Inocencio Banda Castillo
Expediente 705/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 25 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 705/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 23/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Inocencio Banda Castillo
- Roberto Rodríguez Moreno
- Inocencio Banda Castillo y Otros.
- Secretaria del Trabajo de Tamaulipas en Ciudad Victoria
- José Artemio Castro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
SENTENCIA CAUSA EJECUTORIA Y SE ORDENA EL ARCHIVO
- Principal
. ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por *******, contra los actos reclamados a la autoridad responsable precisada en el considerando tercero de esta resolución, por los motivos expuestos en el mismo. En Tampico, Tamaulipas, a las diez horas del dieciocho de enero de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 705/2020, promovido por José Artemio Castro, Inocencio Banda Castillo y Roberto Rodríguez Moreno, se hace constar se encuentra en audiencia pública Eduardo Ataulfo Rodríguez Álvarez, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Diana Angélica Malpica Rodríguez, Secretaria quien autoriza y da fe. Así, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara abierta esta audiencia sin asistencia personal de las partes, lo que no les depara perjuicio, pues si bien los artículos 27 y 28 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permite el uso del método electrónico de videoconferencia para el desahogo de la presente audiencia, además, ninguna de las partes expresó su intención de emplearlo, aunado a que estuvieron en aptitud de alegar en forma escrita, mediante la presentación de promoción física o electrónica, en los términos indicados en el acuerdo mediante el cual se fijó la celebración de esta audiencia. Enseguida, la Secretaria hace relación de las constancias de autos, de las cuales se destacan, además del escrito inicial de demanda, auto de admisión de veintisiete de octubre de dos mil veinte, proveído de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, mediante el cual se dejo de tener como terceros interesados interesados a David Marcelino Pliego Campero y Claudia Elizabeth Bustos Gómez, dentro del presente juicio de amparo, habiéndose determinado además la separación de juicios, correspondiendo continuar por la autoridad responsable Secretaría de Trabajo del Estado de Tamaulipas y como acto reclamado la omisión de la imposición de sanciones a los funcionarios que obstruyen la impartición de justicia, informe justificado rendido por la autoridad responsable y emplazamiento de la persona moral tercera interesada Arrendadora y Construcciones del Trópico, Sociedad Anónima de Capital Variable. Además, el diecisiete de marzo de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 4/2020 relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, cuyo artículo 2º estableció -en lo que interesa- la suspensión de plazos y términos procesales, así como la celebración de audiencias para el periodo inicialmente comprendido del dieciocho de marzo al diecinueve de abril de dos mil veinte, el cual fue modificado en forma sucesiva por los similares 06/2020, 08/2020, 10/2020 y 13/2020 (actualizado en cuanto a su vigencia por los diversos 15/2020, 18/2020 y 21/2020), de dicho Pleno. En esa tesitura, de conformidad con lo previsto en el artículo 2, fracciones I y II, así como el 20, ambos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por auto de trece de enero de dos mil veintiuno, se reanudaron los plazos y términos procesales en este asunto, la cual opera a partir del punto en que quedaron pausados. El Juez acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias que deberán de tomarse en consideración al momento de dictar la resolución constitucional correspondiente. Enseguida, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se declara abierto el periodo probatorio, la Secretaria hace constar que ninguna de las partes ofreció pruebas en el presente juicio. El Juez provee: Téngase por precluido el derecho de las partes para ofrecer pruebas en virtud de no haberlas ofrecido por escrito ni haber comparecido de manera personal a la celebración de la presente audiencia. Acto continúo, se abre el periodo de alegatos, y la Secretaria hace constar que las partes no ejercieron su derecho para formular alegatos, y con la circunstancia de que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no formuló pedimento. El Juez acuerda: Se da por precluído el derecho de las partes para hacerlos valer, en virtud de no haber comparecido a la presente audiencia ni formularlos por escrito; en consecuencia, al no existir diligencia pendiente por desahogar, se declara cerrado este período. La Secretaria certifica y hace constar que al no haber promoción pendiente de acuerdo, recursos por substanciar, ni pruebas por desahogar; el presente asunto se encuentra totalmente integrado, se declara cerrada la audiencia constitucional y se procede a dictar la siguiente RESOLUCIÓN. Vistos, para resolver los autos que integran el juicio de amparo 705/2020, promovido por José Artemio Castro, Inocencio Banda Castillo y Roberto Rodríguez Moreno, contra actos de la Secretaría de Trabajo del Estado de Tamaulipas, residente en Ciudad Victoria; y, RESULTANDOS: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo indirecto. Mediante escrito presentado el veintidós de octubre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico y Ciudad Madero, y turnado al día hábil continuo a este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, José Artemio Castro, Inocencio Banda Castillo y Roberto Rodríguez Moreno promovieron juicio de amparo en contra de las autoridades y por los actos mencionados en el escrito de demanda, sin que resulte obligatoria su transcripción, atento a la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, sólo se infiere la exigencia relativa a que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan la fijación clara y precisa de los actos reclamados, y la apreciación de las pruebas conducentes para tener o no por demostrada su existencia legal, pero no la tocante a transcribir su contenido traducido en los fundamentos y motivos que los sustentan, sin que exista precepto alguno en la legislación invocada, que obligue al juzgador federal a llevar a cabo tal trascripción, y además, tal omisión en nada agravia al quejoso, si en la sentencia se realizó un examen de los fundamentos y motivos que sustentan los actos reclamados a la luz de los preceptos legales y constitucionales aplicables, y a la de los conceptos de violación esgrimidos por el peticionario de garantías.". Lo anterior, pues estimó vulnerados sus derechos humanos los tutelados por los artículos 14 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Mediante proveído de veintisiete de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó el informe con justificación a las autoridades responsables, se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y previo haberse determinado la separación de juicios el veintidós de marzo de dos mil veintiuno; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se verificó al tenor del acta que antecede. TERCERO. Reanudación de labores. Es necesario precisar, el diecisiete de marzo del año en curso, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió el Acuerdo General 4/2020, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, donde determinó suspender las funciones jurisdiccionales de los Órganos del Poder Judicial de la Federación, a partir del dieciocho de marzo al diecinueve de abril de la presente anualidad, debido a lo cual implicó que no correrían plazos procesales. Luego, en forma sucesiva a los similares 04/2020, 06/2020, 08/2020 y 10/2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió el diverso Acuerdo General 13/2020 (modificado en cuanto a su vigencia por los diversos 15/2020, 18/2020, 21/2020 y 37/2020) mediante el cual estableció el esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de la salud pública derivados del virus COVID-19. Finalmente, en términos de lo previsto en el Acuerdo General 21/2020 (modificado en cuanto a su vigencia por el diverso 37/2020), el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19 e inició una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, mediante la reactivación de los plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, tal como señala el artículo 2, del indicado instrumento normativo. En esa tesitura, de conformidad con lo previsto en el artículo 2, fracciones I y II, así como el 20, ambos del Acuerdo General 21/2020 (modificado en cuanto a su vigencia por el diverso 37/2020), del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por auto de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, se reanudaron los plazos y términos procesales en este asunto, la cual opera a partir del punto en que quedaron pausados; y CONSIDERANDOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto cuarto, fracción XIX, último párrafo, del Acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud que se reclaman actos de naturaleza laboral, mismos que no requieren ejecución material. SEGUNDO. Oportunidad y legitimación. La demanda de amparo indirecto se presentó con la oportunidad debida en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, pues al haberse reclamado a la autoridad responsable un acto omisivo, la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, razón por la cual en esta clase de actos no corre el término de quince días referido en el citado numeral para interponer la demanda de amparo. Por otra parte, el quejoso está legitimado para promover la demanda de amparo en comento, ya que es titular de un derecho subjetivo que le afecta de manera personal y directa, esto es, porque es parte actora dentro del expediente laboral 466/2/2016, del índice de la Junta responsable. TERCERO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar el acto reclamado. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el citado Pleno, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, reclama: La omisión de la imposición de sanciones a los funcionarios que obstruyen la impartición de justicia. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Secretaría de Trabajo del Estado de Tamaulipas, residente en Ciudad Victoria, al rendir su informe justificado, negó los actos que se le atribuyen, sin que la quejosa aportara prueba alguna apta para desvirtuar dichas negativas; en consecuencia, dada las negativas de los actos reclamados por parte de la citada autoridad señalada como responsable en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el mismo. Sustenta lo aquí discernido la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También, sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis emanada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguientes: "ACTO RECLAMADO, INEXISTENCIA DEL. De acuerdo con el artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, cuando de las constancias de autos apareciese claramente que no existe el acto reclamado, y también cuando no se prueba su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de la propia ley." En tales condiciones, procede sobreseer el juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por otra parte, sin que sea óbice a lo aquí resuelto, el hecho de que no obre la constancia de notificación de los terceros interesados Servicios Generales del Trópico Sociedad Civil, Alfredo Pliego Campero y Sandra Patricia Caballero Godínez, toda vez que si bien es cierto el emplazamiento a las partes es una regla que norma el procedimiento en el juicio de amparo, en el caso en concreto, no es circunstancia para retrasar el trámite del presente asunto; lo anterior es así, porque el sentido de la presente determinación no afecta los intereses jurídicos de las citadas terceras interesadas, pues como se anticipó, el acto reclamado por el quejoso versa sobre el acto omisivo de la responsable, el cual conforme a su naturaleza carece de ejecución material, aunado de que las citadas terceras, no tienen un interés contrario al promovente de amparo, dado que su pretensión es dar celeridad al juicio de origen. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 107 fracción II, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 a 76 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por José Artemio Castro, Inocencio Banda Castillo y Roberto Rodríguez Moreno, contra los actos reclamados a la autoridad responsable precisada en el considerando tercero de esta resolución, por los motivos expuestos en el mismo. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo resuelve y firma electrónicamente Eduardo Ataulfo Rodríguez Álvarez, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa ante Diana Angélica Malpica Rodríguez, Secretaria quien autoriza y da fe, mediante firma electrónica, con fundamento en los artículos 3, fracción I y V, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. EARA/DAMR
- Principal
Vista la certificación de cuenta, en el sentido de que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, en virtud de que a la presente fecha se encuentra transcurriendo la vista otorgada a las partes por auto de veintitrés de noviembre del presente año, en el que se les informó que a partir dieciséis de noviembre del año en curso, el licenciado Eduardo Ataulfo Rodríguez Álvarez, fue designado como Titular de este Órgano Jurisdiccional. En tales condiciones , se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y se fijan las diez horas del dieciocho de enero de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la misma.
- Principal
Adscripción de titular a este órgano jurisdiccional. Hágase del conocimiento a las partes para los efectos legales conducentes que, a partir del dieciséis de noviembre del año en curso, el licenciado Eduardo Ataulfo Rodríguez Álvarez, fue designado como Titular de este Órgano Jurisdiccional, en términos del oficio SEADS/1147/2021, de veintiocho de octubre pasado, signado electrónicamente por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción. DIANA ANGELICA
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