere de un acto de aplicación. Por tanto, dada su naturaleza formal, el criterio clasificador es adaptable a distintas concepciones de agravio. Así pues, en el contexto de aplicación de las nuevas reglas reguladoras del juicio de amparo se preserva la clasificación de normas autoaplicativas y heteroaplicativas, para determinar la procedencia del juicio de amparo contra leyes, ya que dada su naturaleza formal, es suficiente desvincular el criterio rector -de individualización incondicionada- del concepto de interés jurídico y basarlo en el de interés legítimo. Un concepto de agravio más flexible, como el de interés legítimo, genera una reducción del espacio de las leyes heteroaplicativas y es directamente proporcional en la ampliación del espacio de leyes autoaplicativas, ya que existen mayores posibilidades lógicas de que una ley genere afectación por su sola entrada en vigor, dado que sólo se requiere constatar una afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante, siempre que esté tutelada por el derecho objetivo y, en caso de obtener el amparo, pueda traducirse en un beneficio para el quejoso. No obstante, si se adopta el estándar de interés jurídico que requiere la afectación a un derecho subjetivo y excluye el resto de afectaciones posibles, ello lógicamente generaría una ampliación del ámbito de las leyes heteroaplicativas, pues reduce las posibilidades de afectación directa de esas normas con su mera entrada en vigor y las condiciona a un acto de aplicación que afecte un derecho subjetivo del quejoso. De esta forma, los jueces de amparo deben aplicar el criterio clasificador para determinar la procedencia del juicio constitucional, siempre y cuando hayan precisado previamente si resulta aplicable la noción de interés legítimo o jurídico." Ahora bien, los artículos 17, fracción I, 18 y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). En el primer caso, es suficiente con que el gobernado se ubique dentro de los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica sin ningún acto ulterior de autoridad, es decir, que desde su entrada en vigor obligan al particular, sin que sea necesario un acto posterior de autoridad, para que esté en aptitud de ejercitar la acción constitucional dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del precepto de que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, una ley es autoaplicativa cuando lleva en sí misma un principio de ejecución inmediata que no requiere un acto intermedio o posterior de autoridad para que se origine la afectación al gobernado, pues los preceptos adquieren por su sola entrada en vigor, el carácter de inmediatamente obligatorios; en otras palabras, el principio de ejecución se realiza por la existencia misma de la ley sin necesidad de actos posteriores de aplicación concreta; esto significa que por su sola expedición, y por los actos relativos a su promulgación e inicio de vigencia, quedan señaladas las personas o entidades que en acatamiento de la ley están obligadas a hacer o no hacer alguna actividad en determinada forma. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para determinar si una ley es o no autoaplicativa, no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino que hay que observar los términos del mandato legal pues para que tenga tal carácter basta con que desde su entrada en vigor se ordene a los gobernados un dar, un hacer o un no hacer, de manera tal que contenga un principio de ejecución ocasionándoles un perjuicio, una situación jurídica permanente en relación con la creación, modificación, o extinción de un derecho, o en su caso, una obligación, sin que tales supuestos se limiten a la conducta que deba llevar a cabo la autoridad. En el segundo supuesto, en el caso de las disposiciones generales de naturaleza heteroaplicativa se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético; esto es, los supuestos de la norma no cobran eficacia con su sola entrada en vigor, sino que requiere de un acto posterior y, entonces el plazo con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo será de quince días a partir del acto de aplicación, atendiendo a los supuestos previstos en el artículo 17, de la Ley de Amparo. En ese orden, se concluye que para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos de los propios particulares, si mediante su conducta se vincula de modo necesario a la parte quejosa con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. Al respecto es aplicable la jurisprudencia P./J. 55/977 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época; Registro 198200; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo VI, Julio de 1997; Página 85, que dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que no debe confundirse el carácter de autoaplicativa de la ley, con el interés jurídico para reclamarla en amparo, pues mientras que aquél se refiere a la obligatoriedad del mandato legal desde que entra en vigor, el segundo se relaciona con la afectación que el propio mandato origina a la parte quejosa; afectación que debe probarse, tomando en cuenta que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto o ley que se reclama. Así, para legitimar el ejercicio de la acción constitucional no es suficiente con que las disposiciones de la ley resulten obligatorias desde el momento mismo en que entran en vigor, sino que es indispensable demostrar que el quejoso se encuentra en los supuestos de las normas que pretenda impugnar, ya que sólo así se puede concluir que la ley, desde el momento de su iniciación de vigencia, afecta los intereses jurídicos del solicitante de amparo. Ahora bien, la parte quejosa reclama los artículos 168, fracciones II y IV, así como el segundo y tercero transitorios de la Ley del Seguro Social, correspondientes al Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Dichas porciones normativas son del tenor siguiente: Artículo 168. I. ... II. En los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez: a) Los patrones cubrirán la cuota que corresponda sobre el salario base de cotización, calculada conforme a la siguiente tabla: Salario base de cotización del trabajador Cuota Patronal 1.00 SM* 3.150% 1.01 SM a 1.50 UMA** 4.202% 1.51 a 2.00 UMA 6.552% 2.01 a 2.50 UMA 7.962% 2.51 a 3.00 UMA 8.902% 3.01 a 3.50 UMA 9.573% 3.51 a 4.00 UMA 10.077% 4.01 UMA en adelante 11.875% *Salario Mínimo ** Unidad de Medida y Actualización b) Los trabajadores cubrirán una cuota del uno punto ciento veinticinco por ciento sobre el salario base de cotización. III. Se deroga. IV. El Gobierno Federal, por cada día de salario cotizado, aportará mensualmente una cantidad por concepto de la cuota social, para los trabajadores que ganen hasta cuatro veces la unidad de medida y actualización, que se depositará en la cuenta individual de cada trabajador asegurado conforme a la tabla siguiente: / TRANSITORIOS . Segundo. La cuota patronal prevista en el artículo 168, fracción II, inciso a), de la Ley del Seguro Social será aplicable de manera gradual, a partir del 1 de enero de 2023, de conformidad con la siguiente tabla: / Del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2022: I. Los patrones seguirán cubriendo, para los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, una cuota del tres punto ciento cincuenta por ciento sobre el salario base de cotización del trabajador. II. El Gobierno Federal seguirá cubriendo en los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, la cuota social de conformidad con el artículo 168, fracción IV, de la Ley del Seguro Social vigente antes de la entrada en vigor del presente Decreto. III. En los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, el Estado seguirá realizando una contribución igual al siete punto ciento cuarenta y tres por ciento del total de las cuotas patronales. Tercero. La cuota a cargo del Gobierno Federal prevista en el artículo 168, fracción IV, de la Ley del Seguro Social será aplicable a partir del 1 de enero de 2023. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, el Gobierno Federal cubrirá mensualmente en los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, una cantidad por cada día de salario cotizado, por concepto de cuota social para los trabajadores que ganen de cuatro punto cero uno hasta siete punto cero nueve veces la Unidad de Medida y Actualización, que se depositará en la cuenta individual de cada trabajador asegurado conforme a la tabla siguiente: / Los valores mencionados del importe de la cuota social, se actualizarán trimestralmente de conformidad con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2023. Así, se advierte que el artículo 168, fracciones II y IV de la Ley del Seguro Social reclamado, establece las cuotas y aportaciones a que se refiere el diverso precepto 167 de la citada legislación, en específico se trata de las aportaciones que los patrones y el Gobierno Federal están obligados a enterar al Instituto, respecto del ramo de cesantía en edad avanzada y vejez. Ahora bien, la fracción II hace referencia a las aportaciones que deberán dar los patrones de acuerdo al salario base de cotización de los trabajadores, mismas que incrementarán de forma gradual conforme lo dispuesto en el segundo transitorio. Por su parte, la fracción IV es relativa a las aportaciones que realizará en el propio rubro el Gobierno Federal a los trabajadores que se encuentren dentro del rango especificado, mismas que se actualizarán periódicamente conforme a lo establecido en el tercero transitorio. En ese sentido, la parte quejosa no cuenta con interés jurídico para reclamar la fracción IV del artículo 168 de la Ley del Seguro Social, ni el transitorio tercero del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro", publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, debido a que éstos son aplicables solamente al Gobierno Federal y por tanto, dichas disposiciones no la causan perjuicio alguno. Por otra parte, tocante al artículo 168, fracción II, de la Ley del Seguro Social reclamado, éste establece las cuotas correspondientes a la cesantía en edad avanzada y vejez que deben aportar al Instituto los patrones. Por su parte, el artículo segundo transitorio del decreto reprochado, dispone de forma clara que la cuota patronal prevista en el artículo 168, fracción II, inciso a), de la Ley del Seguro Social, será aplicable de manera gradual, a partir del uno de enero de dos mil veintitrés. Así, este Juzgado de Distrito considera que el perjuicio que pudiera resentir la parte quejosa en su esfera jurídica con los artículos impugnados, se encuentra condicionado a que se actualicen exactamente los supuestos normativos que regulan. En efecto, la naturaleza heteroaplicativa de la norma que se analiza, estriba en el hecho de que la publicación en el Diario Oficial de la Federación, del Decreto reclamado, se encuentra sujeta a dos condiciones, una temporal y otra material. En relación con lo anterior, el decreto reclamado por la parte quejosa fue publicado en el Diario oficial de la Federación el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, mismo que entró en vigor el uno de enero de dos mil veintiuno, conforme a su primer transitorio. No obstante, específicamente respecto a las porciones normativas que nos ocupan (168, fracción II, y segundo y tercero transitorios), se reservó su aplicación hasta el uno de enero de la presente anualidad, por lo cual, la vigencia y aplicación de la norma estaba prevista para esa data específica (factor temporal), fecha en la que debía atenderse a la segunda de las circunstancias, la materialidad de la norma, esto es, el momento en que la parte quejosa llevara a cabo su autodeterminación conforme a la norma citada, o bien, que existiera el requerimiento de la autoridad fiscal de realizarlo. Sin embargo, si bien se cumple con la primera de las condicionantes (temporal), lo cierto es que la parte quejosa no aportó probanza alguna que justificara el segundo de los extremos (material), pues para dicho efecto ofreció las documentales siguientes: -Constancia de situación fiscal emitida por el Servicio se Administración Tributaria, de tres de febrero de dos mil veintitrés. -Tarjeta de identificación patronal emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, a nombre de la moral quejosa, con número de registro patronal ********************. -Boleta de Ingreso de solicitud de inscripción al Registro Público del Comercio a nombre de la moral quejosa. -Aviso de Registro Patronal Personas Morales en el Régimen Obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. -Formato para pago de cuotas obrero patronales, aportaciones y amortizaciones relativas al mes de diciembre de dos mil veintidós. -Resumen de liquidación del Sistema Único de Autodeterminación relativo al mes de diciembre de dos mil veintidós. -Cédulas de determinación de cuotas obrero- patronales, aportaciones y amorizaciones, relativas a los ramos de cesantía y vejez, así como enfermedades y maternidad, respecto al mes de diciembre de dos mil veintidós. Documentales a las que se le concede valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; sin embargo, ninguna de ellas prueba que hubiere aportado al Instituto Mexicano del Seguro Social, las aportaciones correspondientes a las cuotas de cesantía en edad avanzada y vejez, conforme a las cuotas establecidas en los artículos reclamados, mismas que son aplicables a partir del uno de enero de dos mil veintitrés, pues su aplicación debió probarse de manera plena. Lo anterior, en virtud a que éstas únicamente prueban que la moral quejosa se encuentra dada de alta ante el Sistema de Administración Tributaria, asimismo, que se encuentra dada de alta como patrón ante el Instituto Mexicano del Seguro Social e inscrita en el Registro Público del Comercio; y finalmente, que cumplió con sus obligaciones obrero- patronales relativas al mes de diciembre de dos mil veintidós, a través del entero que realizó en cuanto a cuotas de seguridad social. Tocante a la prueba instrumental de actuaciones, a pesar de que se le reconozca el valor probatorio que merece, no es idónea para demostrar los extremos que pretende probar la impetrante, pues con ellas no es posible acreditar que con las normas reclamadas la quejosa sufra un daño o perjuicio en su esfera jurídica. Máxime que no basta la inminencia de la aplicación de la ley para que el juicio de amparo sea procedente, puesto que la referida inminencia no actualiza o concreta el perjuicio en la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye un requisito indispensable de procedencia del juicio constitucional. Al respecto, se cita la jurisprudencia 2a./J. 77/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, enero de 1998, página 382, registro 196954, del tenor siguiente: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE RECLAMAN POR ACTOS INMINENTES Y NO POR ACTOS CONCRETOS YA REALIZADOS, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. Para que la acción constitucional sea procedente en contra de leyes heteroaplicativas, o sea, en relación con las que se impugnan por haber existido un acto concreto de aplicación en perjuicio del quejoso, es necesario que se demuestre la existencia misma de dicho acto de aplicación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda y, por ende, no basta la inminencia de la aplicación de la ley para que el amparo sea procedente, ya que la referida inminencia no actualiza o concreta el perjuicio en la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de garantías, sino que sólo genera la presunción de que tal aplicación ha de realizarse, sin conocerse circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución, lo que impide constatar la existencia misma del perjuicio." En adición a lo expuesto, debe precisarse que la agraviada tampoco acreditó tener interés legítimo para acudir al juicio de amparo, porque para ese propósito debió allegar medios de convicción que, en su conjunto, fuesen suficientes para -desvinculando el criterio rector de individualización incondicionada, que determina la procedencia del amparo contra leyes, de la figura del interés jurídico-, evidenciar que las porciones legales reclamadas le generaron una afectación por su sola entrada en vigor. Ello es así, porque en este sumario no existen elementos idóneos ni se plantearon argumentos que, relacionados entre sí, permitan constatar una afectación individual, calificada, actual, real y jurídicamente relevante, a la esfera jurídica de la solicitante de amparo, con la finalidad de analizar su petición bajo la óptica del interés legítimo. Luego, para efectos de acreditar, al menos, un interés legítimo para acudir a este juicio, la quejosa debió probar la existencia de un derecho -de cualquier índole- que se viera afectado con motivo de la entrada en vigor de los artículos legales impugnados, incluso indirectamente; esto es, acreditar que las consecuencias del inicio de vigencia de esas normas le causan un agravio material en sus intereses tutelados por el derecho objetivo, sin necesidad de un acto concreto de aplicación. En tal contexto, al actualizarse las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XII, lo procedente es decretar el sobreseimiento del presente juicio, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Finalmente, es de resaltar que, en virtud del sobreseimiento decretado, no es posible examinar los conceptos de violación planteados ni las tesis invocadas por la parte quejosa, en razón de que estos aspectos corresponden al estudio de fondo, lo que no es dable verificar si se resuelve sobreseer en el juicio de amparo, como en la especie sucedió, porque con ello se impide juzgar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, como lo establece la jurisprudencia de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal11, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra las autoridades responsables y por los actos precisados en el considerando SEGUNDO, por las razones y fundamentos expuestos en el último apartado considerativo de esta sentencia. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · 8,346 expedientes
- Ingrid Ariadna Chávez Chávez903/2022
- Ingrid Ariadna Chávez Chávez243/2022
- Iñigo Peéez García y Otros.1559/2018
- Inocencio Fuentes Galán248/2023
- Inocente Calamaco Chávez637/2023
- Internacional Center Aliss, sociedad civil297/2019
- Irain Medina Gama933/2020
- Irene Avila Tinoco1220/2019
- Irene Martínez Pérez938/2021
- Irene Martínez Pérez691/2021
- Irene Sánchez Burgos77/2022
- Irineo Alejandro Hernández Juárez y Otros.851/2019