Insituto Mexicano del Seguro Social

Expediente 1228/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 10 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1228/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
30/08/2023

Partes del expediente

  • Insituto Mexicano del Seguro Social
  • Insituto Mexicano del Seguro Social y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, treinta de agosto de dos mil veintitrés.****************************************Vista la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la sentencia de veintiuno de julio de dos mil veintitrés, que negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, haya sido recurrida por ésta, que es a quien le pudo irrogar agravios; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes.****************************************Por tanto, archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido.****************************************En consecuencia, el presente asunto es conservable, toda vez que encuadra en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, al ser un asunto en el que negó el amparo.****************************************Asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 34, párrafo segundo, del mismo acuerdo.****************************************Por otra parte, el incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo es conservable, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 fracción III, inciso b), del citado acuerdo general, dado que se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados.****************************************Tanto el expediente principal como el original del cuaderno incidental deberán conservarse por un término de tres años, concluido ese plazo posteriores al archivo, este órgano jurisdiccional deberá transferir los expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal.****************************************Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.****************************************Finalmente, se pone a disposición de la parte quejosa el documento notarial que se adjuntó al ocurso aclaratorio (con el que acreditó su personalidad), tomando en consideración que el presente asunto se encuentra totalmente concluido; por tanto, cuenta con un término de noventa días, computados legalmente, para recoger dicha documental, previa razón que de su recibo se deje en autos; apercibida que de no hacerlo en citado término, dicha constancia será destruida, de conformidad con el artículo 20, párrafo segundo, del Acuerdo de referencia.****************************************Notifíquese personalmente.****************************************Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Nora Hilda Luna Lugo, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecisiete de abril de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta localidad, turnada al día siguiente a este juzgado, el apoderado y representante legal del directo quejoso ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto de la Junta Especial número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad; que estimó violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo en cuestión a este juzgado, por lo que una vez desahogada la prevención efectuada el diecinueve de abril de dos mil veintitrés, se admitió a trámite el dos de mayo siguiente; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se tuvo con el carácter de tercero interesado a Eugenio Bolaños Tinoco, quien fue legalmente emplazado a juicio, según se constata en autos; se dio la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, quien no formuló pedimento; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se verificó conforme al acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con base en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33 fracción IV, 35, 37 primer párrafo y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el quejoso reclama un acto autónomo después de concluido el juicio -interlocutoria que resuelve el incidente de liquidación- contra el cual no cabe recurso ordinario que agotar; emitida por una autoridad jurisdiccional en materia de trabajo con residencia en esta ciudad, lugar donde este juzgado de conocimiento mixto ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación y precisión del acto reclamado en el presente juicio de amparo. Esto es así, porque previo a verificar la certeza o inexistencia del acto reclamado, debe quedar precisado cual es. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, que no se contraponen a las disposiciones de la Ley de Amparo, a saber: 1) Analizar en su integridad la demanda de amparo y anexos, con un criterio de liberalidad y no restrictivo, sin cambiar su alcance y contenido, y, 2) Prescindir de los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados. En apoyo a lo anterior, cobra aplicación la jurisprudencia P./J.40/2000, con registro 192097, y la tesis aislada P.VI/2004, con registro 181810, integradas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XI, página 32, y XIX, página 255, cuyos rubros, respectivamente dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y, "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en lo acotado, el acto reclamado se hace consistir en: La resolución interlocutoria de tres de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el incidente de liquidación de laudo, relativo al juicio laboral 1647/2017. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Junta Especial número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado No obstante, tal negativa se desvirtúa, pues de las constancias que adjuntó, se observa que el tres de marzo de dos mil veintitrés, dictó la resolución interlocutoria que resolvió el incidente de liquidación en el expediente laboral 1647/2017; por lo que al constituir documentos públicos, se les otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; por tanto, se tiene como cierto el acto reclamado. Es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394182, bajo el rubro y texto literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, deberán estudiarse las causales de improcedencia del juicio, sea que las hagan valer las partes o se adviertan de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sin embargo, las partes no señalaron la actualización de alguna causa de improcedencia, ni esta autoridad la advierte de oficio; por tanto, procede entrar al estudio de fondo. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Antes de abordar el estudio de los conceptos de violación, es necesario destacar que de las constancias certificadas remitidas por la autoridad responsable relativas al expediente laboral 1647/2017, se desprenden los siguientes antecedentes: El veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, se emitió laudo que dirimió la controversia natural, determinándose lo siguiente: ".PRIMERO.- La parte actora el C. EUGENIO BOLAÑOS TINOCO, acreditó en parte su acción, el demandado INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, justificó parcialmente sus excepciones y defensas hechas valer. --- SEGUNDO.- Se condena al INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, a la otorgación de la pensión de incapacidad permanente parcial al 75% a favor del C. EUGENIO BOLAÑOS TINOCO, a partir de la fecha de la presente resolución. Además del otorgamiento de aguinaldos y de atención médica, clínica, farmacéutica y hospitalaria para el actor, debiéndose de tomar el salario diario registrado al momento del riesgo de trabajo, siendo de $437.67 pesos, de acuerdo a la documental que obra a fojas 5 de autos, en términos de los numerales 58 fracción III de la Ley del Seguro Social, ordenándose la apertura del incidente de liquidación para que se cuantifiquen las condenas que se generan a partir de la emisión del presente laudo.--- TERCERO.- Se absuelve al demandado de las prestaciones marcadas con los incisos c) y d), por las razones ya expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.---CUARTO.- En términos de los establecido en el artículo 945 de la Ley Federal de Trabajo se le concede a las demandadas el término de quince días para que dé cumplimiento a la condena establecida.---QUINTO. Notifíquese Personalmente a las partes este fallo." (fojas 39-42) Contra esa determinación, por conducto de sus apoderados, la demandada del juicio de origen ******************** y el actor Eugenio Bolaños Tinoco, promovieron amparo directo, por lo que en sesión de nueve de junio de dos mil veintidós, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en esta ciudad, al resolver los juicios 18/2022 y 19/2022, negó la protección constitucional a los quejosos, quedando firme el laudo de que se trata, siendo en el segundo de ellos, donde el órgano colegiado abordó el tópico del salario fijado en el laudo a considerarse para el pago de las prestaciones objeto de condena, lo que hizo en los términos siguientes: ".SÉPTIMO. Estudio. Son ineficaces los conceptos de violación.--- Salario. Contrariamente a lo sostenido por la parte quejosa, el salario fijado en el laudo fue el correcto para el pago de las prestaciones materia de la condena, sin que sea válido agregar los aumentos posteriores.--- La fracción II del artículo 58 de la Ley del Seguro Social señala que tratándose de una incapacidad permanente total del asegurado, éste recibirá una pensión mensual definitiva equivalente al 70% del salario en que estuviere cotizando en el momento de ocurrir el riesgo.---Mientras que la fracción III del dispositivo en mención, establece que si la incapacidad declarada es permanente parcial, superior al cincuenta por ciento, el asegurado recibirá una pensión que será otorgada por la institución de seguros que elija en los términos de la fracción anterior.---Del análisis sistemático de las disposiciones en comento, se obtiene que todo aquel trabajador que sufra una incapacidad permanente total o permanente parcial, derivada de un riesgo de trabajo, y se decrete la condena, ésta se debe cubrir con base en el salario en que estuviere cotizando en el momento de ocurrir el riesgo; de ahí que no se pueda variar la manera en que han de cubrirse las prestaciones previstas en la Ley del Seguro Social.---Por consiguiente, si en el laudo reclamado que condenó al demandado al pago de la pensión por incapacidad permanente parcial, se determinó que se debía considerar el salario cotizado al momento del infortunio (20 de diciembre de 2016); esa determinación fue correcta y no viola derechos fundamentales del actor, en tanto que atiende a los principios establecidos en la ley de la materia en cuanto a los lineamientos a que deben constreñirse las prestaciones en dinero a que tienen derecho los asegurados. De ahí lo ineficaz del planteamiento." (foja 110). Luego, el tres de marzo de dos mil veintitrés, se dictó resolución dentro del incidente de liquidación derivado del juicio laboral 1647/2017, (acto aquí reclamado), misma que en su parte considerativa, en lo que ahora interesa dice: ". VISTOS.se procede a cuantificar la condena impuesta al demandado.--- CONSIDERANDO. . II.- Esta junta especial No. 60, en fecha 29 de septiembre del año 2021, dictó laudo del cual se advierte en el punto resolutivo: "TERCERO.- Se condena al INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL a la otorgación de la pensión de incapacidad permanente total al 75% a favor del C. EUGENIO BOLAÑOS TINOCO, a partir de la fecha de la presente resolución. Además del otorgamiento de aguinaldos y de atención médica, clínica, farmacéutica y hospitalaria para el actor, debiéndose de tomar el salario diario registrado al momento del riesgo de trabajo, siendo de $437.67 pesos, de acuerdo a la documental que obra a fojas 5 de autos, en términos de los numerales 58 fracción III de la Ley del Seguro Social, ordenándose la apertura del incidente de liquidación para que se cuantifiquen las condenas que se generan a partir de la emisión del presente laudo". Del estudio y análisis de los alegatos y pruebas ofrecidas por las partes incidentistas, así como atendiendo al laudo de fecha 29 de septiembre de 2021, se advierte que el salario del actor al momento en que ocurrió el suceso, siendo la cantidad de $437.67 pesos, por lo anterior se procede a realizar la cuantificación a partir del 29 de septiembre del año 2021. Por lo que en términos del artículo 58 fracción II, III y V dela ley del Seguro Social Vigente. Y toda vez que el porcentaje de la incapacidad parcial permanente lo es la cantidad de 75%, por lo que para el efecto de cuantificar se toma en consideración el artículo 58 fracción II, en términos de lo que establece el artículo 58 fracción III; por lo que se toma el 70% del salario de $437.67 pesos, siendo la cantidad de $306.36 pesos, salario el cual se deberá de tomar en consideración para el otorgamiento de la pensión de incapacidad a partir del 29 de septiembre del año 2021.". (Lo resaltado no es de origen) SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. En primer término, debe decirse que conforme a lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Amparo, en el presente juicio no opera en favor de la parte quejosa la institución de la suplencia de la queja deficiente, toda vez que se trata de la paraestatal demandada en el juicio laboral y no de la parte obrera. Lo que encuentra apoyo en la jurisprudencia del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 1033, del Tomo XIV, Octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (registro 188489), del contenido siguiente: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL. RESULTA INOPERANTE A FAVOR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, AUN CUANDO ACTÚE COMO ÓRGANO ASEGURADOR.- La interpretación del artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, que determina: "Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, conforme a lo siguiente: ... IV. En materia laboral, la suplencia sólo se aplicará en favor del trabajador.", lleva a la conclusión de que en materia laboral no es posible suplir la deficiencia de la queja en una demanda de juicio de amparo en favor de parte distinta del trabajador o persona análoga; así, en los juicios laborales en los que el ******************** sea parte como órgano asegurador, no procede la suplencia de la queja en su favor, pues ésta únicamente se justifica en favor del trabajador o, en el caso, del asegurado, en tanto que su finalidad es solventar la desigualdad procesal de las partes y la necesidad de proteger la subsistencia del trabajador o asegurado y de su familia." Establecido lo anterior, se procede al estudio de los conceptos de violación, los que se tienen por reproducidos en la demanda de amparo en obvio de repetición innecesaria; al resultar aplicable al caso concreto la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (registro 164618), de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." No obstante lo antes precisado, para mejor comprensión en el estudio del asunto que nos ocupa, es necesario sintetizar los conceptos de violación esgrimidos; así, de la demanda de amparo se advierte que la paraestatal quejosa aduce que la autoridad responsable viola en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16, 17 y 123 constitucionales, en relación con lo establecido por los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, sustancialmente, por lo siguiente: UNICO: Los cálculos aritméticos realizados en la resolución impugnada por la autoridad responsable, al partir de una cantidad errónea, están mal calculados, ya que para obtener el pago de las prestaciones adeudadas al actor, se debe considerar el salario tabular y no el mensual integrado; de ahí que, esa cuantificación es ilegal al contravenir los dispositivos de la ley laboral invocados, por lo que la resolución incidental es incongruente y carece de fundamentación y motivación. Anotados los conceptos de violación hechos valer por la quejosa, con base en el análisis de las constancias allegadas por la autoridad responsable y particularmente del acto reclamado antes transcrito, se advierte que son inoperantes, como se verá más adelante. Previo a justificar lo anterior, es preciso señalar que la resolución incidental de liquidación que se combate, deriva del laudo de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, el cual quedó firme, una vez que se negó la protección de la justicia federal al ********************, aquí quejoso, así como al actor del juicio de origen Eugenio Bolaños Tinoco, en los amparos directos 18/2022 y 19/2022, aludidos en párrafos precedentes. Ahora, como se adelantó, resultan inoperantes los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, en relación al salario que se consideró para la cuantificación de las prestaciones materia de condena, puesto que el referido tópico al haber sido materia de análisis en vía de amparo directo, constituye cosa juzgada e impide su examen en esta instancia constitucional, como a continuación se expondrá. En efecto, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, residente en esta localidad, resolvió (entre otro) el juicio de amparo 18/2022 promovido por el actor del juicio de origen, aquí tercero interesado Eugenio Bolaños Tinoco, en el que negó la protección constitucional, ejecutoria que obra agregada a las constancias certificadas que remitió la autoridad responsable (fojas 105-116), en el que se analizó el tema relativo al salario fijado en el laudo y que se tomó en consideración para cuantificar el pago de las prestaciones a que fue condenado el instituto aquí quejoso. Lo antes expuesto, se pone de relieve en el considerando séptimo de la ejecutoria dictada en el amparo directo antes referido, en el que se analizaron los conceptos de violación hechos valer por el actor del juicio de origen, lo que se transcribe a continuación, en lo que aquí interesa: ".SÉPTIMO. Estudio. Son ineficaces los conceptos de violación.--- Salario. Contrariamente a lo sostenido por la parte quejosa, el salario fijado en el laudo fue el correcto para el pago de las prestaciones materia de la condena, sin que sea válido agregar los aumentos posteriores.---.Por consiguiente, si en el laudo reclamado que condenó al demandado al pago de la pensión por incapacidad permanente parcial, se determinó que se debía considerar el salario cotizado al momento del infortunio (20 de diciembre de 2016); esa determinación fue correcta y no viola derechos fundamentales del actor, en tanto que atiende a los principios establecidos en la ley de la materia en cuanto a los lineamientos a que deben constreñirse las prestaciones en dinero a que tienen derecho los asegurados. De ahí lo ineficaz del planteamiento." (foja 110) (Lo subrayado no es de origen). Como puede verse, las consideraciones vertidas en relación al tópico del salario fijado en el laudo para calcular el pago de las prestaciones a que fue condenado el instituto aquí quejoso, quedaron intocadas, puesto que el órgano colegiado concluyó que fue correcta la cantidad que se estableció por ese concepto para calcular el pago a que estaba obligado el demandado del juicio natural, con motivo de la condena de que fue objeto. En consecuencia, en el incidente de liquidación que se combate, en lo que aquí interesa, se estableció lo siguiente: ".VISTOS.se procede a cuantificar la condena impuesta al demandado.--- CONSIDERANDO. . II.- Esta junta especial No. 60, en fecha 29 de septiembre del año 2021, dictó laudo del cual se advierte en el punto resolutivo: "TERCERO.- Se condena al INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL a la otorgación de la pensión de incapacidad permanente total al 75% a favor del C. EUGENIO BOLAÑOS TINOCO, a partir de la fecha de la presente resolución. Además del otorgamiento de aguinaldos y de atención médica, clínica, farmacéutica y hospitalaria para el actor, debiéndose de tomar el salario diario registrado al momento del riesgo de trabajo, siendo de $437.67 pesos, de acuerdo a la documental que obra a fojas 5 de autos, en términos de los numerales 58 fracción III de la Ley del Seguro Social, ordenándose la apertura del incidente de liquidación para que se cuantifiquen las condenas que se generan a partir de la emisión del presente laudo". Del estudio y análisis de los alegatos y pruebas ofrecidas por las partes incidentistas, así como atendiendo al laudo de fecha 29 de septiembre de 2021, se advierte que el salario del actor al momento en que ocurrió el suceso, siendo la cantidad de $437.67 pesos, por lo anterior se procede a realizar la cuantificación a partir del 29 de septiembre del año 2021.". (Lo resaltado no es de origen) Al respecto, debe decirse que el incidente de liquidación en modo alguno puede desconocer un derecho ya reconocido en el laudo definitivo, con mayoría de razón, sí como en el caso, las consideraciones vertidas respecto del tema de que se trata, han quedado firmes. En efecto, el incidente de liquidación, aun cuando tiene objeto y contenido propios, como conflictos jurisdiccionales de cognición, sólo tienen como fin primordial determinar con precisión la cuantía de ciertas prestaciones a las que quedaron obligadas las partes en el juicio, con el propósito de perfeccionar el laudo en aspectos que no se pudieron dilucidar al emitirlo y que son indispensables para exigir su cumplimiento y llevar a cabo su ejecución, pero no pueden modificar, anular o rebasar lo determinado en sus consideraciones, pues ello sería antijurídico e ilegal, porque atentaría contra los principios fundamentales del proceso, como los de la invariabilidad de la litis, congruencia y cosa juzgada, ya que en el fallo definitivo dictado en el juicio natural el juzgador decide sobre las prestaciones deducidas por las partes, ya sea en forma específica o general; en consecuencia, el incidente de liquidación no tiene como finalidad desconocer un derecho ya decidido en la resolución definitiva sino, en su caso, sólo la liquidación respectiva de lo que fue materia del juicio. En tal virtud, al advertirse del juicio laboral que en el laudo se condenó al instituto demandado, hoy quejoso, a realizar el pago de diversas prestaciones tomando en consideración el salario ahí establecido, y que en el incidente de liquidación precisamente se cuantificó con esa base previamente fijada, es inconcuso que contrario a lo que expone la paraestatal quejosa, en el caso, con relación al tema, no puede analizarse nuevamente si es correcta o no la cantidad salarial considerada para calcular el monto de las prestaciones objeto de condena, porque como antes se dijo, las consideraciones vertidas respecto de ese tópico quedaron firmes y por lo tanto, constituyen cosa juzgada; de ahí, lo inoperante del citado motivo de inconformidad. Resulta aplicable la jurisprudencia, publicada en la página 1919, Tomo XXVII, febrero de 2008, instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Materia: Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 170370, bajo el rubro y texto literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS INOPERANTES CUANDO EXISTE COSA JUZGADA. Son inoperantes lo conceptos de violación planteados en un amparo o los agravios que se esgrimen en un recurso cuando van dirigidos a combatir aspectos que ya no pueden estar sujetos a discusión ni mucho menos reexaminarse en virtud de que ya fueron analizados y desestimados en un asunto anterior constituyendo por ellos cosa juzgada, pues en ambos asuntos coinciden o concurren los elementos que distinguen tal institución jurídica: a) El objeto de la decisión; b) El fundamento jurídico; y, c) Los sujetos...". En las relatadas consideraciones, ante lo inoperante de los conceptos de violación y al no actualizarse la suplencia de la deficiencia de la queja, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 1º, fracción I, 73, 74, 75, 77, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE al directamente quejoso ********************, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos legales expuestos en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, residente en esta Ciudad, hoy veintiuno de julio de dos mil veintitrés, ante la Secretaria Nora Hilda Luna Lugo, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    ::REPUBLICACIÓN:: R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecisiete de abril de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta localidad, turnada al día siguiente a este juzgado, el apoderado y representante legal del directo quejoso ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto de la Junta Especial número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad; que estimó violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo en cuestión a este juzgado, por lo que una vez desahogada la prevención efectuada el diecinueve de abril de dos mil veintitrés, se admitió a trámite el dos de mayo siguiente; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se tuvo con el carácter de tercero interesado a Eugenio Bolaños Tinoco, quien fue legalmente emplazado a juicio, según se constata en autos; se dio la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, quien no formuló pedimento; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se verificó conforme al acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con base en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33 fracción IV, 35, 37 primer párrafo y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el quejoso reclama un acto autónomo después de concluido el juicio -interlocutoria que resuelve el incidente de liquidación- contra el cual no cabe recurso ordinario que agotar; emitida por una autoridad jurisdiccional en materia de trabajo con residencia en esta ciudad, lugar donde este juzgado de conocimiento mixto ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación y precisión del acto reclamado en el presente juicio de amparo. Esto es así, porque previo a verificar la certeza o inexistencia del acto reclamado, debe quedar precisado cual es. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, que no se contraponen a las disposiciones de la Ley de Amparo, a saber: 1) Analizar en su integridad la demanda de amparo y anexos, con un criterio de liberalidad y no restrictivo, sin cambiar su alcance y contenido, y, 2) Prescindir de los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados. En apoyo a lo anterior, cobra aplicación la jurisprudencia P./J.40/2000, con registro 192097, y la tesis aislada P.VI/2004, con registro 181810, integradas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XI, página 32, y XIX, página 255, cuyos rubros, respectivamente dicen: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. y, ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. Con base en lo acotado, el acto reclamado se hace consistir en: La resolución interlocutoria de tres de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el incidente de liquidación de laudo, relativo al juicio laboral 1647/2017. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Junta Especial número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado No obstante, tal negativa se desvirtúa, pues de las constancias que adjuntó, se observa que el tres de marzo de dos mil veintitrés, dictó la resolución interlocutoria que resolvió el incidente de liquidación en el expediente laboral 1647/2017; por lo que al constituir documentos públicos, se les otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; por tanto, se tiene como cierto el acto reclamado. Es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394182, bajo el rubro y texto literal siguiente: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, deberán estudiarse las causales de improcedencia del juicio, sea que las hagan valer las partes o se adviertan de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sin embargo, las partes no señalaron la actualización de alguna causa de improcedencia, ni esta autoridad la advierte de oficio; por tanto, procede entrar al estudio de fondo. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Antes de abordar el estudio de los conceptos de violación, es necesario destacar que de las constancias certificadas remitidas por la autoridad responsable relativas al expediente laboral 1647/2017, se desprenden los siguientes antecedentes: El veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, se emitió laudo que dirimió la controversia natural, determinándose lo siguiente: .PRIMERO.- La parte actora el C. EUGENIO BOLAÑOS TINOCO, acreditó en parte su acción, el demandado INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, justificó parcialmente sus excepciones y defensas hechas valer. --- SEGUNDO.- Se condena al INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, a la otorgación de la pensión de incapacidad permanente parcial al 75% a favor del C. EUGENIO BOLAÑOS TINOCO, a partir de la fecha de la presente resolución. Además del otorgamiento de aguinaldos y de atención médica, clínica, farmacéutica y hospitalaria para el actor, debiéndose de tomar el salario diario registrado al momento del riesgo de trabajo, siendo de $437.67 pesos, de acuerdo a la documental que obra a fojas 5 de autos, en términos de los numerales 58 fracción III de la Ley del Seguro Social, ordenándose la apertura del incidente de liquidación para que se cuantifiquen las condenas que se generan a partir de la emisión del presente laudo.--- TERCERO.- Se absuelve al demandado de las prestaciones marcadas con los incisos c) y d), por las razones ya expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.---CUARTO.- En términos de los establecido en el artículo 945 de la Ley Federal de Trabajo se le concede a las demandadas el término de quince días para que dé cumplimiento a la condena establecida.---QUINTO. Notifíquese Personalmente a las partes este fallo. (fojas 39-42) Contra esa determinación, por conducto de sus apoderados, la demandada del juicio de origen ******************** y el actor Eugenio Bolaños Tinoco, promovieron amparo directo, por lo que en sesión de nueve de junio de dos mil veintidós, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en esta ciudad, al resolver los juicios 18/2022 y 19/2022, negó la protección constitucional a los quejosos, quedando firme el laudo de que se trata, siendo en el segundo de ellos, donde el órgano colegiado abordó el tópico del salario fijado en el laudo a considerarse para el pago de las prestaciones objeto de condena, lo que hizo en los términos siguientes: .SÉPTIMO. Estudio. Son ineficaces los conceptos de violación.--- Salario. Contrariamente a lo sostenido por la parte quejosa, el salario fijado en el laudo fue el correcto para el pago de las prestaciones materia de la condena, sin que sea válido agregar los aumentos posteriores.--- La fracción II del artículo 58 de la Ley del Seguro Social señala que tratándose de una incapacidad permanente total del asegurado, éste recibirá una pensión mensual definitiva equivalente al 70% del salario en que estuviere cotizando en el momento de ocurrir el riesgo.---Mientras que la fracción III del dispositivo en mención, establece que si la incapacidad declarada es permanente parcial, superior al cincuenta por ciento, el asegurado recibirá una pensión que será otorgada por la institución de seguros que elija en los términos de la fracción anterior.---Del análisis sistemático de las disposiciones en comento, se obtiene que todo aquel trabajador que sufra una incapacidad permanente total o permanente parcial, derivada de un riesgo de trabajo, y se decrete la condena, ésta se debe cubrir con base en el salario en que estuviere cotizando en el momento de ocurrir el riesgo; de ahí que no se pueda variar la manera en que han de cubrirse las prestaciones previstas en la Ley del Seguro Social.---Por consiguiente, si en el laudo reclamado que condenó al demandado al pago de la pensión por incapacidad permanente parcial, se determinó que se debía considerar el salario cotizado al momento del infortunio (20 de diciembre de 2016); esa determinación fue correcta y no viola derechos fundamentales del actor, en tanto que atiende a los principios establecidos en la ley de la materia en cuanto a los lineamientos a que deben constreñirse las prestaciones en dinero a que tienen derecho los asegurados. De ahí lo ineficaz del planteamiento. (foja 110). Luego, el tres de marzo de dos mil veintitrés, se dictó resolución dentro del incidente de liquidación derivado del juicio laboral 1647/2017, (acto aquí reclamado), misma que en su parte considerativa, en lo que ahora interesa dice: . VISTOS.se procede a cuantificar la condena impuesta al demandado.--- CONSIDERANDO. . II.- Esta junta especial No. 60, en fecha 29 de septiembre del año 2021, dictó laudo del cual se advierte en el punto resolutivo: TERCERO.- Se condena al INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL a la otorgación de la pensión de incapacidad permanente total al 75% a favor del C. EUGENIO BOLAÑOS TINOCO, a partir de la fecha de la presente resolución. Además del otorgamiento de aguinaldos y de atención médica, clínica, farmacéutica y hospitalaria para el actor, debiéndose de tomar el salario diario registrado al momento del riesgo de trabajo, siendo de $437.67 pesos, de acuerdo a la documental que obra a fojas 5 de autos, en términos de los numerales 58 fracción III de la Ley del Seguro Social, ordenándose la apertura del incidente de liquidación para que se cuantifiquen las condenas que se generan a partir de la emisión del presente laudo. Del estudio y análisis de los alegatos y pruebas ofrecidas por las partes incidentistas, así como atendiendo al laudo de fecha 29 de septiembre de 2021, se advierte que el salario del actor al momento en que ocurrió el suceso, siendo la cantidad de $437.67 pesos, por lo anterior se procede a realizar la cuantificación a partir del 29 de septiembre del año 2021. Por lo que en términos del artículo 58 fracción II, III y V dela ley del Seguro Social Vigente. Y toda vez que el porcentaje de la incapacidad parcial permanente lo es la cantidad de 75%, por lo que para el efecto de cuantificar se toma en consideración el artículo 58 fracción II, en términos de lo que establece el artículo 58 fracción III; por lo que se toma el 70% del salario de $437.67 pesos, siendo la cantidad de $306.36 pesos, salario el cual se deberá de tomar en consideración para el otorgamiento de la pensión de incapacidad a partir del 29 de septiembre del año 2021.. (Lo resaltado no es de origen) SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. En primer término, debe decirse que conforme a lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Amparo, en el presente juicio no opera en favor de la parte quejosa la institución de la suplencia de la queja deficiente, toda vez que se trata de la paraestatal demandada en el juicio laboral y no de la parte obrera. Lo que encuentra apoyo en la jurisprudencia del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 1033, del Tomo XIV, Octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (registro 188489), del contenido siguiente: SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL. RESULTA INOPERANTE A FAVOR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, AUN CUANDO ACTÚE COMO ÓRGANO ASEGURADOR.- La interpretación del artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, que determina: Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, conforme a lo siguiente: ... IV. En materia laboral, la suplencia sólo se aplicará en favor del trabajador., lleva a la conclusión de que en materia laboral no es posible suplir la deficiencia de la queja en una demanda de juicio de amparo en favor de parte distinta del trabajador o persona análoga; así, en los juicios laborales en los que el ******************** sea parte como órgano asegurador, no procede la suplencia de la queja en su favor, pues ésta únicamente se justifica en favor del trabajador o, en el caso, del asegurado, en tanto que su finalidad es solventar la desigualdad procesal de las partes y la necesidad de proteger la subsistencia del trabajador o asegurado y de su familia. Establecido lo anterior, se procede al estudio de los conceptos de violación, los que se tienen por reproducidos en la demanda de amparo en obvio de repetición innecesaria; al resultar aplicable al caso concreto la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (registro 164618), de rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. No obstante lo antes precisado, para mejor comprensión en el estudio del asunto que nos ocupa, es necesario sintetizar los conceptos de violación esgrimidos; así, de la demanda de amparo se advierte que la paraestatal quejosa aduce que la autoridad responsable viola en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16, 17 y 123 constitucionales, en relación con lo establecido por los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, sustancialmente, por lo siguiente: UNICO: Los cálculos aritméticos realizados en la resolución impugnada por la autoridad responsable, al partir de una cantidad errónea, están mal calculados, ya que para obtener el pago de las prestaciones adeudadas al actor, se debe considerar el salario tabular y no el mensual integrado; de ahí que, esa cuantificación es ilegal al contravenir los dispositivos de la ley laboral invocados, por lo que la resolución incidental es incongruente y carece de fundamentación y motivación. Anotados los conceptos de violación hechos valer por la quejosa, con base en el análisis de las constancias allegadas por la autoridad responsable y particularmente del acto reclamado antes transcrito, se advierte que son inoperantes, como se verá más adelante. Previo a justificar lo anterior, es preciso señalar que la resolución incidental de liquidación que se combate, deriva del laudo de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, el cual quedó firme, una vez que se negó la protección de la justicia federal al ********************, aquí quejoso, así como al actor del juicio de origen Eugenio Bolaños Tinoco, en los amparos directos 18/2022 y 19/2022, aludidos en párrafos precedentes. Ahora, como se adelantó, resultan inoperantes los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, en relación al salario que se consideró para la cuantificación de las prestaciones materia de condena, puesto que el referido tópico al haber sido materia de análisis en vía de amparo directo, constituye cosa juzgada e impide su examen en esta instancia constitucional, como a continuación se expondrá. En efecto, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, residente en esta localidad, resolvió (entre otro) el juicio de amparo 18/2022 promovido por el actor del juicio de origen, aquí tercero interesado Eugenio Bolaños Tinoco, en el que negó la protección constitucional, ejecutoria que obra agregada a las constancias certificadas que remitió la autoridad responsable (fojas 105-116), en el que se analizó el tema relativo al salario fijado en el laudo y que se tomó en consideración para cuantificar el pago de las prestaciones a que fue condenado el instituto aquí quejoso. Lo antes expuesto, se pone de relieve en el considerando séptimo de la ejecutoria dictada en el amparo directo antes referido, en el que se analizaron los conceptos de violación hechos valer por el actor del juicio de origen, lo que se transcribe a continuación, en lo que aquí interesa: .SÉPTIMO. Estudio. Son ineficaces los conceptos de violación.--- Salario. Contrariamente a lo sostenido por la parte quejosa, el salario fijado en el laudo fue el correcto para el pago de las prestaciones materia de la condena, sin que sea válido agregar los aumentos posteriores.---.Por consiguiente, si en el laudo reclamado que condenó al demandado al pago de la pensión por incapacidad permanente parcial, se determinó que se debía considerar el salario cotizado al momento del infortunio (20 de diciembre de 2016); esa determinación fue correcta y no viola derechos fundamentales del actor, en tanto que atiende a los principios establecidos en la ley de la materia en cuanto a los lineamientos a que deben constreñirse las prestaciones en dinero a que tienen derecho los asegurados. De ahí lo ineficaz del planteamiento. (foja 110) (Lo subrayado no es de origen). Como puede verse, las consideraciones vertidas en relación al tópico del salario fijado en el laudo para calcular el pago de las prestaciones a que fue condenado el instituto aquí quejoso, quedaron intocadas, puesto que el órgano colegiado concluyó que fue correcta la cantidad que se estableció por ese concepto para calcular el pago a que estaba obligado el demandado del juicio natural, con motivo de la condena de que fue objeto. En consecuencia, en el incidente de liquidación que se combate, en lo que aquí interesa, se estableció lo siguiente: .VISTOS.se procede a cuantificar la condena impuesta al demandado.--- CONSIDERANDO. . II.- Esta junta especial No. 60, en fecha 29 de septiembre del año 2021, dictó laudo del cual se advierte en el punto resolutivo: TERCERO.- Se condena al INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL a la otorgación de la pensión de incapacidad permanente total al 75% a favor del C. EUGENIO BOLAÑOS TINOCO, a partir de la fecha de la presente resolución. Además del otorgamiento de aguinaldos y de atención médica, clínica, farmacéutica y hospitalaria para el actor, debiéndose de tomar el salario diario registrado al momento del riesgo de trabajo, siendo de $437.67 pesos, de acuerdo a la documental que obra a fojas 5 de autos, en términos de los numerales 58 fracción III de la Ley del Seguro Social, ordenándose la apertura del incidente de liquidación para que se cuantifiquen las condenas que se generan a partir de la emisión del presente laudo. Del estudio y análisis de los alegatos y pruebas ofrecidas por las partes incidentistas, así como atendiendo al laudo de fecha 29 de septiembre de 2021, se advierte que el salario del actor al momento en que ocurrió el suceso, siendo la cantidad de $437.67 pesos, por lo anterior se procede a realizar la cuantificación a partir del 29 de septiembre del año 2021.. (Lo resaltado no es de origen) Al respecto, debe decirse que el incidente de liquidación en modo alguno puede desconocer un derecho ya reconocido en el laudo definitivo, con mayoría de razón, sí como en el caso, las consideraciones vertidas respecto del tema de que se trata, han quedado firmes. En efecto, el incidente de liquidación, aun cuando tiene objeto y contenido propios, como conflictos jurisdiccionales de cognición, sólo tienen como fin primordial determinar con precisión la cuantía de ciertas prestaciones a las que quedaron obligadas las partes en el juicio, con el propósito de perfeccionar el laudo en aspectos que no se pudieron dilucidar al emitirlo y que son indispensables para exigir su cumplimiento y llevar a cabo su ejecución, pero no pueden modificar, anular o rebasar lo determinado en sus consideraciones, pues ello sería antijurídico e ilegal, porque atentaría contra los principios fundamentales del proceso, como los de la invariabilidad de la litis, congruencia y cosa juzgada, ya que en el fallo definitivo dictado en el juicio natural el juzgador decide sobre las prestaciones deducidas por las partes, ya sea en forma específica o general; en consecuencia, el incidente de liquidación no tiene como finalidad desconocer un derecho ya decidido en la resolución definitiva sino, en su caso, sólo la liquidación respectiva de lo que fue materia del juicio. En tal virtud, al advertirse del juicio laboral que en el laudo se condenó al instituto demandado, hoy quejoso, a realizar el pago de diversas prestaciones tomando en consideración el salario ahí establecido, y que en el incidente de liquidación precisamente se cuantificó con esa base previamente fijada, es inconcuso que contrario a lo que expone la paraestatal quejosa, en el caso, con relación al tema, no puede analizarse nuevamente si es correcta o no la cantidad salarial considerada para calcular el monto de las prestaciones objeto de condena, porque como antes se dijo, las consideraciones vertidas respecto de ese tópico quedaron firmes y por lo tanto, constituyen cosa juzgada; de ahí, lo inoperante del citado motivo de inconformidad. Resulta aplicable la jurisprudencia, publicada en la página 1919, Tomo XXVII, febrero de 2008, instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Materia: Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 170370, bajo el rubro y texto literal siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS INOPERANTES CUANDO EXISTE COSA JUZGADA. Son inoperantes lo conceptos de violación planteados en un amparo o los agravios que se esgrimen en un recurso cuando van dirigidos a combatir aspectos que ya no pueden estar sujetos a discusión ni mucho menos reexaminarse en virtud de que ya fueron analizados y desestimados en un asunto anterior constituyendo por ellos cosa juzgada, pues en ambos asuntos coinciden o concurren los elementos que distinguen tal institución jurídica: a) El objeto de la decisión; b) El fundamento jurídico; y, c) Los sujetos.... En las relatadas consideraciones, ante lo inoperante de los conceptos de violación y al no actualizarse la suplencia de la deficiencia de la queja, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 1º, fracción I, 73, 74, 75, 77, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE al directamente quejoso ********************, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos legales expuestos en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, residente en esta Ciudad, hoy veintiuno de julio de dos mil veintitrés, ante la Secretaria Nora Hilda Luna Lugo, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, a dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 114.CJEF.CACCC.CJG.2023.09753, signado por la Consultora Jurídica General adscrita a la Consejería Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso, con residencia en la Ciudad de México; por lo que en atención a su contenido, únicamente agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta y su anexo, para que obre como en derecho corresponda, tomando en consideración que mediante proveído de nueve de mayo de dos mil veintitrés, dicho oficio se ordenó notificar vía interconexión, como se advierte de la constancia correspondiente que obra en autos.

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