Inocencia López Palomec
Expediente 802/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 802/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Inocencia López Palomec
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Glósese a los autos el oficio del Director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, mediante el cual en atención al requerimiento efectuado en autos a efecto de que cumpla con la ejecutoria de amparo, manifiesta que se encuentra imposibilitado para cumplir con la sentencia de cinco de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el juicio administrativo 31/2020, toda vez que fue modificada mediante resolución de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés dictada en el recurso de revisión 267/2022, del índice de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. Al respecto, dígasele que si bien los efectos de la sentencia de amparo fueron para el Magistrado de la Segunda la Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca. Emitir las determinaciones conducentes en el juicio administrativo ****/2020, en términos de los artículos 212, 213 y 214 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, a fin de que las autoridades demandadas, cumpla plenamente con la sentencia de cinco de septiembre de dos mil veintidós, lo cual significa que deberá ser diligente en el trámite de la ejecución de dicha sentencia, a efecto de que éste no quede paralizado. Lo anterior, sin perjuicio que, imponga los medios de apremio como multas y dicte otras medidas que abonen al lograr e cumplimiento de la sentencia de mérito. Por su parte para las autoridades, Antonino Morales Toledo, titular de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca y José Bernardo Rodríguez Alamilla, Fiscal General del Estado de Oaxaca: Acatar la sentencia administrativa dictada en el procedimiento administrativo antes mencionado. Esos efectos se refieren a seguir el cumplimiento del juicio administrativo de origen, por lo que deberá acatar los requerimientos que a su vez le haga la Segunda la Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, a fin de observar con lo que esté vigente en el juicio de origen, es decir, si lo que actualmente rige es la resolución de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés dictada en el recurso de revisión 267/2022, del índice de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, debe cumplir con la condena en la misma, lo que a su vez se verá reflejado en el cumplimento a la sentencia de este juicio de amparo. Por lo anterior, en términos del artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable José Bernardo Rodríguez Alamilla, Fiscal General del Estado de Oaxaca, para que en el plazo de tres días, siguiente al en que reciba el comunicado respectivo, cumpla con la ejecutoria de amparo, conforme a lo indicado en el párrafo inmediato anterior (cumplir con la sentencia de condena de la segunda instancia relativa al juicio administrativo 31/2020,) y remita dentro del mismo plazo, copia certificada legible y completa de las determinaciones que al efecto adopte. La anterior precisión, se realiza en estricto acatamiento a la jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.), aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el seis de noviembre de dos mil catorce, publicada en la página 5, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, que es del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. Asimismo, con fundamento en los artículos 192, párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, notifíquese este proveído a Salomón Jara Cruz, Gobernador del Estado de Oaxaca, en su calidad de superior jerárquico de la autoridad responsable Fiscal General del Estado de Oaxaca y requiérasele para que inmediatamente ordene a su inferior cumplir con la ejecutoria, o bien con las facultades que tiene cumpla con la misma. Apercíbase al mencionado superior jerárquico que de no demostrar ante este Juzgado dentro del plazo de tres días que hizo uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer a fin de constreñir al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, y a las citadas autoridades responsables que de no cumplir sin causa justificada (informar el impedimento legal o material que tenga para ello), se impondrá a los titulares de las referidas autoridades una multa de cien unidades de medida y actualización vigente, equivalente a diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, cero centavos ($10,374.00), a razón de 103.74 como valor diario, conforme a lo establecido en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Además, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de sus puestos y sus consignaciones. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Glósese a los autos el oficio del Magistrado Titular de la Segunda la Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, mediante el cual en atención al requerimiento efectuado en autos y en vías al cumplimiento de la ejecutoria de amparo informa que mediante acuerdos de veintisiete de octubre y catorce de noviembre actual, requirió a las autoridades demandadas, a fin de que cumplan plenamente con la sentencia de cinco de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el Juicio de Nulidad *****/2020, de su registro; de lo anterior, se toma conocimiento, para los efectos a que haya lugar. Para justificar su dicho, remite un cuadernillo de copias certificadas deducidas del Juicio de Nulidad *****/2020, de su registro. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Toda vez que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión contra el fallo protector pronunciado en autos, sin que lo hubiesen hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. Por lo que, en términos del artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, Javier Martín Villanueva Hernández, Magistrado de la Segunda la Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, para que en el plazo de tres días, siguiente al en que reciba el comunicado respectivo, cumpla con la ejecutoria de amparo, y remita dentro del mismo plazo, copia certificada legible y completa de las determinaciones que al efecto adopte, deberá realizar lo siguiente: Emitir las determinaciones conducentes en el juicio administrativo 31/2020, en términos de los artículos 212, 213 y 214 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, a fin de que las autoridades demandadas, cumpla plenamente con la sentencia de cinco de septiembre de dos mil veintidós, lo cual significa que deberá ser diligente en el trámite de la ejecución de dicha sentencia, a efecto de que éste no quede paralizado. Lo anterior, sin perjuicio que, imponga los medios de apremio como multas y dicte otras medidas que abonen al lograr e cumplimiento de la sentencia de mérito. Por su parte, las autoridades, Antonino Morales Toledo, titular de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca y José Bernardo Rodríguez Alamilla, Fiscal General del Estado de Oaxaca, en este primer requerimiento, deberán: Acatar la sentencia administrativa dictada en el procedimiento administrativo antes mencionado. La anterior precisión, se realiza en estricto acatamiento a la jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.), aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el seis de noviembre de dos mil catorce, publicada en la página 5, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, que es del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. No se soslaya que el artículo 192 de la Ley de Amparo, párrafo tercero, establece que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquella para que le ordene cumplir con la ejecutoria y el numeral 194 de la propia ley dispone que el superior jerárquico de la autoridad responsable es aquel que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. Empero, en el caso el Magistrado de la Segunda la Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, al contar con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, carecen de superior jerárquico, puesto que no lo es la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, ya que si bien es superior por razón de grado, su competencia se actualiza cuando las partes interponen los medios de defensa legal, y tampoco lo es la Junta de Gobierno y Administración de dicho Tribunal, ya que acorde a su naturaleza administrativa no encuadra dentro de los supuestos establecidos en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ya que no podría ejercer poder o mando sobre los Magistrados de la Sala Regional en cuestión, para que emitan una determinación para cumplir con una sentencia de amparo ni cumplir por sí mismos una sentencia de amparo dirigida a dichos Magistrados, pues ello implicaría una invasión a su esfera competencial; por tanto, los aludidos Magistrados que integran la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa carecen de superior jerárquico, de ahí que el requerimiento al cumplimiento de la sentencia solo se realiza a ellos. Sirve de apoyo, por las razones que la informan, la jurisprudencia P./J. 63/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2008147, de rubro y texto: "CONSEJOS DE LA JUDICATURA LOCALES. NO SON SUPERIORES JERÁRQUICOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES QUE INTEGRAN A LOS PODERES JUDICIALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 192 Y 194 DE LA LEY DE AMPARO). En aquellas entidades federativas en las que se haya establecido un órgano de administración del aparato judicial, éste deberá responder a la naturaleza prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el Consejo de la Judicatura Federal. Así, la conformación de Consejos de la Judicatura en los Estados es de servicio administrativo a la función jurisdiccional, debido a lo cual, aquéllos no pueden controlar o invadir la esfera jurisdiccional de los órganos que administran, por lo que dicha función, bajo ningún concepto, puede estar subordinada a la administrativa, organizacional, disciplinaria o de cualquier otra naturaleza, que ejerzan esos Consejos, pues sus competencias, en materia de inspección y vigilancia sobre los juzgados y tribunales, únicamente pueden referirse al examen de lo necesario para conocer el funcionamiento del órgano judicial y el cumplimiento de los deberes del personal judicial, pero no, y a riesgo de violentar la independencia judicial, pueden referirse a la interpretación y aplicación de las leyes por los juzgadores cuando administran justicia en su sentido más amplio, incluyendo el contenido, modo y forma del cumplimiento de una sentencia de un tribunal de amparo. Por tanto, más allá de una relación de jerarquía, las funciones de dichos Consejos se encuentran dirigidas a salvaguardar la autonomía e independencia judiciales, de forma que los órganos jurisdiccionales se enfoquen a la resolución de los asuntos sometidos a su consideración, permitiendo que un órgano especializado se encargue de la administración necesaria para que la impartición de justicia se realice en los términos establecidos en el artículo 17 constitucional. En consecuencia, para efectos del cumplimiento de sentencias de amparo, los Consejos de la Judicatura locales no son superiores jerárquicos de los órganos jurisdiccionales que integran a los Poderes Judiciales de los Estados, pues acorde a su naturaleza administrativa, no encuadran dentro de los supuestos establecidos en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ya que no podrían: (I) ejercer poder o mando sobre órganos jurisdiccionales para que emitan una determinación para cumplir con una sentencia de amparo; y (II) cumplir, por sí mismos, una sentencia de amparo dirigida a un órgano jurisdiccional, pues ello implicaría una invasión a su esfera competencial. Por lo anterior, en el supuesto de que la autoridad responsable sea un órgano jurisdiccional de un Poder Judicial local, la existencia de un Consejo de la Judicatura no actualiza el supuesto normativo contenido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, consistente en que se requiera al superior jerárquico para cumplir una sentencia de amparo." Asimismo, con fundamento en los artículos 192, párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, notifíquese este proveído a Salomón Jara Cruz, Gobernador del Estado de Oaxaca, en su calidad de superior jerárquico de las autoridades responsables titular de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca y Fiscal General del Estado de Oaxaca y requiérasele para que inmediatamente ordene a su inferior cumplir con la ejecutoria, o bien con las facultades que tiene cumpla con la misma. Apercíbase al mencionado superior jerárquico que de no demostrar ante este Juzgado dentro del plazo de tres días que hizo uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer a fin de constreñir al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, y a las citadas autoridades responsables que de no cumplir sin causa justificada (informar el impedimento legal o material que tenga para ello), se impondrá a los titulares de las referidas autoridades una multa de cien unidades de medida y actualización vigente, equivalente a diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, cero centavos ($10,374.00), a razón de 103.74 como valor diario, conforme a lo establecido en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Además, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de sus puestos y sus consignaciones. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de octubre de dos mil veintitrés. Glósese a los autos el escrito de la quejosa *******, mediante el cual realiza diversas manifestaciones, al respecto, remítasele copia del mismo al Magistrado de la Segunda la Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, a efecto de que acuerde lo procedente en el juicio administrativo *****/2020, respecto al ajuste el pago del quinto quinquenio que menciona, pues quien debe requerir a las autoridades demandadas el cumplimiento de la condena en el juicio administrativo. Respecto de que se vincule a la Dirección General de Pensiones del Estado de Oaxaca, dígasele que no ha lugar toda vez que no fue autoridad demandada en el juicio de origen, pues si tiene alguna reclamación en contra de esa dependencia, están a salvo sus derechos para que en la vía jurisdiccional le demande sus prestaciones. Notifíquese.
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