Inocente Flores Brito

Expediente 2018/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2018/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
07/01/2019

Partes del expediente

  • Inocente Flores Brito

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de enero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el oficio del Actuario Judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, mediante el cual comunica que se admite el recurso de revisión a que este expediente se refiere. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho. Por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado de Morelos y otras autoridades. Fórmese y regístrese el expediente con el número que corresponda. Este Juzgado de Distrito considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: " "XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. "No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. "Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;." Así las cosas, la parte quejosa, previo a promover el juicio constitucional, debió agotar el juicio especial previsto en la Sección Primera "Conflictos Individuales de Seguridad Social", del Capítulo XVIII "De los Procedimientos Especiales", del Título Catorce "Derecho Procesal del Trabajo", de la Ley Federal del Trabajo, vigente, en el artículo 899-A. En el entendido de que la norma aplicable lo es, la Ley Federal del Trabajo, vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de noviembre de dos mil doce mil doce, con vigencia a partir del primero de diciembre de dicha anualidad, de conformidad con el artículo "Primero" el cual señala: "Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación". Atendiendo a que el acto reclamado, consistente en la orden emitida para que le fuera suspendido y/o retenido el pago de su pensión que por concepto de cesantía por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, de ahí que la Ley Federal del Trabajo aplicable sea la vigente. Ahora bien, el citado artículo 899-A de la Ley Federal del Trabajo, vigente, establece: "Artículo 899-A. Los conflictos individuales de seguridad social son los que tienen por objeto reclamar el otorgamiento de prestaciones en dinero o en especie, derivadas de los diversos seguros que componen el régimen obligatorio del Seguro Social, organizado y administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, y de aquellas que conforme a la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, deban cubrir el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las Administradoras de Fondos para el Retiro, así como las que resulten aplicables en virtud de contratos colectivos de trabajo o contratos-Ley que contengan beneficios en materia de seguridad social. La competencia para conocer de estos conflictos, por razón de territorio corresponderá a la Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje del lugar en el que se encuentre la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social a la cual se encuentren adscritos los asegurados o sus beneficiarios. En caso de que se demanden únicamente prestaciones relacionadas con la devolución de fondos para el retiro y vivienda, corresponderá la competencia a la Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje de la entidad federativa donde se encuentre el último centro de trabajo del derechohabiente". Conforme al artículo transcrito, el conflicto individual de seguridad social constituye un medio ordinario de defensa procedente en contra de resoluciones dictadas en la aplicación de la Ley del Seguro Social, cuya finalidad estriba en que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, resuelva controversias que se susciten por el reclamo en el otorgamiento de prestaciones en dinero o en especie, derivadas de los diversos seguros que componen el régimen obligatorio del Seguro Social, organizado y administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, y de aquellas que conforme a la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, deban cubrir el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las Administradoras de Fondos para el Retiro, así como las que resulten aplicables en virtud de contratos colectivos de trabajo o contratos-ley que contengan beneficios en materia de seguridad social. Por su parte, el artículo 295 de la Ley del Seguro Social, establece que las controversias que se susciten entre los asegurados o sus beneficiarios, deberán tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Entonces, en contra de la resolución que reclama la quejosa, antes de acudir al juicio de amparo, debió asistir a reclamar dicha prestación ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a fin de agotar el procedimiento especial relativo a los conflictos individuales de seguridad social, en comento. Pues, si el quejoso demandó del aludido organismo descentralizado la pensión por cesantía, la cual integra el régimen de seguridad social, entonces, se insiste, debió acudir ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a demandar la resolución que reclama ante esta instancia constitucional, toda vez que los actos del Instituto Mexicano del Seguro Social, tratándose de prestaciones sociales que integran el régimen obligatorio, deben ser consideradas de carácter laboral, por haber sido establecidas a favor de un trabajador asegurado, así como de sus beneficiarios, en razón del derecho que corresponda a éste por el régimen obligatorio del seguro social. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia XCII.1º.C.T. J/2 de Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, visible en la página 1083, libro XV, diciembre de 2012, tomo 2, materia laboral y común, bajo el rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA POR LA QUE UN TRABAJADOR O SUS BENEFICIARIOS RECLAMAN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ALGUNA PRESTACIÓN DE LAS QUE INTEGRAN EL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE SEGURIDAD SOCIAL. CORRESPONDE A LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. El artículo 295 de la Ley del Seguro Social distingue la posición jurídica que guardan los patrones y demás sujetos obligados frente al Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto de aquella que se presenta entre asegurados o sus beneficiarios y el propio instituto, pues en relación con los primeros, determina que las controversias que existan entre ellos serán dirimidas ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en tanto que los segundos tienen que acudir ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Por tanto, si el actor demandó del aludido organismo descentralizado alguna prestación de aquellas que integran el régimen obligatorio de seguridad social, resulta inconcuso que el órgano competente para resolver la controversia de origen es la mencionada Junta Federal, y no el referido tribunal porque a éste le corresponde conocer, entre otros, de los conflictos suscitados entre los patrones y el mencionado organismo de seguridad social, lo que no acontece en el particular. Máxime, que en la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 9/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, febrero de 2008, página 657, de rubro: 'SEGURO SOCIAL. SON COMPETENTES PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO Y SUS RECURSOS, PROMOVIDOS POR LOS TRABAJADORES O SUS BENEFICIARIOS CONTRA LOS ACTOS QUE EXTINGAN O MODIFIQUEN LAS PRESTACIONES QUE INTEGRAN EL RÉGIMEN OBLIGATORIO, LOS ÓRGANOS QUE CONOZCAN DE LA MATERIA LABORAL.', la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo, en lo conducente, que los actos del Instituto Mexicano del Seguro Social que impliquen una afectación en las prestaciones en dinero o en especie derivadas de los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como guarderías y demás prestaciones sociales que integran el régimen obligatorio, deben considerarse de carácter laboral, por haber sido establecidas a favor de un trabajador asegurado, así como de sus beneficiarios, en razón del derecho que corresponde a éste por el régimen obligatorio del seguro social." Sin embargo, en el caso a estudio, el quejoso no agotó el principio de definitividad que se comenta, contra la determinación que reclama. Así, de lo expuesto es de concluirse que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado proviene de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; conforme a la Ley Federal del Trabajo, procede en su contra el referido medio de impugnación, a través del cual se puede lograr que se revoque o modifique la determinación que reclama. En tal virtud, al surtirse la causa de improcedencia de referencia, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ********************. En términos del artículo 27, de la ley de amparo, téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizadas para los mismos efectos a las personas que refiere. Por otra parte, se tiene por autorizado con las amplias facultades que establece el artículo 12, de la Ley de Amparo, a José Luis Cruz Manjarrez Lamadrid. Uso de medios electrónicos. Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos cotidianos. Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales). Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    De conformidad con lo dispuesto por los artículo 27, fracción I, inciso C) y 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista el contenido del acuerdo dedieciocho de diciembre de dos mil dieciocho. Por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado de Morelos y otras autoridades. Fórmese y regístrese el expediente con el número que corresponda. Este Juzgado de Distrito considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: " "XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. "No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. "Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;." Así las cosas, la parte quejosa, previo a promover el juicio constitucional, debió agotar el juicio especial previsto en la Sección Primera "Conflictos Individuales de Seguridad Social", del Capítulo XVIII "De los Procedimientos Especiales", del Título Catorce "Derecho Procesal del Trabajo", de la Ley Federal del Trabajo, vigente, en el artículo 899-A. En el entendido de que la norma aplicable lo es, la Ley Federal del Trabajo, vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de noviembre de dos mil doce mil doce, con vigencia a partir del primero de diciembre de dicha anualidad, de conformidad con el artículo "Primero" el cual señala: "Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación". Atendiendo a que el acto reclamado, consistente en la orden emitida para que le fuera suspendido y/o retenido el pago de su pensión que por concepto de cesantía por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, de ahí que la Ley Federal del Trabajo aplicable sea la vigente. Ahora bien, el citado artículo 899-A de la Ley Federal del Trabajo, vigente, establece: "Artículo 899-A. Los conflictos individuales de seguridad social son los que tienen por objeto reclamar el otorgamiento de prestaciones en dinero o en especie, derivadas de los diversos seguros que componen el régimen obligatorio del Seguro Social, organizado y administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, y de aquellas que conforme a la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, deban cubrir el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las Administradoras de Fondos para el Retiro, así como las que resulten aplicables en virtud de contratos colectivos de trabajo o contratos-Ley que contengan beneficios en materia de seguridad social. La competencia para conocer de estos conflictos, por razón de territorio corresponderá a la Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje del lugar en el que se encuentre la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social a la cual se encuentren adscritos los asegurados o sus beneficiarios. En caso de que se demanden únicamente prestaciones relacionadas con la devolución de fondos para el retiro y vivienda, corresponderá la competencia a la Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje de la entidad federativa donde se encuentre el último centro de trabajo del derechohabiente". Conforme al artículo transcrito, el conflicto individual de seguridad social constituye un medio ordinario de defensa procedente en contra de resoluciones dictadas en la aplicación de la Ley del Seguro Social, cuya finalidad estriba en que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, resuelva controversias que se susciten por el reclamo en el otorgamiento de prestaciones en dinero o en especie, derivadas de los diversos seguros que componen el régimen obligatorio del Seguro Social, organizado y administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, y de aquellas que conforme a la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, deban cubrir el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las Administradoras de Fondos para el Retiro, así como las que resulten aplicables en virtud de contratos colectivos de trabajo o contratos-ley que contengan beneficios en materia de seguridad social. Por su parte, el artículo 295 de la Ley del Seguro Social, establece que las controversias que se susciten entre los asegurados o sus beneficiarios, deberán tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Entonces, en contra de la resolución que reclama la quejosa, antes de acudir al juicio de amparo, debió asistir a reclamar dicha prestación ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a fin de agotar el procedimiento especial relativo a los conflictos individuales de seguridad social, en comento. Pues, si el quejoso demandó del aludido organismo descentralizado la pensión por cesantía, la cual integra el régimen de seguridad social, entonces, se insiste, debió acudir ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a demandar la resolución que reclama ante esta instancia constitucional, toda vez que los actos del Instituto Mexicano del Seguro Social, tratándose de prestaciones sociales que integran el régimen obligatorio, deben ser consideradas de carácter laboral, por haber sido establecidas a favor de un trabajador asegurado, así como de sus beneficiarios, en razón del derecho que corresponda a éste por el régimen obligatorio del seguro social. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia XCII.1º.C.T. J/2 de Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, visible en la página 1083, libro XV, diciembre de 2012, tomo 2, materia laboral y común, bajo el rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA POR LA QUE UN TRABAJADOR O SUS BENEFICIARIOS RECLAMAN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ALGUNA PRESTACIÓN DE LAS QUE INTEGRAN EL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE SEGURIDAD SOCIAL. CORRESPONDE A LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. El artículo 295 de la Ley del Seguro Social distingue la posición jurídica que guardan los patrones y demás sujetos obligados frente al Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto de aquella que se presenta entre asegurados o sus beneficiarios y el propio instituto, pues en relación con los primeros, determina que las controversias que existan entre ellos serán dirimidas ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en tanto que los segundos tienen que acudir ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Por tanto, si el actor demandó del aludido organismo descentralizado alguna prestación de aquellas que integran el régimen obligatorio de seguridad social, resulta inconcuso que el órgano competente para resolver la controversia de origen es la mencionada Junta Federal, y no el referido tribunal porque a éste le corresponde conocer, entre otros, de los conflictos suscitados entre los patrones y el mencionado organismo de seguridad social, lo que no acontece en el particular. Máxime, que en la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 9/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, febrero de 2008, página 657, de rubro: 'SEGURO SOCIAL. SON COMPETENTES PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO Y SUS RECURSOS, PROMOVIDOS POR LOS TRABAJADORES O SUS BENEFICIARIOS CONTRA LOS ACTOS QUE EXTINGAN O MODIFIQUEN LAS PRESTACIONES QUE INTEGRAN EL RÉGIMEN OBLIGATORIO, LOS ÓRGANOS QUE CONOZCAN DE LA MATERIA LABORAL.', la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo, en lo conducente, que los actos del Instituto Mexicano del Seguro Social que impliquen una afectación en las prestaciones en dinero o en especie derivadas de los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como guarderías y demás prestaciones sociales que integran el régimen obligatorio, deben considerarse de carácter laboral, por haber sido establecidas a favor de un trabajador asegurado, así como de sus beneficiarios, en razón del derecho que corresponde a éste por el régimen obligatorio del seguro social." Sin embargo, en el caso a estudio, el quejoso no agotó el principio de definitividad que se comenta, contra la determinación que reclama. Así, de lo expuesto es de concluirse que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado proviene de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; conforme a la Ley Federal del Trabajo, procede en su contra el referido medio de impugnación, a través del cual se puede lograr que se revoque o modifique la determinación que reclama. En tal virtud, al surtirse la causa de improcedencia de referencia, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ********************. En términos del artículo 27, de la ley de amparo, téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizadas para los mismos efectos a las personas que refiere. Por otra parte, se tiene por autorizado con las amplias facultades que establece el artículo 12, de la Ley de Amparo, a José Luis Cruz Manjarrez Lamadrid. Uso de medios electrónicos. Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos cotidianos. Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales). Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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