Ingrid Vanessa Aguilar de Rivera

Expediente 2279/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2279/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
27/10/2022

Partes del expediente

  • Ingrid Vanessa Aguilar de Rivera
  • Delegado Local de la Oficina de Representacion del Instituto Nacional de Migracion En Reynosa, Tamaulipas

Actuaciones

  1. Principal

    ...Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo 542/2020-3, promovido por ********************, contra acto del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, se advierte que no fue desahogada la vista otorgada en autos. Por tanto, procede analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida en base a las constancias allegadas por la autoridad señalada como responsable. En el presente asunto, el acto reclamado se hizo consistir en el emplazamiento realizado a Verónica Custodio Vázquez y/o Verónica Vázquez Custodio, en el juicio hipotecario 0******************** del índice de la autoridad señalada como responsable, y todo lo actuado con posterioridad. Seguido el juicio de amparo en todas sus etapas, el siete de diciembre de dos mil veinte, se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable, dejara sin efectos los emplazamientos reclamados y todo lo actuado con posterioridad, incluyendo la sentencia y actos de ejecución, así como reponer el procedimiento en el expediente ******************** de su índice, a fin de que Verónica Custodio Vázquez y/o Verónica Vázquez Custodio fuera llamada a juicio en estricto apego a los numerales 66 y 67 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, debiendo levantarse actas circunstanciadas, en la que se observara, en lo conducentes, los requisitos contenidos en dichos numerales, en relación al emplazamiento, así como el criterio plasmado en la Jurisprudencia 1a./J 39/2020 (10a), invocada (fojas 47 a 60). Sentencia que fue recurrida por el tercero interesado (foja 86), misma que correspondió conocer del Primer Tribunal Colegiado para substanciar con el número de amparo en revisión 41/2021 de su índice, en la que determinó que la Justicia de la Unión ampara y protege a la quejosa (fojas 117 a 130). Para observar la ejecutoria de mérito, la Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta localidad, remitió copia certificada de la determinación de siete de septiembre de dos mil veintidós, emitida en el expediente ******************** de su índice, en la que determinó dejar insubsistente todo lo actuado, ordenando reponer el procedimiento, ordenando nuevamente el emplazamiento a la quejosa (fojas 154 a 158). Por tanto, se determina que con dicho proceder el mismo ha quedado cumplido, desde el once de marzo de dos mil veintidós, en que se emitió el acuerdo relativo al acto reclamado por la parte agraviada. En consecuencia, con apoyo en los numerales 196 párrafo cuarto y 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Por otro lado, toda vez que este asunto se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo decimoctavo, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el artículo decimoquinto, del mencionado Acuerdo General, por tanto, este expediente es susceptible de depuración, y una vez que transcurran más de tres años posteriores a la notificación de este proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Se destaca que en este juicio se formaron cuadernos de suspensión en donde se negconcedió la suspensión definitiva; agréguese a este expediente principal el cuadernillo original relativo a dicha incidencia, y respecto del duplicado una vez que transcurran más de seis meses de su archivo, destrúyase, lo que tiene apoyo en el punto vigésimo, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Finalmente, se destaca que en el presente juicio no existen documentos originales importantes o de valor.

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, seis de octubre de dos mil veintidós. Vista la constancia actuarial de veintiocho de septiembre de la anualidad que transcurre, se advierte que Ingrid Vanessa Aguilar de Rivera y Estela del Socorro Mazariego, ratificaron la demanda de amparo promovida a su favor, contra actos del Delegado Local de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Reynosa, Tamaulipas, con sede en esta ciudad y otras autoridades; por tanto, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1, fracción I, 37, 107, 108 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la citada demanda de garantías. Dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional la intervención que le confiere la ley, entregándole copia simple de la demanda de que se trata. No ha lugar a abrir el incidente de suspensión, toda vez que por auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, se otorgó la suspensión de oficio del acto reclamado. Para la celebración de la audiencia constitucional que contempla el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las nueve horas con treinta y cinco minutos del once de noviembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables informe justificado que deberán rendir dentro del término de quince días, contado a partir de aquél al en que reciban la notificación del presente proveído. De conformidad en el numeral 210-A, del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se faculta a las autoridades responsables rendir su informe de ley vía fax al número telefónico 01 (8999 263074), de este juzgado y/o correo electrónico oficial 8jdo19cto@correo.cjf.gob.mx y/o telegrama, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomaron en consideración para emitir los actos combatidos en esta vía constitucional. En esa medida, indíquese a las responsables, que basta con que dén cumplimiento al presente requerimiento por cualquiera de las citadas vías, por ejemplo, si informan lo peticionado por correo electrónico oficial, resultará innecesario que lo hagan también vía fax. De igual manera, en aras de agilizar el trámite del asunto aquí planteado, en atención al principio de expeditez de justicia y celeridad procesal, se solicita atentamente a las autoridades responsables, para que al momento de que rindan su informe justificado proporcionen a éste órgano federal algún correo electrónico oficial, para garantizar a las partes el derecho a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Indíquese a las autoridades responsables que la Ley de Amparo, en su artículo 260, fracción II, dispone que se sancionará con multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio, a la autoridad responsable que no rinda el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional u omita referirse a la representación que aduzca el promovente de la demanda en términos del artículo 11 de esa Ley. Por otro lado, con fundamento en el artículo 64 de la Ley de la Materia, hágase saber a las partes que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato a este órgano de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, con el apercibimiento de que de no cumplir lo anterior se les impondrá una multa de treinta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio; lo anterior, en términos de los artículos 238 y 251 de la Ley de Amparo, y numerales primero, segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Dada la naturaleza del acto reclamado en este asunto no existe tercero interesado. Ahora bien, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, de veintiocho de julio de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el Virus Covid-19, para mejor comunicación, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se pueden entablar comunicación no procesal. Se ordena que la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan trascendencia procesal, se notifique a las autoridades responsables por medio de oficio; lo que se hace de su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se le notificarán por medio de lista. Sustenta lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) sustentada por La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, del Tomo 2, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época (registro 2002576), del rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y Lilia Inés Beltrán Quiñones, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, en funciones de Jueza, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio SEPLE./GEN./001/4194/2022, en sesión de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, con apoyo en el artículo 44, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Eligio Pérez Morales, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Reynosa, Tamaulipas, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta; téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Arturo Omar Gamboa Barrera, a favor de Ingrid Vanessa Aguilar de Rivera y Estela del Socorro Mazariego, de nacionalidad salvadoreña, contra actos del Delegado Local de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Reynosa, Tamaulipas y otras autoridades responsables. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado Federal y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 2279/2022-M, que por razón de turno le corresponde y fórmese expediente. Ahora bien, de la demanda se advierte que las quejosas se encuentran en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en esta localidad, y como acto reclamado la deportación, o expulsión, repatriación o traslado a su país de origen del país y actos prohibidos en el artículo 22 Constitucional, solicitando el otorgamiento de la suspensión de plano. Atento a ello, resulta oportuno señalar que de conformidad con el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a entrar y salir del país, viajar por su territorio, mudar de residencia, sin necesidad de algún requisito; sin embargo tal prerrogativa está subordinada a las facultades de la autoridad judicial y a las autoridades administrativas en relación con las leyes que se impongan sobre emigración, inmigración y salubridad en general. En el caso, según lo expuesto por el promovente se encuentra interno en territorio mexicano y la restricción a la libertad se traduce en un alojamiento realizado por la autoridad migratoria. Y aunque lo anterior no implica que las quejosas directos en su calidad de extranjeros (que gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales), se ubiquen en una situación de vulnerabilidad, pues no se advierte esta circunstancia, aunado a que se encuentran en defensa de sus derechos a través de abogados particulares; este órgano jurisdiccional no soslaya lo que prevé el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en septiembre de 2013, que esencialmente refieren: ".A) Reglas de Actuación para Atender a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional en Detención 1. Excepcionalidad de la detención 2. Proporcionalidad, necesidad e idoneidad de la privación de la libertad 3. Verificación de las condiciones de la detención 4. Utilización de medidas cautelares en los procedimientos migratorios fuera de la estación migratoria." Igualmente, cabe indicar que el reconocimiento de las obligaciones a cargo del estado en personas extranjeras se encuentra plasmado en la Ley de Migración y su Reglamento, que señalan como primer principio de la política migratoria, el respeto estricto a todos los derechos humanos de las personas migrantes, nacionales y extranjeras; además, que la propia ley establece que la situación migratoria irregular, en ningún caso, configura por sí misma, la comisión de un delito y que la política migratoria deberá ser congruente, de manera que el estado mexicano garantice la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior en caso de admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido de personas extranjeras en su territorio. Estos avances en materia de derechos humanos han creado un nuevo paradigma que exige que quienes imparten justicia conozcan las fuentes normativas de origen nacional e internacional; las interpreten maximizando la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional y ejerzan, de acuerdo con los principios hermenéuticos consagrados en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. Por lo anterior, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano de los actos reclamados, para el efecto de que las autoridades responsables del Delegado Local de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Reynosa, Tamaulipas y otras autoridades responsables de esta ciudad, de no existir causa legal diversa que lo impida, no ejecuten en agravio de las quejosas, deportación, rechazo, expulsión o devolución a su país de origen e incomunicación; asimismo, instruyan la inmediata libertad de Ingrid Vanessa Aguilar de Rivera y Estela del Socorro Mazariego, hasta en tanto se resuelva en definitiva su situación o trámite migratorio, siempre y cuando satisfagan los supuestos para tal medida ante la autoridad migratoria, mismos que enseguida se disponen: a) Deberá establecer domicilio o lugar en el que permanecerá y no se ausentará sin autorización. b) Comparecer ante la autoridad migratoria cuantas veces sea requerido para la continuación del procedimiento administrativo de migración. Requisitos que deberán ser satisfechos ante la autoridad responsable quien cuenta con jurisdicción para proceder en la forma indicada. Apoya lo citado, la tesis I.20o.A.19 A (10a.), del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, página 3551, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LA PROLONGACIÓN DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. SU CONCESIÓN DEBE TENER COMO EFECTO LA LIBERTAD DEL EXTRANJERO." Ello no implica que las quejosas puedan circular libremente por todo el territorio nacional, pues de permitirse esa circunstancia, se contravendría una disposición de orden público, como lo es el artículo 102 de la Ley de Migración, que dispone que el extranjero sometido a un procedimiento administrativo, con el propósito de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrán establecer domicilio o lugar en el que permanecerán; luego, la medida cautelar únicamente permite al agraviado circular en esta localidad. Sin que se les requiera garantía alguna, dada su calidad migratoria. También debe mencionarse que la suspensión surte efectos desde luego, pero dejará de tenerlos si las quejosas no acreditan que se inició el trámite respectivo para regularizar su estancia migratoria en el país, dentro de los treinta días naturales siguientes a la notificación de este acuerdo, lapso durante el cual no podrán ser detenidas por cuestiones administrativas relacionadas con ese tema. Tampoco surtirá efectos dicha suspensión, si los quejosos, una vez liberados, en lugar de optar por regularizar su situación migratoria en el país, se comprometen a abandonarlo por la frontera sur, por sus propios medios y dentro del término de los treinta días, y la autoridad migratoria demuestra con documento fehaciente que incumplieron con dicha condición, ya sea porque transcurrió dicho lapso sin haber abandonado territorio nacional, o porque posteriormente fueron sorprendidos intentando ingresar a los Estados Unidos de América o luego de ser deportados por autoridades migratorias de ese país. En la inteligencia que para el sentido de este auto se toma en consideración el contenido de la resolución emitida en sesión de diez de enero de dos mil diecinueve, dentro del recurso de queja 9/2019, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, residente en esta ciudad, en el que se abordó similar supuesto jurídico, mismo que se invoca como hecho notorio y por tratarse de decisión emitida por un órgano revisor de los fallos de este juzgado. Si la privación de libertad del quejoso obedeció a la comisión de delito: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 126 de la ley de la materia, se decreta la suspensión de plano en favor de Ingrid Vanessa Aguilar de Rivera y Estela del Socorro Mazariego, para el efecto de que sean puestas en inmediata libertad, siempre y cuando no hubiese existido flagrancia o urgencia u orden de autoridad judicial en la detención de éstas. Y, en caso de existir flagrancia o urgencia respecto a su detención, el efecto de la suspensión decretada será para que la misma no exceda de cuarenta y ocho o noventa y seis horas, según sea el caso, a partir del momento en que las justiciables fueron puestas a su disposición, plazo en el que deberán ordenarse su libertad o ponerlas a disposición de las autoridades competentes; en la hipótesis de que la detención no esté ordenada por las autoridades competentes, ni se trate de flagrancia o urgencia, o bien de alguna medida cautelar de apremio o sanción administrativa emitida por autoridad competente, las autoridades responsables deberán ordenar la libertad inmediata, sin perjuicio de la integración de la carpeta de investigación correspondiente, lo cual deberán informar en el término de veinticuatro horas precisando la fecha y hora exactas de la detención y libertad o puesta a disposición ante la autoridad competente; lo anterior, con fundamento en el artículo 165 de la Ley de Amparo. Por ello, las autoridades responsables deberán informar a este Juzgado de Distrito inmediatamente, el cumplimiento que haya dado o esté dando a la suspensión de plano otorgada, lo que podrá hacer por correo electrónico a la dirección electrónica institucional 8jdo19cto@correo.cjf.gob.mx, y confirmar su recepción al número 8999265163, de lo contrario, se le requerirá por conducto de su superior jerárquico; para tal efecto, envíese copia simple de la demanda a la misma. En ese tenor, mediante oficio que se gire a las autoridades responsables, por conducto de uno de los Actuarios adscritos, notifíquesele la anterior determinación para su conocimiento y estricto cumplimiento. En el entendido que la violación a este mandato judicial equivale a la comisión de un delito equiparable al abuso de autoridad, según lo dispone el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse los mismos, de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación para los efectos legales a que hubiere lugar; debiendo además, hacer del conocimiento de las quejosas, el derecho que tienen de comunicarse de inmediato con quien estimen conveniente, se les permita usar el teléfono o cualquier otro medio de comunicación. Sobre el tema, se estima aplicable la jurisprudencia P./J.80/2007 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro electrónico 170578 y publicada en la página 15, del tomo XXVI, diciembre de 2007, Materia Administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro que dice: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN." Se comisiona a uno los Actuarios adscritos para que se constituya en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, o en lugar diverso destinado por esa dependencia como albergue de extranjeros, con el propósito de que verifique si en alguno de esos sitios permanece Ingrid Vanessa Aguilar de Rivera y Estela del Socorro Mazariego; de ser así, les notifique personalmente el presente proveído y certifique el estado físico en que se encuentran, debiendo levantar acta de ello. Asimismo, las requiera para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días legalmente computado en el caso de no estar ahí, se presente al local de este órgano de control constitucional y manifiesten si ratifican o no la demanda de amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada y quedara sin efectos las providencias decretadas, conforme a lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 15 de la Ley de Amparo. Igual determinación se adoptará, en el supuesto de que los directos quejosos no sean localizados como recluidos o albergado en alguno de los lugares que las autoridades responsables destina para tal efecto. En el caso de que las quejosas hubiesen sido puestas a disposición de una autoridad distinta a la señalada como responsable, el Actuario deberá acudir al diverso sitio en que se encuentren, para hacerles saber la suspensión concedida en su favor; asimismo, deberá requerirlas para que manifiesten si es su deseo señalar como responsable a la nueva autoridad a cuya disposición en su caso, se encuentren; asimismo, de ser ese supuesto, procédase a notificar este acuerdo a la diversa autoridad, para que lo acate en sus términos. Se instruye a uno de los Actuarios judiciales adscritos, para que a fin de realizar la notificación respectiva, y en caso de que las quejosas no entiendan el idioma español, se auxilie de algún intérprete a efecto de que los mismos entiendan y comprendan lo que se les está haciendo de su conocimiento. En cuanto a lo principal, se reserva fijar hora y fecha para el verificativo de la audiencia constitucional y pedir informe justificado a las autoridades responsables, asimismo, respecto a la apertura del incidente de suspensión solicitado, hasta que la demanda de mérito sea ratificada. En otro aspecto, en obvio de dilaciones procesales innecesarias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a este órgano de control constitucional para que procedan a practicar las diligencias encomendadas en este juicio de amparo en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que debe guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Así como con la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, que determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas el uso de aparatos electrónicos, como son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se previene al promovente que, en el supuesto de que la parte quejosa no ratifique la demanda por estimar que se presentó sin su autorización o de sus familiares o porque quien promueve o alguien más presentó otra demanda en su nombre, se podrá hacer acreedor, según sea el caso, a una multa equivalente a treinta o cincuenta días del valor diario de la unidad de medida y actualización vigente a la fecha, con apoyo en el numeral 240, en relación con el 11, y 259, en relación con el 237, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Lateral del Canal Rhode 106, colonia ampliación Narciso Mendoza de esta ciudad, como correo gamboaarturo032@gmail.com y como autorizado en los términos que indica en la demanda de garantías. A fin de conformar la litis de manera pronta y dar seguridad jurídica a las partes en este asunto, instrúyase a los Actuarios de la adscripción a fin de que al momento de llevar a cabo la notificación a las autoridades señaladas como responsables, mediante los oficios que se giren, deberá verificar si la denominación con que fue señalada es la correcta, de lo contrario, indagar cuál es ésta, debiendo asentar dicha circunstancia en la razón actuarial que para tal efecto se levante, incluso deberá recabar el nombre del funcionario que, de ser el caso, se niegue a recibir el comunicado relativo, ello con la finalidad de dar vista a la parte quejosa y no dejarla en estado de indefensión. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. Finalmente, en cumplimiento del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este órgano jurisdiccional; en la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea el quejoso, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, éstas pueden tener conocimiento de la determinación respectiva. Notifíquese, sin demora a las autoridades señaladas como responsables para su inmediato cumplimiento, y personalmente a las quejosas. Así lo proveyó y firma Lilia Inés Beltrán Quiñones, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas en funciones de Jueza, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio SEPLE./GEN./001/4194/2022, en sesión de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, con apoyo en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Eligio Pérez Morales, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. L´EPM/nlar* Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez PérezLilia Inés Beltrán Quiñones, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Eligio Pérez Morales, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

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