Inocente Sánchez Cruz
Expediente 1179/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1179/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 23/05/2018
Partes del expediente
- Inocente Sánchez Cruz
- Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Agréguese el oficio de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, por medio del cual remite los autos originales del juicio de amparo indirecto 1179/2016 y testimonio de la ejecutoria emitida en el amparo en revisión 136/2017, en la cual se determinó: "PRIMERO.- Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Inocente Sánchez Cruz, en términos de la sentencia revisada". Acúsese recibo; glósense únicamente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes, háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, son susceptibles de destrucción, el presente expediente ya que se confirmó la sentencia que lo sobreseyó, asimismo que carece de relevancia documental; así como el original del incidente, pues se negó la medida cautelar, por ende glósese al presente. Una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente. Finalmente, quedan a disposición de la parte quejosa las constancias que ofreció como prueba en su escrito inicial de demanda, en el entendido de que deberá presentarse a recogerlos personalmente o bien sus autorizados en términos amplios, dentro del término de noventa días, contados legalmente, bajo a percibimiento que de no hacerlo serán destruidos junto con el presente expediente.
- Principal
Agréguese el oficio suscrito por la Magistrada Presidenta del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por medio del cual acusa recibo del recurso de revisión interpuesto e informa que se admitió y registró con el número 4/2017. Cúmplase.
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis. Agréguese el escrito de la parte quejosa, mediante el cual interpone revisión contra la sentencia dictada en este juicio. Por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto ese recurso; distribúyanse entre las partes el mismo y una vez integrado el expediente, remítase al Tribunal de Alzada. Notifíquese como legalmente corresponda. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido de la secretaria Jazmín Nallely Martínez Ramírez, que da fe.
- Principal
Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número indirecto 1179/2016; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el cinco de agosto de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, turnado el ocho siguiente a este juzgado; Inocente Sánchez Cruz, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. SEGUNDO. Previo desahogo de prevención, por auto de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, este juzgado admitió a trámite la demanda bajo el número 1179/2016; solicitó informe con justificación; dio la intervención al Ministerio Público de la Federación; fijó hora y fecha para celebrar audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso a) de la Constitución General de la República; 33 fracción IV, 35, 37 y 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo vigente; 48 en relación con el 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que los actos que se reclaman son determinaciones emitidas por una autoridad los cuales se ejecutan dentro del territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, debe tenerse como autoridades responsables a la Subdirectora de Prestaciones Socioeconómicas, Subsecretaría de Administración; al Director General de Personal; y, al Secretario, todos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, a quien la parte quejosa les reclama el acuerdo emitido en el oficio 20341A000/2007/2016, en el que se resolvió la preclusión de sus derechos para reclamar y hacer el pago de las prestaciones de prima de antigüedad, prima por jubilación y foremex; y su ejecución. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Los representantes de la Subdirectora de Prestaciones Socioeconómicas, Subsecretaría de Administración y Secretario, todos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, al rendir sus informes justificados negaron los actos atribuidos; empero, se desvirtúa dicha negativa en atención al oficio 20341A000/2007/2016 de quince de julio de dos mil dieciséis, suscrito por el Director de Personal de la Secretaría de Finanzas del Estado de México, con copia para la autoridad invocada en primer término; por tanto, es cierto el acto que se reprocha a dichas autoridades, pues en cualquier momento pueden ejecutar el mandato reclamado. Por su parte, el representante del Director General de Personal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, al rendir su informe justificado aceptó la existencia de los actos reclamados. Lo cual se corrobora con el oficio 20341A000/2007/2016 de quince de julio de dos mil dieciséis, suscrito por el Director de Personal, Subsecretaria de Administración de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, documental a la que se le otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2. CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, este juzgado advierte que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, al estimar que existen recursos ordinarios que debió promover la parte quejosa previo a la interposición del juicio de amparo. El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" El numeral reproducido recoge lo que doctrinalmente se denomina "principio de definitividad del juicio de amparo", el cual encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación. Conforme a dicho principio, la instancia constitucional en la vía biinstancial contra resoluciones de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es improcedente en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, siempre que, conforme a las leyes que lo rijan, proceda la suspensión de los efectos de dicho acto, ello sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo, ni plazo mayor para su otorgamiento. Sin que exista obligación de agotar los recursos cuando: a) El acto reclamado carezca de fundamentación; b) Se hagan valer en su contra únicamente violaciones directas a la Constitución y; c) Proceda en su contra algún medio ordinario previsto en la normativa reglamentaria, sin que las leyes que rijan el acto contemplen su existencia. d) Que el quejoso tenga el carácter de tercero extraño al procedimiento. Atento a lo anterior, a fin de determinar si se actualiza o no la causal de improcedencia en comento, es menester determinar si en las leyes ordinarias se contempla un juicio o recurso mediante el cual pueda modificarse, revocarse o anularse el acto reclamado. Ahora bien, en contra de los actos reclamados, la parte quejosa, previamente al juicio de amparo, debió interponer recurso de inconformidad, conforme a lo dispuesto en los artículos 186 y 187 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; o bien, el juicio contencioso administrativo, en términos del dispuesto por el artículo 229 del propio ordenamiento local. Dichos preceptos prescriben: "Artículo 186. Contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cuando se esté haciendo uso del recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá promover el juicio ante el propio Tribunal. La resolución que se dicte en el recurso de inconformidad también puede impugnarse ante el Tribunal. Para los efectos del párrafo anterior, tienen el carácter de particulares las personas afectadas en sus intereses jurídicos o legítimos por los actos y resoluciones reclamados, incluyendo a los servidores públicos que se les atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables". Artículo 187. El recurso de inconformidad procede en contra de: I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; y III. Las resoluciones que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los particulares en materias administrativa y fiscal". Artículo 229. Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; III. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los particulares en los renglones administrativo y fiscal; IV. De los actos administrativos o fiscales que se relacionen con la resolución afirmativa ficta en estas materias, que se configure por el silencio de las autoridades estatales o municipales para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en términos de este Código; V. De las resoluciones negativas fictas que se configuren por el silencio de las autoridades administrativas y fiscales de carácter estatal o municipal, para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en el plazo de 30 días siguientes a su presentación, conforme a las disposiciones de este ordenamiento; VI. Las omisiones de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal para dar respuesta a las peticiones de los particulares, una vez que hayan transcurrido por lo menos 20 días siguientes a su presentación; VII. Los reglamentos, decretos, circulares y demás disposiciones generales de naturaleza administrativa y fiscal que expidan las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, sin que sea obligatorio o requisito previo para promover cualquier otro medio de impugnación en contra de tales determinaciones; VIII. Las resoluciones favorables a los particulares, que causen una lesión a la hacienda pública del Estado o de los municipios, cuya invalidez se demande por las autoridades fiscales del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal; IX. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las personas que se ostenten como autoridades administrativas o fiscales de carácter estatal o municipal, sin serlo; y X. Los demás actos y resoluciones que señalen las disposiciones legales". De los anteriores numerales se colige que en contra del acto reclamado procedía el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, toda vez que éstos proceden contra los actos administrativos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación. Sin que se actualice alguna causa de excepción al principio de definitividad, pues, los numerales que regulan la suspensión del acto impugnado a través del juicio contencioso administrativo, no se advierte que se exijan mayores requisitos para otorgarla que los consignados en la Ley de Amparo; por ende, al no existir excepción al principio de definitividad, aquella instancia debe agotarse antes de acudir al presente juicio constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia publicada con el número PC.II.A. J/3 A (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo III, página 2936, registro 2010436, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, AQUELLA INSTANCIA DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 254 al 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que regulan la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, no se advierte que se exijan mayores requisitos para otorgarla que los consignados en los artículos 128 a 158 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, pues no disponen requisitos adicionales, sino sólo ciertas diferencias que atienden a las características propias de cada sistema; por tanto, al no existir excepción al principio de definitividad, aquella instancia debe agotarse antes de acudir al juicio constitucional.". Asimismo es aplicable, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable con el número 2a./J. 60/2013 (10a.), en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXI, de junio de dos mil trece, Tomo 1, página 933, con número de registro 2003858, que a la letra dispone: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO. De los artículos 254 a 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no se advierte la exigencia de mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado que los consignados en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, toda vez que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales para otorgar esa medida cautelar, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; de ahí que el juicio de amparo indirecto sea improcedente contra las resoluciones impugnables a través del juicio de nulidad si éste no se agota previamente, en acatamiento al principio de definitividad.". Por consiguiente, en virtud de que el quejoso reclama un acto de carácter administrativo que atribuye a diversas autoridades locales de la misma naturaleza, previamente a acudir al juicio de amparo, debió interponer optativamente el recurso de inconformidad, previsto en los citados artículos 186 y 187 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; o en su caso, después debió agotar el juicio contencioso administrativo, en términos del dispuesto por el artículo 229, del propio ordenamiento local; o bien debió agotar de manera directa, pero obligatoria, el juicio contencioso administrativo, en términos del citado numeral 229, del ordenamiento administrativo en consulta. Máxime que, en la especie no se advierte que se configure alguna excepción diversa al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo que amerite el conocimiento inmediato del acto reclamado, ya que el quejoso no reclama el acto reclamado por carecer de total fundamentación, aunado a que de la lectura del mismo se advierte que la responsable fundamentó su acuerdo en un precepto de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México. De la misma forma, no se alegan violaciones directas a la Constitución, ni los recursos ordinarios procedentes se encuentran previstos en un reglamento que la ley no contemple su existencia, si no que están contemplados en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Asimismo, no le asiste el carácter de extraño al procedimiento, pues, el quejoso compareció ante la autoridad administrativa de origen presentado un escrito donde efectuaba manifestaciones más no el inicio de un procedimiento. Lo cual es así, habida cuenta que conforme a la jurisprudencia antes trascrita, el mencionado principio de definitividad, debe respetarse aun cuando la impetrante de amparo señale un acto reclamado cuya ejecución sea de imposible reparación, pues si bien contra dicha particularidad procede el amparo indirecto, tal circunstancia de ninguna manera determina que se esté en un caso de excepción al principio de definitividad, toda vez que, como ya se precisó, aun tratándose de actos de imposible reparación, tal determinación debe combatirse mediante los recursos o medios legales de defensa correspondientes, previo a acudir al juicio de amparo. En esta tesitura, debe concluirse que la sola circunstancia de que el acto aquí reclamado sea un acto cuya ejecución sea considerada de imposible reparación, de ninguna manera constituye una excepción al principio de definitividad que rige en materia de amparo, máxime que como se indicó, en el particular existe jurisprudencia que estableció que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra las resoluciones impugnables a través del juicio de nulidad si éste no se agota previamente, en acatamiento al principio de definitividad. En consecuencia, al no haberse agotado el recurso ordinario procedente, se configura la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo que procede sobreseer en el juicio constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la propia ley. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución que se reclaman, así como a todas las consecuencias legales o ilegales que se deriven de la emisión y ejecución del acuerdo reclamado, en virtud de que ellos se hacen derivar de los de la autoridad ordenadora, aunado a que no se combaten por vicios propios. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º fracción I, 37, 61, 62, 63, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo; se, RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Inocente Sánchez Cruz, contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo resolvió Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, hoy veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, fecha en que lo permitieron las labores del juzgado, ante el Secretario Manuel Isaías Delgadillo Aguiñaga, que da fe. EL JUEZ EL SECRETARIO
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