Inocencio Hernández Morales
Expediente 998/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 998/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Inocencio Hernández Morales
Actuaciones
- Principal
XI... Agréguese el oficio de la Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, a través del cual acusa recibo de la remisión de copias certificadas del presente asunto, con relación a la competencia planteada; asimismo, se advierte que radicó dicho asunto con el número de amparo directo civil 662/2022 de su índice y se reservó acordar lo procedente hasta en tanto el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, le remita las constancias del expediente mercantil 338/2020. No obsta a lo anterior, que la comunicación de cuenta se encuentre dirigida al expediente 98/2022-XI; sin embargo, de su contenido se observa que corresponde al juicio de amparo en que se actúa. Por otra parte, vista la certificación secretarial que antecede, se aprecia que feneció el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído por el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que dicho auto ha causado estado. Al respecto, resérvese ordenar el archivo del este expediente, una vez que la autoridad oficiante acuerde si acepta o no la competencia declinada.
- Principal
XI... Agréguese la comparecencia que antecede, a través del cual el quejoso Inocencio ..., atiende el requerimiento de cinco de septiembre actual y ratifica el contenido y firma del escrito con número de registro 12428. Al respecto, debe destacarse que la parte quejosa señala como actos reclamados lo siguientes: La sentencia definitiva dictada en el juicio ejecutivo mercantil 338/2020, del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, en la que se le condena a pagar $130,000.00 (ciento treinta mil pesos 00/100) por concepto de suerte principal y el 4.47 % mensual por concepto de pago de los intereses moratorios. El acuerdo de ocho de agosto de dos mil veintidós, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 338/2020, del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia de Cuautitlán Izcalli, en el que admitió el incidente de liquidación planteado por la parte actora. Ahora bien, con relación al acto destacado en el inciso a); se advierte que de conformidad con los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34 y 170, fracción I de la Ley de Amparo, debe ser dilucidado en un juicio de amparo directo, en virtud que éste procede contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, actos dictados, que consistan en: A. Sentencias definitivas o laudos; y, B. Resoluciones que ponen fin al juicio. Ahora, conforme a lo dispuesto por el artículo 170, de la Ley de Amparo, se entiende por sentencia definitiva o laudo, los que decidan el juicio en lo principal; y, por resolución que pone fin al juicio aquella que lo concluye sin emitir decisión sobre el fondo de la cuestión debatida; respecto de las cuales deberán agotarse previamente los recursos ordinarios, en virtud de los cuales puedan ser modificadas o revocadas. Ahora bien, como se precisó en párrafos precedentes, en el presente juicio de amparo, la quejosa reclama: a) La sentencia definitiva dictada en el juicio ejecutivo mercantil 338/2020, del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, en la que se le condena a pagar $130,000.00 (ciento treinta mil pesos 00/100) por concepto de suerte principal y el 4.47 % mensual por concepto de pago de los intereses moratorios. En ese tenor, resulta inconcuso que conforme con los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170, fracción I de la Ley de Amparo, dicho acto reclamado deberá ser materia de estudio y resolución en un juicio de amparo directo ante los tribunales colegiados de circuito, según lo dispuesto por el artículo 34, de la ley en la materia, porque el acto reclamado constituye una sentencia definitiva. Por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 46 y 158 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede únicamente en contra de las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. Ello en virtud que, el acto reclamado por la parte quejosa lo constituye una sentencia definitiva, dado que decidió el juicio en lo principal. Atento a lo expuesto, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, el suscrito estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda en términos de lo dispuesto en la fracción V, inciso c) del artículo 107, de la Constitución Federal, con relación con los diversos numerales 34 y 170, fracción I, de la Ley de la materia. En consecuencia, previo cuaderno de antecedentes que se forme con las constancias relativas, remítase copia certificada de todo lo actuado al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno, solicitándole el acuse de recibo, asimismo, para que informe a este órgano jurisdiccional lo que tenga a bien proveer. Por otra parte, con relación al acto reclamado en el inciso b); se provee lo siguiente. En primer lugar es menester verificar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. De la lectura integral del escrito constitucional y de desahogo, se advierte que en la especie, se actualiza la hipótesis normativa aludida que da lugar a su desechamiento de plano, en virtud que se evidencia la causa de improcedencia contenida en la fracción XVIII, del numeral 61, de la Ley de Amparo. Lo anterior, si se toma en consideración que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de garantías individuales, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común. Dichos principios generales del juicio de amparo, se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución General de la República, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. En efecto, el principio de definitividad del juicio de amparo obliga a la parte quejosa a agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, pues, como se dijo, el juicio de garantías se concibió como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquellos no susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. En ese contexto, la causal de improcedencia prevista en el artículo y fracción transcritos, contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, el amparo deviene improcedente. Asimismo, es de precisar que tales medios de defensa deben tener una existencia legal; es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y para que tenga la parte quejosa la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional, debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad, esto es, que el medio común de defensa esté previsto por la ley que rige el acto impugnado. Ahora, en el caso, como se precisa, se reclama: b) El acuerdo de ocho de agosto de dos mil veintidós, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 338/2020, del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia de Cuautitlán Izcalli, en el que admitió el incidente de liquidación planteado por la parte actora. Al respecto, conviene destacar que el artículo 1334 del Código de Comercio, párrafo primero, establece que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Asimismo, el diverso numeral 1,349 del citado ordenamiento legal refiere que son incidentes las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal. En esas circunstancias, al no haber agotado la parte quejosa el recurso de revocación, no cumplió con el principio de definitividad a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, de modo que el juicio de amparo es improcedente. ... Sobre estos conceptos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos; ha sostenido que la efectividad refiere a la posibilidad real de interponer un recurso sencillo.Lo idóneo a que dicho medio tenga como fin modificar, extinguir o anular el acto que se impugne o se reclame. El plazo razonable significa que estos deban resolverse rápido, es decir, en breve término. En el caso, el recurso -revocación- reúne dichos requisitos, pues este es efectivo, en razón que está previsto en la norma, es sencillo su trámite, pues basta que el afectado lo interponga por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, para que el juzgador le dé vista a la contraparte por un término igual y resuelva ordenando notificar su determinación dentro de los tres días siguientes a las partes; es idóneo, ya que conforme a la norma reproducida tiene como fin nulificar la actuación procesal que se impugne -auto, decreto-, es de plazo razonable, ya que como se asentó, dicho recurso es resuelto una vez fenecido el plazo otorgado a la contraparte del actor incidentista. Luego, si en el caso el quejoso no interpuso el recurso de revocación en contra de la determinación aquí reclamada; por tanto, es inconcuso que el juicio de amparo resulta improcedente, por no haberse agotado el principio de definitividad. No es inadvertido para quien aquí resuelve que existen excepciones al principio de definitividad; pero, en el presente caso no se encuentra en alguna de ellas, ya que no se reclamaron actos que importen peligro de privación de la vida; ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; incomunicación; deportación o expulsión; proscripción o destierro; extradición; desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; además, tampoco se controvirtió alguna determinación que afecte la libertad personal del quejoso. Tampoco se trata de una orden de aprehensión, reaprehensión, auto de vinculación a proceso, no impugna una resolución que niegue la libertad bajo caución, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto u otro que afecte la libertad personal del quejoso, no se trata de una sentencia definitiva dictada en materia penal. Asimismo, el justiciable es parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil de origen, -por lo que no tiene la calidad de tercero extraño-, por haber comparecido a aquel sumario De tal manera que, al no surtirse alguna de las excepciones al principio de definitividad, no existe justificación alguna para que la solicitante de amparo no haya agotado el recurso de revocación, que se debe interponer ante el mismo órgano jurisdiccional; máxime, que pudo obtener el remedio a las violaciones de las que se duele, ya que en dicho recurso hubiese sido factible que se anulara, revocara o modificara la determinación aquí reclamada. A mayor abundamiento como se indicó en línea precedentes, el quejoso es parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil que nos ocupa, el cual se encuentra en etapa de ejecución. Por tanto, a criterio de este juzgador se actualiza la causa de improcedencia que refiere el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, en relación con el 107 fracción IV, del propio ordenamiento, bajo las siguientes consideraciones: Del artículo citado en segundo término se aduce que cuando se trata de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo sólo podrá interponerse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, debiéndose entender por ésta la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. El fin perseguido por dicha norma es el de no entorpecer el procedimiento de cumplimiento de sentencias definitivas, al ser una cuestión de orden público, dado que la sociedad está interesada en que prevalezca el estado de derecho mediante el íntegro acatamiento de las resoluciones de los tribunales. Por ello, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo implícitamente contempla que el juicio de amparo no puede ser un medio legal para entorpecer los procedimientos de ejecución ya que estimar lo contrario, contravendría el espíritu del artículo 17 constitucional que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta, completa e imparcial. Por lo anterior, es dable establecer que aquella norma, armonizada con el texto del artículo 17 constitucional, persigue que no se paralice el cumplimiento de las sentencias definitivas dictadas por los tribunales, poniendo de manifiesto que el interés general de la sociedad de que se cumplan dichas resoluciones está por encima al particular que pretende evitarlo. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente la procedencia del juicio constitucional contra actos dictados después de concluido el juicio y, específicamente, en el periodo de ejecución de sentencia en dos hipótesis: 1. Contra los actos que gocen de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia; y, 2. Contra los actos de imposible reparación, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. En el caso en estudio, la parte quejosa reclama, el proveído de ocho de agosto de dos mil veintidós, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 338/2020, del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia de Cuautitlán Izcalli, por el admitió a trámite el incidente de liquidación planteado por la parte actora. Actuación emitida en la etapa de ejecución de un juicio ejecutivo mercantil, donde la quejosa es parte demandada -sin que tenga la calidad de tercera extraña, por haber comparecido al sumario de origen; es por ello que el acto reclamado queda regido por las disposiciones a que se refiere el artículo 107, fracción IV, de la ley de la materia; es decir, no puede analizarse en el juicio de amparo indirecto por no tratarse de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; la cual es aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En efecto, la actuación reclamada no puede considerarse como la última en el expediente de origen, pues es precisamente en aquélla con la que se dio inicio al incidente de liquidación planteado por la contraparte del aquí quejoso; de lo que se concluye que en dicho acto no se emite pronunciamiento alguno respecto a si se encuentra o no cumplida la sentencia definitiva, ni se ordena el archivo definitivo del expediente, sino que únicamente se encuentra admitiendo a trámite el referido índice presentado por el actor en la controversia de origen, por lo que el juicio de amparo indirecto, no es la vía idónea para atacar el acto reclamado de que se duele la parte quejosa. En tales condiciones, dado que el quejoso no observó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo; aunado a que la determinación de ocho de agosto de dos mil veintidós, emitida en el juicio ejecutivo mercantil de primera instancia, por la que se admitió a trámite el incidente de liquidación no es la última actuación en la etapa de ejecución de sentencia, no se actualiza alguna de las hipótesis contempladas en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, para poder ser impugnado de inmediato a través del amparo indirecto, ni se trata de aquellos que jurisprudencialmente lo hagan procedente; por tanto, se desecha de plano la demanda de amparo al actualizarse las causas de improcedencias advertidas, en términos de lo que dispone el artículo 113, con relación al diverso 61, fracción XVIII y 107, fracción IV, todos de la Ley de Amparo. TRANSPARENCIA En términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria por lo que hágase saber a las partes el derecho que tiene para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; asimismo, comuníqueseles que con apoyo en el numeral 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley citada, en caso de que llegare a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia ejecutoria aparecerá sólo con su nombre sin incluir sus datos personales; finalmente, infórmeseles que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertará su nombre sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de u oposición expresa.
- Principal
XI... Visto el escrito signado por quien se ostenta como Inocencio ...., antes de proveer sobre su contenido, es preciso destacar que la firma plasmada en éste difiere de la que obra en el presente asunto; ya que si bien el suscrito no es perito en caligrafía o en grafoscopía, ante la evidente diferencia entre estas firmas se puede concluir que para detectar esa circunstancia no se requiere de tales conocimientos. En ese contexto, conforme lo establece la fracción I, del artículo 6, del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, hágase del conocimiento a la parte quejosa que con el programa "Agenda OJ" se programan las once horas con treinta minutos del doce de septiembre de dos mil veintidós, para que con identificación oficial vigente con fotografía, comparezca a reconocer la firma autógrafa y contenido del ocurso de cuenta. Se apercibe al promovente que en caso de no comparecer en la hora y día indicados, se tendrá por no presentado el escrito de mérito. Asimismo, se comisiona al actuario para que haga del conocimiento lo anterior al Administrador de este edificio y deje el acceso respectivo con copia del Código QR, de conformidad con la fracción I, inciso c) del acuerdo de referencia.
- Principal
XI... Vista la demanda de amparo promovida por Inocencio...
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