Inocente Arroyo Martinez
Expediente 897/2011 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 109 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 897/2011
- Año
- 2011
- Actuaciones
- 109
- Última actuación
- 26/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Inocente Arroyo Martinez
- INOCENTE ARROYO MARTINEZ y Otros.
- Tribunal de Conciliacion Y Arbitraje del Estado de Guerero . .
- Hermilo Negrete Gutierrez
- Santiago Morales Valentin
- SANTIAGO MORALES VALENTIN y Otros.
- Nicolas Noyola Petatan
Actuaciones
Las 4 más recientes de 109.
- Principal
Visto el estado de los autos, y la segunda certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no manifestó inconformidad respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo mediante auto de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 1899 a 1926). En consecuencia, con fundamento en el artículo 105, tercer párrafo, de la Ley de Amparo abrogada, se tiene por consentido dicho proveído. Bajo esas condiciones, procede archivar este expediente como asunto totalmente concluido, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina; De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción IV del citado acuerdo, el expediente principal transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DEPURADO, porque se concedió la protección en el juicio, debiendo conservar la demanda, la sentencia respectiva y el acuerdo de archivo. Ahora bien, en términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, histórica ni jurídica. Por otra parte, se aprecia que mediante escrito presentado el veintinueve de febrero de dos mil dieciocho (fojas 837 a 852 del primer tomo de actuaciones) el presidente y síndico procurador del Ayuntamiento de Cuajinicuilapa Guerrero exhibieron ante este órgano jurisdiccional el cheque número 23 de la Institución Bancaria Santander por la cantidad de $10.000.00 (diez mil pesos moneda nacional), mismo que se dejó a su disposición en auto de uno de marzo de dos mil dieciséis (foja 384 a 386 del primer tomo de actuaciones) sin que a la data hubieran comparecido a recoger el mismo. En ese orden de ideas, se deja a disposición de la Síndica Procuradora del Ayuntamiento de Cuajinicuilapa Guerrero, el cheque número 23 de la Institución Bancaria Santander por la cantidad de $10.000.00 (diez mil pesos moneda nacional), en la inteligencia que para recoger el citado documento crediticio deberá comparecer ante este órgano jurisdiccional debidamente identificada levantando razón por la entrega del mismo. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de Los Bravo, ante el Secretario Jesús Humberto Muñoz Escoto, que autoriza y da fe.
- Principal
Vista la razón levantada por el Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, en la que hace constar el motivo por el cual no le fue posible notificar a la parte quejosa el proveído de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 1899 a 1926) dictado en el presente juicio de amparo,. Lo anterior, al argumentar que al constituirse en el domicilio señalado por la quejosa, fue atendido por una persona del sexo masculino de aproximadamente sesenta años quien no se identificó, la cual le manifestó que no podía recibir ningún documento a nombre de las personas buscadas debido a que no las conoce, que tal vez eran clientes de los abogados que rentaban en ese lugar; sin embargo, hace tres meses se mudaron de dicho domicilio, desconociendo su domicilio actual. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30, fracción II de la Ley de Amparo abrogada, la notificación de mérito así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, hágansele por medio de lista que se publique en los estrados de este órgano de control constitucional. En el entendido de que las que tengan el carácter de personal, se harán conforme a las reglas para las notificaciones que no deban ser personales, hasta en tanto señale domicilio para los efectos referidos. Notifíquese a la parte quejosa el presente proveído y el diverso de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, como esta ordenado en líneas que anteceden (lista). 23 NOV. 2018.- En primer término, visto el escrito y anexo de cuenta, signado por Zalea Hernández Gutiérrez, en su carácter de Síndica Procuradora del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa, Guerrero, mediante el cual se apersona a juicio con el carácter de tercero perjudicado en el presente juicio de amparo, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, designa autorizados y realiza manifestaciones. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 12 último párrafo de la Ley de Amparo abrogada, se le tiene reconocida dicha personalidad, y apersonándose al presente juicio de amparo al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa, Guerrero. Asimismo, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad capital, el que señala en el oficio que se provee, lo anterior no obstante de que si bien el artículo 29, fracción I, de la Ley de Amparo abrogada, señala que las notificaciones a las autoridades responsables o las que tengan el carácter de terceros perjudicados deberán realizarse por medio oficio que se gire a su residencia oficial; sin embargo, a efecto de dar celeridad a las notificaciones que en su caso lleguen a efectuarse a dicha parte procesal y para no contrariar lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene el que señala en la residencia de este órgano jurisdiccional; no obstante, en caso de revocar el domicilio señalado sin designar nuevo o negarse a recibir las actuaciones derivadas de los juicio de amparo, las notificaciones se realizarán a través de oficio enviado a su sede oficial. Por otra parte, téngase como sus autorizados en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo abrogada, a Juan Miguel Terrazas Cuevas, Carlos Roberto Valencia Gutiérrez, Marco Antonio Chávez Manzanarez y Abigail Ojeda Texta, en virtud de tener registrada sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Cirilo Zarate Clavel, Miguel Ángel Ávila Romero, Sigifredo Sánchez Cruz, Ma. Mercedes Zaragoza Peralta y Tania Yumilka Trejo Salmerón, por no contar con su registro en el aludido sistema. En consecuencia, gírese oficio de notificación del presente proveído al mencionado tercero interesado, mismo que deberá ser entregado por conducto del actuario judicial adscrito a este juzgado federal en el domicilio procesal ubicado en esta ciudad, debiendo levantar la razón correspondiente a efecto de que sea agregada el juicio en que se actúa. Tiene aplicación al caso concreto la tesis 1a. CLXXXIV/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número de registro 2006427, del Libro 6, mayo de 2014, Tomo I, 538, de rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. PARA DEFINIR LA LEY APLICABLE AL PROCEDIMIENTO RELATIVO DEBE ATENDERSE A LA FECHA EN QUE CAUSÓ EJECUTORIA LA RESOLUCIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DEL MOMENTO EN QUE INTERVENGA EL TERCERO EXTRAÑO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 49/2013 (10a.), estableció que, en lo concerniente al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, será aplicable a los juicios iniciados con anterioridad a su entrada en vigor, la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, siempre y cuando la sentencia relativa haya causado estado con posterioridad a esa fecha, esto es, a partir del día 3 siguiente. Atento a lo anterior, debe precisarse que la competencia y el trámite de los procedimientos de ejecución en los cuales la fecha en que causó ejecutoria la resolución de amparo, resulte ser anterior al 2 de abril de 2013, habrán de regirse por lo dispuesto en la Ley de Amparo abrogada, con independencia de las actuaciones que se sigan emitiendo en el procedimiento, o el sujeto que participe, pues aun cuando se impugne un auto dictado durante la vigencia de la nueva ley, las reglas procesales aplican en razón del procedimiento, no así en atención a la calidad de los sujetos que intervienen en éste. En ese sentido, en un procedimiento de ejecución de sentencias de amparo regido por la ley abrogada, aunque un tercero extraño intervenga por primera vez durante la vigencia de la nueva ley, le son aplicables las disposiciones previstas en aquélla, pues los derechos que aduzca afectados se involucraron desde que causó ejecutoria la resolución que concedió el amparo, con independencia de la fecha en que el tercero extraño materialmente se apersonó al procedimiento." Ahora bien, en relación a las manifestaciones que realiza la promovente a efecto de que sean tomadas en consideración al momento de dictar sentencia; dígase, que en el presente juicio de amparo el veintiuno de septiembre de dos mil once, se dictó la sentencia respectiva. Por otra parte, visto el estado procesal de los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que las partes no realizaron manifestaciones en relación a la vista dada con las constancias que remitió la autoridad responsable en este juicio; sin embargo, este órgano de control constitucional se pronuncia con relación a dicho cumplimiento, por ser de orden público y análisis oficioso. Señalado lo anterior, el que aquí resuelve considera necesario realizar un análisis con relación a si se encuentra o no cumplida la ejecutoria de amparo, bajo los lineamientos que se expondrán en apartados subsecuentes. I.-Demanda. (1)Inocente Arroyo Martínez, (2)Hermilo Negrete Gutiérrez, (3)Joaquín Quirino Cruz Jiménez, (4)Martina Molina García, (5) Santiago Morales Valentín, (6) Uriel Cenovio Cruz Jiménez, (7)María de los Remedios Ramírez Rosales, (8)Artemio Cisneros Salinas, (9)Mario Julio Salinas Oliva, (11)Rey Salinas Rojas, (12)Concepción Manuel Esiquio González, (13)Salomón Cortez Noyola, (14)Teresa de Jesús Durán Ramírez, (15)Eduardo Román Salinas, (18)Epifania Noyola Candela, (19)Emilia Catalina Fuentes Quevedo, (20)Neri Zavaleta Balanzar, (21)Ángel Díaz de Luna, (23)Viterbo Peñaloza Silva, (24)Esteban Sostenes Miranda Ibarra, (25)Soledad Pavón Morales, (26)David Margarito Cruz Jiménez, (27)Nicolás Noyola Petatán, (28)Minerva Arellanes Sugia, (29)Mayra Lilia Candela Rodríguez, (30)Elías Damián Rodríguez, (31)Cupertina Rodríguez Clavel, (32) Angélica Sorrosa Alvarado, (33) Fidel Oliva González, (34) Mario Damián Rodríguez, (35) Tomasa Paula Noyola Cisneros, (36)Enrique Cisneros Parral, (37) Raúl Peláez Mier, (38) Dolores Hernández Cisneros, (39) Aída Herrera Baños, (10) Cimitria Eleuteria Candela Conde, (16)José Silvino Ávila Domínguez, (17)Pablo Tomás Domínguez Ávila, (22)Víctor Crescencio Noyola Bernal (40)Minerva Lucía Flores Peñaloza y (41)Félix Octavio Candela Conde, por conducto de Jorge Naranjo Hernández, el uno de julio de dos mil once, promovieron amparo indirecto contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, de quien reclamaron lo siguiente (foja 3 tomo I de actuaciones): "IV.- ACTO RECLAMADO: "La inactividad procesal en el juicio laboral 183/2003, por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero." II.- Sentencia. El veintiuno de septiembre de dos mil once, se dictó la sentencia del juicio de amparo 897/2011, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a los aquí quejosos (fojas 61 a 72 tomo I de actuaciones); bajo las siguientes consideraciones: "SEGUNDO. Fijación de la litis. El artículo 79 de la Ley de Amparo autoriza al juez de Distrito a interpretar la demanda de garantías con el objeto de desentrañar la verdadera intención de la parte quejosa, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en ella y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas (incluso con la totalidad de la información que obra en el expediente), en congruencia con lo dispuesto por los diversos 116, 147 y 149 del ordenamiento de referencia. Fundamenta dicho aserto la jurisprudencia P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XI, abril de dos mil, página 32, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Por tanto, para que exista coherencia entre lo solicitado y lo resuelto, se precisa el acto reclamado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Apoya tal afirmación la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, el acto reclamado lo constituye: La omisión de acordar el escrito presentado el doce de mayo de dos mil once. La dilación en la ejecución del laudo al no ajustarse a los términos previstos en la Ley Número 51, del Estado, así como en la Ley Federal del Trabajo. Litis que será objeto de pronunciamiento en esta vía constitucional. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, consistente en la dilación en la ejecución del laudo al no ajustarse a los términos previstos en la Ley Número 51, del Estado, así como en la Ley Federal del Trabajo, pues así lo aceptó al rendir su informe justificado (foja 31) corroborado con las constancias que en copia certificada, remitió en apoyo del mismo, documentales públicas con valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículo 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice de 2000 al Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. Análisis causales de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia ya sea que las hagan valer las partes, o que el suscrito las advierta de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos de la parte final del artículo 73 de la Ley de Amparo. El suscrito, de oficio, advierte que en la especie, respecto al acto reclamado consistente en que la omisión de la responsable de acordar el escrito presentado por los actores, ahora quejosos, el doce de mayo de dos mil once, mediante el cual solicitaron el requerimiento de pago y demás prestaciones a que fue condenado el Ayuntamiento demandado en el laudo dictado el veintinueve de mayo de dos mil nueve; transgrediendo con ello lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, al haber cesado los efectos de la abstención reclamada. En efecto, la fracción XVI, del artículo 73, de la Ley de Amparo establece: "El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es. la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 80 de la de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto en términos de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzarse su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. A fin de justificar la improcedencia del asunto, como ya se precisó, el acto reclamado a la responsable e hizo consistir en la omisión de acordar el escrito presentado por los actores, ahora quejosos, el doce de mayo de dos mil once, mediante el cual solicitaron el requerimiento de pago y demás prestaciones a que fue condenado el Ayuntamiento demandado en el laudo dictado el veintinueve de mayo de dos mil nueve. Ahora bien, de las constancias que allegó el Tribunal de Conciliación y Arbitraje se advierte que fue dictado el proveído de diecisiete de junio de dos mil once, en el que se acordó lo siguiente: "Chilpancingo, Guerrero, a diecisiete de junio de dos mil once. Por recibido el escrito ante este Órgano Laboral el día doce de mayo del año en curso, signado por el C. JORGE NARANJO HERNÁNDEZ, apoderado legal de los (...) actores en el expediente laboral número 183/2003, que promueve en contra del H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO, con que la Secretaria da cuenta, se acuerda: Agréguese el escrito de referencia a los autos del expediente en que se actúa para que surta sus efectos legales correspondientes. Por otro lado y en atención a lo solicitado por el promovente, y toda vez de que ha quedado firme el laudo de fecha veintinueve de mayo del año dos mil nueve. Por lo que este Tribunal procede a dictar el auto de ejecución del laudo de fecha antes mencionada, con fundamento en el artículo 98 de la Ley 51 del Estado, se dicta AUTO DE EJECUCIÓN DE LAUDO por la cantidad de $13'618,959.96 (TRECE MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 96/100M.N.), dicha cantidad es salvo error u omisión de carácter aritmético que pudiese existir al momento de cuantificarse las mismas cantidades, lo cual es producto de las prestaciones a que fue condenado el demandado las cuales son las siguientes: (...)------------------ Notifíquese personalmente a las partes.- Cúmplase. Así lo acordaron y firman el C. Licenciado ROGELIO JIMÉNEZ URIOSTEGUI Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. C. LIC. JOSE BELLO CAMPOS, representante del Gobierno el Estado y el C. LIC. JORGE RESENDIZ GALINDO, representante LIC.MARÍA NATIVIDAD BAUTISTA LINARES, Secretaria General de Acuerdos que autoriza y da fe."(énfasis añadido) (fojas 33-42). En tal virtud, y por la consideraciones planteadas, se advierte que con la emisión del acuerdo antes transcrito cesaron los efectos del acto reclamado en el presente sumario constitucional, consistente en la abstención por parte de la autoridad responsable, de acordar el escrito presentado por los actores ahora quejosos, el doce de mayo de dos mil once, mediante el cual solicitaron el requerimiento de pago y demás prestaciones a que fue condenado el Ayuntamiento demandado y, por tal motivo, resulta innecesario el estudio de los conceptos de violación hechos valer. Cesación de efectos que se surte en el caso concreto, pues la omisión de la autoridad por la que se acudió a la instancia constitucional ya no existe en la realidad, al haber acordado el escrito presentado el doce de mayo de dos mil once, por los aquí quejosos; en consecuencia de ello, como se dijo, no hay motivo para que se estudie la legalidad o ilegalidad de la omisión, pues no existiría garantía individual que reparar , al dejar de existir el acto reclamado; razón por la cual, con apoyo en lo previsto en el artículo 74 fracción III, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo. Es de aplicarse al caso, la Jurisprudencia, 2ª./J.59/99, localizable en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. También brinda apoyo la diversa Jurisprudencia 2ª./J.9/98, consultable en la página 210 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Al no advertirse de oficio la actualización de alguna causa de improcedencia que amerite el sobreseimiento en el juicio o que la hagan valer las partes, se procede al examen del acto reclamado consistente en la omisión de la responsable en continuar el procedimiento de ejecución dentro de los plazos y términos previstos en la ley. QUINTO. Análisis del fondo del asunto. Se procede al estudio del concepto de violación hecho valer por los peticionarios de garantías, el que se tiene por reproducido en obvio de repetición innecesaria, ya que dicha circunstancia no los deja en estado de indefensión, habida cuenta que con ello no se hace nugatoria la posibilidad de recurrir esta sentencia y alegar lo que estimen pertinente. Apoya esta consideración la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, del tomo XXXI, mayo de 2010, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Es fundado el concepto de violación formulado por la parte quejosa. En efecto, la parte quejosa se duele medularmente, de la omisión de la autoridad responsable de tomar las medidas necesarias, para la eficaz e inmediata ejecución del laudo pronunciado el veintinueve de mayo de dos mil nueve (fojas 33-42) en el Juicio laboral 183/2003, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. Ahora bien, los artículos 91, 97 y 98 de la Ley Número 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, son de la literalidad siguiente: "Articulo 91.- Todos los términos serán de tres días con excepción de aquellos casos que a juicio del Tribunal deba autorizarse plazo mayor; correrán a partir del día siguiente a aquél en que se haga el emplazamiento, citación o notificación y se contará en ellos el día del vencimiento." "Articulo 97.- El Tribunal tiene la obligación de promover a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes." "Articulo 98.- Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución apercibiéndola de que, de no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto en los artículos anteriores." De los preceptos antes transcritos, se advierte que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, tiene la obligación de promover la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, para ello deberá comisionar a un actuario, quien se constituirá en el domicilio de la demandada y le requerirá para que cumpla con la resolución, con las facultades que le otorga la ley, asimismo, deberá dictar las medidas necesarias tendientes a ese fin; obligación que si bien no establece un término específico, el mencionado ordenamiento legal prevé uno genérico de tres días, dado que va encaminada a proporcionar al trabajador los medios suficientes que garanticen su subsistencia, la ejecución del laudo corresponde al Tribunal que lo dicta. Corrobora este aserto, la tesis aislada número 6o.T.54L, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Febrero de 1999, Novena Época, Página 499, de la literalidad siguiente: "EJECUCIÓN DE LAUDO, ACTOS DE. EN MATERIA LABORAL ES PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA. El procedimiento de ejecución en materia laboral tiene por objeto dar cumplimiento al laudo que lo origina y, proporcionar al trabajador los medios suficientes que garanticen su subsistencia, lo que constituye una excepción respecto de los procedimientos de ejecución de las autoridades jurisdiccionales, cuya finalidad es la de obtener una última resolución de carácter definitivo tendiente a obtener su cumplimiento, por ende, en materia laboral, el artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo debe entenderse en el sentido de que en contra de la resolución encaminada a cumplir un laudo resulta procedente el amparo indirecto porque las autoridades de trabajo tienen la obligación de proveer la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, como lo disponen los artículos 150 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y 940 de la Ley Federal del Trabajo." Por lo que, resulta pertinente señalar que si el laudo pronunciado en el juicio laboral número 183/2003, fue dictado el veintinueve de mayo de dos mil nueve y a la fecha la autoridad responsable no ha realizado los trámites necesarios tendientes a ejecutar dicha resolución tales como señalar fecha específica para el requerimiento de pago y embargo, resulta claro que el Tribunal laboral responsable, efectivamente ha sido omiso en llevar a cabo la ejecución del laudo dentro del plazo genérico previsto en la Ley Número 51, ya que a la fecha ha transcurrido con exceso dicho plazo, transgrediendo con su conducta en perjuicio del aquí quejoso, la garantía de justicia pronta contenida en el artículo 17 de la Constitución Federal. Ello es así, porque el artículo en comento establece que todas las personas tienen derecho a que se les administre justicia por los tribunales en los plazos que señalen las leyes; numeral que es de la literalidad siguiente: "Artículo 17... Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Al respecto, es aplicable la tesis de jurisprudencia número 2ª./J.192/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos nueve, Tomo XXVI, octubre de dos mil siete, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya literalidad es la siguiente: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." Asimismo, apoya a los razonamientos expresados en párrafos que anteceden, la Jurisprudencia P./J. 113/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cinco, Tomo XIV, Septiembre de dos mil uno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya literalidad es la siguiente: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da." En ese contexto, es inconcuso como ya se dijo, que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad capital, transgrede en contra de los quejosos (1) Inocente Arrollo Martínez, (2) Hermilo Negrete Gutiérrez, (3) Joaquín Quirino Cruz Jiménez, (4) Martina Molina García, (5) Santiago Morales Valentín, (6) Uriel Cenovio Cruz Jiménez, (7) María de los Remedios Ramírez Rosales, (8) Artemio Cisneros Salinas, (9) Mario Julio Salinas Oliva, (10) Cimitria Eleuteria Candela Conde, (11) Rey Salinas 'Rojas, (12) Concepción Manuel Esiquio González, (13) Salomón Cortez Noyola, (14) Teresa de Jesús Durán Ramírez, (15) Eduardo Román Salinas, (16) José Silvino Ávila Domínguez, (17) Minerva Lucía Flores-Peñaloza, (18) Epifania Noyola Candela, (19) Emilia Catalina Fuentes Quevedo, (20) Neri Zavaleta Balanzar, (21) Ángel Díaz de Luna, (22)Pablo Tomás Domínguez Ávila, (23) Viterbo Peñaloza Silva, (24)Esteban Sostenes Miranda Ibarra, (25) Soledad Pavón Morales, (26) David Margarito Cruz Jiménez, (27) Nicolás Noyola Petatán, (28)Minerva Arellanes Sugia, (29) Mayra Lilia Candela Rodríguez, (30)Elías Damián Rodríguez, (31) Cupertina Rodríguez Clavel, (32)Angélica Sorrosa Alvarado, (33) Fidel Oliva González, (34) Mario Damián Rodríguez, (35) Tomasa Paula Noyola Cisneros, (36) Enrique Cisneros Parral, (37) Raúl Peláez Mier, (38) Dolores Hernández Cisneros, (39) Aída Herrera Baños, (40)- Félix Octavio Candela Conde y (41) Víctor Crescencio Noyola Bernal, el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, lo que procede es concederle la protección de la justicia federal que solicita, para que una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, la autoridad responsable, ordene ejecutar en su totalidad el laudo, debiendo dictar las medidas necesarias a su juicio que sean procedentes para lograr tal fin, a menos de que exista imposibilidad material o jurídica para ello, lo que deberá acreditar ante este juzgado, con las constancias correspondientes. Con la precisión de que no es impedimento para hacerlo la carga de trabajo, dado que la garantía de administración de justicia se contrae en otorgarla a los gobernados, en los plazos y términos que fijen las leyes. Ello tiene apoyo en el artículo 80 de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 80. La sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." III Efectos de la ejecutoria. Ahora bien, el efecto de la sentencia de amparo debe entenderse conjuntamente con la parte considerativa de ésta, pues sólo de esa forma podrá conocerse cuáles son los actos concretos que la autoridad responsable está obligada a realizar. En ese sentido, el acto reclamado consistió en la inactividad procesal por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, en la ejecución del laudo en el juicio laboral 183/2003, por omitir señalar fecha para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo, de conformidad con los artículos 97 y 98 de la Ley 51 del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, como se precisó en la sentencia dictada en autos (foja 69). Entonces, el alcance de los efectos de la ejecutoria solo puede constreñirse a: Fijar fecha para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago a la demandada. El actuario asociado de la parte que obtuvo laudo favorable debe constituirse en el domicilio para requerir de pago con el apercibimiento que de no hacerlo, se procedería conforme a derecho. Tomar las medidas necesarias que a su juicio que sean procedentes para lograr que se cumpla el laudo, es una frase que si se toma aislada resulta vacía de contenido específico, al no puntualizar la actividad que en concreto debe realizar la autoridad responsable, por ello debe tomarse en el contexto de la ejecutoria ya indicada. Así, resulta que el alcance del efecto de la concesión del amparo debe constreñirse a proveer lo relativo para dar continuidad a la etapa de ejecución del laudo; sin que los efectos de la concesión se puedan extender hacia el cumplimiento total del laudo, porque eso no se concretó en la sentencia de amparo, dado que únicamente se precisó que la omisión consistía en que la responsable no realizaba los trámites necesarios para señalar fecha específica para el requerimiento de pago y embargo en el juicio laboral de origen (foja 69). En tal contexto se analizará el cumplimiento de la ejecutoria. IV.- Trámites de la responsable. A partir del diecisiete de abril de dos mil doce (fojas 108 a 110 tomo I de actuaciones), cuando causó ejecutoria la sentencia de amparo, se realizaron diversos requerimientos a la autoridad responsable con el objeto de cumplir con la ejecutoria; y de acuerdo con lo informado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, se tiene lo siguiente: En acuerdo de diecisiete de junio de dos mil once, la autoridad responsable dictó auto de ejecución de laudo, por la cantidad de $13,618,959.96 (trece millones seiscientos dieciocho mil novecientos cincuenta y nueve pesos 96/100 moneda nacional), (fojas 33 a 42 del tomo I). Por oficio 4398/2012 de veinte de abril de dos mil doce, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, remitió copia certificada de la comparecencia de doce de abril de dos mil doce, donde se le hizo entrega al representante común de los actores Mario Julio Salinas Oliva, la cantidad de $513,205.00, (quinientos trece mil doscientos cinco pesos 00/100 moneda nacional) (fojas 116 a 118 del tomo I de actuaciones). Asimismo, obra la copia certificada del acuerdo de treinta y uno de octubre de dos mil doce, del que se aprecia que el presidente del órgano laboral señaló la cantidad que le fue entregada a los actores y el restante que se adeuda a los mismos, además precisó que dejaba a salvo los derechos de los actores para que llevaran a cabo un nuevo embargo sobre la cantidad que aún se les adeudaba misma que consistía en $13,105,754.96 (trece millones ciento cinco mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 96/100 moneda nacional) (fojas 131 a 133 del tomo I de actuaciones). De igual forma, en auto de once de diciembre de dos mil doce, la autoridad responsable señaló las doce horas del ocho de febrero de dos mil trece, para el requerimiento de pago y embargo a la parte demandada en el juicio laboral de origen (foja 139 del tomo I de actuaciones). En ese orden, mediante el oficio 1476/2013, el Presidente del Tribunal laboral informó que el ocho de febrero de dos mil trece, no se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago, y en consecuencia en acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil trece, señaló las doce horas del dieciocho de marzo de dos mil trece, para llevar a cabo el requerimiento de pago y embargo (foja 147 a 149 del primer tomo de actuaciones). De igual manera, en auto de dieciocho de febrero de dos mil trece, la autoridad responsable señaló nuevamente fecha para realizar la diligencia de requerimiento de pago a la parte demandada (foja 149 del tomo I). En la copia certificada de la diligencia de requerimiento de pago y embargo realizada el veinticinco de febrero de dos mil trece, en el juicio laboral 183/2003 (fojas 153 a 157 del tomo I de actuaciones); consta que la actuaria adscrita al órgano laboral requirió de pago al Ayuntamiento demandado la cantidad de $13,618,959.96 (trece millones seiscientos dieciocho mil, novecientos cincuenta y nueve pesos 96/100 moneda nacional) asimismo en virtud que el representante del ayuntamiento demandado no realizó el pago, solicitó se embargaran los derechos, productos y aprovechamientos generados por el Ayuntamiento, así como el 2% de los impuestos sobre el producto del trabajo, el impuesto sobre el uso de tenencia de vehículos y el gasto corriente que reciben de la Secretaría de Finanzas, por lo cual la actuaria levantó la razón correspondiente con la cual dio cuenta al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, para los efectos legales conducentes (fojas 153 a157 del tomo I de actuaciones). El quince de mayo de dos mil trece, el tribunal resolvió improcedente el recurso de revisión interpuesto en contra del actuario respecto de la diligencia de veinticinco de febrero de dos mil trece, promovido por la parte actora, y ordenó continuar la ejecución (fojas 183 a 186 del tomo I de actuaciones). De la copia certificada de la diligencia de dos de diciembre de dos mil trece, se aprecia que se realizó el requerimiento de pago de la cantidad de $13,105,754.96 (trece millones ciento cinco mil setecientos ciento y cuatro pesos 96/100 monada nacional) (fojas 220 a 223 del tomo I de actuaciones) y del acuerdo de cuatro de julio de dos mil catorce, consta que el presidente del órgano laboral decretó el embargo sobre las cuentas bancarias números 6550357777-3, 6550357727-0, 6550357732-7, 65-50357762-0 y 65-50370295-8 de la institución bancaria SANTANDER, asimismo las diversas 412176105, 41210076326,412176164 y 412176210 de la institución bancaria BANAMEX (fojas 316 y 317 del tomo I de actuaciones). En autos de doce de diciembre de dos mil catorce, diecinueve de febrero, ocho de abril y seis de octubre de dos mil quince, se ordenó requerir al ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa Guerrero el cumplimiento de la sentencia de amparo (fojas 428 a 431, 486 a 487, 549 a 552 y 781 a 782 del tomo I de actuaciones). Por acuerdo de tres de junio de dos mil quince, este órgano jurisdiccional, requirió el cumplimiento respectivo a la autoridad laboral responsable bajo apercibimiento de ley en caso de negativa, asimismo, se requirió al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa, Guerrero, en su calidad de autoridad vinculada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en autos (fojas 636-637 del tomo I de actuaciones). Por oficio 8911/2015 de veintidós de junio de dos mil quince, la autoridad responsable remitió copia certificada del acuse de recibo dirigido al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero a efecto de que haga efectiva la multa dirigida al Ayuntamiento de Cuajinicuilapa Guerrero (fojas 654 a 655 del tomo I de actuaciones). Mediante el oficio 12902/2015 de once de septiembre de dos mil quince, el presidente del órgano laboral informó que remitió copia certificada del oficio enviado a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, a efecto de que hiciera efectivas las multas ordenadas por dicho órgano al Síndico Procurador y Presidente del Ayuntamiento demandado, lo anterior a efecto de dar cumplimiento al laudo dictado en el juicio de origen (fojas 750 a 777 del tomo I de actuaciones). En ocho de febrero de dos mil dieciséis, este órgano jurisdiccional ordenó tramitar el incidente de inejecución de sentencia y en consecuencia, determinó enviar los autos del juicio de amparo 897/2011, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito en turno (foja 809 a 812 del primer tomo de actuaciones). Mediante oficio signado conjuntamente por Constantino García Cisneros y Josefa Villarreal Baños, en su carácter de Presidente y Síndica Procuradora, ambos del Ayuntamiento Municipal de Cuajinicuilapa, Guerrero, señalaron que con la finalidad de dar cumplimiento al laudo emitido por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero con residencia en esta ciudad capital, en el juicio laboral 183/2003, exhibían el cheque 15023235, que ampara la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), expedido a favor de Inocente Arroyo Martínez, (fojas 837 a 843 del tomo I de actuaciones); en atención a ese escrito, este órgano jurisdiccional en auto de uno de marzo de dos mil dieciséis, tuvo a la autoridad vinculada no justificando los trámites que dijo estar realizando para cumplir la sentencia, dado que de aceptar la exhibición de ese título de crédito sólo por la cantidad mencionada, se dejaría a su prudente arbitrio el cumplimiento de la ejecutoria, razón por la que el citado título se dejó a disposición de esas autoridades (foja 1101 a 1103 del tomo I de actuaciones). Del Incidente de Inejecución de sentencia conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, quien lo registró con el número 3/2016 y el diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, resolvió fundado el incidente de inejecución de sentencia y dictaminó que como no obraba en autos medio de convicción alguno que demostrara que las autoridades vinculadas al cumplimiento de la resolución o sus superiores jerárquicos, hubieran colmado los extremos de la sentencia constitucional a pesar de los requerimientos efectuados, por lo que dicho órgano colegiado remitió el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (foja 1186 a 1202 del tomo I de actuaciones) Mediante oficio SSGA-XV-21829/2016, signado por la Actuaria Judicial de la Subsecretaría General de Acuerdos Sección de Trámite de Amparos, Contradicciones de Tesis y demás Asuntos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en la ciudad de México, la superioridad ordenó devolver los autos al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad capital a efecto de que el titular de dicho órgano jurisdiccional repusiera el procedimiento de ejecución de sentencia y requiriera al Tesorero o Secretario de Finanzas, como autoridad obligada al cumplimiento y al Presidente como su superior jerárquico ambos del municipio de Cuajinicuilapa Guerrero, a fin de que paguen a la parte actora la cantidad de $13,618,959.96 (trece millones seiscientos dieciocho mil novecientos cincuenta y nueve pesos 96/100 moneda nacional) por concepto de prestaciones a que fue condenado el citado Municipio en el juicio laboral (fojas 1230 a 1232). Luego, el veintinueve de junio de dos mil dieciséis, este órgano jurisdiccional dictó un proveído en el cual en primer término se recibió el testimonio pronunciado por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; asimismo este Juzgado Federal determinó que previamente a requerir a las autoridades vinculadas, era necesario requerir al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero con residencia en esta ciudad capital, a efecto de que éste precisara qué cantidad adeuda a cada uno de los actores (fojas 1240 a 1242 del tomo I de actuaciones). En atención a dicho requerimiento el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, mediante oficio 5425/2016, adjuntó copia autorizada con firmas autógrafas del acuerdo de seis de julio de dos mil dieciséis, en el que precisó las cantidades adeudadas a cada uno de los actores aquí quejosos (fojas 1248 a 1251 de tomo II de actuaciones): A través del oficio 5473/2016 de catorce de julio de dos mil dieciséis, el presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, informó que Cimitria Eleuteria Candela Conde, José Silvino Ávila Domínguez, Pablo Tomás Domínguez Ávila y Víctor Crescencio Noyola Bernal, son actores en el juicio laboral, lo que acredita con la primera foja en copia certificada del escrito inicial de demanda que anexa, y refirió que los antes mencionados, tienen los nombres siguientes: Cimitria Candela Conde, Silvino Ávila Domínguez, Pablo Domínguez Ávila, y Víctor Noyola Bernal; asimismo, señaló que Minerva Lucía Flores Peñaloza y Félix Octavio Candela Conde, no son actores en el juicio laboral 183/2003, circunstancia con la cual se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que lo hubiera hecho así (foja 1265 a 1267 de tomo II de actuaciones). En ese orden de ideas, en proveído de ocho de julio de dos mil dieciséis, este juzgado federal ordenó en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reponer el procedimiento de ejecución y requerir al Tesorero del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa Guerrero, para que dentro del término de dos meses siguientes al en que recibiera la notificación del presente auto cumpliera con la sentencia de amparo (foja 1253 de tomo II de actuaciones). El requerimiento del auto de ocho de julio de dos mil dieciséis, se notificó a la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, el doce de julio de dos mil dieciséis (foja 1284 del tomo II de actuaciones) , al Tesorero, Ayuntamiento, Presidente Municipal y Síndico Procurador todos del Ayuntamiento Constitucional de Cuajinicuilapa Guerrero, el quince de julio de dos mil dieciséis (foja 1284 de tomo II de actuaciones), por lo que en atención a la certificación de cuenta se tiene que el plazo concedido al tribunal laboral concluyó el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete; en tanto, que a las autoridades vinculadas al cumplimiento les feneció el nueve de diciembre de dos mil diecisiete, en razón de que el plazo de dos meses concedido a esa autoridades se interrumpió dado que el Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa por conducto de su Síndica Procuradora interpuso juicio de amparo 727/2016 ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero (foja 1286 de tomo II de actuaciones). Luego a través del oficio 5473/2016 de catorce de julio de dos mil dieciséis, el presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, informó que Cimitria Eleuteria Candela Conde, José Silvino Ávila Domínguez, Pablo Tomás Domínguez Ávila y Víctor Crescencio Noyola Bernal, son actores en el juicio laboral, lo que acredita con la primera foja en copia certificada del escrito inicial de demanda que anexa, y refirió que los antes mencionados, tienen los nombres siguientes: Cimitria Candela Conde, Silvino Ávila Domínguez, Pablo Domínguez Ávila, y Víctor Noyola Bernal; asimismo, señala que Minerva Lucía Flores Peñaloza y Félix Octavio Candela Conde, no son actores en el juicio laboral 183/2003, circunstancia con la cual se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que lo hubiera hecho así (foja 1265 a 1267 de tomo II de actuaciones). A través del oficio 5837/2016 de diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, y recibido por este órgano jurisdiccional el veinte de septiembre de dos mil dieciséis, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero con residencia en esta ciudad capital, informó que el Ayuntamiento demandado de Cuajinicuilapa Guerrero, promovió el diverso juicio de amparo 727/2016 del índice de Juzgado Tercero de Distrito de Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, en el cual se concedió la suspensión definitiva a dicha parte procesal y en consecuencia el Tribunal Obrero manifestó que se encontraba impedido para requerir el cumplimiento del laudo dictado en el juicio laboral, por lo que este juzgado federal realizó el requerimiento en el sentido de que tres días siguientes al en que recibiera la notificación del auto que declarara ejecutoriada la sentencia emitida en el diverso juicio 727/2016, lo hiciera del conocimiento de este órgano jurisdiccional (fojas 1286 a 1289 de tomo II de actuaciones). De igual forma, a través del oficio 6940/2016 de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, el Presidente del órgano laboral informó que seguía vigente la suspensión definitiva otorgada al Ayuntamiento demandado de Cuajinicuilapa Guerrero, por lo cual no podía realizar requerimiento alguno a dicha parte procesal (foja 1297 de tomo II de actuaciones). Del oficio 1748/2017, de diez de febrero de dos mil diecisiete, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, informó que el juicio de amparo 727/2016 del índice del Juzgado Tercero de Distrito se sobreseyó por lo que únicamente esperaría la notificación que declara dicha sentencia ejecutoriada para proseguir con el procedimiento de ejecución (foja 1321 de tomo II de actuaciones). Por otra parte, la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero con residencia en Acapulco, informó a este órgano jurisdiccional que el Ayuntamiento Constitucional de Cuajinicuilapa Guerrero, interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia de dictada por ese juzgado federal; por lo cual este órgano jurisdiccional solicitó al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, que una vez que el órgano colegiado emitiera la resolución correspondiente en el juicio de amparo 727/2016, lo hiciera del conocimiento a efecto de acordar lo que en derecho correspondiera (foja 1334 a 1335 de tomo II de actuaciones). Del oficio 8338/2017, enviado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad capital, al cual adjuntó copia con firmas autógrafas del auto de diez de octubre de dos mil diecisiete, en el cual informó que se resolvió el recurso de revisión confirmando la sentencia en la cual se sobreseyó el juicio de amparo 727/2016, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, por la parte demandada por ende, dejaba de surtir efectos la suspensión definitiva y en consecuencia procedía a requerir al Ayuntamiento Constitucional de Cuajinicuilapa Guerrero, para que en el plazo de diez días exhibiera el pago por la cantidad de $13,105,661.91 (trece millones ciento cinco mil seiscientos sesenta y un pesos 91/100 moneda nacional), que adeuda a los actores aquí quejosos.(fojas 1341 a 1342 de tomo II de actuaciones), con el apercibimiento que de no cumplir con el requerimiento indicado se haría acreedor a una multa de doscientos días de salario mínimo vigente en la región de acuerdo al artículo 95 de la Ley 51 del Estado, constancias con las cuales este órgano jurisdiccional determinó dar vista en auto de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, a efecto de que las partes manifestaran lo que a su derecho convenga (fojas 1341 a 1342 de tomo II de actuaciones). En auto de quince de noviembre de dos mil diecisiete, se ordenó nuevamente enviar los oficios 24980/2017, 24981/2017 y 24973/2017, enviados respectivamente al Ayuntamiento, Presidente y Tesorero todos del Ayuntamiento Constitucional de Cuajinicuilapa Guerrero, expedidos en acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete (foja 1353 de tomo II de actuaciones). Del oficio 5473/2016 de catorce de julio de dos mil dieciséis, el presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, informó que Minerva Lucía Flores Peñaloza y Félix Octavio Candela Conde, no son actores en el juicio laboral 183/2003, pero de autos se desprende que en diligencia de nueve de mayo de dos mil once, en la diligencia de reinstalación dichas personas compareciendo a la referida audiencia como lo asentó la actuaria adscrita a dicho tribunal. Mediante oficio 296/2018 de diecinueve de enero de dos mil dieciocho, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero con residencia en esta ciudad capital, remitió copia certificada del escrito inicial de demanda y del laudo de fecha veintinueve de mayo de dos mil nueve (fojas 1403 a 1475 del segundo tomo actuaciones). Luego, a través del oficio 316/2018, de veintiséis de enero de dos mil dieciocho, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad capital remitió copia certificada del escrito de demanda y del laudo dictado en el juicio laboral 183/2003, además informó que los aquí quejosos Minerva Lucia Flores Peñaloza y Félix Octavio Candela Conde no son actores del juicio laboral 183/2003 (fojas 1479 a 1601 del segundo tomo de actuaciones). En auto de treinta de enero de dos mil dieciocho, se recibieron las constancias señaladas en el oficio 318/2016 de veintiséis de enero de dos mil dieciocho; asimismo, se realizó el pronunciamiento en relación a lo que respecta los quejosos Mayra Lilia Candela Rodríguez y Enrique Cisneros Parral, declarándose cumplida la sentencia por cuanto hace a los aludidos quejosos; de igual forma, se declaró que no era materialmente posible ejecutar la sentencia que concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a Minerva Lucía Flores Peñaloza y Félix Octavio Candela Conde, al no ser parte procesal en el juicio laboral de origen, dado que se argumentó que no se puede obligar al Ayuntamiento demandado a que cumpliera el laudo respecto de esas personas, al no existir cantidad liquida a su favor objeto de condena; por lo cual se declaró la imposibilidad material para cumplir la sentencia de mérito (fojas 1602 a 1613 del segundo tomo de actuaciones). En el citado auto también se ordenó requerir al Presidente Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa Guerrero, en su carácter de superior jerárquico del Tesorero o Secretario de Finanzas del mismo Ayuntamiento, para que dentro del término de diez días hábiles siguientes al en que recibieran la notificación del presente auto, ordenaran al Tesorero o Secretario de Finanzas del Ayuntamiento pagara las cantidades adeudadas a los actores (fojas 1611 a 1613 del segundo tomo de actuaciones). A través del oficio, 2180/2018, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, adjuntó copia con firmas autógrafas del proveído dictado el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, en el juicio laboral 183/2003, en el que se advierte que hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de diez de octubre de dos mil diecisiete, consistente en una multa de doscientos días de salario diario que asciende a la cantidad de $17,672.00 para Constantino García Cisneros y Josefa Villareal Baños en su carácter de Presidente y Síndica Procurador del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa Guerrero; además realizó el requerimiento a la parte demandada para que en el término de diez días hábiles siguientes a la notificación del presente auto exhibiera el pago a los actores del juicio laboral de origen con el apercibimiento que de no hacerlo así se harían acreedores a una multa de doscientos cincuenta días de salario mínimo misma que ascendería a $22,090.00 para cada uno, esto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 95 de la Ley 51 del Estado de Guerrero (fojas 1632 a 1633 del segundo tomo de actuaciones). De igual forma, obra en autos el oficio 3830/2018 signado por Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, al cual adjuntó copia con firma autógrafa del auto de seis de abril de dos mil dieciocho, dictado en el juicio laboral de origen, en el que la responsable hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho por lo que procedió a hacer efectiva la multa a Constantino García Cisneros y Josefa Villareal Baños en su carácter de Presidente y Síndica Procurador del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa Guerrero, consistente en doscientos cincuenta días de salario mínimo que ascendía a una cantidad de $22,090.00 (veintidós mil noventa pesos 00/100 moneda nacional); de igual forma, requirió de nueva cuenta a la parte demandada a efecto de que en el término de diez días exhibiera la cantidad adeudada a los actores aquí quejosos con el apercibimiento que de no hacerlo así Constantino García Cisneros y Josefa Villareal Baños en su carácter de Presidente y Síndica Procurador del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa Guerrero, se harían a acreedores a una medida de apremio consistente en trescientos días de salario mínimo que ascendía a la cantidad de $26,508.00 (veintiséis mil quinientos ocho pesos 00/100 moneda nacional) (fojas 1641 a 1642 del segundo tomo de actuaciones ). En proveído de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, se inició el incidente de inejecución de sentencia, y se ordenó enviar los autos al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo primer circuito con residencia en esta ciudad capita,l a efecto de que continuara el incidente de inejecución de sentencia; no obstante lo anterior, este órgano jurisdiccional concedió un término de quince días hábiles siguientes a la notificación del aludido auto al Presidente, Síndica Procuradora y Secretario de Finanzas todos del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa Guerrero, a efecto de que exhibieran la cantidad de $5,779,988.49 (cinco millones setecientos setenta y nueve mil novecientos ochenta y ocho pesos 49/100 moneda nacional) para dar cumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral (fojas 1645 a 1661). Mediante el oficio 626/2018 de veintitrés de abril de dos mil dieciocho, el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad capital informó que dicho órgano colegiado asume la competencia para conocer del incidente de inejecución de sentencia y lo registró bajo el número 3/2018 (foja 1712 a 1713). Luego a través del oficio 5015/2018, adjuntó copia con firmas autógrafas del auto de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, en el cual se aprecia que hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de seis de abril de dos mil dieciocho, consistente en una medida de apremio que asciende a una multa de trescientos días de salario mínimo vigente misma que equivale a la cantidad de $26,508.00 (veintiséis mil quinientos ocho pesos 00/100 moneda nacional) que debían de cubrir Constantino García Cisneros y Josefa Villareal Baños en su carácter de Presidente y Síndica Procurador del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa Guerrero; asimismo, los requirió de nueva cuenta para que dieran cumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral de origen, con el apercibimiento que de no hacerlo así se harían acreedores a una multa de trescientos cincuenta pesos moneda nacional que ascendía a la cantidad de $30.926.00 (treinta mil novecientos veintiséis pesos 00/100 moneda nacional) para cada uno de los representantes del Ayuntamiento demandado (fojas 1725 a 1726). Por oficio 5068/2018 el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, adjuntó copia con firmas autógrafas del proveído de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, en donde informó que el Presidente y Síndica Procuradora del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa Guerrero, exhibieron dos cheques por la cantidad de $10,000.00 diez mil pesos moneda nacional para Inocente Arroyo Martínez y Eladio Fuentes Sánchez (fojas 1730 a 1731 del segundo tomo de actuaciones). Mediante oficio 6436/2018 de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad capital anexó copia con firmas autógrafas del acuerdo de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, en el cual informó que hizo efectivo el apercibimiento decretado en el auto de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, consistente en una multa de trescientos cincuenta pesos moneda nacional que ascendía a la cantidad de $30.926.00 (treinta mil novecientos veintiséis pesos 00/100 moneda nacional) para Constantino García Cisneros y Josefa Villareal Baños en su carácter de Presidente y Síndica Procurador del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa Guerrero; de igual forma, los requirió de nueva cuenta para que exhibieran la cantidad adeudada a los actores, con el apercibimiento que de no hacerlo así en el término de diez días hábiles les aplicaría una multa de cuatrocientos días de salario mínimo vigente misma que ascendía a la cantidad de $35,344.00 (treinta y cinco mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional) para el presidente y síndica procuradora del Ayuntamiento demandado (fojas 1751 a 1753 del segundo tomo de actuaciones). En proveído de treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional concedió un término de veinticinco días hábiles a Constantino García Cisneros, en su carácter de Presidente Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa, Guerrero, a Florentino Gerardo Santiago Vargas, Secretario de Finanzas del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa Guerrero y a Josefa Villareal Baños en su carácter de Síndica Procuradora del Ayuntamiento de Cuajinicuilapa Guerrero, para que dentro del aludido término exhibieran la cantidad de $5,769,988.49 (cinco millones setecientos sesenta y nueve mil ochocientos ochenta y ocho pesos 49/100 moneda nacional a los actores aquí quejosos (fojas 1771 a 1775 del segundo tomo de actuaciones). De igual forma, a través del oficio 7118/2018 la responsable anexó el proveído de tres de agosto de dos mil dieciocho, dictado en el juicio laboral de origen, en el que tuvo por recibidos los escritos del apoderado de la parte actora aquí quejosa y de Constantino García Cisneros, en su carácter de Presidente Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa, Guerrero, en el cual en primer lugar acuerda que no ha lugar a proveer de conformidad sus peticiones de la parte actora, pues adujo que dicho órgano laboral ha estado aplicando las medidas de apremio necesarias para lograr la ejecución del laudo; asimismo, tuvo por recibido tres cheques por la cantidad de $10.000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), cada uno a favor de los actores, uno para Inocente Arroyo Martínez y dos para Heladio Fuentes Sánchez (fojas 1783 a 1786 del segundo tomo de actuaciones). Además, se advierte que hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de veinticinco de junio de dos mil dieciocho, por lo tanto aplicó la multa decretada consistente en cuatrocientos días de salario mínimo que ascienden a $35,344.00 (treinta y cinco mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional) para el Presidente y Síndica Procuradora del Ayuntamiento demandado; además, requirió de nueva cuenta la cantidad adeudada a los actores aquí quejosos, con el apercibimiento que de no hacerlo así se harían acreedores a una medida de apremio consistente en multa de cuatrocientos cincuenta días de salario mínimo vigente que ascendía a la cantidad de $39,762.00 (treinta y nueve mil setecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional) para los representes del Ayuntamiento demandado de Cuajinicuilapa, Guerrero (fojas 1783 a 1786 del segundo tomo). Mediante el oficio 7977/2018, adjuntó copia certificada de la comparecencia de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, de la que se aprecia en primer lugar que el actor Heladio Fuentes Sánchez, compareció ante el órgano laboral a recoger los cheques números 0000070, 0000249 y 0000055 por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos cada uno) (fojas 1794 a 1796 del segundo tomo de actuaciones) Aunado a lo anterior, la responsable hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de tres de agosto de dos mil dieciocho, y en consecuencia aplicó la multa consistente en cuatrocientos cincuenta días de salario misma que ascendió a la cantidad de $39,762.00 (treinta y nueve mil setecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional) la cual debía hacer efectiva a Constantino García Cisneros y Josefa Villareal Baños en su carácter de Presidente y Síndica Procurador del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa Guerrero, ordenando enviar oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero a efecto de hacer efectiva la multa antes citada (foja 1794 a 1795 del segundo tomo de actuaciones). Además el Presidente del Tribunal Laboral requirió al Ayuntamiento demandado de Cuajinicuilapa Guerrero por conducto de Constantino García Cisneros y Josefa Villareal Baños en su carácter de Presidente y Síndica Procurador del Ayuntamiento demandado, para que exhibieran la cantidad adeuda a los actores en el juicio laboral de origen, con el apercibimiento que de no hacerlo así se harían acreedores a una multa de quinientos días de salario mínimo vigente misma que asciende a $44,180.00 (cuarenta y cuatro mil ciento ochenta pesos 00/100 moneda nacional (fojas 1794 a 1796 del segundo tomo de actuaciones). A través del oficio 1547 el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito con residencia en esta ciudad capital remitió copia certificada de la ejecutoria dictada el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho; en la que determinó revocar el acuerdo de dieciocho de abril de dos mil dieciocho y reponer el procedimiento a efecto de que se tramitara el incidente innominado a efecto de determinar la imposibilidad del Presidente Municipal y Secretario de Finanzas ambos del Ayuntamiento de Cuajinicuilapa Guerrero, para dar cumplimiento a la sentencia (fojas 1806 a 1824 del segundo tomo de actuaciones). En proveído de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el órgano colegiado, se tramitó el incidente innominado y se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera (fojas 1825 a 1827 del segundo tomo de actuaciones). Mediante el oficio 8079/2018 el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad capital, adjuntó el proveído de doce de septiembre de dos mil dieciocho, emitido en el juicio laboral 183/2003, en el cual en primer término la Síndica Procuradora del Ayuntamiento de Cuajinicuila Guerrero, revocó domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad capital, por lo que se determinó que las subsecuentes notificaciones se harían por medio de estados que se fijaran en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero; además, entre otras cosas hizo efectiva la multa consistente en quinientos días de salario mínimo vigente misma que ascendió a $44, 181.00 (cuarenta y cuatro mil ciento ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional) por lo que ordenó enviar oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad capital para hacer efectiva la multa citada a Constantino García Cisneros y Josefa Villareal Baños en su carácter de Presidente y Síndica Procurador del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa Guerrero (fojas 1836 a 1839 del segundo tomo de actuaciones). De igual forma, ordenó requerir de nueva cuenta al Ayuntamiento demandado de Cuajinicuilapa Guerrero, a efecto de que hiciera el pago a los actores aquí quejosos por las cantidades adeudadas, con el apercibimiento que de no hacerlo así se harían acreedores a una multa de quinientos días de salario mínimo vigente en la región que asciende a $44, 180.00 (cuarenta y cuatro mil ciento ochenta pesos 00/100 moneda nacional) para los representantes del Ayuntamiento demandado (fojas 1836 a 1839 del segundo tomo de actuaciones) En proveído de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional en primer término tuvo a la parte quejosa por formulando manifestaciones en relación al incidente innominado y se procedió a señalar fecha y hora para la celebración de alegatos relativa al incidente innominado (fojas 1851 a 1852 del segundo tomo de actuaciones). El diez de octubre de dos mil dieciocho, se celebró la audiencia de alegatos relativa el incidente innominado (fojas 1865 a 1867 del segundo tomo de actuaciones). El veintidós de octubre de dos mil dieciocho, se resolvió infundado el incidente innominado tramitado en el presente juicio de amparo (fojas 1865 a 1874 del segundo tomo de actuaciones). Luego, en proveído de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional determinó dar vista a las partes con las actuaciones remitidas por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, por el término de tres días hábiles para que manifestaran lo que a sus intereses convinieran sin que lo hubieran hecho no obstante de estar notificados para ello (fojas 1877 a 1878 del segundo tomo de actuaciones). Finalmente, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, a través del oficio 9641/2018, adjuntó el acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, en el cual en primer término tuvo al Ayuntamiento demandado por exhibiendo cinco cheques cada uno por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional) uno a nombre de Inocente Arroyo Martínez y cuatro a nombre de Heladio Fuentes Sánchez; asimismo, reconoció la personalidad a la parte demandada y ordenó notificar a Oscar Alejandro Marín Mendoza y Zalea Hernández Gutiérrez en su carácter de Presidente Municipal y Síndica Procuradora del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa Guerrero, el auto de doce de septiembre de dos mil dieciocho, y precisó que sigue vigente el apercibimiento decretado en el citado auto en caso de incumplimiento del laudo(fojas 1884 a 1885 del segundo tomo de actuaciones). V. Verificación del cumplimiento. Confrontadas las actuaciones realizadas por la autoridad responsable, con los efectos y alcances del amparo concedido a los quejosos antes precisados, se permite afirmar que la responsable acató la sentencia amparadora esto es: Señaló fecha y hora para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo en el juicio laboral 183/2003, la cual tuvo verificativo el dos de diciembre de dos mil trece (foja 220 a 223 del primer tomo de actuaciones). Además, exhibió pagos parciales como se constata en los autos de seis de julio de dos mil dieciséis, veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, tres de agosto de dos mil dieciocho y el veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, emitidos en el juicio laboral de 183/2003, dando un total de $382,092.45, (trescientos ochenta y dos mil noventa y dos pesos 45/100 moneda nacional), (fojas 1248 a 1251, 1730 a 1731, 1783 a 1784 y 1884 a 1885 del segundo tomo de actuaciones). Aunado lo anterior, es importante destacar que el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado con residencia en esta ciudad capital, para dar cumplimiento al laudo hizo efectivas las multas al Ayuntamiento demandado de Cuajinicuilapa Guerrero para que este cumpliera con la ejecución del laudo dictado en el juicio de origen, mismas multas que inició con doscientos días de salario mínimo vigente en la región, tal como se aprecia en auto de diez de octubre de dos mil dieciocho (fojas 1341 a 1342 del segundo tomo de actuaciones); hasta llegar a quinientos días de salario mínimo vigente, como lo precisó en proveído de doce de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 1836 a 1839 del segundo tomo de actuaciones ). De igual forma, el presidente laboral requirió el cumplimento al laudo dictado en el juicio de origen al Ayuntamiento demando de Cuajinicuilapa Guerrero, tomando en consideración las medidas que a su alcance resultan idóneas para que el Ayuntamiento antes citado a través de su Presidente y Síndica Procuradora cumplan con el laudo dictado en el juicio laboral 183/2003. En tal contexto, al realizar un análisis de manera acucioso y exhaustivo de lo realizado por la autoridad responsable, se estima que ésta cumplió con los efectos de la concesión de amparo, dado que llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo, ha impuesto medidas de apremio a la demandada, consistentes en diversas multas que iniciaron desde doscientos salario mínimos hasta quinientos días multa e incluso logró un pago por la cantidad de $382,092.45, (trescientos ochenta y dos mil noventa y dos pesos 45/100 moneda nacional), como pago para los actores, sin perjuicio de los abonos que no estén documentados en el presente juicio de amparo y de la cuantificación que le corresponde a la autoridad responsable; sin que pase inadvertido, que la cantidad total adeudada a los actores era de $5,779,988.49 (cinco millones setecientos setenta y nueve mil novecientos ochenta y ocho pesos 49/100 moneda nacional). En ese orden de ideas, aun cuando no se haya obtenido el pago total del laudo, eso no impide tener por cumplida la ejecutoria, ya que eso no quedó comprendido en los alcances de la concesión de amparo. Entonces, si la autoridad responsable señaló fecha y hora para la diligencia de requerimiento de pago y embargo; además, logró como pago parcial de la cantidad de $382,092.45, (trescientos ochenta y dos mil noventa y dos pesos 45/100 moneda nacional); aunado a que está implementando medidas de apremio continúas; por tanto, ya no está paralizada la ejecutoria de amparo; en consecuencia, es procedente establecer que el tribunal responsable cumplió con los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo; como se ilustra en las siguientes tablas donde se establecen los pagos realizados a los actores sin que éstos manifestaran su inconformidad: Esto se ilustra en las siguientes tablas: Número Actor Cantidad recibida Fojas 1 Artemio Cisneros Salinas. $10,264.10 1250 2 Mario Julio Salinas Oliva. $15,225.85 1251. 3 Rey Salinas Rojas. $10.264.10 1250. 4 Concepción Manuel Esiquio González. $10,264.10 1250. 5 Salomón Cortez Noyola. $10,264.10 1250. 6 Eduardo Román Salinas. $10,264.10 1250. 7 Epifania Noyola Candela. $10,264.10 1250. 8 Emilia Catalina Fuentes Quevedo. $10,264.10 1250. 9 Neri Zavaleta Balanzar. $10,264.10 1250. 10 Ángel Díaz de Luna. $10,264.10 1250. 11 Viterbo Peñaloza Silva. $10,264.10 1250. 12 Esteban Sostenes Miranda Ibarra. $10,264.10 1250. 13 Soledad Pavón Morales. $10,264.10 1250. 14 David Margarito Cruz Jiménez. $10,264.10 1250. 15 Nicolás Noyola Petatán. $10,264.10 1250. 16 Minerva Arellanes Sugia. $10,264.10 1251. 17 Mayra Lilia Candela Rodríguez. $10,264.10 1251. 18 Elías Damián Rodríguez. $10,264.10 1250. 19 Cupertina Rodríguez Clavel. $10,264.10 1250. 20 Angélica Sorrosa Alvarado. $10,264.10 1250. 21 Fidel Oliva González. $10,264.10 1250. 22 Mario Damián Rodríguez. $10,264.10 1250. 23 Tomasa Paula Noyola Cisneros. $10,264.10 1250. 24 Enrique Cisneros Parral. $10,264.10 1251. 25 Raúl Peláez Mier $10,264.10 1251. 26 Dolores Hernández Cisneros $10,264.10 1251. 27 Aída Herrera Baños. $10,264.10 1251. 28 Teresa de Jesús Durán Ramírez, $10,264.10 1251. CANTIDAD TOTAL: $282,092.45 Número Actor Cantidad Fojas 29 Inocente Arroyo Martínez $10,000.00 1730 a 1731 30 Eladio Fuentes Sánchez $10,000.00. 1730 a 1731. Cantidad total $20,000.00 veinte mil pesos 00/100 moneda nacional. Número Actores Cantidad Fojas 29 Inocente Arroyo Martínez $10,000.00 $10.000.00 1783 a 1786 30 Eladio Fuentes Sánchez $10,000.00 1783 a 1786 Eladio Fuentes Sánchez $10,000.00 Fojas 1783 a 1786 $10,000.00 Fojas 1783 a 1786 1783 a 1784. Cantidad total $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 moneda nacional. Número Actores Cantidad Fojas 29 Inocente Arroyo Martínez $10.000.00 1884 a 1885. 30 Eladio Fuentes Sánchez $10.000.00 1884 a 1885. 30 Eladio Fuentes Sánchez $10.000.00 Fojas 1884 a 1885. 30 Eladio Fuentes Sánchez $10.000.00 Fojas 1884 a 1885. 30 Eladio Fuentes Sánchez $10.000.00 Fojas 1884 a 1885. Cantidad total $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional CANTIDADES PAGADAS $282,092.45 (DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL, NOVENTA Y DOS PESOS 45/100 MONEDA NACIONAL.) CANTIDAD EXHIBIDA EN AUTO DE SEIS DE JULIO DE DOSMIL DIECISIETE (FOJA 1248 A 1251, DEL SEGUNDO TOMO DE ACTUACIONES) $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL.), CANTIDAD EXHIBIDA EN AUTO DE VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO , (FOJAS 1730 A 1731, DEL SEGUNDO TOMO DE ACTUACIONES) $30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL.), CANTIDAD EXHIBIDA EN AUTO DE TRES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO (FOJAS 1783 A 1784 DEL SEGUNDO TOMO DE ACTUACIONES) $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL.), CANTIDAD EXHIBIDA EN AUTO DE VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO (FOJAS 1884 A 1885 DEL SEGUNTO TOMO DE ACTUACIONES) CANTIDAD TOTAL: $382,092.45 (TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVENTA Y DOS PESOS 45/100 MONEDA NACIONAL.) Esto porque la continuidad de la ejecución del laudo, también queda sujeta a la intervención de los ejecutantes, quienes tienen como carga, el impulso procesal para continuar con la ejecución del laudo a fin de que las acciones para ejecutar el laudo no prescriban, como lo establecen los artículos 74, 97 y 98 de la Ley Número 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero. Al respecto, se cita el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, en el incidente de inejecución 21/2016, en el que estableció que este juzgado debe realizar el estudio del cumplimiento de las sentencias de una manera acuciosa y exhaustiva, confrontando los efectos del fallo protector con las medidas efectuadas por la autoridad responsable. Por ello, no puede estimarse que la autoridad responsable omite aplicar diversas medidas de apremio para lograr el cumplimiento del laudo, porque, como se dijo anteriormente, sí ha impuesto diversas multas, con base en la Ley 51 del Estado, aplicable que va aumentando gradualmente, no como antes que solo aplicaba de $1000.00 pesos (mil pesos moneda nacional), lo que se demuestra con el auto de doce de septiembre de dos mil dieciocho, al requerir al ayuntamiento demandado que en caso de no dar cumplimiento con el laudo dictado en el juicio laboral se hará acreedor a una multa de quinientos días de salario mínimo vigente en la región (foja 1837 del segundo tomo de actuaciones). Máxime que la aplicación de otras medidas de apremio, ya no es materia en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, porque con el mandamiento de ejecución se ha restituido a los quejosos en el goce de su derecho humano que se estimó violado, teniendo en cuenta el momento procesal en que se encontraba el juicio laboral cuando se concedió el amparo. De ahí que al valorar en una justa dimensión las acciones realizadas por la autoridad responsable para cumplir con los efectos y alcances del amparo concedido a los quejosos, muestra que se encuentra cumplida. VII.- Conclusión. En virtud de lo expuesto en apartados precedentes, se DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE MÉRITO, lo anterior, sin perjuicio del derecho que tiene la parte quejosa para inconformarse con la presente resolución, en el término de cinco días de conformidad con el párrafo tercero del artículo 105 de la Ley de Amparo abrogada, pues de otro modo, ésta se tendrá por consentida.
- Principal
En primer término, visto el escrito y anexo de cuenta, signado por Zalea Hernández Gutiérrez, en su carácter de Síndica Procuradora del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa, Guerrero, mediante el cual se apersona a juicio con el carácter de tercero perjudicado en el presente juicio de amparo, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, designa autorizados y realiza manifestaciones. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 12 último párrafo de la Ley de Amparo abrogada, se le tiene reconocida dicha personalidad, y apersonándose al presente juicio de amparo al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa, Guerrero. Asimismo, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad capital, el que señala en el oficio que se provee, lo anterior no obstante de que si bien el artículo 29, fracción I, de la Ley de Amparo abrogada, señala que las notificaciones a las autoridades responsables o las que tengan el carácter de terceros perjudicados deberán realizarse por medio oficio que se gire a su residencia oficial; sin embargo, a efecto de dar celeridad a las notificaciones que en su caso lleguen a efectuarse a dicha parte procesal y para no contrariar lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene el que señala en la residencia de este órgano jurisdiccional; no obstante, en caso de revocar el domicilio señalado sin designar nuevo o negarse a recibir las actuaciones derivadas de los juicio de amparo, las notificaciones se realizarán a través de oficio enviado a su sede oficial. Por otra parte, téngase como sus autorizados en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo abrogada, a Juan Miguel Terrazas Cuevas, Carlos Roberto Valencia Gutiérrez, Marco Antonio Chávez Manzanarez y Abigail Ojeda Texta, en virtud de tener registrada sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Cirilo Zarate Clavel, Miguel Ángel Ávila Romero, Sigifredo Sánchez Cruz, Ma. Mercedes Zaragoza Peralta y Tania Yumilka Trejo Salmerón, por no contar con su registro en el aludido sistema. En consecuencia, gírese oficio de notificación del presente proveído al mencionado tercero interesado, mismo que deberá ser entregado por conducto del actuario judicial adscrito a este juzgado federal en el domicilio procesal ubicado en esta ciudad, debiendo levantar la razón correspondiente a efecto de que sea agregada el juicio en que se actúa. Tiene aplicación al caso concreto la tesis 1a. CLXXXIV/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número de registro 2006427, del Libro 6, mayo de 2014, Tomo I, 538, de rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. PARA DEFINIR LA LEY APLICABLE AL PROCEDIMIENTO RELATIVO DEBE ATENDERSE A LA FECHA EN QUE CAUSÓ EJECUTORIA LA RESOLUCIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DEL MOMENTO EN QUE INTERVENGA EL TERCERO EXTRAÑO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 49/2013 (10a.), estableció que, en lo concerniente al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, será aplicable a los juicios iniciados con anterioridad a su entrada en vigor, la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, siempre y cuando la sentencia relativa haya causado estado con posterioridad a esa fecha, esto es, a partir del día 3 siguiente. Atento a lo anterior, debe precisarse que la competencia y el trámite de los procedimientos de ejecución en los cuales la fecha en que causó ejecutoria la resolución de amparo, resulte ser anterior al 2 de abril de 2013, habrán de regirse por lo dispuesto en la Ley de Amparo abrogada, con independencia de las actuaciones que se sigan emitiendo en el procedimiento, o el sujeto que participe, pues aun cuando se impugne un auto dictado durante la vigencia de la nueva ley, las reglas procesales aplican en razón del procedimiento, no así en atención a la calidad de los sujetos que intervienen en éste. En ese sentido, en un procedimiento de ejecución de sentencias de amparo regido por la ley abrogada, aunque un tercero extraño intervenga por primera vez durante la vigencia de la nueva ley, le son aplicables las disposiciones previstas en aquélla, pues los derechos que aduzca afectados se involucraron desde que causó ejecutoria la resolución que concedió el amparo, con independencia de la fecha en que el tercero extraño materialmente se apersonó al procedimiento." Ahora bien, en relación a las manifestaciones que realiza la promovente a efecto de que sean tomadas en consideración al momento de dictar sentencia; dígase, que en el presente juicio de amparo el veintiuno de septiembre de dos mil once, se dictó la sentencia respectiva. Por otra parte, visto el estado procesal de los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que las partes no realizaron manifestaciones en relación a la vista dada con las constancias que remitió la autoridad responsable en este juicio; sin embargo, este órgano de control constitucional se pronuncia con relación a dicho cumplimiento, por ser de orden público y análisis oficioso. Señalado lo anterior, el que aquí resuelve considera necesario realizar un análisis con relación a si se encuentra o no cumplida la ejecutoria de amparo, bajo los lineamientos que se expondrán en apartados subsecuentes. I.-Demanda. (1)Inocente Arroyo Martínez, (2)Hermilo Negrete Gutiérrez, (3)Joaquín Quirino Cruz Jiménez, (4)Martina Molina García, (5) Santiago Morales Valentín, (6) Uriel Cenovio Cruz Jiménez, (7)María de los Remedios Ramírez Rosales, (8)Artemio Cisneros Salinas, (9)Mario Julio Salinas Oliva, (11)Rey Salinas Rojas, (12)Concepción Manuel Esiquio González, (13)Salomón Cortez Noyola, (14)Teresa de Jesús Durán Ramírez, (15)Eduardo Román Salinas, (18)Epifania Noyola Candela, (19)Emilia Catalina Fuentes Quevedo, (20)Neri Zavaleta Balanzar, (21)Ángel Díaz de Luna, (23)Viterbo Peñaloza Silva, (24)Esteban Sostenes Miranda Ibarra, (25)Soledad Pavón Morales, (26)David Margarito Cruz Jiménez, (27)Nicolás Noyola Petatán, (28)Minerva Arellanes Sugia, (29)Mayra Lilia Candela Rodríguez, (30)Elías Damián Rodríguez, (31)Cupertina Rodríguez Clavel, (32) Angélica Sorrosa Alvarado, (33) Fidel Oliva González, (34) Mario Damián Rodríguez, (35) Tomasa Paula Noyola Cisneros, (36)Enrique Cisneros Parral, (37) Raúl Peláez Mier, (38) Dolores Hernández Cisneros, (39) Aída Herrera Baños, (10) Cimitria Eleuteria Candela Conde, (16)José Silvino Ávila Domínguez, (17)Pablo Tomás Domínguez Ávila, (22)Víctor Crescencio Noyola Bernal (40)Minerva Lucía Flores Peñaloza y (41)Félix Octavio Candela Conde, por conducto de Jorge Naranjo Hernández, el uno de julio de dos mil once, promovieron amparo indirecto contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, de quien reclamaron lo siguiente (foja 3 tomo I de actuaciones): "IV.- ACTO RECLAMADO: "La inactividad procesal en el juicio laboral 183/2003, por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero." II.- Sentencia. El veintiuno de septiembre de dos mil once, se dictó la sentencia del juicio de amparo 897/2011, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a los aquí quejosos (fojas 61 a 72 tomo I de actuaciones); bajo las siguientes consideraciones: "SEGUNDO. Fijación de la litis. El artículo 79 de la Ley de Amparo autoriza al juez de Distrito a interpretar la demanda de garantías con el objeto de desentrañar la verdadera intención de la parte quejosa, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en ella y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas (incluso con la totalidad de la información que obra en el expediente), en congruencia con lo dispuesto por los diversos 116, 147 y 149 del ordenamiento de referencia. Fundamenta dicho aserto la jurisprudencia P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XI, abril de dos mil, página 32, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Por tanto, para que exista coherencia entre lo solicitado y lo resuelto, se precisa el acto reclamado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Apoya tal afirmación la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, el acto reclamado lo constituye: La omisión de acordar el escrito presentado el doce de mayo de dos mil once. La dilación en la ejecución del laudo al no ajustarse a los términos previstos en la Ley Número 51, del Estado, así como en la Ley Federal del Trabajo. Litis que será objeto de pronunciamiento en esta vía constitucional. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, consistente en la dilación en la ejecución del laudo al no ajustarse a los términos previstos en la Ley Número 51, del Estado, así como en la Ley Federal del Trabajo, pues así lo aceptó al rendir su informe justificado (foja 31) corroborado con las constancias que en copia certificada, remitió en apoyo del mismo, documentales públicas con valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículo 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice de 2000 al Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. Análisis causales de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia ya sea que las hagan valer las partes, o que el suscrito las advierta de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos de la parte final del artículo 73 de la Ley de Amparo. El suscrito, de oficio, advierte que en la especie, respecto al acto reclamado consistente en que la omisión de la responsable de acordar el escrito presentado por los actores, ahora quejosos, el doce de mayo de dos mil once, mediante el cual solicitaron el requerimiento de pago y demás prestaciones a que fue condenado el Ayuntamiento demandado en el laudo dictado el veintinueve de mayo de dos mil nueve; transgrediendo con ello lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, al haber cesado los efectos de la abstención reclamada. En efecto, la fracción XVI, del artículo 73, de la Ley de Amparo establece: "El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es. la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 80 de la de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto en términos de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzarse su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. A fin de justificar la improcedencia del asunto, como ya se precisó, el acto reclamado a la responsable e hizo consistir en la omisión de acordar el escrito presentado por los actores, ahora quejosos, el doce de mayo de dos mil once, mediante el cual solicitaron el requerimiento de pago y demás prestaciones a que fue condenado el Ayuntamiento demandado en el laudo dictado el veintinueve de mayo de dos mil nueve. Ahora bien, de las constancias que allegó el Tribunal de Conciliación y Arbitraje se advierte que fue dictado el proveído de diecisiete de junio de dos mil once, en el que se acordó lo siguiente: "Chilpancingo, Guerrero, a diecisiete de junio de dos mil once. Por recibido el escrito ante este Órgano Laboral el día doce de mayo del año en curso, signado por el C. JORGE NARANJO HERNÁNDEZ, apoderado legal de los (...) actores en el expediente laboral número 183/2003, que promueve en contra del H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO, con que la Secretaria da cuenta, se acuerda: Agréguese el escrito de referencia a los autos del expediente en que se actúa para que surta sus efectos legales correspondientes. Por otro lado y en atención a lo solicitado por el promovente, y toda vez de que ha quedado firme el laudo de fecha veintinueve de mayo del año dos mil nueve. Por lo que este Tribunal procede a dictar el auto de ejecución del laudo de fecha antes mencionada, con fundamento en el artículo 98 de la Ley 51 del Estado, se dicta AUTO DE EJECUCIÓN DE LAUDO por la cantidad de $13'618,959.96 (TRECE MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 96/100M.N.), dicha cantidad es salvo error u omisión de carácter aritmético que pudiese existir al momento de cuantificarse las mismas cantidades, lo cual es producto de las prestaciones a que fue condenado el demandado las cuales son las siguientes: (...)------------------ Notifíquese personalmente a las partes.- Cúmplase. Así lo acordaron y firman el C. Licenciado ROGELIO JIMÉNEZ URIOSTEGUI Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. C. LIC. JOSE BELLO CAMPOS, representante del Gobierno el Estado y el C. LIC. JORGE RESENDIZ GALINDO, representante LIC.MARÍA NATIVIDAD BAUTISTA LINARES, Secretaria General de Acuerdos que autoriza y da fe."(énfasis añadido) (fojas 33-42). En tal virtud, y por la consideraciones planteadas, se advierte que con la emisión del acuerdo antes transcrito cesaron los efectos del acto reclamado en el presente sumario constitucional, consistente en la abstención por parte de la autoridad responsable, de acordar el escrito presentado por los actores ahora quejosos, el doce de mayo de dos mil once, mediante el cual solicitaron el requerimiento de pago y demás prestaciones a que fue condenado el Ayuntamiento demandado y, por tal motivo, resulta innecesario el estudio de los conceptos de violación hechos valer. Cesación de efectos que se surte en el caso concreto, pues la omisión de la autoridad por la que se acudió a la instancia constitucional ya no existe en la realidad, al haber acordado el escrito presentado el doce de mayo de dos mil once, por los aquí quejosos; en consecuencia de ello, como se dijo, no hay motivo para que se estudie la legalidad o ilegalidad de la omisión, pues no existiría garantía individual que reparar , al dejar de existir el acto reclamado; razón por la cual, con apoyo en lo previsto en el artículo 74 fracción III, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo. Es de aplicarse al caso, la Jurisprudencia, 2ª./J.59/99, localizable en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. También brinda apoyo la diversa Jurisprudencia 2ª./J.9/98, consultable en la página 210 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Al no advertirse de oficio la actualización de alguna causa de improcedencia que amerite el sobreseimiento en el juicio o que la hagan valer las partes, se procede al examen del acto reclamado consistente en la omisión de la responsable en continuar el procedimiento de ejecución dentro de los plazos y términos previstos en la ley. QUINTO. Análisis del fondo del asunto. Se procede al estudio del concepto de violación hecho valer por los peticionarios de garantías, el que se tiene por reproducido en obvio de repetición innecesaria, ya que dicha circunstancia no los deja en estado de indefensión, habida cuenta que con ello no se hace nugatoria la posibilidad de recurrir esta sentencia y alegar lo que estimen pertinente. Apoya esta consideración la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, del tomo XXXI, mayo de 2010, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Es fundado el concepto de violación formulado por la parte quejosa. En efecto, la parte quejosa se duele medularmente, de la omisión de la autoridad responsable de tomar las medidas necesarias, para la eficaz e inmediata ejecución del laudo pronunciado el veintinueve de mayo de dos mil nueve (fojas 33-42) en el Juicio laboral 183/2003, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. Ahora bien, los artículos 91, 97 y 98 de la Ley Número 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, son de la literalidad siguiente: "Articulo 91.- Todos los términos serán de tres días con excepción de aquellos casos que a juicio del Tribunal deba autorizarse plazo mayor; correrán a partir del día siguiente a aquél en que se haga el emplazamiento, citación o notificación y se contará en ellos el día del vencimiento." "Articulo 97.- El Tribunal tiene la obligación de promover a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes." "Articulo 98.- Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución apercibiéndola de que, de no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto en los artículos anteriores." De los preceptos antes transcritos, se advierte que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, tiene la obligación de promover la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, para ello deberá comisionar a un actuario, quien se constituirá en el domicilio de la demandada y le requerirá para que cumpla con la resolución, con las facultades que le otorga la ley, asimismo, deberá dictar las medidas necesarias tendientes a ese fin; obligación que si bien no establece un término específico, el mencionado ordenamiento legal prevé uno genérico de tres días, dado que va encaminada a proporcionar al trabajador los medios suficientes que garanticen su subsistencia, la ejecución del laudo corresponde al Tribunal que lo dicta. Corrobora este aserto, la tesis aislada número 6o.T.54L, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Febrero de 1999, Novena Época, Página 499, de la literalidad siguiente: "EJECUCIÓN DE LAUDO, ACTOS DE. EN MATERIA LABORAL ES PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA. El procedimiento de ejecución en materia laboral tiene por objeto dar cumplimiento al laudo que lo origina y, proporcionar al trabajador los medios suficientes que garanticen su subsistencia, lo que constituye una excepción respecto de los procedimientos de ejecución de las autoridades jurisdiccionales, cuya finalidad es la de obtener una última resolución de carácter definitivo tendiente a obtener su cumplimiento, por ende, en materia laboral, el artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo debe entenderse en el sentido de que en contra de la resolución encaminada a cumplir un laudo resulta procedente el amparo indirecto porque las autoridades de trabajo tienen la obligación de proveer la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, como lo disponen los artículos 150 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y 940 de la Ley Federal del Trabajo." Por lo que, resulta pertinente señalar que si el laudo pronunciado en el juicio laboral número 183/2003, fue dictado el veintinueve de mayo de dos mil nueve y a la fecha la autoridad responsable no ha realizado los trámites necesarios tendientes a ejecutar dicha resolución tales como señalar fecha específica para el requerimiento de pago y embargo, resulta claro que el Tribunal laboral responsable, efectivamente ha sido omiso en llevar a cabo la ejecución del laudo dentro del plazo genérico previsto en la Ley Número 51, ya que a la fecha ha transcurrido con exceso dicho plazo, transgrediendo con su conducta en perjuicio del aquí quejoso, la garantía de justicia pronta contenida en el artículo 17 de la Constitución Federal. Ello es así, porque el artículo en comento establece que todas las personas tienen derecho a que se les administre justicia por los tribunales en los plazos que señalen las leyes; numeral que es de la literalidad siguiente: "Artículo 17... Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Al respecto, es aplicable la tesis de jurisprudencia número 2ª./J.192/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos nueve, Tomo XXVI, octubre de dos mil siete, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya literalidad es la siguiente: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." Asimismo, apoya a los razonamientos expresados en párrafos que anteceden, la Jurisprudencia P./J. 113/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cinco, Tomo XIV, Septiembre de dos mil uno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya literalidad es la siguiente: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da." En ese contexto, es inconcuso como ya se dijo, que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad capital, transgrede en contra de los quejosos (1) Inocente Arrollo Martínez, (2) Hermilo Negrete Gutiérrez, (3) Joaquín Quirino Cruz Jiménez, (4) Martina Molina García, (5) Santiago Morales Valentín, (6) Uriel Cenovio Cruz Jiménez, (7) María de los Remedios Ramírez Rosales, (8) Artemio Cisneros Salinas, (9) Mario Julio Salinas Oliva, (10) Cimitria Eleuteria Candela Conde, (11) Rey Salinas 'Rojas, (12) Concepción Manuel Esiquio González, (13) Salomón Cortez Noyola, (14) Teresa de Jesús Durán Ramírez, (15) Eduardo Román Salinas, (16) José Silvino Ávila Domínguez, (17) Minerva Lucía Flores-Peñaloza, (18) Epifania Noyola Candela, (19) Emilia Catalina Fuentes Quevedo, (20) Neri Zavaleta Balanzar, (21) Ángel Díaz de Luna, (22)Pablo Tomás Domínguez Ávila, (23) Viterbo Peñaloza Silva, (24)Esteban Sostenes Miranda Ibarra, (25) Soledad Pavón Morales, (26) David Margarito Cruz Jiménez, (27) Nicolás Noyola Petatán, (28)Minerva Arellanes Sugia, (29) Mayra Lilia Candela Rodríguez, (30)Elías Damián Rodríguez, (31) Cupertina Rodríguez Clavel, (32)Angélica Sorrosa Alvarado, (33) Fidel Oliva González, (34) Mario Damián Rodríguez, (35) Tomasa Paula Noyola Cisneros, (36) Enrique Cisneros Parral, (37) Raúl Peláez Mier, (38) Dolores Hernández Cisneros, (39) Aída Herrera Baños, (40)- Félix Octavio Candela Conde y (41) Víctor Crescencio Noyola Bernal, el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, lo que procede es concederle la protección de la justicia federal que solicita, para que una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, la autoridad responsable, ordene ejecutar en su totalidad el laudo, debiendo dictar las medidas necesarias a su juicio que sean procedentes para lograr tal fin, a menos de que exista imposibilidad material o jurídica para ello, lo que deberá acreditar ante este juzgado, con las constancias correspondientes. Con la precisión de que no es impedimento para hacerlo la carga de trabajo, dado que la garantía de administración de justicia se contrae en otorgarla a los gobernados, en los plazos y términos que fijen las leyes. Ello tiene apoyo en el artículo 80 de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 80. La sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." III Efectos de la ejecutoria. Ahora bien, el efecto de la sentencia de amparo debe entenderse conjuntamente con la parte considerativa de ésta, pues sólo de esa forma podrá conocerse cuáles son los actos concretos que la autoridad responsable está obligada a realizar. En ese sentido, el acto reclamado consistió en la inactividad procesal por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, en la ejecución del laudo en el juicio laboral 183/2003, por omitir señalar fecha para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo, de conformidad con los artículos 97 y 98 de la Ley 51 del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, como se precisó en la sentencia dictada en autos (foja 69). Entonces, el alcance de los efectos de la ejecutoria solo puede constreñirse a: Fijar fecha para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago a la demandada. El actuario asociado de la parte que obtuvo laudo favorable debe constituirse en el domicilio para requerir de pago con el apercibimiento que de no hacerlo, se procedería conforme a derecho. Tomar las medidas necesarias que a su juicio que sean procedentes para lograr que se cumpla el laudo, es una frase que si se toma aislada resulta vacía de contenido específico, al no puntualizar la actividad que en concreto debe realizar la autoridad responsable, por ello debe tomarse en el contexto de la ejecutoria ya indicada. Así, resulta que el alcance del efecto de la concesión del amparo debe constreñirse a proveer lo relativo para dar continuidad a la etapa de ejecución del laudo; sin que los efectos de la concesión se puedan extender hacia el cumplimiento total del laudo, porque eso no se concretó en la sentencia de amparo, dado que únicamente se precisó que la omisión consistía en que la responsable no realizaba los trámites necesarios para señalar fecha específica para el requerimiento de pago y embargo en el juicio laboral de origen (foja 69). En tal contexto se analizará el cumplimiento de la ejecutoria. IV.- Trámites de la responsable. A partir del diecisiete de abril de dos mil doce (fojas 108 a 110 tomo I de actuaciones), cuando causó ejecutoria la sentencia de amparo, se realizaron diversos requerimientos a la autoridad responsable con el objeto de cumplir con la ejecutoria; y de acuerdo con lo informado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, se tiene lo siguiente: En acuerdo de diecisiete de junio de dos mil once, la autoridad responsable dictó auto de ejecución de laudo, por la cantidad de $13,618,959.96 (trece millones seiscientos dieciocho mil novecientos cincuenta y nueve pesos 96/100 moneda nacional), (fojas 33 a 42 del tomo I). Por oficio 4398/2012 de veinte de abril de dos mil doce, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, remitió copia certificada de la comparecencia de doce de abril de dos mil doce, donde se le hizo entrega al representante común de los actores Mario Julio Salinas Oliva, la cantidad de $513,205.00, (quinientos trece mil doscientos cinco pesos 00/100 moneda nacional) (fojas 116 a 118 del tomo I de actuaciones). Asimismo, obra la copia certificada del acuerdo de treinta y uno de octubre de dos mil doce, del que se aprecia que el presidente del órgano laboral señaló la cantidad que le fue entregada a los actores y el restante que se adeuda a los mismos, además precisó que dejaba a salvo los derechos de los actores para que llevaran a cabo un nuevo embargo sobre la cantidad que aún se les adeudaba misma que consistía en $13,105,754.96 (trece millones ciento cinco mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 96/100 moneda nacional) (fojas 131 a 133 del tomo I de actuaciones). De igual forma, en auto de once de diciembre de dos mil doce, la autoridad responsable señaló las doce horas del ocho de febrero de dos mil trece, para el requerimiento de pago y embargo a la parte demandada en el juicio laboral de origen (foja 139 del tomo I de actuaciones). En ese orden, mediante el oficio 1476/2013, el Presidente del Tribunal laboral informó que el ocho de febrero de dos mil trece, no se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago, y en consecuencia en acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil trece, señaló las doce horas del dieciocho de marzo de dos mil trece, para llevar a cabo el requerimiento de pago y embargo (foja 147 a 149 del primer tomo de actuaciones). De igual manera, en auto de dieciocho de febrero de dos mil trece, la autoridad responsable señaló nuevamente fecha para realizar la diligencia de requerimiento de pago a la parte demandada (foja 149 del tomo I). En la copia certificada de la diligencia de requerimiento de pago y embargo realizada el veinticinco de febrero de dos mil trece, en el juicio laboral 183/2003 (fojas 153 a 157 del tomo I de actuaciones); consta que la actuaria adscrita al órgano laboral requirió de pago al Ayuntamiento demandado la cantidad de $13,618,959.96 (trece millones seiscientos dieciocho mil, novecientos cincuenta y nueve pesos 96/100 moneda nacional) asimismo en virtud que el representante del ayuntamiento demandado no realizó el pago, solicitó se embargaran los derechos, productos y aprovechamientos generados por el Ayuntamiento, así como el 2% de los impuestos sobre el producto del trabajo, el impuesto sobre el uso de tenencia de vehículos y el gasto corriente que reciben de la Secretaría de Finanzas, por lo cual la actuaria levantó la razón correspondiente con la cual dio cuenta al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, para los efectos legales conducentes (fojas 153 a157 del tomo I de actuaciones). El quince de mayo de dos mil trece, el tribunal resolvió improcedente el recurso de revisión interpuesto en contra del actuario respecto de la diligencia de veinticinco de febrero de dos mil trece, promovido por la parte actora, y ordenó continuar la ejecución (fojas 183 a 186 del tomo I de actuaciones). De la copia certificada de la diligencia de dos de diciembre de dos mil trece, se aprecia que se realizó el requerimiento de pago de la cantidad de $13,105,754.96 (trece millones ciento cinco mil setecientos ciento y cuatro pesos 96/100 monada nacional) (fojas 220 a 223 del tomo I de actuaciones) y del acuerdo de cuatro de julio de dos mil catorce, consta que el presidente del órgano laboral decretó el embargo sobre las cuentas bancarias números 6550357777-3, 6550357727-0, 6550357732-7, 65-50357762-0 y 65-50370295-8 de la institución bancaria SANTANDER, asimismo las diversas 412176105, 41210076326,412176164 y 412176210 de la institución bancaria BANAMEX (fojas 316 y 317 del tomo I de actuaciones). En autos de doce de diciembre de dos mil catorce, diecinueve de febrero, ocho de abril y seis de octubre de dos mil quince, se ordenó requerir al ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa Guerrero el cumplimiento de la sentencia de amparo (fojas 428 a 431, 486 a 487, 549 a 552 y 781 a 782 del tomo I de actuaciones). Por acuerdo de tres de junio de dos mil quince, este órgano jurisdiccional, requirió el cumplimiento respectivo a la autoridad laboral responsable bajo apercibimiento de ley en caso de negativa, asimismo, se requirió al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa, Guerrero, en su calidad de autoridad vinculada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en autos (fojas 636-637 del tomo I de actuaciones). Por oficio 8911/2015 de veintidós de junio de dos mil quince, la autoridad responsable remitió copia certificada del acuse de recibo dirigido al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero a efecto de que haga efectiva la multa dirigida al Ayuntamiento de Cuajinicuilapa Guerrero (fojas 654 a 655 del tomo I de actuaciones). Mediante el oficio 12902/2015 de once de septiembre de dos mil quince, el presidente del órgano laboral informó que remitió copia certificada del oficio enviado a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, a efecto de que hiciera efectivas las multas ordenadas por dicho órgano al Síndico Procurador y Presidente del Ayuntamiento demandado, lo anterior a efecto de dar cumplimiento al laudo dictado en el juicio de origen (fojas 750 a 777 del tomo I de actuaciones). En ocho de febrero de dos mil dieciséis, este órgano jurisdiccional ordenó tramitar el incidente de inejecución de sentencia y en consecuencia, determinó enviar los autos del juicio de amparo 897/2011, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito en turno (foja 809 a 812 del primer tomo de actuaciones). Mediante oficio signado conjuntamente por Constantino García Cisneros y Josefa Villarreal Baños, en su carácter de Presidente y Síndica Procuradora, ambos del Ayuntamiento Municipal de Cuajinicuilapa, Guerrero, señalaron que con la finalidad de dar cumplimiento al laudo emitido por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero con residencia en esta ciudad capital, en el juicio laboral 183/2003, exhibían el cheque 15023235, que ampara la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), expedido a favor de Inocente Arroyo Martínez, (fojas 837 a 843 del tomo I de actuaciones); en atención a ese escrito, este órgano jurisdiccional en auto de uno de marzo de dos mil dieciséis, tuvo a la autoridad vinculada no justificando los trámites que dijo estar realizando para cumplir la sentencia, dado que de aceptar la exhibición de ese título de crédito sólo por la cantidad mencionada, se dejaría a su prudente arbitrio el cumplimiento de la ejecutoria, razón por la que el citado título se dejó a disposición de esas autoridades (foja 1101 a 1103 del tomo I de actuaciones). Del Incidente de Inejecución de sentencia conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, quien lo registró con el número 3/2016 y el diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, resolvió fundado el incidente de inejecución de sentencia y dictaminó que como no obraba en autos medio de convicción alguno que demostrara que las autoridades vinculadas al cumplimiento de la resolución o sus superiores jerárquicos, hubieran colmado los extremos de la sentencia constitucional a pesar de los requerimientos efectuados, por lo que dicho órgano colegiado remitió el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (foja 1186 a 1202 del tomo I de actuaciones) Mediante oficio SSGA-XV-21829/2016, signado por la Actuaria Judicial de la Subsecretaría General de Acuerdos Sección de Trámite de Amparos, Contradicciones de Tesis y demás Asuntos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en la ciudad de México, la superioridad ordenó devolver los autos al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad capital a efecto de que el titular de dicho órgano jurisdiccional repusiera el procedimiento de ejecución de sentencia y requiriera al Tesorero o Secretario de Finanzas, como autoridad obligada al cumplimiento y al Presidente como su superior jerárquico ambos del municipio de Cuajinicuilapa Guerrero, a fin de que paguen a la parte actora la cantidad de $13,618,959.96 (trece millones seiscientos dieciocho mil novecientos cincuenta y nueve pesos 96/100 moneda nacional) por concepto de prestaciones a que fue condenado el citado Municipio en el juicio laboral (fojas 1230 a 1232). Luego, el veintinueve de junio de dos mil dieciséis, este órgano jurisdiccional dictó un proveído en el cual en primer término se recibió el testimonio pronunciado por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; asimismo este Juzgado Federal determinó que previamente a requerir a las autoridades vinculadas, era necesario requerir al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero con residencia en esta ciudad capital, a efecto de que éste precisara qué cantidad adeuda a cada uno de los actores (fojas 1240 a 1242 del tomo I de actuaciones). En atención a dicho requerimiento el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, mediante oficio 5425/2016, adjuntó copia autorizada con firmas autógrafas del acuerdo de seis de julio de dos mil dieciséis, en el que precisó las cantidades adeudadas a cada uno de los actores aquí quejosos (fojas 1248 a 1251 de tomo II de actuaciones): A través del oficio 5473/2016 de catorce de julio de dos mil dieciséis, el presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, informó que Cimitria Eleuteria Candela Conde, José Silvino Ávila Domínguez, Pablo Tomás Domínguez Ávila y Víctor Crescencio Noyola Bernal, son actores en el juicio laboral, lo que acredita con la primera foja en copia certificada del escrito inicial de demanda que anexa, y refirió que los antes mencionados, tienen los nombres siguientes: Cimitria Candela Conde, Silvino Ávila Domínguez, Pablo Domínguez Ávila, y Víctor Noyola Bernal; asimismo, señaló que Minerva Lucía Flores Peñaloza y Félix Octavio Candela Conde, no son actores en el juicio laboral 183/2003, circunstancia con la cual se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que lo hubiera hecho así (foja 1265 a 1267 de tomo II de actuaciones). En ese orden de ideas, en proveído de ocho de julio de dos mil dieciséis, este juzgado federal ordenó en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reponer el procedimiento de ejecución y requerir al Tesorero del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa Guerrero, para que dentro del término de dos meses siguientes al en que recibiera la notificación del presente auto cumpliera con la sentencia de amparo (foja 1253 de tomo II de actuaciones). El requerimiento del auto de ocho de julio de dos mil dieciséis, se notificó a la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, el doce de julio de dos mil dieciséis (foja 1284 del tomo II de actuaciones) , al Tesorero, Ayuntamiento, Presidente Municipal y Síndico Procurador todos del Ayuntamiento Constitucional de Cuajinicuilapa Guerrero, el quince de julio de dos mil dieciséis (foja 1284 de tomo II de actuaciones), por lo que en atención a la certificación de cuenta se tiene que el plazo concedido al tribunal laboral concluyó el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete; en tanto, que a las autoridades vinculadas al cumplimiento les feneció el nueve de diciembre de dos mil diecisiete, en razón de que el plazo de dos meses concedido a esa autoridades se interrumpió dado que el Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa por conducto de su Síndica Procuradora interpuso juicio de amparo 727/2016 ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero (foja 1286 de tomo II de actuaciones). Luego a través del oficio 5473/2016 de catorce de julio de dos mil dieciséis, el presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, informó que Cimitria Eleuteria Candela Conde, José Silvino Ávila Domínguez, Pablo Tomás Domínguez Ávila y Víctor Crescencio Noyola Bernal, son actores en el juicio laboral, lo que acredita con la primera foja en copia certificada del escrito inicial de demanda que anexa, y refirió que los antes mencionados, tienen los nombres siguientes: Cimitria Candela Conde, Silvino Ávila Domínguez, Pablo Domínguez Ávila, y Víctor Noyola Bernal; asimismo, señala que Minerva Lucía Flores Peñaloza y Félix Octavio Candela Conde, no son actores en el juicio laboral 183/2003, circunstancia con la cual se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que lo hubiera hecho así (foja 1265 a 1267 de tomo II de actuaciones). A través del oficio 5837/2016 de diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, y recibido por este órgano jurisdiccional el veinte de septiembre de dos mil dieciséis, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero con residencia en esta ciudad capital, informó que el Ayuntamiento demandado de Cuajinicuilapa Guerrero, promovió el diverso juicio de amparo 727/2016 del índice de Juzgado Tercero de Distrito de Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, en el cual se concedió la suspensión definitiva a dicha parte procesal y en consecuencia el Tribunal Obrero manifestó que se encontraba impedido para requerir el cumplimiento del laudo dictado en el juicio laboral, por lo que este juzgado federal realizó el requerimiento en el sentido de que tres días siguientes al en que recibiera la notificación del auto que declarara ejecutoriada la sentencia emitida en el diverso juicio 727/2016, lo hiciera del conocimiento de este órgano jurisdiccional (fojas 1286 a 1289 de tomo II de actuaciones). De igual forma, a través del oficio 6940/2016 de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, el Presidente del órgano laboral informó que seguía vigente la suspensión definitiva otorgada al Ayuntamiento demandado de Cuajinicuilapa Guerrero, por lo cual no podía realizar requerimiento alguno a dicha parte procesal (foja 1297 de tomo II de actuaciones). Del oficio 1748/2017, de diez de febrero de dos mil diecisiete, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, informó que el juicio de amparo 727/2016 del índice del Juzgado Tercero de Distrito se sobreseyó por lo que únicamente esperaría la notificación que declara dicha sentencia ejecutoriada para proseguir con el procedimiento de ejecución (foja 1321 de tomo II de actuaciones). Por otra parte, la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero con residencia en Acapulco, informó a este órgano jurisdiccional que el Ayuntamiento Constitucional de Cuajinicuilapa Guerrero, interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia de dictada por ese juzgado federal; por lo cual este órgano jurisdiccional solicitó al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, que una vez que el órgano colegiado emitiera la resolución correspondiente en el juicio de amparo 727/2016, lo hiciera del conocimiento a efecto de acordar lo que en derecho correspondiera (foja 1334 a 1335 de tomo II de actuaciones). Del oficio 8338/2017, enviado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad capital, al cual adjuntó copia con firmas autógrafas del auto de diez de octubre de dos mil diecisiete, en el cual informó que se resolvió el recurso de revisión confirmando la sentencia en la cual se sobreseyó el juicio de amparo 727/2016, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, por la parte demandada por ende, dejaba de surtir efectos la suspensión definitiva y en consecuencia procedía a requerir al Ayuntamiento Constitucional de Cuajinicuilapa Guerrero, para que en el plazo de diez días exhibiera el pago por la cantidad de $13,105,661.91 (trece millones ciento cinco mil seiscientos sesenta y un pesos 91/100 moneda nacional), que adeuda a los actores aquí quejosos.(fojas 1341 a 1342 de tomo II de actuaciones), con el apercibimiento que de no cumplir con el requerimiento indicado se haría acreedor a una multa de doscientos días de salario mínimo vigente en la región de acuerdo al artículo 95 de la Ley 51 del Estado, constancias con las cuales este órgano jurisdiccional determinó dar vista en auto de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, a efecto de que las partes manifestaran lo que a su derecho convenga (fojas 1341 a 1342 de tomo II de actuaciones). En auto de quince de noviembre de dos mil diecisiete, se ordenó nuevamente enviar los oficios 24980/2017, 24981/2017 y 24973/2017, enviados respectivamente al Ayuntamiento, Presidente y Tesorero todos del Ayuntamiento Constitucional de Cuajinicuilapa Guerrero, expedidos en acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete (foja 1353 de tomo II de actuaciones). Del oficio 5473/2016 de catorce de julio de dos mil dieciséis, el presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, informó que Minerva Lucía Flores Peñaloza y Félix Octavio Candela Conde, no son actores en el juicio laboral 183/2003, pero de autos se desprende que en diligencia de nueve de mayo de dos mil once, en la diligencia de reinstalación dichas personas compareciendo a la referida audiencia como lo asentó la actuaria adscrita a dicho tribunal. Mediante oficio 296/2018 de diecinueve de enero de dos mil dieciocho, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero con residencia en esta ciudad capital, remitió copia certificada del escrito inicial de demanda y del laudo de fecha veintinueve de mayo de dos mil nueve (fojas 1403 a 1475 del segundo tomo actuaciones). Luego, a través del oficio 316/2018, de veintiséis de enero de dos mil dieciocho, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad capital remitió copia certificada del escrito de demanda y del laudo dictado en el juicio laboral 183/2003, además informó que los aquí quejosos Minerva Lucia Flores Peñaloza y Félix Octavio Candela Conde no son actores del juicio laboral 183/2003 (fojas 1479 a 1601 del segundo tomo de actuaciones). En auto de treinta de enero de dos mil dieciocho, se recibieron las constancias señaladas en el oficio 318/2016 de veintiséis de enero de dos mil dieciocho; asimismo, se realizó el pronunciamiento en relación a lo que respecta los quejosos Mayra Lilia Candela Rodríguez y Enrique Cisneros Parral, declarándose cumplida la sentencia por cuanto hace a los aludidos quejosos; de igual forma, se declaró que no era materialmente posible ejecutar la sentencia que concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a Minerva Lucía Flores Peñaloza y Félix Octavio Candela Conde, al no ser parte procesal en el juicio laboral de origen, dado que se argumentó que no se puede obligar al Ayuntamiento demandado a que cumpliera el laudo respecto de esas personas, al no existir cantidad liquida a su favor objeto de condena; por lo cual se declaró la imposibilidad material para cumplir la sentencia de mérito (fojas 1602 a 1613 del segundo tomo de actuaciones). En el citado auto también se ordenó requerir al Presidente Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa Guerrero, en su carácter de superior jerárquico del Tesorero o Secretario de Finanzas del mismo Ayuntamiento, para que dentro del término de diez días hábiles siguientes al en que recibieran la notificación del presente auto, ordenaran al Tesorero o Secretario de Finanzas del Ayuntamiento pagara las cantidades adeudadas a los actores (fojas 1611 a 1613 del segundo tomo de actuaciones). A través del oficio, 2180/2018, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, adjuntó copia con firmas autógrafas del proveído dictado el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, en el juicio laboral 183/2003, en el que se advierte que hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de diez de octubre de dos mil diecisiete, consistente en una multa de doscientos días de salario diario que asciende a la cantidad de $17,672.00 para Constantino García Cisneros y Josefa Villareal Baños en su carácter de Presidente y Síndica Procurador del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa Guerrero; además realizó el requerimiento a la parte demandada para que en el término de diez días hábiles siguientes a la notificación del presente auto exhibiera el pago a los actores del juicio laboral de origen con el apercibimiento que de no hacerlo así se harían acreedores a una multa de doscientos cincuenta días de salario mínimo misma que ascendería a $22,090.00 para cada uno, esto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 95 de la Ley 51 del Estado de Guerrero (fojas 1632 a 1633 del segundo tomo de actuaciones). De igual forma, obra en autos el oficio 3830/2018 signado por Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, al cual adjuntó copia con firma autógrafa del auto de seis de abril de dos mil dieciocho, dictado en el juicio laboral de origen, en el que la responsable hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho por lo que procedió a hacer efectiva la multa a Constantino García Cisneros y Josefa Villareal Baños en su carácter de Presidente y Síndica Procurador del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa Guerrero, consistente en doscientos cincuenta días de salario mínimo que ascendía a una cantidad de $22,090.00 (veintidós mil noventa pesos 00/100 moneda nacional); de igual forma, requirió de nueva cuenta a la parte demandada a efecto de que en el término de diez días exhibiera la cantidad adeudada a los actores aquí quejosos con el apercibimiento que de no hacerlo así Constantino García Cisneros y Josefa Villareal Baños en su carácter de Presidente y Síndica Procurador del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa Guerrero, se harían a acreedores a una medida de apremio consistente en trescientos días de salario mínimo que ascendía a la cantidad de $26,508.00 (veintiséis mil quinientos ocho pesos 00/100 moneda nacional) (fojas 1641 a 1642 del segundo tomo de actuaciones ). En proveído de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, se inició el incidente de inejecución de sentencia, y se ordenó enviar los autos al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo primer circuito con residencia en esta ciudad capita,l a efecto de que continuara el incidente de inejecución de sentencia; no obstante lo anterior, este órgano jurisdiccional concedió un término de quince días hábiles siguientes a la notificación del aludido auto al Presidente, Síndica Procuradora y Secretario de Finanzas todos del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa Guerrero, a efecto de que exhibieran la cantidad de $5,779,988.49 (cinco millones setecientos setenta y nueve mil novecientos ochenta y ocho pesos 49/100 moneda nacional) para dar cumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral (fojas 1645 a 1661). Mediante el oficio 626/2018 de veintitrés de abril de dos mil dieciocho, el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad capital informó que dicho órgano colegiado asume la competencia para conocer del incidente de inejecución de sentencia y lo registró bajo el número 3/2018 (foja 1712 a 1713). Luego a través del oficio 5015/2018, adjuntó copia con firmas autógrafas del auto de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, en el cual se aprecia que hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de seis de abril de dos mil dieciocho, consistente en una medida de apremio que asciende a una multa de trescientos días de salario mínimo vigente misma que equivale a la cantidad de $26,508.00 (veintiséis mil quinientos ocho pesos 00/100 moneda nacional) que debían de cubrir Constantino García Cisneros y Josefa Villareal Baños en su carácter de Presidente y Síndica Procurador del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa Guerrero; asimismo, los requirió de nueva cuenta para que dieran cumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral de origen, con el apercibimiento que de no hacerlo así se harían acreedores a una multa de trescientos cincuenta pesos moneda nacional que ascendía a la cantidad de $30.926.00 (treinta mil novecientos veintiséis pesos 00/100 moneda nacional) para cada uno de los representantes del Ayuntamiento demandado (fojas 1725 a 1726). Por oficio 5068/2018 el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, adjuntó copia con firmas autógrafas del proveído de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, en donde informó que el Presidente y Síndica Procuradora del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa Guerrero, exhibieron dos cheques por la cantidad de $10,000.00 diez mil pesos moneda nacional para Inocente Arroyo Martínez y Eladio Fuentes Sánchez (fojas 1730 a 1731 del segundo tomo de actuaciones). Mediante oficio 6436/2018 de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad capital anexó copia con firmas autógrafas del acuerdo de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, en el cual informó que hizo efectivo el apercibimiento decretado en el auto de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, consistente en una multa de trescientos cincuenta pesos moneda nacional que ascendía a la cantidad de $30.926.00 (treinta mil novecientos veintiséis pesos 00/100 moneda nacional) para Constantino García Cisneros y Josefa Villareal Baños en su carácter de Presidente y Síndica Procurador del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa Guerrero; de igual forma, los requirió de nueva cuenta para que exhibieran la cantidad adeudada a los actores, con el apercibimiento que de no hacerlo así en el término de diez días hábiles les aplicaría una multa de cuatrocientos días de salario mínimo vigente misma que ascendía a la cantidad de $35,344.00 (treinta y cinco mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional) para el presidente y síndica procuradora del Ayuntamiento demandado (fojas 1751 a 1753 del segundo tomo de actuaciones). En proveído de treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional concedió un término de veinticinco días hábiles a Constantino García Cisneros, en su carácter de Presidente Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa, Guerrero, a Florentino Gerardo Santiago Vargas, Secretario de Finanzas del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa Guerrero y a Josefa Villareal Baños en su carácter de Síndica Procuradora del Ayuntamiento de Cuajinicuilapa Guerrero, para que dentro del aludido término exhibieran la cantidad de $5,769,988.49 (cinco millones setecientos sesenta y nueve mil ochocientos ochenta y ocho pesos 49/100 moneda nacional a los actores aquí quejosos (fojas 1771 a 1775 del segundo tomo de actuaciones). De igual forma, a través del oficio 7118/2018 la responsable anexó el proveído de tres de agosto de dos mil dieciocho, dictado en el juicio laboral de origen, en el que tuvo por recibidos los escritos del apoderado de la parte actora aquí quejosa y de Constantino García Cisneros, en su carácter de Presidente Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa, Guerrero, en el cual en primer lugar acuerda que no ha lugar a proveer de conformidad sus peticiones de la parte actora, pues adujo que dicho órgano laboral ha estado aplicando las medidas de apremio necesarias para lograr la ejecución del laudo; asimismo, tuvo por recibido tres cheques por la cantidad de $10.000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), cada uno a favor de los actores, uno para Inocente Arroyo Martínez y dos para Heladio Fuentes Sánchez (fojas 1783 a 1786 del segundo tomo de actuaciones). Además, se advierte que hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de veinticinco de junio de dos mil dieciocho, por lo tanto aplicó la multa decretada consistente en cuatrocientos días de salario mínimo que ascienden a $35,344.00 (treinta y cinco mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional) para el Presidente y Síndica Procuradora del Ayuntamiento demandado; además, requirió de nueva cuenta la cantidad adeudada a los actores aquí quejosos, con el apercibimiento que de no hacerlo así se harían acreedores a una medida de apremio consistente en multa de cuatrocientos cincuenta días de salario mínimo vigente que ascendía a la cantidad de $39,762.00 (treinta y nueve mil setecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional) para los representes del Ayuntamiento demandado de Cuajinicuilapa, Guerrero (fojas 1783 a 1786 del segundo tomo). Mediante el oficio 7977/2018, adjuntó copia certificada de la comparecencia de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, de la que se aprecia en primer lugar que el actor Heladio Fuentes Sánchez, compareció ante el órgano laboral a recoger los cheques números 0000070, 0000249 y 0000055 por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos cada uno) (fojas 1794 a 1796 del segundo tomo de actuaciones) Aunado a lo anterior, la responsable hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de tres de agosto de dos mil dieciocho, y en consecuencia aplicó la multa consistente en cuatrocientos cincuenta días de salario misma que ascendió a la cantidad de $39,762.00 (treinta y nueve mil setecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional) la cual debía hacer efectiva a Constantino García Cisneros y Josefa Villareal Baños en su carácter de Presidente y Síndica Procurador del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa Guerrero, ordenando enviar oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero a efecto de hacer efectiva la multa antes citada (foja 1794 a 1795 del segundo tomo de actuaciones). Además el Presidente del Tribunal Laboral requirió al Ayuntamiento demandado de Cuajinicuilapa Guerrero por conducto de Constantino García Cisneros y Josefa Villareal Baños en su carácter de Presidente y Síndica Procurador del Ayuntamiento demandado, para que exhibieran la cantidad adeuda a los actores en el juicio laboral de origen, con el apercibimiento que de no hacerlo así se harían acreedores a una multa de quinientos días de salario mínimo vigente misma que asciende a $44,180.00 (cuarenta y cuatro mil ciento ochenta pesos 00/100 moneda nacional (fojas 1794 a 1796 del segundo tomo de actuaciones). A través del oficio 1547 el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito con residencia en esta ciudad capital remitió copia certificada de la ejecutoria dictada el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho; en la que determinó revocar el acuerdo de dieciocho de abril de dos mil dieciocho y reponer el procedimiento a efecto de que se tramitara el incidente innominado a efecto de determinar la imposibilidad del Presidente Municipal y Secretario de Finanzas ambos del Ayuntamiento de Cuajinicuilapa Guerrero, para dar cumplimiento a la sentencia (fojas 1806 a 1824 del segundo tomo de actuaciones). En proveído de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el órgano colegiado, se tramitó el incidente innominado y se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera (fojas 1825 a 1827 del segundo tomo de actuaciones). Mediante el oficio 8079/2018 el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad capital, adjuntó el proveído de doce de septiembre de dos mil dieciocho, emitido en el juicio laboral 183/2003, en el cual en primer término la Síndica Procuradora del Ayuntamiento de Cuajinicuila Guerrero, revocó domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad capital, por lo que se determinó que las subsecuentes notificaciones se harían por medio de estados que se fijaran en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero; además, entre otras cosas hizo efectiva la multa consistente en quinientos días de salario mínimo vigente misma que ascendió a $44, 181.00 (cuarenta y cuatro mil ciento ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional) por lo que ordenó enviar oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad capital para hacer efectiva la multa citada a Constantino García Cisneros y Josefa Villareal Baños en su carácter de Presidente y Síndica Procurador del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa Guerrero (fojas 1836 a 1839 del segundo tomo de actuaciones). De igual forma, ordenó requerir de nueva cuenta al Ayuntamiento demandado de Cuajinicuilapa Guerrero, a efecto de que hiciera el pago a los actores aquí quejosos por las cantidades adeudadas, con el apercibimiento que de no hacerlo así se harían acreedores a una multa de quinientos días de salario mínimo vigente en la región que asciende a $44, 180.00 (cuarenta y cuatro mil ciento ochenta pesos 00/100 moneda nacional) para los representantes del Ayuntamiento demandado (fojas 1836 a 1839 del segundo tomo de actuaciones) En proveído de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional en primer término tuvo a la parte quejosa por formulando manifestaciones en relación al incidente innominado y se procedió a señalar fecha y hora para la celebración de alegatos relativa al incidente innominado (fojas 1851 a 1852 del segundo tomo de actuaciones). El diez de octubre de dos mil dieciocho, se celebró la audiencia de alegatos relativa el incidente innominado (fojas 1865 a 1867 del segundo tomo de actuaciones). El veintidós de octubre de dos mil dieciocho, se resolvió infundado el incidente innominado tramitado en el presente juicio de amparo (fojas 1865 a 1874 del segundo tomo de actuaciones). Luego, en proveído de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional determinó dar vista a las partes con las actuaciones remitidas por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, por el término de tres días hábiles para que manifestaran lo que a sus intereses convinieran sin que lo hubieran hecho no obstante de estar notificados para ello (fojas 1877 a 1878 del segundo tomo de actuaciones). Finalmente, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, a través del oficio 9641/2018, adjuntó el acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, en el cual en primer término tuvo al Ayuntamiento demandado por exhibiendo cinco cheques cada uno por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional) uno a nombre de Inocente Arroyo Martínez y cuatro a nombre de Heladio Fuentes Sánchez; asimismo, reconoció la personalidad a la parte demandada y ordenó notificar a Oscar Alejandro Marín Mendoza y Zalea Hernández Gutiérrez en su carácter de Presidente Municipal y Síndica Procuradora del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa Guerrero, el auto de doce de septiembre de dos mil dieciocho, y precisó que sigue vigente el apercibimiento decretado en el citado auto en caso de incumplimiento del laudo(fojas 1884 a 1885 del segundo tomo de actuaciones). V. Verificación del cumplimiento. Confrontadas las actuaciones realizadas por la autoridad responsable, con los efectos y alcances del amparo concedido a los quejosos antes precisados, se permite afirmar que la responsable acató la sentencia amparadora esto es: Señaló fecha y hora para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo en el juicio laboral 183/2003, la cual tuvo verificativo el dos de diciembre de dos mil trece (foja 220 a 223 del primer tomo de actuaciones). Además, exhibió pagos parciales como se constata en los autos de seis de julio de dos mil dieciséis, veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, tres de agosto de dos mil dieciocho y el veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, emitidos en el juicio laboral de 183/2003, dando un total de $382,092.45, (trescientos ochenta y dos mil noventa y dos pesos 45/100 moneda nacional), (fojas 1248 a 1251, 1730 a 1731, 1783 a 1784 y 1884 a 1885 del segundo tomo de actuaciones). Aunado lo anterior, es importante destacar que el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado con residencia en esta ciudad capital, para dar cumplimiento al laudo hizo efectivas las multas al Ayuntamiento demandado de Cuajinicuilapa Guerrero para que este cumpliera con la ejecución del laudo dictado en el juicio de origen, mismas multas que inició con doscientos días de salario mínimo vigente en la región, tal como se aprecia en auto de diez de octubre de dos mil dieciocho (fojas 1341 a 1342 del segundo tomo de actuaciones); hasta llegar a quinientos días de salario mínimo vigente, como lo precisó en proveído de doce de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 1836 a 1839 del segundo tomo de actuaciones ). De igual forma, el presidente laboral requirió el cumplimento al laudo dictado en el juicio de origen al Ayuntamiento demando de Cuajinicuilapa Guerrero, tomando en consideración las medidas que a su alcance resultan idóneas para que el Ayuntamiento antes citado a través de su Presidente y Síndica Procuradora cumplan con el laudo dictado en el juicio laboral 183/2003. En tal contexto, al realizar un análisis de manera acucioso y exhaustivo de lo realizado por la autoridad responsable, se estima que ésta cumplió con los efectos de la concesión de amparo, dado que llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo, ha impuesto medidas de apremio a la demandada, consistentes en diversas multas que iniciaron desde doscientos salario mínimos hasta quinientos días multa e incluso logró un pago por la cantidad de $382,092.45, (trescientos ochenta y dos mil noventa y dos pesos 45/100 moneda nacional), como pago para los actores, sin perjuicio de los abonos que no estén documentados en el presente juicio de amparo y de la cuantificación que le corresponde a la autoridad responsable; sin que pase inadvertido, que la cantidad total adeudada a los actores era de $5,779,988.49 (cinco millones setecientos setenta y nueve mil novecientos ochenta y ocho pesos 49/100 moneda nacional). En ese orden de ideas, aun cuando no se haya obtenido el pago total del laudo, eso no impide tener por cumplida la ejecutoria, ya que eso no quedó comprendido en los alcances de la concesión de amparo. Entonces, si la autoridad responsable señaló fecha y hora para la diligencia de requerimiento de pago y embargo; además, logró como pago parcial de la cantidad de $382,092.45, (trescientos ochenta y dos mil noventa y dos pesos 45/100 moneda nacional); aunado a que está implementando medidas de apremio continúas; por tanto, ya no está paralizada la ejecutoria de amparo; en consecuencia, es procedente establecer que el tribunal responsable cumplió con los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo; como se ilustra en las siguientes tablas donde se establecen los pagos realizados a los actores sin que éstos manifestaran su inconformidad: Esto se ilustra en las siguientes tablas: Número Actor Cantidad recibida Fojas 1 Artemio Cisneros Salinas. $10,264.10 1250 2 Mario Julio Salinas Oliva. $15,225.85 1251. 3 Rey Salinas Rojas. $10.264.10 1250. 4 Concepción Manuel Esiquio González. $10,264.10 1250. 5 Salomón Cortez Noyola. $10,264.10 1250. 6 Eduardo Román Salinas. $10,264.10 1250. 7 Epifania Noyola Candela. $10,264.10 1250. 8 Emilia Catalina Fuentes Quevedo. $10,264.10 1250. 9 Neri Zavaleta Balanzar. $10,264.10 1250. 10 Ángel Díaz de Luna. $10,264.10 1250. 11 Viterbo Peñaloza Silva. $10,264.10 1250. 12 Esteban Sostenes Miranda Ibarra. $10,264.10 1250. 13 Soledad Pavón Morales. $10,264.10 1250. 14 David Margarito Cruz Jiménez. $10,264.10 1250. 15 Nicolás Noyola Petatán. $10,264.10 1250. 16 Minerva Arellanes Sugia. $10,264.10 1251. 17 Mayra Lilia Candela Rodríguez. $10,264.10 1251. 18 Elías Damián Rodríguez. $10,264.10 1250. 19 Cupertina Rodríguez Clavel. $10,264.10 1250. 20 Angélica Sorrosa Alvarado. $10,264.10 1250. 21 Fidel Oliva González. $10,264.10 1250. 22 Mario Damián Rodríguez. $10,264.10 1250. 23 Tomasa Paula Noyola Cisneros. $10,264.10 1250. 24 Enrique Cisneros Parral. $10,264.10 1251. 25 Raúl Peláez Mier $10,264.10 1251. 26 Dolores Hernández Cisneros $10,264.10 1251. 27 Aída Herrera Baños. $10,264.10 1251. 28 Teresa de Jesús Durán Ramírez, $10,264.10 1251. CANTIDAD TOTAL: $282,092.45 Número Actor Cantidad Fojas 29 Inocente Arroyo Martínez $10,000.00 1730 a 1731 30 Eladio Fuentes Sánchez $10,000.00. 1730 a 1731. Cantidad total $20,000.00 veinte mil pesos 00/100 moneda nacional. Número Actores Cantidad Fojas 29 Inocente Arroyo Martínez $10,000.00 $10.000.00 1783 a 1786 30 Eladio Fuentes Sánchez $10,000.00 1783 a 1786 Eladio Fuentes Sánchez $10,000.00 Fojas 1783 a 1786 $10,000.00 Fojas 1783 a 1786 1783 a 1784. Cantidad total $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 moneda nacional. Número Actores Cantidad Fojas 29 Inocente Arroyo Martínez $10.000.00 1884 a 1885. 30 Eladio Fuentes Sánchez $10.000.00 1884 a 1885. 30 Eladio Fuentes Sánchez $10.000.00 Fojas 1884 a 1885. 30 Eladio Fuentes Sánchez $10.000.00 Fojas 1884 a 1885. 30 Eladio Fuentes Sánchez $10.000.00 Fojas 1884 a 1885. Cantidad total $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional CANTIDADES PAGADAS $282,092.45 (DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL, NOVENTA Y DOS PESOS 45/100 MONEDA NACIONAL.) CANTIDAD EXHIBIDA EN AUTO DE SEIS DE JULIO DE DOSMIL DIECISIETE (FOJA 1248 A 1251, DEL SEGUNDO TOMO DE ACTUACIONES) $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL.), CANTIDAD EXHIBIDA EN AUTO DE VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO , (FOJAS 1730 A 1731, DEL SEGUNDO TOMO DE ACTUACIONES) $30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL.), CANTIDAD EXHIBIDA EN AUTO DE TRES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO (FOJAS 1783 A 1784 DEL SEGUNDO TOMO DE ACTUACIONES) $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL.), CANTIDAD EXHIBIDA EN AUTO DE VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO (FOJAS 1884 A 1885 DEL SEGUNTO TOMO DE ACTUACIONES) CANTIDAD TOTAL: $382,092.45 (TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVENTA Y DOS PESOS 45/100 MONEDA NACIONAL.) Esto porque la continuidad de la ejecución del laudo, también queda sujeta a la intervención de los ejecutantes, quienes tienen como carga, el impulso procesal para continuar con la ejecución del laudo a fin de que las acciones para ejecutar el laudo no prescriban, como lo establecen los artículos 74, 97 y 98 de la Ley Número 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero. Al respecto, se cita el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, en el incidente de inejecución 21/2016, en el que estableció que este juzgado debe realizar el estudio del cumplimiento de las sentencias de una manera acuciosa y exhaustiva, confrontando los efectos del fallo protector con las medidas efectuadas por la autoridad responsable. Por ello, no puede estimarse que la autoridad responsable omite aplicar diversas medidas de apremio para lograr el cumplimiento del laudo, porque, como se dijo anteriormente, sí ha impuesto diversas multas, con base en la Ley 51 del Estado, aplicable que va aumentando gradualmente, no como antes que solo aplicaba de $1000.00 pesos (mil pesos moneda nacional), lo que se demuestra con el auto de doce de septiembre de dos mil dieciocho, al requerir al ayuntamiento demandado que en caso de no dar cumplimiento con el laudo dictado en el juicio laboral se hará acreedor a una multa de quinientos días de salario mínimo vigente en la región (foja 1837 del segundo tomo de actuaciones). Máxime que la aplicación de otras medidas de apremio, ya no es materia en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, porque con el mandamiento de ejecución se ha restituido a los quejosos en el goce de su derecho humano que se estimó violado, teniendo en cuenta el momento procesal en que se encontraba el juicio laboral cuando se concedió el amparo. De ahí que al valorar en una justa dimensión las acciones realizadas por la autoridad responsable para cumplir con los efectos y alcances del amparo concedido a los quejosos, muestra que se encuentra cumplida. VII.- Conclusión. En virtud de lo expuesto en apartados precedentes, se DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE MÉRITO, lo anterior, sin perjuicio del derecho que tiene la parte quejosa para inconformarse con la presente resolución, en el término de cinco días de conformidad con el párrafo tercero del artículo 105 de la Ley de Amparo abrogada, pues de otro modo, ésta se tendrá por consentida. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Visto el oficio y anexo signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia con firmas autógrafas del acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, emitido en el juicio laboral de origen, en el que informa que el Presidente y la Síndica Procurador del Ayuntamiento Constitucional de Cuajinicuilapa, Guerrero, exhibieron ante el órgano laboral cinco cheques cada uno por la cantidad de $10,000.00 diez mil pesos, para los actores Inocente Arroyo Martínez y Heladio Fuentes Sánchez, en el entendido que uno fue para Inocente Arroyo Martínez y cuatro para Heladio Fuentes Sánchez. De igual forma, reconoció la personalidad de Oscar Alejandro Marín Mendoza y Zalea Hernández Gutiérrez, como Presidente y Síndica Procuradora del Ayuntamiento Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Cuajinicuilapa, Guerrero; asimismo ordenó notificar el auto de doce de septiembre de dos mil dieciocho, a los nuevos representantes del Ayuntamiento demandado en el entendido que el apercibimiento se actualiza a su persona. Ahora bien, del estado de los autos se advierte que en auto de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho (fojas 1877 a 1878 del segundo tomo de actuaciones) se concedió un término a la parte quejosa y al tercero perjudicado Ayuntamiento Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Cuajinicuilapa, Guerrero, por tanto una vez que este fenezca, este juzgado federal acordará lo que en derecho corresponda.
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