Iñígo Urreta Pérez Salazar

Expediente 421/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
421/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
15/05/2023

Partes del expediente

  • Iñígo Urreta Pérez Salazar

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, quince de mayo de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de veintiséis de abril de dos mil veintitrés por el que se desechó la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dicho auto causa estado. Anótese lo procedente en el Libro de Gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. DESTINO DE EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. ES DESTRUIBLE, de conformidad con el diverso 21, inciso d), del acuerdo general citado, porque se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá destruirse el juicio de amparo en que se actúa, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el tercer párrafo del artículo 21 del acuerdo normativo. ANOTACIONES EN LAS CARÁTULAS Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. Notifíquese y personalmente al quejoso.

  2. Principal

    El día de hoy, queda notificada la PARTE QUEJOSA por medio de la presente lista de acuerdos, de la determinación judicial de QUINCE DE MAYO de dos mil veintitrés, dictada dentro del juicio de amparo 421/2023; lo anterior, por no haberse presentado a este juzgado a notificarse dentro del término de dos días, no obstante el CITATORIO que se le dejó con anticipación. Dicho auto, en lo conducente dice: "Puebla, Puebla, quince de mayo de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de veintiséis de abril de dos mil veintitrés por el que se desechó la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dicho auto causa estado. Anótese lo procedente en el Libro de Gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. DESTINO DE EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. ES DESTRUIBLE, de conformidad con el diverso 21, inciso d), del acuerdo general citado, porque se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá destruirse el juicio de amparo en que se actúa, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el tercer párrafo del artículo 21 del acuerdo normativo. ANOTACIONES EN LAS CARÁTULAS Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. Notifíquese y personalmente al quejoso."

  3. Principal

    El día de hoy, queda notificada la PARTE QUEJOSA por medio de la presente lista de acuerdos, de la determinación judicial de VEINTISEIS DE ABRRIL de dos mil veintitrés, dictada dentro del juicio de amparo 421/2023; lo anterior, por no haberse presentado a este juzgado a notificarse dentro del término de dos días, no obstante el AVISO que se le dejó con anticipación. Dicho auto, en lo conducente dice: "Puebla, Puebla, a veintiséis de abril de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por Iñígo Urreta Pérez Salazar, contra los actos de IRIS YOLANDA SÁNCHEZ ONTIVEROS, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA A LA COORDINACIÓN GENERAL DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL, DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA y otra autoridad, consistentes en el citatorio de veintiuno de abril de este año para que se presente como testigo, y la emisión del oficio ******************** derivado del expediente NIC: ********************. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 421/2023. DESECHAMIENTO Ahora bien, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Previamente, cabe destacar que si bien el quejoso señala como acto reclamado al agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Tlalneplantla de Baz de la Fiscalía General del Estado de México, la emisión del oficio ******************** derivado del expediente NIC: ********************; sin embargo, tal señalamiento lo hace depender de que esa autoridad, oficio y número de expediente se invocaron en el citatorio de veintiuno de este mes y año que reclama de forma destacada al AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA A LA COORDINACIÓN GENERAL DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL, DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA -mismo que adjuntó a su demanda-; es decir, realmente es tal citación en su calidad de testigo el acto el que controvierte de manera frontal en esta vía, pues esta se hizo a fin de desahogar lo requerido por aquella autoridad, siendo que tales datos únicamente se invocan como antecedente de la actuación reclamada de forma destacada. Así, respecto al citatorio de veintiuno de abril de este año, para que se presente con la calidad de testigo, reclamado en esta vía, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 21, párrafo primero, constitucional. Conforme al primero de tales preceptos, el juicio de amparo es improcedente: "En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". El diverso precepto constitucional, establece: "La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función." De lo transcrito se advierte que el Ministerio Público es una institución pública del Estado que realiza una función de protección social, es decir, tiene el deber de la tutela jurídica de los intereses del Estado y de la Sociedad. A tal institución le corresponde ejercitar la acción penal si procediere, siempre que existan elementos para ello, iniciar y llevar a cabo la investigación, a petición de parte o de oficio y allegarse en este período de investigación de los datos de prueba sobre hechos que pueden constituir un delito, entre ellos el citar a las partes, para que, en su caso, esté en posibilidad legal de solicitar la acción penal. En tal virtud, las actuaciones del Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal no transgreden los derechos sustantivos del gobernado de un modo directo e inmediato, a menos que en dicha actuación la autoridad ministerial ordene la privación de la libertad, posesiones o derechos. Abundando, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 constitucional, la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, de tal manera que los actos desplegados en la integración de la carpeta de investigación, son en ejercicio del interés social, para la persecución de los delitos; por tanto, las actuaciones realizadas en el ejercicio de esa facultad, no pueden considerarse conculcatorias de garantías, partiendo de la base de que se trata de un derecho social, y no privado, que lo hace no ser susceptible de entrar a la esfera jurídica de los particulares, aun cuando se trate de los mismos a quienes se dirige la investigación; habida cuenta que de no ser así, se verían restringidas sus facultades exclusivas, de las que fue dotado para actuar en representación de la sociedad; a menos que en ellas como ha quedado asentando, se ordenara que se prive al quejoso de su libertad, de sus posesiones o derechos, o cuando acuda ante el órgano de control judicial, en cuyo caso al decidir el juez del conocimiento sobre la procedencia de la acción ejercitada, sería en todo caso el momento en que se pudiera ver afectada la esfera jurídica del accionante de amparo; lo cual en el caso no se evidencia, en tanto que su cita ante el agente responsable es, como se indica en la documental exhibida por el quejoso, con la calidad de testigo. Apoya tal consideración la tesis de rubro: ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Así como la tesis de rubro: INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. En estas condiciones, es evidente que el acto que el citatorio que reclama la parte quejosa a la autoridad responsable, no está contenido entre los supuestos para la procedencia del juicio de amparo al ser estos una facultad concedida al Ministerio Público como representante social prevista en el precepto 21 de la Carta Magna, en protección a la garantía social y no a las individuales y, por ende, el amparo enderezado en su contra es improcedente; máxime que únicamente contiene un apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, cuya imposición dependerá de la actitud que asuma el quejoso y lo que, ante ello, determine la propia autoridad, quien no necesariamente podría imponerlo. Apoya tal consideración, la tesis jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto siguientes: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2010813 Instancia: Plenos de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: PC.I.L. J/14 L (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 26, Enero de 2016, Tomo III, página 2321 Tipo: Jurisprudencia MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley. En consecuencia, por ser manifiesta e indudable la improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 113 y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 21, párrafo primero, Constitucional, se desecha de plano la demanda de amparo que se provee. Consideraciones que se hacen extensivas respecto al acto consistente en la emisión del oficio número ******************** dentro del expediente NIC: ********************, mediante el cual le se solicitó el apoyo a la Fiscalía General del Estado de Puebla, a efecto de que el quejoso fuera requerido para presentarse ante la autoridad ministerial con el propósito de entrevistarlo como testigo, pues como se indicó, este acto se reclama únicamente al haberse invocado en el citatorio reclamado de manera destacada. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase por señalado como domicilio para oír y recibir sus notificaciones el que indica en su demanda de amparo y, como lo solicita, por autorizados en términos de la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas ********************, quienes tienen su cedula profesional registrada en la Secretaría de Educación Pública, Así mismo, de manera restringida a las diversas personas que menciona en la misma, esto es, únicamente para imponerse de autos oír y recibir sus notificaciones, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 12 de la citada ley. SE NIEGA AUTORIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS No ha lugar a acordar favorablemente su solicitud de toma de fotografías en virtud de que el artículo 263, fracción II, último párrafo, del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO exhorta a las partes, para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, y así solicitar el acceso al expediente electrónico, lo que les permitirá consultar y descargar en su equipo de cómputo las constancias que obran en el mismo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Notifíquese y personalmente al quejoso. "

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