Interpanam, sociedad civil
Expediente 680/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 680/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Interpanam, sociedad civil
Actuaciones
- Principal
Dada la cuenta que antecede, agréguese a los autos el oficio signado por el actuario judicial del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual remite testimonio de la resolución pronunciada el quince de abril del año en curso en el expediente C.C.A.- 5/2021 de su índice, en la que los integrantes de dicho cuerpo colegiado declararon competente a la Jueza Décimosegunda de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para conocer de la demanda de amparo promovida por ****** a través de su representante legal ******, expediente 680/2020 del índice de este órgano jurisdiccional; de lo que se toma conocimiento. Por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad archívese este expedientillo como asunto concluido. Sobre esa base, a efecto, de dar cumplimiento al contenido al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece que aquellos expedientes que se hayan concluido por un acuerdo sin decidir el juicio en lo principal, serán susceptibles de destrucción, dentro de los que encontramos, entre otros supuestos, las demandas de amparo que se hayan tenido por no presentadas, las que se hayan desechado y los juicios en los que se haya decretado la incompetencia; en esas condiciones, el presente expediente es susceptible de ser destruido. Por lo que una vez que transcurran tres años contados a partir de la legal notificación de este proveído, se procederá de inmediato a su destrucción, sin necesidad de mandato judicial previo, ello en términos de lo dispuesto en el artículo vigésimo primero del citado acuerdo. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, como lo dispone el artículo 35 del acuerdo general referido. Notifíquese por lista.
- Principal
Dada la cuenta que antecede, agréguese a los autos el oficio "3078/2021" signado digitalmente por la actuaria del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual, informa que admitió a trámite el conflicto competencial planteado por el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, el cual fue registrado con el número C.C.A 5/2021. De lo anterior, se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista.
- Principal
Dada la cuenta que antecede, agréguese a los autos la razón asentada por el actuario de este juzgado federal, por medio de la cual informa que no fue posible notificar a la quejosa **************, el proveído de treinta de noviembre de dos mil veinte, en la dirección proporcionada para tal efecto, toda vez que la persona que lo atendió le informó que en dicho lugar ya no se puede localizar a dicha moral, además de que se encuentra desocupado desde que se declaró la pandemia en el país en marzo del año próximo pasado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, pasen los presentes autos al fedatario judicial que corresponda, para que realice la notificación de la determinación indicada por medio de lista, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal; hasta en tanto señale nuevo domicilio para tal efecto. Notifíquese por lista a la quejosa el proveído de treinta de noviembre del año en curso. ACUERDO DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. Dada la cuenta que antecede, téngase por recibido el oficio signado por la titular del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a través del cual, informa que mediante resolución pronunciada el diecinueve de noviembre del año en curso, declaró carecer de competencia legal por razón de materia, en relación con la demanda de amparo promovida por***************, a través de su representante, *****************, contra los actos que le atribuye al (i) Presidente; (ii) Director General de Atención a Autoridades; (iii) Gerentes de Atención a Autoridades "A", "B" y "C"; todos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; (iv) Secretario de Hacienda y Crédito Público; (v) Jefe del Servicio de Administración Tributaria; (vi) Administrador General de Auditoria Fiscal Federal; (vii) titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; (viii) titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada dependiente de la Fiscalía General de la República; (ix) "Banca Mifel", sociedad anónima, institución de banca múltiple, grupo financiero "Mifel", (x) "Grupo Financiero Mifel" sociedad anónima de capital; (xi) "Grupo Financiero Mifel", sociedad controladora de agrupación financiera; (xii) "Banca Mifel", sociedad anónima; (xiii) "Mifel", sociedad anónima de capital variable, SOFOM E.R. (antes "Factoraje Mifel", sociedad anónima de capital variable); (xiv) "Mifel 3", sociedad anónima de capital variable, SOFOM E.R. (antes "Arrendadora Mifel", sociedad anónima de capital variable) y (xv) "Operadora Mifel", sociedad anónima de capital variable. Consecuentemente, remite las constancias originales del juicio de amparo 1044/2019 de su índice, un expedientillo de audiencia celebrada; así como los autos del incidente de suspensión -original y duplicado-; acúsese el recibo de estilo correspondiente; fórmese expediente -tanto físico como electrónico-, 1 regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 680/2020, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y provéase lo que en derecho corresponda. Bien, no obstante las consideraciones vertidas por la titular del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, este órgano jurisdiccional estima que es a la autoridad oficiante a la que le corresponde el conocimiento del presente juicio de amparo, por las razones que se expone a continuación: 1 Esto con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley de Amparo y con el objeto de facilitar a los justiciables el acceso a los expedientes mediante el empleo de los medios electrónicos, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, así como el diverso que establece los lineamientos para la integración del expediente judicial y su modalidad electrónica, publicado por el mismo medio el uno de octubre de dos mil catorce. En efecto, de la lectura de la resolución de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, se advierte que la resolutora federal determinó declinar la competencia para conocer del asunto, en atención a las siguientes consideraciones: "[.] Conforme a lo anterior, se advierte que el acto reclamado deriva de un acto realizado por la autoridad señalada como responsable BANCA MIFEL, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, en cumplimiento al contrato de productos y servicios bancarios que rige la relación contractual entre la Institución antes mencionada y la parte quejosa, tal y como se puede corroborar de las constancias remitidas por el Juzgado Décimo Tercero en Materia Administrativa del Primer Circuito, relativas al incidente de suspensión del juicio de amparo número 1009/2019. - - - En efecto, de las constancias remitidas por el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito relativas al incidente de suspensión del juicio de amparo número 1009/2019, se advierte que el aseguramiento de la cuenta bancaria de la parte quejosa deriva de un acto realizado por la autoridad señalada como responsable BANCA MIFEL, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, en cumplimiento al contrato de productos y servicios bancarios que rige la relación contractual entre la institución antes mencionada y la parte quejosa, por lo tanto, se estima que el asunto que nos ocupa no corresponde a un asunto de naturaleza administrativa sino civil, ya que la aquí responsable emitió el acto que aquí se reclama conforme al contrato celebrado con la quejosa. [.] En ese orden de ideas, si la parte quejosa reclama en el presente juicio de amparo la orden y materialización del aseguramiento de las cuentas bancarias aperturadas a su nombre y de las constancias remitidas por el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, relativas al incidente de suspensión del juicio de amparo número 1009/2019, se advierte que derivan de un acto realizado por la autoridad señalada como responsable BANCA MIFEL, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, en cumplimiento al contrato de productos y servicios bancarios que rige la relación contractual entre la institución antes mencionada y la parte quejosa; por tanto éste deriva de un procedimiento materialmente civil, por lo que, se concluye que corresponde a un juzgado en materia civil conocer de este asunto. - - - Lo anterior, porque la competencia para conocer de la demanda de amparo presentada por un particular, en relación a actos relacionados o derivados de juicios civiles como en el caso ocurre, se surte a favor de un Juez de Distrito de Amparo en Materia Civil, de conformidad con el artículo 54, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que a continuación se transcribe, pues el estudio que respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad que realice del acto versa sobre la materia civil. - - - El artículo 54, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es del tenor siguiente: 'ARTICULO 54. Los jueces de distrito de amparo en materia civil conocerán: [.] III. De los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia de amparo que no estén enumerados en los artículos 51, 52 y 55 de esta Ley; y [.]'." Como se puede advertir, el juzgado administrativo sostiene su incompetencia legal para conocer del asunto de que se trata, en el hecho de que los actos reclamados -orden de bloqueo, inmovilización, congelamiento o embargo de las cuentas bancarias de la quejosa, aperturadas ante la institución bancaria señalada como responsable- derivan de una actuación realizada por "Banca Mifel", sociedad anónima, institución de banca múltiple, grupo financiero "Mifel", en cumplimiento al contrato de productos y servicios bancarios que rige la relación contractual entre la quejosa y dicho banco, por lo que concluye que los actos cuestionados derivan de un "procedimiento materialmente civil" y por ende, afirma que el órgano jurisdiccional competente para conocer del asunto en cuestión es uno de esa naturaleza. Consideraciones respecto de las cuales, este juzgador disiente, respetuosamente, cuenta habida que si bien, por regla general, para dilucidar una cuestión competencial relativa a una demanda de amparo, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable, sin embargo, en la especie, no se advierte con claridad que el acto reclamado derive realmente de un procedimiento materialmente civil, sino que de la narrativa hecha por la juez administrativa fue emitido por "Banca Mifel", sociedad anónima, institución de banca múltiple, grupo financiero "Mifel", a su decir, en cumplimiento a un contrato de productos y servicios bancarios que rige la relación contractual entre la institución antes mencionada y la parte quejosa, de ahí que lo anterior se traduce en que primeramente debe analizarse si ésta con el carácter de autoridad obró en los términos como lo hizo, aspecto que en todo caso corresponde analizar a un órgano jurisdiccional en materia administrativa y no a uno en materia civil. Para claridad del criterio que se adopta, cabe precisar que por jurisdicción debe entenderse el conjunto de facultades y funciones que ejerce cada uno de los órganos en que se distribuye la competencia del Poder Judicial de la Federación, lo que conlleva a su vez un cúmulo de deberes. La competencia de los jueces tiene límites señalados en sus atribuciones, es decir, esa potestad la ejercen por cuestiones concretas de materia, cuantía, grado o territorio, según sea el caso. Por ende, si bien los órganos judiciales por el hecho de serlo son titulares de la función jurisdiccional, no pueden realizar ésta en cualquier tipo de negocios, sino únicamente en aquéllos para los que están facultados en la Ley. Así, para que un ente jurisdiccional tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, resulta necesario que dentro su jurisdicción la ley le reserve su conocimiento con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Por lo que respecta a la competencia por materia, el sistema jurídico nacional la distribuye entre diversos tribunales o juzgados, los cuales son especializados de acuerdo con una rama del Derecho. De ahí que existen tribunales en materia civil, fiscal, penal, del trabajo, administrativos, agrarios, respecto de los cuales, cada uno conoce únicamente de los asuntos que versen sobre el tópico de especialización que le son inherentes, lo que evidentemente provoca conflictos competenciales respecto de un determinado asunto. En ese tenor, para determinar la competencia por materia, debe atenderse a la naturaleza de la cuestión planteada, la cual surge del análisis de las prestaciones reclamadas, los hechos narrados, las pruebas aportadas, así como de los preceptos legales que sustente la demanda de amparo -aunque esto último no sea el tamiz preciso para diferenciarla-. Por cierto, debe dejarse de lado la relación sustancial que vincule a las partes, ya que dicho análisis constituiría un tema de fondo, el cual corresponde resolver al órgano jurisdiccional que resulte competente. Y, si el problema de fondo implica previamente dilucidar si el ente señalado como responsable obró con el carácter de autoridad al cumplir con el contrato de productos y servicios bancarios que rigen la relación contractual entre las partes, ya que no se advierte verdaderamente que emane de un "procedimiento" materialmente civil, sino de una conducta en la que la entidad bancaria "motu proprio" realiza una acción administrativa con apoyo en un contrato, ni duda cabe que la competencia se fincará en el órgano jurisdiccional de esa materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia identificada con el número P./J. 83/98, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página veintiocho del Tomo VIII, diciembre de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, de rubro y texto: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda." Así es, en el caso a estudio, del escrito inicial; de sus anexos correspondientes y del ocurso de ampliación de demanda2 , se advierte que la empresa quejosa reclama de las autoridades responsables, entre otras, de "Banca Mifel", sociedad anónima, institución de banca múltiple, grupo financiero "Mifel", la orden de bloqueo, inmovilización, congelamiento o embargo de las 2 Al respecto conviene citar por las razones que informan la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." cuentas bancarias3 aperturadas a su nombre ante la institución crediticia señalada como autoridad responsable; así como el contenido del reporte enviado por las autoridades antes mencionadas a la Unidad de Inteligencia Financiera por medio del cual, "Banca Mifel", sociedad anónima, institución de banca múltiple, grupo financiero "Mifel", señaló lo siguiente: Cabe destacar que el motivo de inconformidad radica en que, a decir de la quejosa, dicha institución crediticia sin previo aviso le impidió la libre disposición de diversos fondos existentes en sus cuentas -sin darle oportunidad de defenderse-. 3 Cuenta en Pesos Mexicanos, con número 340047575 -Clabe Interbancaria 042180003400475754- y cuenta en dólares número 340049055 -Clabe Interbancaria 0421800034004990551-. Aduce que "[.] se encuentra en completo estado de indefensión, al desconocer los motivos y las razones, que condujeron a la autoridad a la emisión del acto de congelamiento e inmovilización de las cuentas bancarias. [.]". Indica que el bloqueo de cuentas impugnado está basado en "argumentos falaces" como el vincular a la agraviada a la denominada "Operación Safiro", señalar que el domicilio de la inconforme es inexistente, que tiene el mismo domicilio que una de las doce empresas fantasmas que forman parte de la operación mencionada, entre otros. Asertos que en opinión de este órgano jurisdiccional no justifican la competencia legal de un Juzgado de Distrito en Materia Civil, sino de uno especializado en materia administrativa, por tener competencia residual. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que informa, la Jurisprudencia 2a./J. 115/2018 (10a.), sustentada por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, noviembre de 2018, que establece: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA EL SOBRESEIMIENTO DICTADO POR NO ESTAR FRENTE A ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESPECIALIZADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. Por regla general, los conflictos competenciales por razón de la materia se resuelven en atención a la naturaleza de los actos reclamados y de las autoridades responsables; sin embargo, surge una excepción cuando el problema de fondo del recurso de revisión consiste en analizar si es correcto el sobreseimiento en el juicio de amparo porque para el Juez de Distrito no se está en el caso de actos de autoridad, pues en ese supuesto, no es factible analizar la naturaleza de los actos reclamados y de las autoridades responsables, porque ello ocasionaría que la resolución del conflicto competencial prejuzgue sobre el fondo del recurso. Por tanto, en esos casos, la competencia debe fincarse en favor del Tribunal Colegiado de Circuito especializado en materia administrativa, por tener competencia residual para conocer del recurso de revisión, lo que, a su vez, respeta la litis del conflicto competencial atinente a resolver cuestiones de competencia y no de procedencia del juicio de amparo." [El énfasis es añadido]. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que cuando la cuestión de fondo consiste en dirimir si se está en el supuesto de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, la competencia debe establecerse a favor de un órgano jurisdiccional especializado en materia administrativa, a efecto de no prejuzgar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Con base en lo anterior, previo a dilucidar la naturaleza de lo aquí reclamado -bloqueo, inmovilización, congelamiento o embargo de las cuentas bancarias de la quejosa- así como la relación sustancial que vincula a las partes, debe resolverse si al ente señalado como responsable por la promovente del amparo le reviste el carácter de autoridad y si sus actos se equiparan a los de un procedimiento administrativo -y no de autoridad judicial civil- dado el contexto como se emitieron. Lo anterior, es congruente con en el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece que los Jueces de Distrito en Materia Administrativa son competentes para conocer de los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III, del 51 del ordenamiento en comento. Aquel precepto es del tenor siguiente: "Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: [.] IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; [.]" Mientras que las fracciones de los artículos 50 y 51 disponen lo siguiente: "Artículo 50. Los jueces federales penales conocerán: [.] II. De los procedimientos de extradición, salvo lo que se disponga en los tratados internacionales. [.]" "Artículo 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: [.] III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y [.]" De la parte conducente de la norma transcrita, se advierte que los Jueces de Distrito en Materia Administrativa detentan la competencia residual por cuanto hace a los juicios de amparo que se promuevan en contra de actos de autoridad distinta de la judicial, con dos excepciones: 1) los derivados de un procedimiento de extradición y 2) los relacionados con leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal. Visto así, es inconcuso que la competencia para conocer del presente asunto, se surte a favor del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, pues como ya se estableció, la inconforme reclama la orden de bloqueo, inmovilización, congelamiento o embargo de las cuentas bancarias4 que apertura ante la institución crediticia señalada como responsable; así como el contenido del reporte enviado por las autoridades antes mencionadas a la Unidad de Inteligencia Financiera, derivados de un procedimiento de monitoreo realizado por dicha entidad, los cuales son actos distintos a los de autoridad judicial y que no se encuentran previstos en las excepciones antes señaladas. Corrobora lo anterior, el hecho de que los actos reclamados -dada su naturaleza jurídica- no encuadran en los supuestos de competencia material previstos en el artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para los juzgados de Distrito de amparo en materia civil, pues: 4 Cuenta en Pesos Mexicanos, con número ************** -Clabe Interbancaria ***************- y cuenta en dólares número *********** -Clabe Interbancaria *************-. No se trata de un amparo promovido contra una resolución emitida por una autoridad del orden civil. - No se promueve contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia civil. - Tampoco es un asunto de la competencia de los juzgados de distrito en materia de amparo que no estén enumerados en los artículos 51, 52 y 55 de la ley orgánica (amparo en materia penal, materia administrativa, materia de trabajo). - No se refiere a las denuncias por incumplimiento a las declaraciones generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apoya lo antes expuesto, por las razones que informa la tesis que establece: "COMPETENCIA. CRITERIOS DE ESPECIALIZACIÓN POR MATERIA (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 51, 52, 54 Y 55 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN). De la lectura armónica y sistemática de los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se deriva un conjunto de reglas para la distribución de las competencias tratándose de Juzgados de Distrito especializados por diversas materias con base en dos elementos fundamentales: a. La materialidad o naturaleza intrínseca de los actos reclamados, porque se refiera a actos o leyes federales o locales sobre una materia o un bien jurídico tutelado determinado que puede referirse a una cuestión penal, civil, administrativa o laboral. b. El origen del acto reclamado, según sea la naturaleza de la autoridad responsable, esto es, si proviene de una autoridad judicial que tiene una materia asignada o si no es judicial, lo que conduce a que pueda tener la calidad de autoridad administrativa; y si se trata de leyes, la competencia atiende a la materia regulada y, en todo caso, debe atenderse a cada supuesto para establecer qué criterio se privilegia. Así, conocerá un Juez de Distrito en materia penal, de los actos dictados por la autoridad judicial penal, inclusive de resoluciones dictadas en incidentes de reparación del daño o responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; o de cualquier autoridad que afecte la libertad personal, salvo las correcciones disciplinarias y medidas de apremio impuestas fuera de procedimiento penal; en estos casos, la competencia la define el carácter material del órgano judicial o la naturaleza penal del acto reclamado. En tratándose del amparo contra los actos dictados por la autoridad laboral o en un procedimiento seguido por la autoridad del mismo orden, así como de las leyes y disposiciones de observancia general en materia de trabajo, conocerá un Juez de Distrito en materia laboral, según el caso; en este supuesto, la competencia la define la naturaleza material del órgano judicial o administrativo laboral o la naturaleza laboral del acto reclamado. Entonces, el Juez de Distrito en materia de trabajo conocerá de los juicios de amparo promovidos contra actos de la autoridad judicial; en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido del mismo orden; que se promuevan contra leyes y disposiciones de observancia general en materia de trabajo o que sobre esa materia se dicten por una autoridad distinta de la judicial y los promovidos contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido o que afecten a personas extrañas al juicio. En los juicios de amparo promovidos en contra de los actos dictados por la autoridad judicial administrativa conocerá un Juez de Distrito en materia administrativa; en todos estos casos, la naturaleza del órgano o autoridad responsable y sus actos materiales definen la competencia. Por otro lado, el artículo 54, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece, con especial referencia a la competencia de los Jueces de amparo en materia administrativa, una vis atractiva especial, al indicar que deben conocer de los juicios de amparo contra autoridad distinta de la judicial, salvo los casos de extradición y de las demandas de amparo promovidas contra leyes y disposiciones de observancia general en materia penal. De modo que por esta regla general, la preeminencia la tiene la autoridad origen del acto reclamado, esto es, si no es judicial, en principio el competente será el Juez en materia administrativa, salvo que el acto afecte la libertad, porque entonces, atendiendo a este bien jurídico, el más importante después de la vida, el competente será el Juez de amparo penal. Finalmente, en tratándose del amparo promovido contra actos dictados por la autoridad judicial civil, en el cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, conocerá un Juez de Distrito en materia civil; por lo que en este supuesto, la competencia la define la naturaleza formal del órgano judicial y, en su caso, cuando se promueve el juicio de amparo en contra de leyes y disposiciones de observancia general en materia civil, es la naturaleza del bien regulado, lo que define la competencia."5 Similar criterio sostuvo el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fincar la competencia al Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México al resolver el conflicto competencial planteado entre dicho juzgado y este Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en el cual se estableció lo siguiente: "En ese contexto, a fin de determinar a cuál de los juzgados de Distrito corresponde el conocimiento del asunto, conviene precisar que, atendiendo a la forma en la que se planteó el acto reclamado, la quejosa combate esencialmente lo siguiente: - - - El bloqueo de la cuenta bancaria número ***************. - - - Ahora 5 Tesis I.3o.C.100 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, noviembre de 2010, página 1431. Ahora bien, de las constancias de autos se advierte que el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, negó la existencia de la orden reclamada. - - - Por su parte, el Banco Nacional de México, sociedad anónima, Grupo Financiero Banamex (señalado como autoridad responsable), al rendir su informe con justificación, aceptó la existencia del acto reclamado y explicó que el bloqueo de la cuenta bancaria fue con motivo del requerimiento realizado por el banco internacional Wells Fargo Bank, N.A., derivado de una transacción electrónica no reconocida por la cantidad de *****************, la cual fue depositada en la cuenta bancaria de la quejosa con quien dicho banco internacional manifestó no tenía ninguna relación. - - - Agregó que el bloqueo de cuenta reclamado, estaba justificado en términos del "Contrato Único de Captación, Crédito y Banca Electrónica para Personas Físicas, CUCBE PF", cláusula III.10 "Operaciones ilícitas", en donde la particular convino y otorgó a "Banamex" la facultad de bloquear en cualquier momento la cuenta bancaria por motivos de seguridad. - - - Así las cosas, el acto reclamado, esto es, el bloqueo de la cuenta bancaria, por sí mismo, es de naturaleza administrativa, ya que fue ejercido motu proprio, es decir, sin juicio o procedimiento previo, por la institución bancaria, además, no se observa que con ese bloqueo se hubiere impuesto algún tipo de obligación o responsabilidad a la cuentahabiente, menos aún que éstas pudieran ser civiles. - - - Lo anterior, al margen de que la institución financiera hubiere actuado con base en la cláusula III.10 "Operaciones ilícitas", del "Contrato Único de Captación, Crédito y Banca Electrónica para Personas Físicas, CUCBE PF", o de que dicho contrato se rija por normas civiles o mercantiles. - - - Ello dado que, en el juicio de amparo, la quejosa no reclamó el cumplimento o incumplimiento del aludido contrato, por lo que el carácter de éste o las normas que lo rigen, no pueden ser tomados en consideración para determinar la naturaleza del acto reclamado. - - - Además, de momento no se advierte que lo actuado por la institución financiera afecte los derechos civiles de la quejosa, pues se insiste, dicha institución reconoció que el bloqueo reclamado, lo llevó a cabo motu proprio, es decir, sin juicio o procedimiento previo, y de lo informado no se desprende que además hubiere impuesto algún tipo de obligación o responsabilidad a la cuentahabiente, ni siquiera en el orden civil. - - - De ahí que, para definir la competencia por materia, de momento no sea factible atender al carácter del aludido contrato o a las normas que lo rigen. - - - En todo caso, como se dijo, para definir a qué juzgador corresponde la competencia por materia, debe observarse a la naturaleza del acto reclamado por sí mismo y de las autoridades señaladas como responsables, tal como la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo estableció en la jurisprudencia número 2a./J. 24/2009, previamente transcrita. - - - Así, se estima que el asunto corresponde a la materia administrativa, en tanto que la quejosa reclamó el bloqueo de una cuenta bancaria, acto que atribuyó al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como al director del Banco Nacional de México, sociedad anónima, Grupo Financiero Banamex (CITIBANAMEX). - - - En ese sentido, se tiene que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que forma parte la administración pública paraestatal, de modo que tiene naturaleza administrativa, en términos de lo dispuesto en los artículos 1, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal6 y 1 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.7 - - - No se desconoce que la citada autoridad, al rendir su informe negó la existencia de los actos reclamados, sin embargo, dicha negativa resulta inatendible para fijar la naturaleza del acto reclamado, pues la parte quejosa tiene hasta la celebración de la audiencia constitucional, la cual no ha sido 6 "ARTICULO 1o.- La presente Ley establece las bases de organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal. La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y los Órganos Reguladores Coordinados integran la Administración Pública Centralizada. Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública paraestatal." 7 "Artículo 1.- Se crea la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con autonomía técnica y facultades ejecutivas en los términos de esta Ley." celebrada, para desvirtuar lo manifestado en dicho informe. - - - Por su parte, del informe justificado rendido por el Banco Nacional de México, sociedad anónima, Grupo Financiero Banamex, se advierte que esta institución financiera motu proprio, es decir, sin juicio o procedimiento previo, llevó a cabo el bloqueo de la cuenta bancaria de la quejosa, por lo que razonablemente se tiene que el acto que ejerció es meramente administrativo. - - - Sin que lo anterior implique un pronunciamiento respecto a si las instituciones señaladas como responsables tienen el carácter o no de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que esa cuestión, en todo caso, corresponde al estudio de fondo, de modo que lo único que aquí se resuelve es qué juzgado de Distrito es competente por razón de materia, para conocer del juicio de amparo de origen. - - - Así las cosas, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado por sí mismo y de las autoridades señaladas como responsables, los datos que hasta el momento obran en autos, permiten identificar que el asunto corresponde a la materia administrativa, al tratarse el acto reclamado exclusivamente en el bloqueo de una cuenta bancaria. - - - Por lo tanto, se concluye que el órgano jurisdiccional competente para resolver el juicio de amparo, es el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México." En las relatadas consideraciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, este juzgado federal no acepta la competencia declinada por el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por consiguiente, devuélvase las constancias remitidas por dicho juzgado, previo cuaderno de antecedentes que se forme, a quien se le solicita atentamente acuse recibo de estilo y comunique la determinación que emita al respecto. Fórmese expedientillo de antecedentes. En diverso aspecto, se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica el inconforme, así como por autorizados únicamente para esos efectos, inclusive para recoger documentos, a ************************. Atento a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto con excepción de los documentos exhibidos como prueba. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario adscrito, a fin de que pueda practicar todas las diligencias ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese por oficio al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y por personalmente a la parte quejosa.
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Notifíquese por oficio al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y personalmente a la parte quejosa.
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