Inocencio Velasco Guzman
Expediente 981/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 981/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Inocencio Velasco Guzman
Actuaciones
- Principal
MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto dictado el veintinueve de agosto del año en curso, en el cual se desechó la demanda de amparo origen de este expediente; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del citado Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. REGISTRO DE EXPEDIENTE De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 981/2022. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye a la secretaria a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. PARTE QUEJOSA 1. INOCENCIO VELASCO GUZMÁN, por propio derecho y con el carácter de denunciante en la carpeta de investigación 2233/FVCE/OAXACA/2022. AUTORIDAD RESPONSABLE Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa V del Sector Metropolitano de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca. ACTO RECLAMADO 1. Abstención de realizar actos de investigación en la carpeta de investigación 2233/FVCE/OAXACA/2022; y, 2. Falta de ejercicio de la acción penal. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS Derechos fundamentales contenidos en los artículos 17, 20 apartado C fracción VII y 21 de la Constitución Federal. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Respecto al concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta con registro digital 215188, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En ese contexto en la especie SE ACTUALIZA de manera manifiesta e indudable LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA consistente en que la parte promovente no agotó el principio de definitividad, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que si bien no dispone de manera específica un motivo manifiesto que vuelva improcedente el juicio de amparo, si estatuye el fundamento de las causas que bien pueden derivar de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo. Lo... Para sustentar lo afirmado, es importante traer a colación lo que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció al resolver la contradicción de tesis 233/2017, en la cual adujo lo siguiente: Con motivo de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, se estableció en el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución Federal, la figura del Juez de Control, en los siguientes términos: "Artículo 16. (...) Los Poderes Judiciales contarán con Jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre Jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes." En el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados, de once de diciembre de dos mil siete, se puntualizó lo siguiente: "Se prevé la inclusión de un Juez de control que resuelva, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que así lo requieran, cuidando se respeten las garantías de las partes y que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho..." Además, en el Dictamen de la Cámara de Senadores de trece de diciembre de dos mil siete se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: "Conscientes de la realidad compleja que vive nuestro país y particularmente de la rapidez con que varían las circunstancias propicias para la realización de una diligencia de las antes mencionadas, se coincide con la preocupación de apoyar el estado de derecho y de manera sobresaliente el combate a la delincuencia de alto impacto, por lo que sin perjuicio de la responsabilidad del Ministerio Público, se estima necesario establecer la existencia de Jueces de control que se aboquen a resolver las medidas provisionales y demás diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, sin que ello implique dejar de fundar y motivar concretamente sus resoluciones, que podrán ser comunicadas por cualquier medio fehaciente y contengan los datos requeridos. "... "Otra atribución del Juez de Control sería conocer las impugnaciones de las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, el desistimiento y la suspensión de la acción penal, para controlar su legalidad y en todos los casos señalados resguardar los derechos de los imputados y las víctimas u ofendidos. Este tipo de Jueces podrán ser los que substancien las audiencias del proceso, preliminares al juicio, las cuales desde luego que se regirán por los principios generales del proceso, previstos en el artículo 20 propuesto en la minuta, ya que dependerá de la organización que las leyes establezcan pero también de las cargas laborales y los recursos disponibles, en razón de que seguramente en circuitos judiciales de alta incidencia delictiva, se requerirá de algún o algunos Jueces que se aboquen sólo a resolver las medidas, providencias y técnicas señaladas, otros Jueces que se constriñan a revisar las impugnaciones contra las determinaciones del Ministerio Público, que pueden ser miles, y otros Jueces más que se responsabilicen de substanciar el proceso hasta antes del juicio, incluso los procesos abreviados. "... "Por lo que estas comisiones unidas coinciden con la Colegisladora y determinan procedente incluir Jueces de Control, que se responsabilizarán de la resolución rápida de las solicitudes ministeriales de cateos, arraigos, intervenciones de comunicaciones privadas, órdenes de aprehensión, y las demás que requieran control judicial, asimismo, resolver las impugnaciones contra las determinaciones del Ministerio Público, y realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme los principios del sistema acusatorio, de conformidad con las reglas de organización que al efecto se emita por cada Poder Judicial..." Como puede observarse, la Norma Suprema prevé que los Jueces de Control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las impugnaciones contra las determinaciones del Ministerio Público, que requieran control judicial. Además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho. A su vez, el legislador permanente estableció en su exposición de motivos, que los Jueces de control también deben conocer las impugnaciones contra resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, desistimiento y suspensión de la acción penal y, en general, las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad y en todos los casos señalados, resguardar los derechos de los imputados y las víctimas u ofendidos. También les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil -sin que ello implique dejar de fundar y motivar concretamente sus resoluciones-, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio, de conformidad con las reglas de organización que al efecto se emita por cada Poder Judicial. Ciertamente, en el sistema procesal penal acusatorio y oral, los Jueces de Control se erigen como garantes de que las partes actuarán de buena fe y deben velar por la regularidad del proceso y el ejercicio correcto de las facultades procesales. Por ello, el Juez de Control ejerce una vigilancia de los derechos constitucionales de los sujetos procesales durante las fases de investigación e intermedia; garantizándoles una respuesta pronta e inmediata, bajo las reglas del control judicial, sobre aquellas diligencias, actos procesales o comportamientos de las agencias formales del sistema de justicia penal que pongan en peligro o lesionen los derechos constitucionales de los sujetos procesales. En ese contexto, el Juez de control tiene dos principales funciones de carácter cautelar y de cognición. Las primeras son las de vigilar que todos los actos relativos a la investigación de un hecho que reviste el carácter de delito, sean preservados de manera correcta; además de garantizar los derechos fundamentales del inculpado y de la víctima. Las segundas versan sobre determinaciones concretas a pretensiones específicas de las partes, como el momento del dictado del auto de vinculación a proceso o bien, al determinar la sentencia de un procedimiento abreviado. Así, los Jueces de Control estarán fáctica y jurídicamente más cercanos a la investigación de lo tradicional, para vigilar, controlar, avalar y, en su caso, descalificar las acciones llevadas a cabo en la etapa de investigación, a fin de que se sujeten a reglas más exigentes desde el punto de vista jurídico, lógico y de respeto a los derechos humanos. Para efectos del tópico que se analiza, cobra relevancia señalar que el Juez de Control debe ejercer control de legalidad de las determinaciones del Ministerio Público, en forma acelerada y ágil, sin que ello implique dejar de fundar y motivar; toda vez que, es la autoridad que está fáctica y jurídicamente más cercana a la investigación de lo tradicional, a fin de que se sujeten a reglas y el respeto a los derechos humanos. Aunado a lo anterior, se establece que de la directriz constitucional, en relación con el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el sistema penal acusatorio y oral adversarial el Agente del Ministerio Público es una parte procesal igual que la víctima u ofendido, asesor jurídico, imputado o defensor, pues todos realizan actos de investigación, ello se observa en las fases de investigación a que se refiere el artículo 211, fracción I, incisos a) y b), del Código Nacional de Procedimientos Penales [inicial como complementaria], pues: 1) La investigación se judicializó [el Agente del Ministerio Público ya no genera prueba en la investigación], es decir, en el nuevo sistema penal, conforme al principio de igualdad entre las partes [donde se garantiza las condiciones de igualdad, el pleno e irrestricto ejercicio de los derechos previstos en la Constitución, los Tratados y las leyes que de ellos emanen], todas estas investigan y quien controla sus actos u omisiones en esas fases de investigación es el Juez de Control [quien asume el carácter de autoridad en el sistema penal acusatorio y oral], pues así se desprende de los artículos 16, párrafo catorce, de la Constitución; 3º, fracción VII, 24, 29, 133, fracción I, 137 al 174, 183 al 206, 211, fracciones I, incisos a) y b), II, 219, 220, 227, 231, 251, 252, 258, 267 al 303, 304, 307 al 347 y 467, del Código Nacional de Procedimiento Penales. 2) La relación jurídica existente entre las partes corresponde a una de coordinación entre el Agente del Ministerio Público, víctima u ofendido y representante legal, imputado y defensor, porque todas realizan actos de investigación; y, 3) Todos los actos de investigación que realizan las partes son analizadas ante su falta de idoneidad o pertinencia, así como el estudio de su ilegalidad en la obtención, ante el Juez de Control; por tanto, ello evita que el Fiscal sea quien decida en exclusiva las cuestiones referentes a las técnicas de investigación como son: la cadena de custodia, aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del delito; así como el registro, custodia y disposición de los bienes asegurados, lo que solo implica la posibilidad de que la parte afectada acuda a solicitar audiencia ante el Juez de Control para solucionar el conflicto penal suscitado en la etapa de investigación inicial o complementaria. En ese contexto constitucional y legal, de una interpretación sistemática y funcional, se advierte que el Juez de Control es la autoridad facultada para resolver todas las cuestiones que sean materia de controversia en la investigación inicial o complementaria, entre otras, las determinaciones del Agente del Ministerio Público; para vigilar, controlar, avalar y, en su caso, descalificar dichas acciones por parte del Ministerio Público llevadas a cabo en la etapa de investigación, a fin de que se sujeten a reglas más exigentes desde el punto de vista jurídico, lógico y de respeto a los derechos humanos de los indiciados. Luego, el principio de supremacía constitucional establecido en el artículo 133 de la Carta Magna, instituye que la Constitución es la ley fundamental o suprema, y niega la posibilidad de que esté sometida a otro cuerpo normativo superior, y requiere que todo le sea inferior y esté de acuerdo con ella. En ese sentido, si como se dijo, el artículo 16 constitucional establece que el Juez de Control en el sistema penal acusatorio debe resolver en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas de protección, cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial. Y el legislador permanente estableció en la exposición de motivos que el Juez de Control debe conocer en general, de las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad; entonces, resulta inconcuso que el ahora quejoso, previo a la promoción del juicio de amparo, debe acudir ante la aludida autoridad a plantear la ilegalidad que pretende hacer valer en sede constitucional. Esto, con la finalidad de cumplir con las disposiciones establecidas en la Carta Magna y atender a la naturaleza especial del sistema penal acusatorio. Además, atendiendo a que en el nuevo sistema de justicia penal el Ministerio Público figura como parte, en igualdad de condiciones que el imputado y la víctima, los actos que realiza no podrían someterse a escrutinio en el juicio de amparo, el cual procede contra actos de autoridad, o de particulares que realicen actos equivalentes a los de una autoridad, siempre que afecten derechos en los términos a que se refiere el artículo 5° fracción II, de la Ley de Amparo, y sus funciones estén determinadas por una norma general, lo cual no acontece en este caso, pues para afectar derechos constitucionalmente protegidos, como son la imposición de alguna medida de protección, según lo establece el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público requiere de autorización del Juez de Control. Es por ello que, en el caso, se surte la causa de improcedencia invocada, ya que previamente al ejercicio de la acción constitucional, la parte quejosa debió de acudir ante el Juez de Control y agotar el procedimiento jurisdiccional de referencia, pues a través de la expresión de los agravios correspondientes, tiene la posibilidad de atacar las omsiones de la autoridad ministerial. En tales aspectos, se estima conveniente destacar, que los artículos 40 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagran el principio de supremacía constitucional, en tanto disponen que la Constitución es la ley fundamental o suprema, naturaleza que niega la posibilidad de que esté sometida a otro cuerpo normativo superior y, en cambio, requiere que todo le sea inferior y que cada acto de autoridad esté de acuerdo con ella; de lo que colige que la Constitución es la norma fundamental que unifica y da validez a todas las demás normas que constituyen un orden jurídico determinado y conforme a su artículo 133. Ello es así, en virtud de que es precisamente la Carta Fundamental la que unifica la pluralidad de normas que componen el derecho positivo de un Estado. De ahí que la Constitución no puede ser violatoria de derechos fundamentales, pues precisamente el carácter de Norma Fundamental le otorga la prerrogativa formal de ser el único ordenamiento que puede llegar al extremo de limitar o restringir alguna garantía individual; en atención a lo dispuesto en el primer párrafo, del artículo 1° de la Ley Fundamental, el cual señala: "En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales, de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que está Constitución establece". Por consiguiente el principio de supremacía constitucional, permite incorporar a la Ley Fundamental ciertas restricciones, modalidades, limitaciones e incluso supresiones de los derechos políticos o de los derechos fundamentales, sin que ello implique una contravención a los mismos, ya que nos son inmutables, ni existe constitucionalmente impedimento alguno para ajustar su contenido a la voluntad social predominante. De ahí que al ser la Constitución el fundamento de validez formal de todo orden jurídico, sus disposiciones adquieren un rango que no es posible discutir en un órgano jurisdiccional, ya que los tribunales también se apoyan y se alojan dentro de dicho orden, y en el caso de querer resolver sobre la justificación de alguna norma constitucional, carecería de una referente jurídico contra el cual contrastarla, pues no puede subordinar entre si sus contenidos, con lo cual dejaría de ser la razón de validez de todo el sistema de normas que de ella derivan. Por tanto, sí el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata y por cualquier medio, las determinaciones del Ministerio Público pues está facultado para vigilar, controlar, avalar y, en su caso, descalificar dichas acciones por parte del Ministerio Público llevadas a cabo en la etapa de investigación, a fin de que se sujeten a reglas más exigentes desde el punto de vista jurídico, lógico y de respeto a los derechos humanos de los indiciados. ... En otro aspecto, es necesario señalar que la jurisprudencia dictada por los órganos facultados del Poder Judicial de la Federación es una fuente formal de derecho y un medio de control constitucional tendente a garantizar la supremacía de la Norma Fundamental. En esa línea, es factible sostener que las jurisprudencias 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.) insertas en los párrafos anteriores son vinculantes para este órgano de control constitucional, en términos de lo dispuesto por el precepto 217 de la Ley de Amparo, los cuales deben aplicarse en el caso particular porque el contenido de esos criterios tienen relación con el supuesto de improcedencia que se examina, ya que de no hacerlo implicaría desconocer una interpretación que es acorde a una realidad jurídica, que proviene de la autoridad otorgada por el Constituyente Permanente al máximo y último intérprete del Pacto Federal; además, la adopción de esa postura da certeza y seguridad jurídica al sistema judicial y permite que esa determinación sea congruente con la interpretación más reciente realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con base en lo anterior, es factible sostener que los actos reclamados a la autoridad responsable respecto a su omisión de realizar actos de averiguación en la carpeta de investigación 2233/FVCE/OAXACA/2022 y, por consiguiente, la falta de ejercicio de la acción penal, son susceptibles de impugnarse ante el Juez de Control a través del medio de defensa innominado previsto por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se sostiene lo anterior, porque la Primera Sala del Máximo Tribunal Constitucional de la Nación al fallar la contradicción de tesis 233/2017 estableció que el aludido dispositivo prevé la posibilidad de combatir los actos del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal y precisó que en general se trata de actuaciones del representante social que tienen como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación; en este sentido, sostuvo que bien puede entenderse que las omisiones en las que incurra la fiscalía en la etapa de investigación del procedimiento penal acusatorio y oral encuadran en ese supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Efectivamente, de acuerdo con lo expuesto es factible sostener que en las normas constitucionales y legales citadas está reglamentada la impugnación de las omisiones en las que incurra el representante social en la atapa de investigación del procedimiento penal, por lo que si el principio de definitividad exige el agotamiento previo del recurso o el medio de defensa ordinario procedente respecto a un determinado acto de autoridad esa situación se traduce en la obligación de la parte quejosa de agotar los mecanismos de impugnación antes de promover el juicio constitucional, sin que se advierta que haya observado el referido principio rector; por tanto, en la especie el juicio de protección de los derechos fundamentales es improcedente. Por las consideraciones expuestas se actualiza la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el numeral 61, fracción XX, de la ley de la materia, dado que la disidente no observó el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo, al no haber agotado de manera previa a la promoción del presente asunto el medio de defensa innominado establecido por el precepto 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales en contra de las actuaciones reclamadas. DESECHAMIENTO Por lo cual, con motivo de lo antes expuesto y al no advertirse que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, ocasione una afectación en la esfera jurídica de la parte quejosa, procede desechar la demanda de amparo de que se trata. Sin que el anterior pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias, deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de amparo. Es así, ya que ese control opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo. ... ... HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES En atención a la certificación realizada por la Secretaria de este Juzgado, téngase por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Eduardo Baños Garnica, mientras que, únicamente para recibir notificaciones a las diversas personas que menciona, por así solicitarlo expresamente. COMUNICACIONES NO PROCESALES Por otra parte, con apoyo en el artículo 5, fracción I, y 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 y 25/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se tiene señalando el correo electrónico que proporciona, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. Asimismo, para que se establezca el contacto respectivo cuando sea necesario llevar a cabo notificaciones personales, a fin de lograr el éxito de la diligencia y para seguridad de quienes intervengan en la misma, en cumplimiento a las medidas de aislamiento social y sana distancia. CONSULTA Y NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Toda vez que conforme a la certificación de cuenta se advierte registrado el usuario "eduard_baga" en el apartado respectivo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; con fundamento en el artículo 20 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, prorrogado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 16/2022 del mismo Pleno, y el último párrafo del considerando noveno, 35, 36, 39 y 98 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la referida parte procesal la consulta del expediente electrónico de este asunto. Para ello la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, adscrita a este juzgado, deberá vincular el usuario que indica la promovente previa verificación de que los datos coincidan con los registros de la base que arroje el sistema; y agregar la constancia respectiva al expediente. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 del citado Acuerdo General 21/2020, como lo solicita se autoriza la notificación electrónica de las resoluciones emitidas en este asunto; por lo que dígase a la parte promovente que para ser notificada de los acuerdos y determinaciones deberá ingresar con el nombre de usuario y contraseña, o bien a través de su firma electrónica, al módulo de consulta de notificaciones de Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Tome nota el área de actuaria para los efectos legales consiguientes. JUICIO EN LÍNEA Se exhorta a la parte promovente a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. FIRMA ELECTRÓNICA Asimismo, se hace de su conocimiento que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. NOTIFÍQUESE VÍA ELECTRÓNICA.
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