Innovación en Logística y Distribución

Expediente 525/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2015.

Datos del expediente

Expediente
525/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
19/08/2015

Partes del expediente

  • Innovación en Logística y Distribución

Actuaciones

  1. Principal

    VISTO EL ESTADO QUE GUARDAN LAS PRESENTE AUTOS SE ADVIERTE QUE HA TRANSCURRIDO EL TERMINO DE LOS CINCO DIAS QUE LA LEY CONCEDE PARA QUE SE IMPUGNE LA SENTENCIA DE AMPARO DE ESTO SE DESPRENDE QUE LA MISMA HA CAUSADO ESTADO

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; once de agosto de dos mil quince. Agréguese a los autos para que conste como corresponda, el escrito de cuenta, mediante el cual la parte quejosa interpone recurso de queja contra el auto de veintisiete de julio del año en curso. Ahora bien, a efecto de proveer lo conducente en relación a tal recurso, requiérasele, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que quedar debidamente notificada del presente proveído, exhiba una copia más, en virtud de haber presentado original y dos copias y ser necesarias cuatro para ser distribuidas de la siguiente manera: una para el Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, una para el cuadernillo relativo y el original para la Alzada; apercibida que en caso de no exhibirlas, se tendrá por no interpuesto el recurso que intentó. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los párrafos segundo y tercero del artículo 100, de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado Emiliano López Pedraza, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, Yazmín Meraz Rivera. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de julio de dos mil quince. Agréguese a los autos para que conste como corresponda, la constancia signada por la Actuaria de la adscripción, mediante la cual manifiesta que no le fue posible notificar a la parte quejosa el proveído dictado el veintisiete de los actuales, por las razones asentadas. En razón de lo anterior, con sustento en los dispositivos 27, fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, se ordena efectuar tal notificación, así como las subsecuentes de índole personal, por medio de la lista de acuerdos que se publica en los estrados de este Órgano Jurisdiccional. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J. 20/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 238, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, abril de dos mil ocho, Novena Época, que dice: NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. De la interpretación armónica de los artículos 27 a 34 de la Ley de Amparo, se advierte que hay resoluciones -como las que contienen prevenciones y requerimientos- cuya notificación debe practicarse personalmente, y que ante la imposibilidad de dicha práctica, ya sea porque no se señaló domicilio o porque no se esperó al notificador, la regla es que se notifiquen mediante lista. En ese sentido, si bien la Ley indicada no establece cómo debe actuar el órgano jurisdiccional ante la imposibilidad de notificar personalmente un auto en el que se previene a la parte quejosa en el domicilio que designó para oír y recibir notificaciones, cuando el actuario que se constituye en éste, no encuentra a quien debe notificar, ni a sus parientes, empleados domésticos o a alguna persona que viva ahí, debe entenderse que para llevar a cabo la diligencia, la notificación deberá realizarse por lista. Lo anterior, en virtud de que dicha eventualidad puede encuadrarse en los supuestos previstos en la Ley de Amparo, según los cuales, ante la imposibilidad de practicar la notificación personalmente, debe realizarse por lista, con lo cual el órgano jurisdiccional cumple con el cometido de hacer del conocimiento del quejoso la resolución emitida, utilizando las figuras preestablecidas en la Ley mencionada; esto en el entendido de que corresponde al titular del órgano jurisdiccional, a partir de la razón actuarial en la que conste que se llevaron a cabo todas las actuaciones posibles para efectuar la notificación personal, determinar que ello fue imposible y, en consecuencia, se ordenará válidamente que se practique por lista. Además, lo anterior es así porque si la Ley de Amparo prevé una solución al caso planteado, es inconcuso que resulta innecesario acudir a otra normatividad para resolverlo, de ahí que en la especie sea inaplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado Emiliano López Pedraza, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, Yazmín Meraz Rivera. Doy fe.RJVM3.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de julio de dos mil quince. Visto lo de cuenta, se advierte que **********, por conducto de su representante legal, promueve demanda de amparo, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Fórmese el expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y anótese en el Libro de Gobierno respectivo, como juicio de amparo 525/2015-IV. Para estar en condiciones de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de mérito, se debe considerar que el normativo 113 de la Ley de Amparo vigente, estatuye: 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el presente caso, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, que textualmente establecen: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.] Así, de la interpretación funcional del principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se colige que éste sólo procede contra actos verificados durante la controversia, cuando sean imposibles de reparar; esto es, en contra de aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar materialmente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por los derechos humanos consagrados en la propia Carta Magna o en tratados internacionales. Conviene establecer que no existe ejecución irreparable, si las consecuencias de la posible infracción se extinguen sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado, y sin dejar huella en su esfera jurídica. En tal virtud, no existe irreparabilidad cuando el acto reclamado sólo produce efectos intraprocesales, sin causar perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos, como propiedades, posesiones o derechos, al no implicar por sí mismo la obtención de una resolución desfavorable en la contienda judicial, tal como ocurre en el presente caso. Para estar en condiciones de evidenciar por qué se considera actualizada la causa de improcedencia mencionada, es importante destacar los hechos expuestos por la parte promovente en su demanda, los cuales fueron vertidos bajo protesta de decir verdad y cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, siendo los hechos siguientes: ANTECEDENTES: Mediante escrito de fecha 25 de abril de 2014, el ahora tercero interesado interpuso demanda en contra de la hoy quejosa, reclamando la reinstalación, el pago de tres meses de salarios por concepto de indemnización constitucional, el pago de 20 días por año laborado, el pago de salarios caídos y demás prestaciones laborales argumentando haber sido falsamente despedidos el día 15 de marzo de 2014, demanda que fue recibida por la autoridad responsable el día 25 de abril de 2014, habiendo sido radicada la misma bajo el número de expediente 4/14/1561 y señalando la responsable en su auto de radicación las 12:10 horas del 18 de agosto de 2014 para que tenga verificativo la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones. Emplazada que fue mi representada, el pasado 30 de marzo del año 2015 procedió a dar contestación a la demanda así como a las aclaraciones y ampliaciones realizadas por el apoderado de la parte actora, negando los hechos de la demanda y oponiendo las defensas y excepciones que considero necesarias, haciendo valer que el actor en ningún momento fue despedido de su trabajo, toda vez que dicho trabajador renuncio de manera voluntaria a mi representada Innovación en logística y Distribución, S.A. DE C.V., en fecha 30 de3 septiembre de 2013. Concluida dicha audiencia para la continuación del procedimiento la autoridad responsable señalo las 12:10 horas del día 03 de julio del año 2015 para la celebración de la audiencia de Ofrecimiento y Admisión de Pruebas. En audiencia de fecha 03 de julio del 2015, tuvo lugar la celebración de la audiencia de desahogo de la etapa de Ofrecimiento y Admisión de Pruebas ante la autoridad responsable, audiencia a la que la hoy compareció por conducto de su apoderado el Licenciado ISIDRO FRANCO CRUZ, acreditando su personalidad en términos de una carta poder de fecha 01 de Julio del presente año, misma que se relacionó con el instrumento notarial agregado a los autos y que obran a fojas 20 a 22 y vuelta de los autos, acreditando la calidad de licenciado en derecho en términos de la Cedula Profesional Número 7389438. Acto seguido, la autoridad responsable dio vista con las documentales exhibidas al apoderado legal de la parte actora en el expediente laboral y hoy tercero interesado en el presente procedimiento para que se pronunciara respecto a ellas, algo que la parte actora manifestó que "QUE SE RESERVA". Acto seguido la autoridad responsable dicto un acuerdo que dice a la letra: "LA JUNTA ACUERDA.- Se tienen por hechas las manifestaciones de las partes para los efectos legales a que haya lugar, así mismo se reconoce personalidad al C. ISIDRO FRANCO CRUZ, como apoderado legal de las morales demandadas INNOVACIÓN EN LOGISTICA Y DISTRIBUCIÓN, SA. DE C.V. y ADMINISTRADORA PROFESIONAL EN COMUNICACIÓN ERO, S.A. DE C.V., reconocimiento que se hace en atención a las cartas poder, instrumentos notariales visibles a fojas 20 a 22 vuelta y 24 a 57 vuelta de autos y cedula profesional exhibida, y de conformidad con los dispuesto en el artículo 692 de la ley federal del trabajo, así mismo y como lo solicita hágasele la devolución de la documental exhibida, previa copia certificada que de la misma se deje en autos, lo anterior en términos del artículo 695 de la Ley Federal del Trabajo. Consecuentemente, y una vez dictado dicho acuerdo de manera ilegal se le concedió de nueva cuenta el uso de la voz a la parte actora, a través de su apoderado legal, cuando en si la junta debió apertura la etapa de Ofrecimiento y Admisión de Pruebas como se había ordenado y para lo cual se encontraban citadas las partes, situación que de igual manera de hará valer como un concepto de violación que más adelante se detallara por ser una violación al procedimiento que perjudica de nulidad al mismo y sobre todo los interés de mi representada. Uso de la voz en el cual la parte actora tuvo a bien interponer un incidente de falta de personalidad del compareciente en contra del ya reconocido y acreditado como apoderado legal de la hoy quejosa, mismo que la autoridad desahogó conforme a derecho resolviendo lo siguiente: (.) Acuerdo que viola los derechos fundamentales de mi representada al desconocer la personalidad del hoy suscrito como apoderado legal de la demandada INNOVACIÓN EN LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN, S.A. DE C.V., ya que l documentación que fue exhibida, si bien es cierto contenía errores mecanográficos, al momento de comparecer y mostrar su interés al comparecer y ostentarse como apoderado de dicha moral quedaba claro física y legalmente que comparecía a nombre de dicha moral tal y como se desarrollará más adelante. El subrayado es nuestro. A partir de lo anterior, se colige que el quejoso reclama lo siguiente: el acuerdo dictado el tres de julio de dos mil quince, mediante el cual la Junta responsable: Por una parte, que una vez reconocida la personalidad de quien compareció en representación de la empresa quejosa y de la diversa demandada Administradora Profesional en Comunicación Ero, S.A. de C.V., le haya otorgado por segunda ocasión, el uso de la voz a la parte actora, cuando la etapa procesal que con la que debía continuar era la de ofrecimiento y admisión de pruebas, motivo por el cual, tuvo oportunidad de interponer incidente de falta de personalidad en contra de quien compareció en representación de las personas morales demandadas, y En consecuencia, haber desconocido la personalidad de quien compareció en representación de Innovación en Logística y Distribución, Sociedad Anónima de Capital Variable, cuando ya había sido reconocida. Lo anterior se corrobora, tomando en cuenta la copia simple de la audiencia de tres de julio de dos mil quince, celebrada en el juicio natural, relativa al ofrecimiento y admisión de pruebas. Sin embargo, los actos reclamados no son de imposible reparación y, contra ellas, resulta improcedente esta acción constitucional, dado que se trata de determinaciones que tienen efectos meramente procesales, que por su naturaleza no afectan en forma directa e inmediata los derechos sustantivos del impetrante de amparo y que, incluso, pueden subsanarse en el caso de obtener laudo favorable. En efecto, sobre el tema que se analiza el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", analizó como tema esencial la interpretación y alcances del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo y estableció que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, existe precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al disponer que por éstos se entienden los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, por lo que con esta aclaración, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para promover el juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal previó que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. En este sentido, se concluye que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la resolución que, sin ulterior recurso, desestima el incidente de personalidad planteado por la parte actora en un juicio laboral, constituye materialmente constituye una cuestión procesal que tiene como única consecuencia jurídica que se continúe con la tramitación del procedimiento. A partir de lo anterior, se colige que los actos reclamados por la parte quejosa no son de imposible reparación, porque no constituyen actos "que afecten materialmente derechos", pues no impiden el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y los derechos que se aducen afectados no tienen la categoría de "sustantivos", sino que, depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva; consecuentemente, como las determinaciones reclamadas se encuentran vinculadas con temas de personalidad en los juicio laboral de origen, no son materia del juicio de amparo indirecto. Sustenta esta determinación, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, materia común, página 39, del siguiente tenor: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Por tanto, el amparo promovido resulta improcedente acorde con lo dispuesto en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario; consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Con fundamento en los artículos 12 y 27, fracción I de la Ley de Amparo en vigor, se tiene a la parte quejosa autorizando a los profesionistas a que refiere y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Asimismo, en términos de los artículos 6, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 7°, 8° y 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a las partes, que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado Emiliano López Pedraza, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, Yazmín Meraz Rivera. Doy fe.RJVM

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