Inocencio García Montes

Expediente 70/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
70/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
07/04/2017

Partes del expediente

  • Inocencio García Montes

Actuaciones

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, siete de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos, el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, mediante el cual remite testimonio autorizado de la ejecutoria dictada en sesión de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, en el impedimento 1/2017, planteado por este órgano jurisdiccional, el cual se resolvió de la siguiente manera: "[.] PRIMERO. Se califica de legal el impedimento planteado por Irma Beatriz Vidales González, en su carácter de Secretaria en funciones de Juez en el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, para excusarse del conocimiento del juicio de garantías número 70/2017 promovido por Inocencio García Montes. SEGUNDO. En consecuencia, con copia de esta resolución se ordena remitir los autos correspondientes al juicio de amparo 70/2017 a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Ensenada, para el returno correspondiente. [.]" Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y acúsese de recibo a la superioridad. Consecuentemente, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, y en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena conservar el presente expediente auxiliar, al no encontrarse en los supuestos contemplados en los puntos de vigésimo y vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, y en atención a lo establecido en el Manual para la Organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, apartado de Juzgados de Distrito, Valoración de los Expedientes Auxiliares y Judiciales; y transferir, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Finalmente, comuníquese a las partes que por sesión ordinaria celebrada el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, acordó que el nuevo titular de este Juzgado a partir del dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, es quien firma la presente determinación. Notifíquese.

  2. Principal

    Ensenada, Baja California, quince de marzo de dos mil diecisiete. Visto el oficio de cuenta, que remite el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, agréguese a sus autos para que obre como corresponda, quedando enterado este Juzgado que el veinte de febrero del año en curso, ese Tribunal admitió a trámite el impedimento planteado en el presente juicio, el cual quedó registrado con el número 1/2017. Por último, comuníquese a las partes que por sesión ordinaria celebrada el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, acordó que el nuevo titular de este Juzgado a partir del dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, es Jesús Eduardo Medina Martínez. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Ensenada, Baja California, a tres de febrero de dos mil diecisiete. Visto lo de cuenta y el escrito de demanda formulado por INOCENCIO GARCÍA MONTES, contra actos del Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 20, 103 fracción I y 107 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con lo anterior, se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 70/2017. Ahora, del análisis integral de la demanda de garantías, se advierte que existen elementos de convicción que acreditan que este Juzgado de Distrito se encuentra impedido legalmente para conocer del presente asunto, al actualizarse la causa de impedimento prevista en la fracción IV del artículo 51, en relación con la fracción VIII del mismo numeral de la Ley de Amparo, el que dispone textualmente lo siguiente: "Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: [.] IV. Si hubieran tenido el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo, o hubieren emitido en otra instancia o jurisdicción el acto reclamado o la resolución impugnada, excepto cuando se trate del presidente del órgano jurisdiccional de amparo en las resoluciones materia del recurso de reclamación; [.] VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad." De dicha transcripción se aprecia que, el precepto legal aludido contempla las causas de impedimento para conocer de los juicios en que intervengan los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Jueces de Distrito y las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, cuya finalidad es apartar del conocimiento de un asunto a un juzgador cuando la imparcialidad puede encontrase afectada en virtud de que tengan carácter de autoridades responsables, hayan emitido el acto reclamado o estén en una situación diversa que implique su pérdida; por tanto, la naturaleza del impedimento estriba en la parcialidad que en él presume la ley. En el caso, se actualiza la causal de impedimento antes descrita, en virtud de que en la demanda de garantías el quejoso señala como autoridad responsable al Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, en términos de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo, que en lo conducente dice: ".II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." En ese orden, se establece que este órgano jurisdiccional considera que se actualiza el impedimento contemplado en el artículo 51, fracción IV en relación con la fracción VIII del mismo numeral de la Ley de Amparo, toda vez que, en este juzgado se radicó la causa penal 96/2016-C, en contra de Pedro Tomás Gerardo Valenzuela y Marco Antonio Félix Gracia; el nueve de enero de dos mil diecisiete, se declaró infundado el recurso de revocación promovido por el licenciado Inocencio García Montes, aquí quejoso, en contra del auto de nueve de noviembre de dos mil dieciséis, en el que se resolvió respecto a su petición de renunciar al cargo de fiador de los inculpados, por lo que se analizaron las cuestiones planteadas por el recurrente; de ahí que se considera que de ello, pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad en el presente juicio de amparo. En consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de Amparo, comuníquese al TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMOQUINTO CIRCUITO EN TURNO, con sede en Mexicali, Baja California, la presente determinación para que se sirva calificar el impedimento planteado y en su caso, determinar qué órgano jurisdiccional deberá conocer de este juicio de amparo; para tal efecto, remítase el cuaderno original en que se actúa y constancias conducentes. Lo anterior, en virtud de que, como ya se precisó, a este Juzgado de Distrito le reviste el carácter de autoridad responsable, pues además de haber sido señalado por el quejoso como tal, se encuentra radicada en este órgano jurisdiccional la causa penal antes indicada, en la que se declaró infundado el recurso de revocación presentado por el aquí quejoso en contra del proveído de nueve de noviembre pasado, en el que se proveyó sobre la petición de renuncia al cargo de fiador; por lo que, independientemente del sentido en que se resolvió, forzosamente tendría que hacerse un pronunciamiento en relación al acto reclamado. Sin que sea el caso proveer en relación a la suspensión provisional del acto de reclamo que hizo valer el peticionario de garantías, al no materializarse ninguno de los supuestos a los que hace referencia el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Se tiene como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados JOSÉ JULIAN VILLEGAS MORALES, DAVID RIOS ORTIZ, GABRIEL EDUARDO PALACIOS PIMENTEL, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y, como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Boulevard Zertuche y Lago Tuz, número 932 del Fraccionamiento Valle Dorado, de esta ciudad. Finalmente, hágase del conocimiento a las partes que el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. NOTIFÍQUESE.

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