Inocente Porfirio Gomez García

Expediente 1014/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1014/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
19/08/2015

Partes del expediente

  • Inocente Porfirio Gomez García

Actuaciones

  1. Principal

    MESA V B Agréguense a los autos el informe justificado que rinde el Secretario Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en México, Distrito Federal, por lo que con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, para su debido conocimiento. Ahora bien, de las constancias que obran en autos, las que gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo a su numeral 2°, se advierte que el quejoso reclamó de la Secretaria Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en México, Distrito Federal, la dilación de actuaciones, consistente en la falta de cumplimiento del oficio M3*/MCBA/007/2015 emitido por la Junta Especial Federal Número Treinta y Dos de Conciliación y Arbitraje, misma que de los que se advierte de los antecedentes del escrito de demanda consistía en la debida notificación y emplazamiento al tercero interesado Secretaria de Hacienda y Crédito Público. La Junta responsable, al rendir su informe justificado (foja 29), convino en la existencia del acto reclamado; sin embargo, manifestó que el doce de agosto de dos mil quince en atención a diverso de tres de julio del año del actual, remitido por la Junta Especial Número Treinta y Dos, dictó un acuerdo comisionando al actuario de su adscripción a efecto de practicar la notificación y emplazamiento al tercero interesado Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en la cual la fedataria a efecto de cumplir con su encomienda se constituyó en el domicilio señalado para tal efecto, advirtiéndose que al no encontrar al apoderado o representante legal del citado tercero interesado procedió a dejar citatorio; así que al día siguiente, se constituyó de nueva cuenta y al no encontrarse nuevamente procedió a practicar la notificación con la persona que la atendió, llevando a cabo su encomienda, corroborando su dicho con las constancias que remite con apoyo a su informe. Ahora, en el caso, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.). La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de la garantía individual violada, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido. En efecto, se reitera que se actualiza la causa de improcedencia en cuestión, en razón de que a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado, en tanto que, el doce de agosto de dos mil quince, la Secretaria Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en México, Distrito Federal, dictó un acuerdo proveyendo la demanda del aquí impetrante, presentada el diez de julio de dos mil quince, en el que dictó un acuerdo comisionando al actuario de su adscripción a efecto de practicar la notificación y emplazamiento al tercero interesado Secretaria de Hacienda y Crédito Público; lo que la fedataria en comendada llevó a cabo el trece de agosto del año en curso. Por lo que es evidente que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. Tiene aplicación, la jurisprudencia 2ª./J.59/99 visible en la página treinta y ocho, del tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Instancia Segunda Sala, cuyo rubro y texto dicen: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, al actualizarse en forma notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez que la aludida causal de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Criterios jurisprudenciales aplicables al caso, conforme a lo estipulado en el artículo SEXTO Transitorio de la Ley de Amparo vigente. En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    MESA V B Vistos los autos, se advierte que hasta el momento no han sido rendido el informe justificado de la autoridad responsable Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en México, Distrito Federal, y no existe constancia que acredite hubiere quedado legalmente notificada de su petición. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al Jefe de la Oficina de Correos de México en esta ciudad, para que en el plazo de tres días, siguiente a su legal notificación, remita a este Juzgado la pieza postal correspondiente al oficio 8961, dirigido a la aludida responsable, mismo que quedó registrado bajo el número 48692, depositado en la oficina a su cargo el dieciséis de julio de dos mil quince; apercíbasele que de no cumplir con lo anterior o indicar el motivo que se lo impida, se le impondrá una multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada de conformidad con lo previsto en el artículo 237, fracción I de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 259 y 238 de la misma. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere y se fijan las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, para que tenga verificativo.

  3. Principal

    MESA V B Vista la demanda de amparo promovida por INOCENTE PORFIRIO GÓMEZ GARCÍA, contra actos de la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en México, Distrito Federal, por violación a sus derechos fundamentales, con apoyo en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo de que se trata; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1014/2015. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, se otorga a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional, la intervención correspondiente por lo que entréguesele una copia simple de la demanda. Se señalan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, para la celebración de la audiencia constitucional. Solicítese informe justificado a la autoridad responsable el cual deberá rendirlo dentro del término de quince días hábiles siguientes al en que reciba el oficio, para lo cual, deberá acompañar en su caso, copias certificadas legibles y completas de las constancias necesarias para apoyarlo, de no hacerlo en sus términos, de conformidad con el precepto 260, fracción II, en relación con el 238 del ordenamiento invocado, se impondrá a la omisa una multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. En términos del artículo 64 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se previene a todas las partes para que comuniquen cuando cesen los efectos del acto reclamado o se actualicen causas notorias de sobreseimiento, así mismo, informen si en relación al acto reclamado se ha promovido diverso juicio de amparo, de ser así, indiquen el número de juicio y el Juzgado de Distrito que conoció del asunto, de incumplirlo, en términos del precepto 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de treinta a trescientos días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Asimismo, en términos de los normativos 5º, fracción III, inciso b), y 116 de la Ley de Amparo, téngase por señalado como tercero interesado al INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE), por lo que, mediante oficio y con copia de la demanda emplácese a juicio, a fin de que comparezca a juicio si a sus intereses conviene, con apoyo en lo previsto por el artículo 26, fracción II, inciso b) de la ley de la materia. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la nueva Ley de Amparo, según su artículo 2°, se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo y a las personas que indica, por autorizadas para tal efecto, es decir sin las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Para concluir, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional.

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