Inocencio Ramírez Temizqueño
Expediente 979/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 979/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Inocencio Ramírez Temizqueño
- H. Congreso del Estado de Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Por recibido el oficio signado por la Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, mediante el cual acusa recibo del oficio 13798, por el que se le enviaron los cuadernos incidentales relativos al juicio de garantías 979/2015, promovido por ******************** contra actos del Congreso del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y otras autoridades, toda vez que aceptó la competencia que planteada por este juzgado federal.
- Principal
Por recibido el oficio signado por la Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, Guerrero, mediante el cual hace del conocimiento a este órgano jurisdiccional que aceptó la competencia que le fue planteada a través de proveído de veintiocho de marzo del año en curso, dictado en el juicio de amparo indirecto 979/2015-II, del cual deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa, en el que este Juzgado Federal declaró carecer de idoneidad jurídica para conocer de la demanda de amparo promovida por......, contra actos del Congreso del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y otras autoridades. Por otra parte; remítansele los cuadernos incidentales relativos al juicio de garantías 979/2015, sin que haya lugar a transferir la garantía que refiere toda vez que el quejoso no la exhibió, lo que se le hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, y toda vez que el presente cuaderno de antecedentes, carece de relevancia documental y sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo Primero fracción I, del citado Acuerdo General, el presente cuaderno es susceptible de ser destruido.
- Principal
Vista la razón levantada por la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado de Distrito, en la que hace constar el motivo por el cual no le fue posible notificar al quejoso ********************el auto de veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, en el domicilio señalado en autos; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, hágase la notificación de mérito, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista que se publique en los estrados de este órgano de control constitucional.
- Principal
Visto el oficio signado por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, con sede en esta Ciudad, mediante el cual en cumplimiento a la consulta realizada por dicho juzgado a la Secretaría Técnica de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, remite el juicio de garantías 966/2015, con un tomo de pruebas, promovido por ......contra actos del Honorable Congreso del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad y otras autoridades, por ser esta autoridad que por razón de turno le corresponde conocer de la demanda de amparo. Regístrese la demanda y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y acúsese el recibo de estilo. Ahora bien, del análisis del escrito de demanda y de las constancias anexas se aprecia que el quejoso ..... solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del Honorable Congreso del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad y otras autoridades, de quienes reclamó: "De las responsables ordenadoras: A) Del H. Congreso del Estado de Guerrero, reclamo: la discusión, aprobación y expedición del Decreto por el que se expidió la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, específicamente la fracción XI del artículo 132; B) Del Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, reclamo la promulgación y publicación de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero; C) Del Secretario General de Gobierno del Estado de Guerrero, reclamo el Refrendo del Decreto promulgatorio de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero; D) Del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero el Refrendo del Decreto promulgatorio de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero; E) Del Director General del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, la Publicación del Decreto promulgatorio de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero; De las responsables ejecutoras: A) Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, I. La ejecución y aplicación del inconstitucional artículo 132 fracción XI, de la Ley número 281 de Seguridad Pública; II. La emisión del primer acto de aplicación de la norma tildada de inconstitucional, materializado en el oficio número SSP/UCAI/1540/2015, fechado el cuatro de agosto del 2015, mediante el cual solicita a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, la baja definitiva y cancelación de pago de salarios y demás prestaciones de la suscrita, memorial girado dentro de las actuaciones del expediente de investigación administrativa número INV/198/2015, sin constituir este una resolución formal. III. La inconstitucional, ilegal y arbitraria solicitud de baja definitiva y cancelación de pago de salarios y demás prestaciones de la suscrita, contenida en el primer acto de aplicación de la norma tildada de inconstitucionalidad, materializado en el oficio de solicitud número SSP/UCAI/1540/2015, fechado el 4 de agosto del 2015, girado dentro de los autos del expediente de investigación administrativa número INV/198/2015. B) Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, reclamo la ejecución la inconstitucional, ilegal y arbitraria solicitud de baja definitiva y cancelación de pago de salarios y demás prestaciones de la suscrita, contenida en el primer acto de aplicación de la norma tildada de inconstitucionalidad, materializado en el oficio de solicitud número SSP/UCAI/1540/2015, fechado el 4 de agosto del 2015, girado dentro de los autos del expediente de investigación administrativa número INV/198/2015, sin constituir una resolución formal; C) Director General de Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, reclamo la inconstitucional, ilegal y arbitraria solicitud de baja definitiva y cancelación de pago de salarios y demás prestaciones de la suscrita, contenida en el primer acto de aplicación de la norma tildada de inconstitucionalidad, materializado en el oficio de solicitud número SSP/UCAI/1540/2015, fechado el 4 de agosto del 2015, girado dentro de los autos del expediente de investigación administrativa número INV/198/2015, sin constituir una resolución formal; D) Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, reclamo la inconstitucional, ilegal y arbitraria solicitud de baja definitiva y cancelación de pago de salarios y demás prestaciones de la suscrita, contenida en el primer acto de aplicación de la norma tildada de inconstitucionalidad, materializado en el oficio de solicitud número SSP/UCAI/1540/2015, fechado el 4 de agosto del 2015, girado dentro de los autos del expediente de investigación administrativa número INV/198/2015, sin constituir una resolución formal; E) Director General de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, reclamo la inconstitucional, ilegal y arbitraria solicitud de baja definitiva y cancelación de pago de salarios y demás prestaciones de la suscrita, contenida en el primer acto de aplicación de la norma tildada de inconstitucionalidad, materializado en el oficio de solicitud número SSP/UCAI/1540/2015, fechado el 4 de agosto del 2015, girado dentro de los autos del expediente de investigación administrativa número INV/198/2015, sin constituir una resolución formal" Ahora bien, este Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Guerrero, es incompetente para seguir conociendo del presente juicio, por las razones que se exponen a continuación. Del contenido de la demanda presentada por el quejoso Inocencio Ramírez Temizqueño, se advierte que manifiesta que el quince de julio del año en curso, personal de la institución Policial de otras áreas operativas, arribaron a su Centro de Operaciones en la ciudad de Acapulco, Guerrero, quienes le informaron que por órdenes del Secretario de Seguridad Pública del Estado, se llevarían el equipamiento de gabinete, es decir, equipos de cómputo, impresoras y demás insumos electrónicos, quedando sin recurso técnicos para operar, asimismo, expresa que en esa misma fecha se le comunicó que por disposición del Secretario de Seguridad Pública, todo el personal de la Unidad de Investigación debía concentrarse en las Oficinas del C-4 en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, orden que cumplió; posteriormente, el veintidós de julio de dos mil quince, le informaron unos compañeros, que en las afueras de la puerta del C-4, se encontraba un documento en donde se les suspendía de forma preventiva de su empleo, el cual se trataba del acuerdo de inicio de investigación número INV/198/2015, de fecha veintiuno de julio de este año, en donde aparecía su nombre y el de otros elementos; de igual forma, con fecha diecisiete de julio del año en curso, formulamos una petición al titular de la dependencia, solicitando entre otras cosas una explicación respecto a las disposiciones que se estaban tomando ya que no nos era posible desempeñar nuestras funciones sin las herramientas de trabajo y tampoco otorgar resultados operáticos en esas condiciones, sin que a dicha petición se nos diera respuesta. Pues bien, del análisis integral al escrito que contiene la demanda de garantías, deriva que este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, carece de competencia legal para conocer del presente juicio, para lo cual, debe indicarse que el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, establece las reglas de competencia que deben imperar dentro del juicio de garantías, al indicar: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se está ejecutando el acto reclamado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Al interpretar la norma transcrita, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que dicho numeral contiene tres hipótesis distintas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que se destacan en el orden siguiente: 1. Se caracteriza, porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia de un Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se está ejecutando el acto reclamado, o se haya ejecutado; supuesto que supone como condición necesaria que dicho acto es de aquellos que, después de su emisión, por su propia naturaleza requiere de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. 2. Consiste en que para la determinación de la competencia del Juez de Distrito, ésta se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro; en este supuesto, tendrá competencia legal el Juez que haya prevenido para conocer de la demanda de amparo; y, 3. Deriva del último párrafo del precepto en estudio, que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido el acto impugnado; como se observa, en este supuesto, basta que esté evidenciado en autos que la responsable emisora del acto que se reclama (cuando no requiera de ejecución material) radique dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del Juez Federal, para que éste sea el que válidamente deba conocer del juicio de garantías. Lo que distingue las dos primeras reglas de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la actualización de las otras exige esta ejecución; y lo que hace la diferencia entre las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios jueces federales, ya que la primera regla se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Ahora, como se señaló con anterioridad, son los actos de ejecución los que determinan la competencia de los jueces de distrito, así, respecto a la primera regla competencial, que es la fundamental, es el lugar donde se está ejecutado el acto reclamado lo que fija la competencia del juzgador, es decir, es juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar o se hayan realizado, sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. Luego, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos que tenga ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen o traten de realizarse, de manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial, esto es, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente o se ejecuten, es lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. En relación a la segunda hipótesis de competencia, los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos jueces de distrito, la competencia para conocer del amparo respectivo se surte a favor de cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, esto es, de quien conoció primero. Por último, cuando el acto reclamado consista en una resolución que no requiera ejecución material, lo que determina la competencia del Juez de Distrito es el lugar donde se presente la demanda de amparo, esta regla se aplica a actos negativos o declarativos, que no originen ningún acto ejecutivo, pues en este último supuesto, rigen las dos reglas precedentes. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero de la Ley de Amparo, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, SE DECLARA INCOMPETENTE, al estimar que carece de idoneidad jurídica para conocer del asunto. Para demostrar la premisa anterior, conviene precisar que la promovente del amparo, bajo protesta de decir verdad, refiere en su demanda de garantías en la parte que interesa, de los antecedentes lo siguiente: ".la solicitud de baja definitiva y cancelación de pago de salarios y demás prestaciones, ordenado en el inicio del procedimiento administrativo INV/198/2015 de veintiuno de julio de dos mil quince ." Lo anterior, pone de manifiesto que el acto reclamado consistente en la baja definitiva y cancelación de pago de salarios y demás prestaciones, permite establecer y debe considerarse que la determinación combatida indefectiblemente tiene una ejecución material en la ciudad de Acapulco, Guerrero, toda vez que el quejoso tenía su Centro de adscripción en ese lugar tal y como lo afirmó bajo protesta de decir verdad, así como de las constancias que integran el expediente INV/198/2015, que remitió la autoridad responsable Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con residencia en esta ciudad; por lo que es dable concluir que lleva implícita una ejecución cuya materialización debe contemplarse para decidir quién será el Juez competente del presente asunto. Además, es importante destacar como hecho notorio los diversos juicios de amparo indirecto 900/2015-V y 58/2016-I, del índice de éste Juzgado, promovido también por Benigno Meza Chona, y por Saraí Jorge Tapia; respectivamente, en contra de las autoridades responsables Congreso del Estado de Guerrero, Gobernador Constitucional del Estado, Secretario General de Gobierno, Secretario General de Gobierno, Secretario de Seguridad Pública y otras autoridades, en el que, impugnó el cese definitivo derivados del expediente de investigación administrativa INV/198/2015; juicios en los que, este juzgado en auto de veinticuatro de noviembre de dos mil quince, y veintidós de enero de dos mil dieciséis, se declaró legalmente incompetente para seguir conociendo de los mismos; juicios de amparo que por cuestión de turno tocó conocer al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, Guerrero, quien admitió las demandas y las radicó con el número 1288/2015-III y 134/2016-III. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 74/2006, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página novecientos sesenta y tres, del tomo XXIII, junio de dos mil seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento." Corrobora lo anteriormente dicho en la parte considerativa la tesis de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora. (Registro No. 189167, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XIV, Agosto de 2001, Página: 1299, Tesis: I.1o.A.44 A, Tesis AisladaMateria(s): Administrativa, Común). En consecuencia, este Juzgado Federal declara carecer de competencia legal para conocer del presente asunto, y con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el juicio de amparo 979/2015-II-CA y un Tomo de pruebas, así como los cuadernos incidentales en original y duplicado, al Juez de Distrito en el Estado de Guerrero, en Turno, con residencia en Acapulco, Guerrero, quien se estima tiene idoneidad jurídica para conocer del juicio, toda vez que en su ámbito espacial de competencia se está ejecutando materialmente el acto reclamado, por lo que, previo cuaderno de memoria que se deje del mismo remítase el presente expediente, a la oficialía de partes común de dichos juzgados, y en caso de aceptar la competencia planteada, solicítese al titular del juzgado que por razón de turno conozca del presente asunto, el acuse de recibo correspondiente y estese en espera de lo que resuelva. Así también, tiene aplicación la Tesis 2ª./J. 68/2015, publicada en la página 916, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE CONCLUSIÓN DEL SERVICIO POR SEPARACIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO. En términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado requiere ejecución material, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclama la determinación de conclusión del servicio por separación de un servidor público, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde se materialice, esto es, el del lugar en el cual desempeñaba el cargo el servidor público o realizaba sus funciones propias. Lo anterior porque no debe atenderse al lugar en donde se emitió la determinación de mérito, ya que no puede considerarse como acto de ejecución de dicho mandamiento, pues si bien legitima para promover el juicio de amparo, no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocerlo, ya que para ello debe atenderse al lugar en que ha tenido o deba tener ejecución el acto reclamado." Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica el promovente en su escrito de demanda, como su autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a María del Carmen Pérez Izazaga, toda vez que cuenta con registro de cedula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones, así como para imponerse de autos a las demás personas que menciona en términos del segundo párrafo del numeral 12 de la Ley de la Materia, hasta en tanto acrediten encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho en virtud de que no se encontraron en el sistema mencionado.
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