Iñigo Valdés Sainz y Otros.
Expediente 169/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 169/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Iñigo Valdés Sainz y Otros.
Actuaciones
- Principal
"... Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído de cuatro de febrero de dos mil veintidós, se desechó la demanda de amparo promovida por 1) Iñigo Valdes Sainz, en representación de los menores de edad de iniciales C. V. E. e I. V. E.; 2) Adriana Zárate Aquino en representación de la menor de edad de iniciales D. G. Z.; 3) Lourdes Rosalia Ramírez Rodríguez en representación de la menor de edad C. R. R.; 4) Marcela González Grijalva en representación de la menor de edad P. C. G.; 5) Pavel Fabián Reyes Soto en representación de la menor de edad S. R. C.; y, 6) Rodrigo Flores Tirado en representación de la menor de edad V. F. P., el cual se le notificó electrónicamente el cinco de febrero del año en curso, esto es, en un día inhábil para las labores de este juzgado, por lo que se tiene por hecha el martes ocho de febrero del año en curso; como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío del numeral 2° de la Ley citada, se declara que dicho auto ha causado estado. Por tanto, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que este expediente, será conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción correspondiente, ello de conformidad en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo..."
- Principal
"... Vista la demanda de amparo promovida electrónicamente 1.- Iñigo Valdes Sainz, en representación de los menores de edad de iniciales C. V. E. e I. V. E., 2.- Adriana Zárate Aquino en representación de la menor de edad de iniciales D. G. Z., 3.-Lourdes Rosalia Ramírez Rodríguez en representación de la menor de edad C. R. R. 4.-Marcela González Grijalva en representación de la menor de edad P. C. G. 5.- Pavel Fabián Reyes Soto en representación de la menor de edad S. R. C. 6.-Rodrigo Flores Tirado en representación de la menor de edad V. F. P., contra actos del Titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 167/2022. Suspensión de plano y de oficio. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama sustancialmente la omisión de aplicar de manera urgente, la vacuna Pfizer/BioNTech, autorizada por el Estado Mexicano, OCD, OMS, FDA; en sus dos dosis ante el riesgo de enfermar de gravedad y/o perder la vida, por las variantes de dicha enfermedad. El artículo 126 de la Ley de Amparo, dispone que la suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Sin embargo, se estima que en el supuesto apuntado, la negativa de acceso, en este momento, al Plan de Vacunación contra el virus SARS-CoV2, que ocasiona la enfermedad denominada COVID-19, no encuadra en alguna de las hipótesis señaladas en el artículo 126 de la Ley de Amparo, vinculado con el diverso numeral 22 de la Constitución Federal. Esto, en un ejercicio de ponderación entre el derecho a la salud contenido en el artículo 4 constitucional y el riesgo objetivo, actual o inminente de la privación de la vida. En principio, se enfatiza que la parte promovente bajo protesta de decir verdad expresa que los directos quejosos menores de edad, no cuentan con comorbilidad alguna que merme su calidad de vida. De ahí, que se estime que la omisión de aplicación de la vacuna de interés, per se, no pone directamente en riesgo su vida, ya que ello depende de una pluralidad de factores en los que interviene no sólo el Estado, sino también los padres, los propios menores y demás personas que la rodean. Además, las autoridades sanitarias han fomentado diversas medidas tendentes a evitar el contagio, tales como la permanencia en casa, la sana distancia, el uso de cubrebocas, el lavado frecuente de manos, entre otras. Por lo que, la espera a la fecha asignada conforme a sus edades no es un elemento que, por sí, genere el contagio y que éste tenga indefectiblemente efectos graves en la salud, si sus vidas no se encuentran en peligro, puesto que a la fecha no se les ha diagnosticado con ese virus y que, en su caso, se le esté negando atención médica, o bien, que padezcan alguna enfermedad crónica o que afecte su sistema inmunológico o respiratorio que provoque una vulnerabilidad más allá de la que tiene el resto de la población mayor de dieciocho años de edad derivado de la actual pandemia. Tampoco puede considerarse un factor que ponga en riesgo la vida de los menores la omisión de vacunarlos, el hecho de que se haya regresado a clases presenciales, dado que la titular de la Secretaría de Educación Pública Federal, mediante el Acuerdo 23/08/21, publicado el veinte de agosto de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, "por el que se establecen diversas disposiciones para el desarrollo del ciclo escolar 2021-2022 y reanudar las actividades del servicio público educativo de forma presencial, responsable y ordenada, y dar cumplimiento a los planes y programas de estudio de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), normal y demás para la formación de maestros de educación básica aplicables a toda la República, al igual que aquellos planes y programas de estudio de los tipos medio superior y superior que la Secretaría de Educación Pública haya emitido, así como aquellos particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, en beneficio de las y los educandos"4 precisó una serie de acciones para mitigar los efectos negativos de la pandemia en los educandos y docentes. En dicho Acuerdo se aprecia que la Secretaría de Educación Pública Federal, entre otras cosas, determinó: "TERCERO. Para promover y coadyuvar la seguridad, salud e higiene para un regreso responsable y ordenado a clases presenciales, se implementarán las siguientes nueve acciones clave: Integrar y activar los Comités Participativos de Salud Escolar (CPSE) en las escuelas de los tipos básico, medio superior y superior, quienes deberán establecer comunicación con su centro de salud más cercano cuando se requiera; Establecer filtros de salud: en casa, en la entrada de la escuela y en el salón de clases; Lavar las manos con agua y jabón y/o uso de gel antibacterial; IV. Usar el cubrebocas de manera correcta sobre nariz y boca; V. Mantener la sana distancia; VI. Dar mayor uso a los espacios abiertos; VII. Suspender cualquier tipo de ceremonias o reuniones que concentren a la comunidad escolar; VIII. Avisar inmediatamente a las autoridades competentes, en caso de que se detecte o se sospeche que alguna persona presente algún signo o síntoma respiratorio relacionado con el virus SARS-CoV2 (COVID-19), y IX. Procurar entre las y los educandos y docentes apoyo socioemocional y promover, entre otros, el curso en línea de SEP-SALUD "Retorno Seguro" climss.imss.gob.mx. Las recomendaciones del regreso a clases presenciales para el ciclo escolar 2021-2022, se darán a conocer por la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud, mediante la "Guía para el regreso responsable y ordenado a las escuelas", misma que se podrá consultar en las páginas electrónicas oficiales de dichas dependencias. Lo dispuesto en el presente numeral será aplicable durante el tiempo requerido por las Autoridades Sanitarias. La Autoridad Educativa Federal, las Autoridades Educativas Locales, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México y las Autoridades Educativas Municipales, en el marco de sus respectivas competencias, realizarán las acciones que correspondan con objeto de dar cumplimiento a la presente disposición." La acciones establecida en el citado Acuerdo 23/08/21 se desarrollaron de manera más amplia en la "Guía para el regreso responsable y ordenado a las escuelas"5; emitida por la Secretaría de Educación Pública y que contiene la política pública establecida por el Estado para lograr la reapertura segura de las escuelas ante el contexto de la pandemia que se padece actualmente, en la que en el apartado relativo a "La salud es primero. Nueve intervenciones. Acciones de salud, limpieza e higiene para la reapertura de las escuelas", en lo que importa dispone: "Las nuevas condiciones nos obligan a reorganizar la operación en la escuela, con diversas medidas para mantener la sana distancia, fomentar las prácticas de higiene y limpieza, así como la promoción de la salud y la prevención de enfermedades dentro de la comunidad escolar. Para lograr esto, es vital involucrar al alumnado en estos procesos, que formen parte de la toma de decisiones y el análisis de posibles soluciones para atender las necesidades que demanda esta nueva organización escolar. La participación del alumnado en la aplicación de las medidas de prevención es una gran oportunidad para la formación de una personalidad responsable y solidaria. [.] Para la reapertura de las escuelas, el personal directivo escolar coordinará la reactivación, o en su caso, la integración del Comité Participativo de Salud Escolar, a fin de llevar a cabo las siguientes acciones: ? Coadyuvar en la higiene y limpieza escolar. ? Apoyar en la implementación de las indicaciones de las autoridades sanitarias y en los protocolos de higiene y limpieza de la escuela. ? Organizar jornadas para realizar la limpieza de las escuelas durante el ciclo escolar. ? Apoyar en la organización del filtro en la entrada de la escuela (Filtro Escolar). ? Promover la participación de las madres, padres de familia o tutores en las actividades que se organicen en el plantel para mantener la sana distancia, jornadas de limpieza y filtros de corresponsabilidad. ? Comunicar permanentemente a la comunidad escolar las medidas sanitarias que correspondan. ? Promover la capacitación en las medidas sanitarias que busquen la concientización y formación de hábitos sobre las medidas de higiene.". Como se aprecia, el Gobierno Federal ha adoptado las políticas públicas que ha estimado convenientes, con el objeto de que el regreso a clases presenciales no afecte el derecho a la salud y, por ende, la vida de los menores de edad, esto es, para mitigar el contagio del virus SARSCoV2, que ocasiona la enfermedad denominada COVID-19 y, por ende, la vida de la menores educandos no se ponga en peligro; de ahí que la falta de vacunación a los menores y el regreso a clases, son circunstancias que por sí mismas no ponen en riesgo la vida del menor quejoso, ya que su protección está siendo garantizada por el Estado a través de las diversas acciones, que en el caso, la Secretaría de Educación Pública ha emitido al respecto; de las cuales deben ser partícipes tanto los propios menores, como los padres de familia, los comités de padres de familia, directivos y personal de las escuelas, así como de las autoridades en la materia. Además, no pasa inadvertido que el regreso a clases presenciales no es obligatorio, como se advierte de la disposición general Décimo Segunda del referido Acuerdo número 23/08/21, por el que se establecen diversas disposiciones para el desarrollo del ciclo escolar 2021-2022, publicado el veinte de agosto de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, en la que se señala: "DÉCIMO SEGUNDO. Los padres y madres de familia o tutores que de forma voluntaria opten por no llevar a su menor hija, hijo o pupilo al servicio educativo presencial, deberán inscribirlo o reinscribirlo en el nivel y grado educativo que corresponda. Una vez que se incorpore a clases presenciales, se realizará una valoración diagnóstica, con objeto de conocer su nivel de aprovechamiento escolar. Lo anterior de conformidad con las normas de control escolar que para tal efecto emita la Secretaría de Educación Pública." En tales condiciones, la omisión de vacunar a los menores quejosos contra el virus Sars-Cov2, vinculado con el regreso a clases presenciales, no pone en peligro su vida, toda vez que la vacunación solo constituye un elemento para evitar el contagio y las consecuencias graves que provoca la enfermedad denominada Covid-19, por lo que con fundamento en el artículo 126, de la Ley de Amparo, se niega la suspensión de oficio y de plano, al no encuadrar el particular en los supuestos de procedencia para ello. Sin que esta decisión implique restringir el acceso a la justicia, pues no se prejuzga acerca de la constitucionalidad o no de esos actos, lo que, de ser procedente, constituirá la materia de fondo del juicio de amparo. Similar criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en esta localidad, al resolver los recursos de queja 335/2021, 413/2021 y 436/2021, 310/2021 y 25/2021 de dieciocho, veintiuno, veintinueve de octubre y veinte de septiembre de dos mil veintiuno, y, veintiocho de enero de dos mil veintidós respectivamente. Asimismo, apoya a lo anterior, el criterio de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA OMISIÓN DE APLICAR A UN MENOR DE EDAD LA VACUNA CONTRA EL VIRUS SARSCoV-2, PARA LA PREVENCIÓN DE LA COVID-19. Hechos: En un juicio de amparo indirecto la parte quejosa solicitó la suspensión de oficio y de plano del acto reclamado, para el efecto de que se vacunara a su hijo menor de edad contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la enfermedad COVID-19, ante el regreso a clases presenciales del ciclo escolar 2021-2022; el Juez de Distrito negó la medida cautelar, por lo que aquélla promovió recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que es improcedente conceder la suspensión de oficio y de plano contra la omisión de aplicar a un menor de edad la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19, al no actualizarse los supuestos previstos en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo. Justificación: Lo anterior, porque los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo establecen, en esencia, la procedencia de la suspensión de oficio y de plano en los casos y bajo los supuestos que disponen, en tanto que en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), de título y subtítulo: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, en este supuesto, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para establecer si la medida cautelar procede o no, ya que esto último depende, en todo caso, de que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. En el caso, se considera que el acceso a la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, si bien es cierto que está relacionado con el derecho a la salud contenido en el artículo 4o. constitucional, también lo es que debe hacerse una distinción entre la posible afectación al derecho a la salud y el riesgo objetivo, actual o inminente de la privación de la vida. En esa tesitura, el acceso a la vacuna conforme a la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México", no constituye un acto que importe peligro de privación de la vida, puesto que existe un programa de vacunación para prevenir y controlar la actual pandemia por la COVID-19. Por tanto, la aplicación de la vacuna conforme al calendario establecido no pone en riesgo la vida del menor quejoso, pues la espera a la fecha asignada conforme a su edad no es un elemento que, por sí, genere el contagio y que éste tenga indefectiblemente efectos graves en la salud, si su vida no se encuentra en peligro, puesto que a la fecha no se le ha diagnosticado con ese virus y que, en su caso, se le esté negando atención médica, o bien, que padezca alguna enfermedad crónica o que afecte su sistema inmunológico o respiratorio que provoque una vulnerabilidad más allá de la que tiene el resto de la población mayor de dieciocho años de edad derivado de la actual pandemia; por ende, no se actualiza el supuesto previsto en el artículo 126 de la Ley de Amparo, a efecto de que se le conceda la suspensión de oficio y de plano solicitada. Desechamiento Ahora bien, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia. En ese sentido, se advierte que la demanda de amparo carece de la firma electrónica de los promoventes 1.- Iñigo Valdes Sainz, en representación de los menores de edad de iniciales C. V. E. e I. V. E., 2.- Adriana Zárate Aquino en representación de la menor de edad de iniciales D. G. Z., 3.-Lourdes Rosalia Ramírez Rodríguez en representación de la menor de edad C. R. R. 4.-Marcela González Grijalva en representación de la menor de edad P. C. G. 5.- Pavel Fabián Reyes Soto en representación de la menor de edad S. R. C. 6.-Rodrigo Flores Tirado en representación de la menor de edad V. F. P., a pesar de haber sido presentada por dicho medio. Sin que pueda considerar como firma la que aparece escaneada en la última foja del escrito de demanda, pues al haber sido presentada la instancia constitucional a través de medios electrónicos, la firma que la calza debió ser estampada por los promoventes 1.- Iñigo Valdes Sainz, en representación de los menores de edad de iniciales C. V. E. e I. V. E., 2.- Adriana Zárate Aquino en representación de la menor de edad de iniciales D. G. Z., 3.-Lourdes Rosalia Ramírez Rodríguez en representación de la menor de edad C. R. R. 4.-Marcela González Grijalva en representación de la menor de edad P. C. G. 5.- Pavel Fabián Reyes Soto en representación de la menor de edad S. R. C. 6.-Rodrigo Flores Tirado en representación de la menor de edad V. F. P., de manera electrónica, pues son ellos quien ostentan la representación legal de los menores directamente agraviados. De ahí que la firma electrónica signada por Edna Georgina Franco Vargas, autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, no puede ser válida para dar inicio a esta instancia constitucional, pues como se vio no estamos en presencia de actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal o 15 de la Ley de Amparo. Más aun cuando tampoco se surten los supuestos del artículo 8 de la Ley de Amparo, pues de la propia demanda se aprecia que el legítimo representante no se encuentra ausente, ni está impedido, ni se ha negado a promover la instancia constitucional a favor de la directamente agraviada. En consecuencia, tomando en consideración que el juicio de amparo debe promoverse a instancia de parte agraviada, tal y como lo establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 6 de la Ley de Amparo; por tanto, la demanda de amparo debe contener la manifestación expresa de la voluntad de instar el juicio por la persona agraviada. Por tanto, en el caso que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". Al respecto, existen los criterios siguientes: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano. Registro digital: 2018943 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 32/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 62, Enero de 2019, Tomo I, página 5, Tipo: Jurisprudencia "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida. Registro digital: 2019715, Instancia: Pleno, Décima Época, Materias(s): Común, Tesis: P./J. 8/2019 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, página 79, Tipo: Jurisprudencia "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio". (Jurisprudencia sin número de la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 71, Tomo 181-186, Quinta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época)." "FIRMA IMPROCEDENCIA DE AMPARO POR FALTA DE, EN LA DEMANDA DE AMPARO. De conformidad con los artículos 103 y 107 constitucionales y el artículo 4 de la Ley de Amparo se desprende que al no estar firmada la demanda de garantías, debe entenderse que toda vez que la demanda de amparo en que se hacen valer los conceptos de violación correspondientes no está firmada, por lo que conforme a lo dispuesto por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, la demanda de garantías es improcedente y debe sobreseerse en el juicio conforme a lo ordenado por la fracción III del artículo 74 de la misma Ley". (Tesis consultable en la página 25, Tomo 39, Quinta Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época)." Además, el artículo 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su precepto 2°, establece: "Artículo 204. Se reputa autor de un documento privado al que lo subscribe, salvo la excepción de que se trata en el artículo 206. Se entiende por subscripción la colocación, al pie del escrito, de las palabras que, con respecto al destino del mismo, sean idóneas para identificar a la persona que subscribe. La subscripción hace plena fe de la formación del documento por cuenta del subscriptor, aun cuando el texto no haya sido escrito ni en todo ni en parte por él, excepto por lo que se refiere a agregados interlineales o marginales, cancelaciones o cualesquiera otras modificaciones contenidas en él, las cuales no se reputan provenientes del autor, si no están escritas por su mano, o no se ha hecho mención de ellas antes de la subscripción". Los artículos y criterios transcritos revelan que el juicio de amparo se encuentra regido por el principio de "instancia de parte agraviada" y que se tiene como autor de un documento a la persona que lo suscribe. De igual forma, que en el procedimiento escrito, la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho se manifiesta y realiza mediante la firma o suscripción, o cuando no se sabe firmar, mediante la impresión de huella digital o bien la firma de otra persona a su ruego; al no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional y tal escrito, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, es un simple papel en el que no se incorpora la voluntad del autor de presentarlo y respaldar su contenido; siendo que la deficiencia apuntada no puede subsanarse mediante una prevención, por no constituir irregularidad de las previstas por el numeral 114 de la Ley de Amparo, en cuanto a omisión de algún requisito de los señalados en su numeral 108. En el caso, se advierte que 1.- Iñigo Valdes Sainz, en representación de los menores de edad de iniciales C. V. E. e I. V. E., 2.- Adriana Zárate Aquino en representación de la menor de edad de iniciales D. G. Z., 3.-Lourdes Rosalia Ramírez Rodríguez en representación de la menor de edad C. R. R. 4.-Marcela González Grijalva en representación de la menor de edad P. C. G. 5.- Pavel Fabián Reyes Soto en representación de la menor de edad S. R. C. 6.-Rodrigo Flores Tirado en representación de la menor de edad V. F. P., solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, sin embargo, se aprecia que está firmada electrónicamente por diversa persona a los promoventes; por ende, no se le puede otorgar valor probatorio al no ser reconocida por la parte quejosa. Además, de conformidad con el artículo 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, para que la firma que conste en un documento tenga validez, necesariamente debe ser autógrafa, es decir de puño y letra del que lo suscribe; que es la única forma en que éste adquiere una relación directa con lo expresado en el escrito, es decir, constituye la única manera en que puede asegurarse que quien emite el acto acepta su contenido con las consecuencias que le sean inherentes; por lo que si la demanda de amparo aludida carece de firma autógrafa, no obliga a este Juzgador a admitirla. Por tanto, como la demanda de amparo en la que se encuentran plasmados los requisitos que exige el artículo 108 de la Ley de Amparo, no cuenta con firma autógrafa, la cual sirve para dar autenticidad a la misma, debe estimarse que propiamente no hay manifestación de quien se ostenta como quejoso; en consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 6°, de la Ley de Amparo y con fundamento en el diverso 113 del ordenamiento legal invocado, por notoriamente improcedente, de plano, se desecha, la demanda de amparo. Domicilio Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizado con las facultades conferidas en el artículo 12 de la Ley de Amparo a Edna Georgina Franco Vargas, Joge Eduardo Franco Jiménez y Nicolas Gopar Córtes, por tener registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa tiene registrado el usuario ednafranco, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en tal virtud, se autoriza a dicho usuario, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, para consultar el expediente electrónico del juicio en que se actúa; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Asimismo, con fundamento en los artículos 24 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo en relación con el artículo 558 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza la notificación vía electrónica solicitada por la parte quejosa. Habilitan días inhábiles. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Representante común Por otra parte, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo y se nombra como representante común a Iñigo Valdes Sainz, con dicho carácter, sin perjuicio de que se sustituyan posteriormente. Tomando en consideración que el espíritu del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19, es privilegiar el uso de medios electrónicos dada la contingencia sanitaria que atraviesa el país; se le tiene señalando el correo electrónico que refiere. Se hace saber a la parte quejosa que desde este momento se le autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integren el presente asunto. Lo anterior, privilegiando el uso de medios electrónicos tomando en consideración la situación que actualmente vive el país con motivo de la pandemia derivada del virus SARCoV2 (COVID 19), aunado a que los Acuerdos Generales 8/2020, 13/2020 y 15/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, privilegian el uso de medios electrónicos en el contexto de dicha contingencia sanitaria. Transparencia. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición; y en los diversos 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y cuyo primer artículo transitorio indica que entrara en vigor al día siguiente de su publicación, hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella..."
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