Instalaciones Inmobiliarias, A. en P.

Expediente 841/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
841/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
07/08/2017

Partes del expediente

  • Instalaciones Inmobiliarias, A. en P.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Agréguese el escrito de la parte quejosa, en atención a su contenido, hágase de su conocimiento que este órgano jurisdiccional no se encuentra en posibilidad de obsequiar su petición respecto de la solicitud de devolución que refiere en el mismo, toda vez que dicha devolución ya fue autorizada expresamente mediante proveído de veinte de julio de dos mil diecisiete. Por otro lado, ténganse por autorizados por parte de la quejosa en el presente asunto a las personas que indica. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado de los autos, se declara que el auto que desechó de plano la demanda de amparo ha causado estado, remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este Órgano de Control Constitucional para su resguardo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    En esta fecha se publica por lista de acuerdos a la parte quejosa, el acuerdo de veinte de julio de dos mil diecisiete, en el que: Vista la certificación de cuenta y el estado de los autos, se declara que el auto que desechó de plano la demanda de amparo ha causado estado, remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este Órgano de Control Constitucional para su resguardo. Notifíquese

  4. Principal

    Ciudad de México, treinta de junio de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo presentada por César Hernández Barrena, quien se ostente como representante de Instalaciones Inmobiliarias, asociación en participación, contra actos del Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Puebla "2" del Servicio de Administración Tributaria y otras autoridades. Fórmese expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 841/2017. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, una vez examinada la demanda y sus anexos, este órgano jurisdiccional estima que debe desecharse de plano, toda vez que se actualizan de manera manifiesta e indudable dos causa de improcedencia, a saber: (i) la contemplada en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; y, (ii) la prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la misma ley. Para justificar lo anterior, es importante precisar que en el artículo 113 referido se establece lo siguiente: "113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto faculta a los jueces de distrito para que, en los casos en los que adviertan la actualización de una causa de improcedencia, desechen de plano el escrito de demanda correspondiente, con la condición de que ello se desprenda de manera manifiesta e indudable. Sobre dichas condicionantes, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "manifiesto" se debe entender aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente. No obstante, para poder arribar a la conclusión de que una causa de improcedencia se advierte de ese modo, se debe tomar en cuenta la demanda de amparo y sus anexos, a efecto de que esté debidamente probada y no sea inferida con base en presunciones, de forma tal que resulte innecesaria la substanciación del juicio, en virtud de que no sería posible arribar a una determinación diversa. En ese mismo sentido, el Pleno del Alto Tribunal ha sostenido que cuando de la sola lectura de la demanda se advierte que existen cuestiones de derecho que impiden la procedencia del juicio, que por sus características propias no son desvirtuables con su tramitación, debe desecharse de plano por notoriamente improcedente, ya que sin importar lo que se alegue o las pruebas que se alleguen esa cuestión no se superaría. Ahora bien, en relación con el examen que se debe realizar de la demanda de amparo, es importante tener presente que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que aquélla debe ser interpretada en su integridad con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una resolución que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Máximo Tribunal del País ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual manera, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Expuesto lo anterior, es importante destacar que en este asunto César Hernández Barrena, quien se ostente como representante de Instalaciones Inmobiliarias, asociación en participación reclama el acto siguiente: El oficio 700-48-00-00-00-2016-2234, de quince de julio de dos mil dieciséis, emitido por el Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Puebla "2" del Servicio de Administración Tributaria, a través del cual se negó a atender la solicitud formulada, bajo el argumento de que no había acreditado su personalidad en términos del artículo 19 del Código Fiscal de la Federación. El juicio de amparo en contra del acto precisado como reclamado resulta notoriamente improcedente, toda vez que se actualiza la causa prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que no se agotó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, pues previamente se debió impugnar ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En la parte que interesa, en dicho precepto se prevé lo siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley". De conformidad con ese precepto, el juicio de amparo es improcedente contra actos administrativos en contra de los cuales proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. En el caso, el oficio 700-48-00-00-00-2016-2234, de quince de julio de dos mil dieciséis, se debió impugnar ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de conformidad con el artículo 3, fracción V, de la Ley Orgánica de ese tribunal, en el que establece: "3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo". En la tesis 2a. X/2003, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que una resolución definitiva para efectos de la procedencia del juicio contencioso administrativo federal es aquella que constituye el producto final o la voluntad definitiva de la administración pública y que puede tener como forma una como manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial, sino que basta que contenga una determinación o decisión cuyas características impidan una modificación. En efecto, para este Juzgador, la solicitud hecha por el promovente constituye una instancia, en la medida en que instó la actividad administrativa del Estado para obtener algo, por lo que es claro que la respuesta que se le recayó a esa solicitud constituye una resolución definitiva que le puso fin a una instancia. Bajo esa tesitura, si el juicio contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es procedente en contra de las resoluciones definitivas o actos administrativos que pongan fin a una instancia, como sucedió en el caso, entonces es claro que previamente a la promoción del juicio de amparo se debió agotar ese medio ordinario de defensa, ya que a través de éste se puede obtener la modificación, revocación o anulación del oficio reclamado. En el entendido de que el vocablo instancia, en términos del artículo 3, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa debe entenderse como una petición o solicitud, mas no como una instancia derivada de un recurso, pues para este supuesto específico se establece la fracción XIII de ese precepto, en la que se prevé: "XIII. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo". Así, al no satisfacerse el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, este órgano jurisdiccional estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Máxime que, con independencia de que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido en términos de la Ley de Amparo, lo cierto es que en el juicio contencioso administrativo se puede obtener la suspensión con el mismo plazo, y los mismos alcances y requisitos que los previstos en la Ley de Amparo. Lo anterior ha sido establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias 2a./J. 130/2013 (10a.), 2a./J. 19/2015 (10a.) y 2a./J. 27/2016 cuyos rubros son, respectivamente, los siguientes: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO." "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALESS A LOS QUE SE OTORGAN COFNORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCISOO ADMINISTRATIVO." Por otro lado, no se advierte que se actualice alguna de las excepciones al principio de definitividad establecidas en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que del anexo exhibido se advierte que la autoridad responsable citó diversos preceptos en los que apoyó su actuar, lo que permite concluir que el acto reclamado, en sí mismo, no carece de fundamentación. Asimismo, no se advierte que se planteen únicamente violaciones directas a la Constitución, pues en su concepto de violación, el quejoso alega una incongruencia con su solicitud, lo que constituye una cuestión de mera legalidad. Lo anterior, implica que no se surte la excepción al principio de definitividad prevista en el artículo 61, fracción XX, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, ya que en ese precepto se dispone: "No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia". En dicha norma se utiliza la palabra "sólo" como un adverbio de modo que significa "únicamente". De hecho así lo ha interpretado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia que lleva por rubro: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN". Finalmente, el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no está previsto en un reglamento, sino en una ley formal y material. En mérito de lo expuesto, al acreditarse también de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por no agotarse el principio de definitividad se desecha de plano la demanda de amparo. Las causas de improcedencia son manifiesta e indudable porque puede advertirse de la demanda, ya que: (i) los antecedentes del acto reclamado narrados en la demanda son claros; y, (ii) porque dichas causas descansan en cuestiones jurídicas que no requieren alguna prueba adicional. Dicho de otra manera, aún de admitirse y tramitarse el juicio, no se podría arribar a una conclusión diversa, porque las causas de improcedencia derivan de la naturaleza del acto reclamado, es decir, no se tiene duda sobre dicha naturaleza e, incluso, ésta no variará a pesar de tramitarse el juicio. Por esa razón, no resulta aplicable la tesis aislada sin número, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que lleva por rubro: "DEMANDA DE AMPARO, LA POSIBILIDAD DE LA EXISTENCIA DE UN RECURSO CONTRA EL ACTO RECLAMADO, NO ES SUFICIENTE PARA DESECHARLA". Como se advierte esa tesis alude a "la posibilidad de la existencia de un recurso"; sin embargo, en el caso que nos ocupa, la existencia de un medio ordinario de defensa no sólo es posible, sino que está plenamente evidenciada, esto es, no hay duda sobre la existencia del juicio contencioso administrativo como un medio ordinario de defensa contra actos que generan una afectación en materia fiscal a los contribuyentes. Aunado a ello, como ya se ha demostrado, ese medio ordinario de defensa no solo es posible, sino que es idóneo y eficaz para lograr la anulación, revocación o modificación del acto aquí reclamado. Por último, se debe destacar que la sola posibilidad de un recurso no puede dar lugar a desacatar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo; puesto que sobre dicha posibilidad debe imperar el texto constitucional, particularmente su artículo 107, fracción IV, que establece que en materia administrativa, será necesario agotar los medios de defensa. Con base en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria acorde a lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado. Téngase por autorizado en términos de la primera parte del párrafo segundo del artículo 12, en estrecha relación con el diverso 24, párrafo segundo, de la ley de la materia, Marco Antonio Gutiérrez Rodriguez, toda vez que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por lo que respecta a la autorización de las personas que menciona, dígasele que una vez que registre su cédula profesional en el citado sistema, se acordará respecto de dicha autorización, en la inteligencia que de no hacerlo ésta es única y exclusivamente para oír y recibir notificaciones, como lo dispone el precepto en comento. Con apoyo en la Circular 12/2009, se autoriza al quejoso el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con apoyo en el artículo 21, párrafo tercero, de la ley en cita, desde este momento se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. Con fundamento en el artículo 3°, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 87 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se hace del conocimiento del quejoso, que podrá oponerse a la publicación de sus datos personales, siempre y cuando lo informen de manera expresa. Notifíquese personalmente, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso j), de la Ley de Amparo. Lo proveyó y firma Juan Pablo Gómez Fierro, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido del secretario Luis Hernández Plata, que autoriza y da fe. Doy fe. El Juez El secretario LHP/´mepl

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