Ingris Yolany Auceda Nuñez

Expediente 520/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
520/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
15/05/2023

Partes del expediente

  • Ingris Yolany Auceda Nuñez
  • Juan Antonio Trochez Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado procesal que actualmente guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a la parte quejosa en proveído de veintisiete de abril de dos mil veintitrés (fojas 19 a 32), para que desahogara las prevenciones contenidas en dicho auto; sin que lo hubiere realizado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA la demanda de amparo promovida por Juan Antonio Trochez Hernández e Ingris Yolany Auceda Núñez, por propio derecho y en representación del menor de edad de identidad protegida de iniciales R.A.T.A.; quedando sin efectos las providencias decretadas.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se recibe a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y agrega a los autos, el informe de suspensión de plano rendido por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en la Ciudad de México, en representación del Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con residencia en esta ciudad, en atención al oficio 9637/2023, de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, del índice de este juzgado, mediante el cual comunica que está enterado de las medidas decretadas en el juicio en que se actúa. Asimismo, remite la misiva COMAR/JUR/4207/2023 de su índice, dirigida al Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en esta ciudad, a través del cual solicita se tomen las medidas necesarias a fin de acatar la suspensión de plano otorgada a la parte quejosa en el presente asunto.

  3. Principal

    MESA 5-B.- Vista la demanda de amparo promovida por XXX, por propio derecho y en representación del menor de edad de identidad protegida de iniciales R.A.T.A.; contra actos del titular de la Oficina de Representación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, ambos con residencia en esta ciudad....No pasa desapercibido, que el quejoso XXX, a efecto acreditar la representación del menor de iniciales R.A.T.A., únicamente exhibe copia simple del siguiente documento: 1. Certificación de acta de nacimiento correspondiente al número de identidad 0511-202001797, a nombre del menor de edad de iniciales R.A.T.A., expedido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Honduras. No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que es sumamente difícil para las personas refugiadas aportar todas las pruebas necesarias para validar o comprobar sus afirmaciones, puesto que es imposible que una persona cuya vida, seguridad, libertad o integridad corren peligro prepare de manera exhaustiva las pruebas que apoyan su caso en el país de acogida. Por tanto, ha estimado que si las declaraciones del solicitante y las pruebas que en su caso tuviera a su alcance no entran en conflicto con la información objetiva recabada, cualquier elemento de duda no debe ser un obstáculo para acceder a la solicitud; es decir, se le debe conceder el beneficio de la duda.1 En el mismo sentido, el ACNUR (Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados) ha estimado que, en atención a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas solicitantes, es frecuente que no puedan aportar documentación que sirva como soporte a su declaración. Por ende, ha estimado que es indispensable proceder a una evaluación del grado de credibilidad, para lo cual es necesario tomar en consideración sus antecedentes personales y familiares, su pertenencia a un grupo racial, religioso, nacional, social o político, la forma en la que interpreta su situación y sus experiencias personales.2 Ello, sin embargo, no significa que las afirmaciones no confirmadas deban aceptarse forzosamente como ciertas si no concuerdan con el contexto de la persona solicitante y de su país de origen.3 Como se puede apreciar, este principio ha sido desarrollado en el contexto de las personas solicitantes de la condición de refugiado. No obstante, las personas juzgadoras podrían valorar su aplicación en otros supuestos en que una persona migrante esté sometida a un procedimiento ante la autoridad migratoria. Ello, siempre que la persona migrante se vea en dificultad o imposibilidad para aportar elementos probatorios que sirvan de soporte a los hechos en que base su petición o defensa. Lo anterior, parte de que la razón que da lugar a la aplicación del principio de beneficio de la duda radica en que las personas que salen de su país y buscan establecer residencia en uno distinto pueden estar en una situación de particular desventaja para ofrecer elementos de prueba dentro de un procedimiento ante la autoridad. Por ende, en la medida que la persona juzgadora advierta que dicha situación se presenta en un caso concreto, podría aplicar el beneficio de la duda al evaluar la acreditación de los hechos. Ello implica que, si las declaraciones del solicitante y las pruebas existentes no entran en conflicto con la información objetiva recabada, se deberían favorecer los derechos de la persona migrante. Además, en caso de que la persona juzgadora estime aplicable el referido principio al caso concreto, es importante que considere la garantía del derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad. En ese sentido, quienes imparten justicia deben tomar en cuenta las referidas condiciones de desventaja y remediarlas a través de medidas procesales. Para tal fin, la persona juzgadora podría allegarse oficiosamente de elementos de prueba que le permitan esclarecer los hechos controvertidos; de ahí que en el presente caso se provea lo conducente en relación con la demanda promovida con las copias simples presentadas.4 DESIGNACIÓN DEL PROGENITOR COMO REPRESENTANTE DEL MENOR DE EDAD. En otro tenor, por cuanto la demanda de amparo fue promovida por quienes dicen ser los progenitores del quejoso menor de edad, lo cual se demuestra presuntivamente -atendiendo al principio del beneficio de la duda- con las documentales que en copia simple se anexaron a la demanda. En razón de lo anterior, y en consideración a que la representación de los menores es una institución jurídica procesal fundamental para la adecuada defensa de sus derechos, debido a que éstos, por su especial condición de sujetos de derechos que se encuentran en desarrollo de su madurez física y mental, no tienen reconocida una capacidad jurídica plena, y requieren el auxilio de los mayores de edad para el ejercicio progresivo de sus derechos. Esta juzgadora en aras de garantizar su derecho de tutela judicial efectiva, el cual, en el caso, debe ser garantizado desde el inicio de este juicio, de manera especial, sobre la base del principio del interés superior del menor, procede a realizar la designación de representante del menor, en cumplimiento a lo ordenado en el primer párrafo del artículo 8 de la Ley de amparo. Para tal efecto, debe tomarse en consideración lo que al respecto dispone la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual reconoce tres clases de representación procesal que pueden tener dichas personas. a) Originaria: a cargo de quienes ejerzan la patria potestad o tutela y que es la que tendrá lugar como regla general en todo proceso. b) Coadyuvante: a cargo de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes o sus equivalentes a nivel federal o estatal y que opera en forma de acompañamiento a la originaria, no la sustituye ni desplaza, sino asegura el ejercicio efectivo de sus derechos procesales y sustanciales. c) En suplencia: a cargo de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes o sus equivalentes a nivel federal o estatal y que tiene lugar en situaciones extraordinarias a efecto de sustituir o desplazar la representación originaria Por su parte, el artículo 8 de la ley de amparo en su primer párrafo establece que el órgano jurisdiccional, sin perjuicio de dictar las providencias que sean urgentes, le nombrará un representante especial para que intervenga en el juicio, debiendo preferir a un familiar cercano, salvo cuando haya conflicto de intereses o motivo que justifiquen la designación de persona diversa. Por tanto, se designa como representante en el presente juicio de amparo del menor de identidad reservada de iniciales R.A.T.A., a su progenitor XXX, en atención a que fue quien accionó este juicio por propio derecho y en representación de la parte quejosa menor de edad; además, hasta este momento no se advierten datos que hagan presumir la existencia de un conflicto de intereses o motivo que justifiquen la designación de persona diversa. Aunado a que de la copia simple de la certificación de acta de nacimiento correspondiente al número de identidad 0511-2020-01797, a nombre del menor de edad de iniciales R.A.T.A., expedido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Honduras, se aprecia que XXX, es el padre de dicho menor de edad. Cabe precisar que los actos por los cuales esta juzgadora se pronunciará respecto de la suspensión de plano son: - Detención, retención y/o deportación....En consecuencia, considerando que la parte quejosa solicita el amparo, dentro de otros actos, contra la inminente detención, retención y/o deportación, que pudieran efectuar autoridades administrativas distintas al Ministerio Público, en atención a los principios de continencia de la causa y pro persona, en términos del artículo 126, 138 y 164 de la ley de la materia, se provee de oficio y de plano respecto la suspensión de plano de dichos actos,...En el caso, es oportuno destacar que de la lectura íntegra al escrito de demanda, así como de los anexos exhibidos, la suscrita jueza de Distrito corrobora que la parte quejosa XXX, por propio derecho y en representación del menor de edad de identidad protegida de iniciales R.A.T.A., reúnen las características de: I. Ser personas en situación de movilidad humana (migrante), y, II. Solicitantes de la condición de refugiado [lo que implica una protección reforzada]. Por tanto, los actos que pudieran ejecutarse en su agravio, son de naturaleza urgente, como lo dispone el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo. Bajo esa premisa, con el fin de tutelar de manera efectiva los derechos fundamentales de los directos quejosos, contenidos en nuestra Constitución Federal, en Tratados Internacionales y leyes nacionales aplicables, se determina proveer en términos de la medida suspensional de oficio y de plano, para los efectos que a continuación se exponen. Así, en lo relativo a la posible deportación, que pudiera ordenarse y ejecutarse en agravio de XXX, por propio derecho y en representación del menor de edad de identidad protegida de iniciales R.A.T.A., por parte de autoridades migratorias, la Ley de Amparo dispone lo siguiente:...En consecuencia, con fundamento en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos y 15 de la Ley de la Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO para los siguientes efectos: 1. Que NO SE ORDENE NI EJECUTE orden de DEPORTACIÓN en contra de la parte quejosa....Lo anterior NO IMPLICA QUE LA PARTE QUEJOSA CUENTE CON LIBERTAD DE TRÁNSITO PARA TRASLADARSE A DIVERSA CIUDAD O ESTADO DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL, ya que si bien, tiene la calidad de solicitante de refugio y durante todo el procedimiento encaminado a ese resultado, el estado debe otorgar protección reforzada, ello no implica que su estancia en el país se encuentre definida o sea regular. 2. También SE OTORGA LA SUSPENSIÓN PARA QUE NO SEAN DETENIDOS NI RETENIDOS EN ALGUNA ESTACIÓN MIGRATORIA PERTENECIENTE AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, hasta en tanto se resuelva de manera definitiva el juicio. Lo anterior, dado que según lo establece el numeral 99 la Ley de Migración, establece que en ningún caso, el Instituto presentará ni alojará a niñas, niños o adolescentes migrantes en estaciones migratorias ni en lugares habilitados para ello; así como también se evitará la presentación de las personas adultas que tengan bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes migrantes. En el entendido que, la suspensión surtirá plenamente sus efectos siempre y cuando la parte quejosa no sea detenida en cumplimiento a una orden de aprehensión o mandamiento de la autoridad judicial, ministerial o si es sorprendido en la comisión de flagrante delito. Finalmente, se reitera que la presente suspensión de oficio, NO IMPLICA QUE LA PARTE QUEJOSA CUENTE CON LIBERTAD DE TRÁNSITO PARA TRASLADARSE A DIVERSA CIUDAD O ESTADO DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL, ya que si bien, tiene la calidad de solicitante de refugio y durante todo el procedimiento encaminado a ese resultado, el estado debe otorgar protección reforzada, ello no implica que su estancia en el país se encuentre definida o sea regular....Se requiere a las autoridades responsables para que, informen dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de que queden notificadas del presente proveído, respecto de la forma y términos en que den cumplimiento a esta suspensión, agregando copia certificada de las constancias relativas...Ahora bien, respecto al diverso acto reclamado por la parte quejosa, se advierte que lo hace consistir en:...Entonces, con el objeto de acordar lo que proceda sobre la admisibilidad de la demanda de referencia, con apoyo en los artículos citados, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad realice lo siguiente: 1. Aclare cuál es el acto que concretamente reclama, puesto que son contradictorios, ya que por una parte refiere la negativa de no expedirle la constancia del trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, y por otra se refiere se le otorgó una cita lejana para llevar a cabo dicha solicitud, de manera que ambos aspectos son notoriamente inconsistentes; por lo tanto, deberá precisar: 1.1. Si reclama la omisión de dar trámite a la solicitud de condición de persona refugiada, o 1.2. El señalamiento lejano de la cita con número de folio 163448....Se apercibe a la parte quejosa que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. En el entendido de que el desahogo de la prevención de referencia la deberá realizar la parte quejosa, pues de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, el autorizado en términos amplios no está facultado para desahogar prevenciones en las cuales el quejoso deba manifestar "bajo protesta de decir verdad"...Téngase como autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Alfonso Enrique Escobar Hernández, ello en virtud de tener registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del numeral en cita a Marvin Arturo Cano Salas, Bianca López Ovalle, Roberto Carlos Lara López y María Candelaria Trujillo Hernández, por no contar con su cédula profesional registrada en el referido sistema. NOTIFICACIONES ELECTRONICAS Como lo solicita la parte quejosa con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 16, 19, 35, 36, 38 a 40 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena realizar todas las notificaciones que correspondan mediante la vía electrónica, a través del usuario "Cano2". Sin que pase inadvertido para esta juzgadora federal que de la demanda de amparo se advierta que la parte quejosa señaló diverso domicilio en esta ciudad para tal fin, ello atendiendo a que se deben privilegiar las disposiciones referidas en el Acuerdo General en cita....

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