Inocencio Ortega Hernández y Otros.

Expediente 1298/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1298/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Inocencio Ortega Hernández
  • Inocencio Ortega Hernández y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio y anexos provenientes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, por medio del cual devuelve el expediente en que se actúa y remite testimonio de la ejecutoria pronunciada dentro de la queja * dese a conocer a la parte quejosa la devolución de estos autos que se encontraban en revisión e infórmeseles que la superioridad determinó declarar infundado el recurso de queja interpuesto contra el proveído de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, que desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, previas las anotaciones que se hagan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese este asunto como total y definitivamente concluido; debiéndose agregar únicamente las actuaciones originales del expedientillo que se formó con motivo del recurso de revisión. Acúsese recibo del expediente original y testimonio emitido. En otro orden, de conformidad con el artículo 20, fracción IV) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en un plazo de tres años, en atención a que se desechó la demanda y carece de relevancia documental e histórica.

  2. Principal

    Ténganse por recibidos los escritos signados por * por los cuales interponen recurso de queja y expresan agravios contra el proveído de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, que desechó la demanda origen de este juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto dicho recurso. Por tanto, previo cuaderno de antecedentes que se forme, envíese el original del escrito de expresión de agravios, así como el juicio principal en que se actúa, al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Sexto Circuito, a fin de substanciar el citado recurso de queja. Asimismo, adjúntese el informe con justificación sobre la materia de la queja, haciéndole saber a la superioridad que es cierto el acto reclamado; pues en proveído de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, se desechó de plano la demanda origen de este juicio, ante su notoria y manifiesta improcedencia. Sin que se proceda en términos de lo establecido en el artículo 101 de la Ley de Amparo, esto es, dar vista a las partes con el citado recurso, pues al haberse desechado la demanda, no se entabló la litis constitucional, y por ende, no se llamó a las partes para que pudieran manifestarse, en lo que atañe a la interposición del referido recurso.

  3. Principal

    Agréguese a los autos los oficios de cuenta signados por las autoridades responsables del Municipio del Ayuntamiento de Tianguismanalco, Puebla, por los cuales proporcionan los datos personales de los servidores públicos sancionados mediante auto de seis de julio de dos mil veintitrés. Asimismo, téngase al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tianguismanalco, Puebla, informando las gestiones que se encuentra realizado para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes; y de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, se tiene por informadas las aludidas gestiones. No obstante, dado que la suscrita tiene la obligación de vigilar el cabal cumplimento de la ejecutoria de amparo y tomando consideración el principio de ejecución acreditado con el oficio de cuenta, así como, la cantidad de gestiones que se deben realizar para el cabal cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se requiere POR ÚLTIMA OCASIÓN a las autoridades responsables, Presidente********************, Tesorero ********************, y Regidor de Gobernación ********************, todos del Ayuntamiento del Municipio de Tianguismanalco, Puebla, para que dentro del plazo de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita las constancias con las que acredite haber acatado la sentencia dictada en el presente juicio. En el entendido de que el amparo se concedió para los siguientes efectos: "..paguen a la parte quejosa la cantidad de $******************** (********************), que constituye el monto por concepto de indemnización y demás prestaciones por el periodo que comprende del dieciséis de octubre de dos mil veintiuno al veintiuno de marzo de dos mil veintitrés.": Asimismo, se le apercibe a las responsables, que de no cumplir con lo anterior o de no informar el impedimento legal que tengan para ello, se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en turno, para que continúe con el trámite correspondiente a la inejecución de sentencia, el cual puede culminar con la separación de sus puestos y consignación.

  4. Principal

    AVISO: SE NOTIFICA PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL AUTO DICTADO EL CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, POR MEDIO DE LISTA ELECTRÓNICA PUBLICADA EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por los quejosos * mediante el cual dan cumplimiento a las prevenciones formuladas en autos de dieciocho y veintisiete de julio de dos mil veintitrés al tenor de los antecedentes que formuló en el escrito de cuenta. Así, del análisis de la demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: La resolución de seis de junio de dos mil veintitrés dictada por el Juzgado Primero Auxiliar de lo Familiar del Estado de Puebla, en los autos del juicio sucesorio intestamentario * del índice del Juzgado de lo Civil del Tecali de Herrera, Puebla, que resolvió tener por infundado el recurso de reclamación interpuesto por los quejosos y confirmar el auto de diecinueve de abril de dos mil veintitrés que declaró a * como albacea provisional de la sucesión intestamentaria a bienes de * El acuerdo de cuatro de julio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de origen que desechó el recurso intentado por los quejosos en contra de la resolución interlocutoria de seis de junio de la anualidad. Una vez que se precisó el acto reclamado, se obtiene que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, dispositivos que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede. [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]". De la interpretación armónica de los citados artículos, debe precisarse que el primero refiere que el juicio de amparo es improcedente, en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la ley. Por su parte, el segundo artículo dispone, en su fracción relativa, que el amparo indirecto procede contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, el prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los cuales la ley fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes en el procedimiento; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. En efecto, el Pleno de nuestro máximo Tribunal ha sostenido que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. Por el contrario, los actos de ejecución reparables no vulneran por sí derechos fundamentales, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, por lo que los efectos de la violación procesal pueden ser posteriormente reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ningún derecho sustantivo. En ese tenor, como quedó precisado en los antecedentes de la demanda de amparo, y los narrados en los escritos aclaratorios de los promoventes, la quejosa acudió a la presente vía reclamando la resolución de seis de junio de dos mil veintitrés dictada por el Juzgado Primero Auxiliar de lo Familiar del Estado de Puebla, en los autos del juicio sucesorio intestamentario * del índice del Juzgado de lo Civil del Tecali de Herrera, Puebla, que resolvió tener por infundado el recurso de reclamación interpuesto por los quejosos en contra del acuerdo de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, que declaró a * como albacea provisional de la sucesión intestamentaria a bienes de * Así como el acuerdo de cuatro de julio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de origen que desechó el recurso intentado por los quejosos en contra de la resolución interlocutoria antes precisada, por no contemplarse en el marco jurídico como el medio idóneo para impugnarlo. En esa guisa, se tiene que los actos impugnados, por su naturaleza, no afectan materialmente derechos sustantivos, pues sólo implica la infracción de derechos adjetivos o procesales que producen efectos de esa naturaleza, dado que la problemática en cuestión ocurrió en la primera etapa del juicio sucesorio natural, y no tiene el alcance de generar consecuencias directas sobre derechos sustantivos de la parte quejosa. Al efecto, conviene precisar que en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, el capítulo intitulado "Procedimientos Hereditarios", al tenor del cual habrán de sustanciarse los procedimientos hereditarios, concretamente en los artículos 763 a 803, aplicables al juicio sucesorio, establece que éste se integra de diversas etapas, a saber: a) La primera relativa a la denuncia de la sucesión, institución de herederos, designación de albacea tanto provisional como definitivo. b) La segunda, la administración del patrimonio que la integra; y, c) La tercera, la resolución definitiva que se pronuncia en lo relativo a la partición y adjudicación del haber hereditario. De manera que respecto a las determinaciones reclamadas, en la que se confirmó el auto que tuvo por nombrada a * como albacea provisional así como el auto que desecha por notoriamente improcedente el recurso intentado en contra de dicho auto, es improcedente su análisis en esta vía, pues se encuentran en la primer sección de la sucesión, donde de existir violaciones procesales, podrán ser reclamables en amparo cuando se promueva contra la resolución definitiva que la concluya y decida en cuanto al fondo, ya que no afectan directamente derechos sustantivos. En efecto, tales determinaciones, como se dijo, sólo producen efectos meramente procesales, lo que por sí mismo excluye la posibilidad de que revistan el carácter de imposible reparación, pues los actos reclamados no satisfacen aquella exigencia alusiva a la afectación material y directa de alguno de los derechos sustantivos de la quejosa, tales como la vida, la libertad, la integridad física, las propiedades, posesiones o derechos, entre otros. Asimismo, los actos reclamados únicamente conllevan que se siga la sucesión, en esa primera etapa, subsistiendo el nombramiento de albacea provisional, hasta que sea nombrada la definitiva, tal como lo señala el artículo 772, fracción VII, del Código Civil de Puebla, o bien, haga valer sus derechos en la vía idónea en relación a la inconformidad que tiene con la designación como albacea provisional a * pues la legislación aplicable contempla el incidente de remoción de albacea, previsto en el artículo 801 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, como un medio legal para el análisis de la inconformidad con las albaceas en las sucesiones. Aún más, el hecho de que la parte inconforme con el nombramiento de albacea provisional, de considerarlo necesario, solicite su remoción ante el juez natural, redunda en un beneficio probatorio, toda vez que estará en aptitud de aportar todas las pruebas que estime pertinentes y formular las consideraciones al efecto, con la audiencia de su contraria, pues dicho sea de paso, en el juicio de amparo el acto reclamado debe apreciarse tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. En tales condiciones, ya que es factible que la parte quejosa obtenga con posterioridad resolución favorable, y por consecuencia, se designe diverso albacea tanto provisional como definitivo, o bien haga valer su afectación en el amparo indirecto que se promueva en contra de la resolución que concluya con la primera etapa procesal, se reitera, la violación que pudiera resentir en su esfera jurídica, no afecta sus derechos sustantivos tutelados por la Constitución, sino que dicha afectación es de carácter meramente procesal; por tanto, es incuestionable que el juicio de amparo es improcedente. En consecuencia, al no tener los actos que hoy se reclaman la naturaleza de irreparable; con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción V, interpretado a contrario sentido y 113, de la misma Ley, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano la demanda de amparo origen de este juicio por su manifiesta e indudable improcedencia.

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