Inmer Adalid Maldonado Morales

Expediente 313/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
313/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
01/06/2021

Partes del expediente

  • Inmer Adalid Maldonado Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA VIII.- HA CAUSADO ESTADO la sentencia de trece de mayo de dos mil veintiuno, que sobreseyó el presente juicio de amparo, tomando en cuenta que las partes no interpusieron recurso de revisión contra el mismo. ANOTACIONES. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archivando el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: 1. DEPURAR el expediente principal dentro de los noventa días siguientes al vencimiento del plazo de tres años de conservación, contado a partir del dictado del presente acuerdo, ya que se actualiza la hipótesis del numérico 18, inciso a) del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que por una parte, se concedió la suspensión de plano respecto del acto reclamado y por otra, se sobreseyó en el presente juicio, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2. TRANSFERIR el expediente principal una vez concluido el proceso de depuración, previa solicitud a los depósitos documentales dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación, así como su anotación correspondiente en los libros de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y cumplimiento de los documentos necesarios contenidos en el artículo 29 del citado acuerdo.

  2. Principal

    SENTENCIA: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Inmer Adalid Maldonado Morales, Henry David Mazariegos Camacho, Maynor Lenin Echeverria Ruíz, Alejandro José Guillen Hernández, Yacer Josué Caballero Sánchez, Dylan Sebastián Bonilla Hernández, Dulce María Bonilla Hernández, Delwin Misael Morales Sánchez, Nury Dayani Maldonado Morales, Jennifer Suyapa Euceda Rodas, Froylan Dario Necarte Castillo, Ruby Gisseli Morales Sánchez, Suany Nohemy Mazariegos Santos, Aimee Valeria Guillen Euceda, Selvin Javier Banegas Sauceda, Adoni Randolfo Portillo Ramírez, respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable señaladas en el considerando tercero de esta sentencia, por los motivos y fundamentos ahí expuestos.

  3. Principal

    "...Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Sub Representante Local Paraíso y/o Sub Delegado Local de la Oficina de representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, con el cual rinde INFORME JUSTIFICADO. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la citada ley, se ordena dar vista a las partes con el informe referido para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Asimismo, se tiene a la autoridad responsable señalando como domicilio el que indica en su informe de cuenta y designando como delegados en términos del artículo 9° de la Ley de la materia, a los profesionistas que para tales efectos invoca. Así también, de conformidad con los establecido por la fracción II del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene a la autoridad responsable proporcionando el teléfono móvil 9932435953 y 9931110601, así como los correos electrónicos smiranda@inai.gob.mx, juridicotab@inami.gob.mx y guardiatab@inami.gob.mx, para que pueda entablarse comunicaciones no oficiales. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se difiere la audiencia constitucional que estaba señalada para el día de hoy, fijándose como nueva hora y fecha para su verificativo las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TRECE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO.."

  4. Principal

    Visto, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el escrito signado por Raymundo Solano García, quejoso en el presente juicio y anexos que compaña, mediante el cual desahoga el requerimiento formulado en proveído de ocho de marzo de dos mil veintiuno y amplía su demanda de amparo respecto de las autoridades responsables Titular de la Secretaría de Gobierno y Secretario Ejecutivo de la Junta Directiva del Instituto de Protección Civil, ambos del Estado de Tabasco, Tomas Fernández Torrano, Luis Roberto de la Cruz Gerónimo, Benjamín Romero Luna y Christell Alejandra Rodríguez López, Administrador, Director General de Administración, Administrador, Jefe de Área y Secretaria Nivel Director, servidores públicos de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Gobierno del Estado de Tabasco, actos reclamados consistentes en la respuesta dada a su escrito de trece de febrero de dos mil diecinueve, (oficio SG/DGA/0680/2019) la notificación de la misma (quince de febrero de dos mil diecinueve) así como del diverso oficio (IPECT/DAJ/0138/2019) por guardar relación con los actos reclamados y formula conceptos de violación; por lo que, atento a ello, se provee lo siguiente: AMPLIACIÓN DE DEMANDA Al respecto, toda vez que los actos reclamados por los que viene ampliando su demanda de amparo derivan de los informes justificados rendidos por las responsables como apoyo a sus informes justificados y se encuentra vinculados con el tildado de inconstitucional originalmente; en consecuencia, de conformidad con lo previsto por el artículo 111 y demás relativos de la Ley de Amparo, se tiene por ampliada su demanda de amparo respecto a los nuevos actos reclamados y autoridades responsables. De igual modo, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 17 de la citada Ley, se tiene por ampliada la demanda de amparo en relación a los conceptos de violación que hace valer el quejoso. Es menester precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el criterio 1a. XLIII/2002 definió que el artículo 116 de la Ley de Amparo (actualmente 108) establece que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en el que se expresarán: a) el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueva en su nombre; b) el nombre y domicilio del tercero perjudicado (interesado); c) la autoridad o autoridades responsables, señalándose a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación, cuando se trate de amparo contra leyes; d) la ley o acto que de cada autoridad se reclame, debiéndose manifestar, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación; e) los preceptos constitucionales que contengan las garantías individuales (prerrogativas constitucionales) que el quejoso estime violadas, así como los conceptos de violación si el amparo se pide con fundamento en la fracción I del artículo 1o. de la Ley de Amparo; y, f) si el amparo se promueve con fundamento en las fracciones II o III de dicho precepto legal, debe precisarse la facultad reservada a los Estados que haya sido invadida por la autoridad federal o el precepto constitucional que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida. Ahora, si se toma en cuenta lo anterior, en relación con lo previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo (17 en la Ley de Amparo vigente), se concluye que si en el escrito inicial de demanda la parte quejosa omite expresar los conceptos de violación pertinentes en contra de un determinado acto reclamado y con posterioridad, después de haber transcurrido el término de quince días de que disponía para presentar la demanda de amparo, en un escrito de ampliación de demanda, pretende hacerlos valer, aquéllos resultan extemporáneos y, por ende, no pueden ser tomados en cuenta por el tribunal de amparo. Ilustra lo anterior, la tesis 1a. XLIII/2002 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 186804, localizable en la página 141, tomo XV, junio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SE OMITEN EN EL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA Y SE HACEN VALER EN ESCRITO POSTERIOR, FUERA DEL TÉRMINO QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE LA MATERIA, SON EXTEMPORÁNEOS. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece que la demanda de garantías deberá formularse por escrito, en el que se expresarán: a) el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueva en su nombre; b) el nombre y domicilio del tercero perjudicado; c) la autoridad o autoridades responsables, señalándose a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación, cuando se trate de amparo contra leyes; d) la ley o acto que de cada autoridad se reclame, debiéndose manifestar, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación; e) los preceptos constitucionales que contengan las garantías individuales que el quejoso estime violadas, así como los conceptos de violación si el amparo se pide con fundamento en la fracción I del artículo 1o. de la Ley de Amparo; y, f) si el amparo se promueve con fundamento en las fracciones II o III de dicho precepto legal, debe precisarse la facultad reservada a los Estados que haya sido invadida por la autoridad federal o el precepto constitucional que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida. Ahora bien, si se toma en cuenta lo anterior, en relación con lo previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se concluye que si en el escrito inicial de demanda la parte quejosa omite expresar los conceptos de violación pertinentes en contra de un determinado acto reclamado y con posterioridad, después de haber transcurrido el término de quince días de que disponía para presentar la demanda de amparo, en un escrito de ampliación de demanda, pretende hacerlos valer, aquéllos resultan extemporáneos y, por ende, no pueden ser tomados en cuenta por el tribunal de amparo." Precisado lo anterior, se estima prudente señalar que en proveído de ocho de marzo de dos mil veintiuno, en cumplimiento a la ejecutoria emitida por el Tribunal de Alzada en el amparo en revisión 389/2019, de su índice, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se dio vista a la parte quejosa de manera personal con el INFORME JUSTIFICADO rendido por el Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Gobierno en representación del Secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y del Secretario Ejecutivo de la Junta Directiva del Instituto de Protección Civil del Estado Libre y Soberano de Tabasco y anexos que acompañaron. Asimismo, con fundamento en el artículo 111 fracción II, en relación con el 17 primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, se le requirió para que dentro del término de quince días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese proveído, manifestara si era su deseo o no ampliar la demanda respecto de la respuesta dada a su solicitud (escrito de trece de febrero de dos mil diecinueve), la notificación de la misma (quince de febrero de dos mil diecinueve) y las autoridades que participaron (Luis Roberto de la Cruz Gerónimo, Benjamín Romero Luna y Christell Alejandra Rodríguez López, Administrador, Jefe de Área y Secretaria Nivel Director, servidores públicos de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Gobierno del Estado de Tabasco); por lo que, el término de quince días para hacer las ampliaciones correspondientes a su demanda de amparo, fenece el doce de abril de dos mil veintiuno, al haber sido notificado el dieciséis de marzo de este año, surtiendo efectos esa notificación el diecisiete de igual mesa y año, empezando a transcurrir el aludido plazo el dieciocho de marzo del año en curso. Por tanto -como se dijo- con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, en relación con el arábigo 17 de la ley en cita, se tiene por ampliada su demanda, respecto de los conceptos de violación, toda vez que el ocurso en cuestión fue presentado el veintinueve de marzo de este año, es decir, antes de fenecer el término de quince días para presentar la ampliación respectiva (doce de abril de dos mil veintiuno). Lo anterior, aunado a que en el caso la procedencia de los conceptos de violación formulados en vía de ampliación, se encuentran intrínsecamente vinculados con el acto reclamado originalmente. AMPLIACIÓN DE DEMANDA En consecuencia, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, en relación con el 71 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la primera ley mencionada, por disposición de su segundo numeral, se tiene a la parte quejosa ampliando la demanda de amparo, respecto de nuevos actos reclamados y nuevos conceptos de violación; en consecuencia, se ordena correr traslado a todas las partes con el escrito de ampliación, para los efectos legales correspondientes. Apoya lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.C. J/240 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la página mil trescientos treinta y nueve, del Tomo XIX, Enero de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO ES POSIBLE TRATÁNDOSE DE AUTORIDADES RESPONSABLES, ACTOS RECLAMADOS O CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DISTINTOS A LOS ORIGINALMENTE PLANTEADOS, PERO QUE GUARDEN VINCULACIÓN CON ELLOS. La ampliación de la demanda de amparo es una figura jurídica creada por la jurisprudencia, que confiere al peticionario de garantías un derecho para incorporar a la litis constitucional ya iniciada, autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación distintos a los originalmente planteados; sin embargo, el ejercicio de esta prerrogativa debe sujetarse a determinados requisitos de procedencia tales como el que no se haya cerrado o integrado la litis, que los nuevos actos tengan relación con los originalmente planteados, o bien, que al rendirse el o los informes justificados, de ellos se desprenda que fueron otras las autoridades que los llevaron a cabo, pero debe existir siempre una relación o vinculación con los actos primigenios, ya que de no existir ese elemento sine qua non, todos aquellos actos que pudieran causar perjuicio a la amparista podrán tener remedio, sí a través del juicio de garantías, pero a consecuencia de tantas demandas de amparo, como juicios o procedimientos de los que deriven los actos que le irroguen perjuicio existan, ya que en este supuesto no pueden incorporarse a una litis constitucional elementos que le son ajenos." EXHORTACIÓN PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES, RESPECTO DE ASUNTOS TRAMITADOS FÍSICAMENTE, ASÍ COMO PROPUESTA DE CONTACTO Luego, con fundamento en el artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes al uso del Portal de Servicios en Línea, el cual cuenta con apertura total del esquema de "juicio en línea" a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, para efecto de continuar (previa solicitud) la tramitación del presente expediente por medios electrónicos. Por otra parte, de conformidad con el diverso 5, fracción I y 22 fracción II, ambos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a la quejosa para que proporcione un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que lo estimen necesario. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO Con fundamento en el artículo 5 fracción IV de la Ley de Amparo, dese la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se comunica a las partes que la celebración de la audiencia constitucional se encuentra señalada para las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL OCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se solicita a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, que deberán rendir dentro del término de quince días contados a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copias certificadas legibles, completas y ordenadas del acto reclamado y sus antecedentes así como de las constancias que sean necesarias para apoyar a los mismos, apercibida que en caso de omisión, se le impondrá una multa de cincuenta (50) veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $4,344.00 (cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 00/100); lo cual resulta de multiplicar por cincuenta la cantidad de $86.88 (ochenta y seis pesos con ochenta y ocho centavos), que es el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente a partir del uno de febrero de dos mil veinte, que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, en donde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía con fundamento en el artículo 26, apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer el cálculo y determinación del valor actualizado diario, mensual y anual en moneda nacional de la UMA, esto es (50 UMA x $86.88 VALOR DIARIO DE LA UMA = $4,344.00), en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo. CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL De conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, infórmese a las autoridades responsables que aun cuando no tengan celebrado un convenio de interconexión con el Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo previsto en los artículos 28, fracción III, y 30, fracción I, de la Ley de Amparo, es posible que en los juicios de amparo, las notificaciones a las autoridades responsables (previstas a su vez en el precepto 26, fracción II, de dicho ordenamiento) se hagan a través de cualquier medio oficial, incluyendo un "oficio digitalizado", el cual puede enviarse por correo electrónico institucional, incluso, la decisión de notificar conforme a lo previsto en el párrafo anterior deberá reparar en el "Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el intercambio de información oficial a través de correo electrónico institucional como medida complementaria de las acciones para el combate a la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid 19)", emitido el diecisiete de abril de dos mil veinte, por la Secretaría de la Función Pública. Asimismo, infórmese a las autoridades responsables que se encuentran en aptitud de aportar como pruebas toda clase de elementos provenientes de los descubrimientos de la ciencia; por lo que, podrán adjuntar a sus informes justificados el archivo electrónico de la resolución reclamada; además de indicarles que podrán enviar lo anterior (ya sea suspensión de plano, justificado o cualquier otro requerimiento que se genere a lo largo de la tramitación del presente asunto) al correo institucional 2jdo10cto@correo.cjf.gob.mx. Lo anterior, a fin de cumplir con el principio constitucional de impartición de justicia pronta y expedita; además de privilegiar el trabajo jurisdiccional con el empleo de herramientas tecnológicas para garantizar la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, entre los servidores públicos y las partes. COMUNICACIÓN DE CAUSA DE SOBRESEIMIENTO Asimismo, se hace del conocimiento a las partes que, en caso que tengan conocimiento de alguna causa notoria de sobreseimiento, deberán informarlo de inmediato; apercibidas que de no hacerlo se les sancionará con una multa de treinta (30) veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $2,604.40 (dos mil seiscientos cuatro pesos 40/100); la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $86.88 (ochenta y seis pesos con ochenta y ocho centavos), que es el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente a partir del uno de febrero de dos mil veinte, que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, en donde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía con fundamento en el artículo 26, apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer el cálculo y determinación del valor actualizado diario, mensual y anual en moneda nacional de la UMA, esto es (30 UMA x $86.88 VALOR DIARIO DE LA UMA = $2,604.40); en términos de los numerales 64, 238 y 251, en relación a los diversos 61, fracción XXI y 63 de la Ley de Amparo. Ahora, cabe señalar que de conformidad con el artículo 64, párrafo segundo, de la ley de la materia, se debe dar vista al quejoso con la posible actualización de alguna causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por el órgano jurisdiccional inferior, para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga; empero, la referida vista es competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación así como de los Tribunales Colegiado de Circuito, según sea el caso, en razón de la facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de ahí que, este órgano jurisdiccional no se encuentre en el supuesto de dar vista con alguna posible causa de improcedencia en los términos reseñados, pues -como se adelantó la obligación de hacerlo corresponde específicamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tribunales Colegiado de Circuito. Se afirma lo anterior, pues el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 426/2013, sostuvo que para que se actualice el supuesto normativo de que se trata se deben presentar ambas hipótesis, es decir, (que la causa de improcedencia no sea alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior) para que surja la obligación del juzgador de dar vista al quejoso con la actualización de la causal de improcedencia detectada de oficio; lo anterior, debido a que la palabra inferior a que se refiere la parte final de la segunda frase cuestionada, se puede interpretar que se refiere a jerarquía de órganos desde el punto de vista jurisdiccional; en ese sentido, en primera no existe órgano inferior dado que en su categoría se encuentran los juzgadores que conocen de primera mano del juicio de amparo de que se trate, es decir, es con los que inicia el juicio, en este medida los Tribunales Colegiados tratándose del amparo indirecto y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo, tendrán el carácter de superior, cuya característica principal es que por mandato legal conocerán y resolverán de algunos de los recursos de impugnación previstos en la ley en segunda instancia, para que en su caso se revoque, modifique o confirme la decisión revisada, siendo que al órgano inferior se le conoce como juez a quo, dado que su fallo controvertido ante el tribunal superior, cuya denominación de éste es de Ad Quem, pues será el tribunal de alzada que conocerá del recurso interpuesto. De lo expuesto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyó que la obligación prevista en el precepto 64, párrafo segundo, está dirigida particularmente a la segunda instancia de las dos vías de tramitación del juicio de amparo a que alude el numeral 2, párrafo primero de la ley de la materia. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J.51/2014 (10a.) sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, página 24, Décima Época, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO." EMPLAZAMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS. De la lectura integral del escrito de ampliación se advierte que la quejosa señaló terceros interesados; sin embargo, se reserva proveer al respecto, hasta en tanto las autoridades responsables rindan sus informes justificados, de los que se pueda advertir la relación procesal y si les reviste tal carácter de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa las documentales que anexa a su escrito de cuenta; la presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones derivas de los informes justificados que ya obran en autos probanzas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de ser tomadas en el momento procesal oportuno. Por lo que se refiere a las pruebas que denomina "supervenientes", no ha lugar a tenerlas por anunciadas pues no son un medio de convicción específico, sino que, ese calificativo se refiere a la temporalidad en que determinada probanza se produce; por ende, de actualizarse alguna prueba superveniente, el quejoso tiene a salvo su derecho para ofrecerla en términos de ley en el presente juicio de derechos fundamentales, siempre y cuando tenga tal carácter. Por otro lado, en relación con la prueba testimonial que ofrece se reserva proveer lo conducente, hasta en tanto se integre debidamente la litis; lo anterior, toda vez que, de conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia, para el desahogo de dicho medio de convicción es necesario que se entregue copia a cada una de las partes para que puedan ampliar por escrito, en el plazo de tres días, el cuestionario, el interrogatorio, o los puntos sobre los que deba versar, por lo que resulta necesario que las partes se encuentren debidamente emplazadas a juicio.

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