Ingrid Suyapa Pavón Garmendia

Expediente 1810/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1810/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
11/01/2023

Partes del expediente

  • Ingrid Suyapa Pavón Garmendia
  • Julio César Díaz Carranza

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, once de enero de dos mil veintitrés.****************************************Vista; la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales, sin que haya sido recurrido el auto de treinta de diciembre de dos mil veintidós, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por ********************, en representación de ********************(menor de edad).**************************************** Al efecto, se acuerda:****************************************Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes.****************************************A. ARCHIVO.****************************************Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en los Libros Electrónicos de Registro de este órgano jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.****************************************B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE.****************************************En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el expediente en que se actúa es susceptible de depuración, con fundamento en su ordinal 18, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió la suspensión de plano y posteriormente se tuvo por no presentada la demanda.****************************************C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN****************************************Toda vez que, en el presente no se formó el incidente de suspensión por tratarse de un asunto en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, se deja de proveer lo conducente.****************************************D. REGISTROS CORRESPONDIENTES****************************************Como lo dispone el artículo 21, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación.****************************************E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES****************************************Toda vez que no existen documentos ofrecidos por las partes, se deja de proveer al respecto.****************************************NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA.****************************************Así lo acordó y firma la Jueza Ana Luisa Mendoza Álvarez, Titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Pedro Hernández Coyote, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tres de enero de dos mil veintitrés. Visto; los oficios signados por la Encargada de la Administración del Centro Concentrador de Familias Migrantes acompañadas de sus hijas e hijos menores de dieciocho años "La Algonodera", Subrepresentante Federal Zona Centro del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas y Procuradora de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, todas con residencia en esta ciudad, por medio de los cuales rinden informe de suspensión de plano. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, glósense a los autos sin mayor pronunciamiento las comunicaciones de cuenta, toda vez que mediante proveído de treinta de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo por no presentada la demanda de amparo. CÚMPLASE.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta de diciembre de dos mil veintidós. Vista; I. Las diligencias de los quejosos ***y la menor de iniciales C.A.D.P., en la que manifiestan que no era su deseo ratificar la demanda de amparo promovida en su favor por Sandro Jiménez Gallardo, contra actos del 1. Titular de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, en la que se señalaron como actos reclamados la privación de la libertad, aseguramiento, alojamiento y detención del quejoso por más de 36 horas, la deportación y/o retorno asistido, la incomunicación y traslado. Asimismo, manifiestan que no es su deseo tener como autorizado a ***, quien promovió a favor de ellos y tampoco el domicilio que señalo en su escrito inicial de demanda, por lo que señalan como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado. II. La razón signada por el Actuario de la Adscripción, por medio del cual manifiesta la imposibilidad de entregar los oficios 31158/2022 y 31178/2022, dirigidos a la Procuraduría del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas y Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Familia DIF, ambos con residencia en esta ciudad, toda vez que al constituirse a las instalaciones de dicha dependencia, se encontraba cerrado y no localizo a personal de guardia que pudiera recibir los oficios. Al efecto, se acuerda: En relación al punto I, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós; en consecuencia, se tiene por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. En atención a que la parte quejosa manifestó que no es su deseo tener como autorizado a Sandro Jiménez Gallardo, por lo tanto, dése de baja el usuario -SANDRO75-, que señaló para consultar el expediente electrónico. Atento a lo anterior, se instruye al Oficial Judicial "A", encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice la baja correspondiente. Respecto a la solicitud de que se tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado, dígasele que en atención a que la Ley de Amparo, no lo contempla en el capítulo correspondiente a las notificaciones, no ha lugar a tenerlo como domicilio para los efectos que indica; sin embargo, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena practicarlas por medio de lista de este Juzgado. Por lo que hace al punto II, glósense a los autos sin mayor pronunciamiento, toda vez que con esta misma fecha se está teniendo por no presentada la demanda de amparo. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LAS RELACIONADAS EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma la Jueza Ana Luisa Mendoza Álvarez, Titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Leslie Vilchis Domínguez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Vista; la demanda de amparo promovida por ***en contra de los actos atribuidos al 1. Titular de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. I. TRAMITE. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 1810/2022-I. II. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO. La formación del expediente físico únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escrito o solicitudes). Toda documentación recibida por vía electrónica (demanda, recursos, promociones etc,) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. En términos del artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General ".los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el CJF. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no se integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Atento a lo anterior, se instruye al Oficial de Partes, al Oficial Judicial A y a los Actuarios adscritos, para que en el ámbito de sus respectivas funciones, realicen la digitalización de constancias y escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. III. AUTORIDADES RESPONSABLES. 1. Titular de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad. 2. Subdirector de la Estación Migratoria en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con residencia en esta ciudad. 3. Delegado Local en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con residencia en esta ciudad. 4. Encargado de la Oficina Administrativa de Niños, Niñas y Adolescentes Acompañados y No Acompañados de la Representación Local de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, con residencia en esta ciudad. 5. Procuraduría del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas Sistema DIF Chiapas, con residencia en esta ciudad. 6. Encargado (a) en el Centro de Asistencia Social para Niños, Niñas, Adolescentes y Familias Migrantes. 7. Procuraduría de Protección de Niñas, Niños Adolescentes y la Familia DIF Chiapas, con residencia en esta ciudad. IV. ACTO RECLAMADO. De la respectiva demanda se advierte que el promovente reclama lo siguiente: 1. La privación de la libertad, aseguramiento, alojamiento y detención del quejoso por más de 36 horas. 2. La deportación y/o retorno asistido. 3. La incomunicación. 4. Traslado. V. CALIFICACIÓN DE URGENCIA DE LA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 15, de la Ley de Amparo, 48, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; la presente demanda, se trata de un asunto urgente, toda vez que de la lectura integral de la demanda, se advierten como actos reclamados, en lo que interesa, la privación de la libertad fuera de procedimiento, deportación y/o retorno asistido, traslado e incomunicación. Ahora bien, conforme a la información aportada por el promovente que los directos quejosos se encuentran detenidos, con lo cual, permitiría deducir la posibilidad de que esté sujeto a un procedimiento migratorio; sin embargo, la existencia del mismo, tampoco justifica al menos en términos constitucionales, una detención por plazo superior a treinta y seis horas. De ahí que el acto reclamado en el caso particular, deba considerarse como un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, pues además de provenir de autoridades administrativas, como son las autoridades migratorias, no deriva de la probable comisión de un delito que merezca pena de prisión ni tiene participación en él la autoridad judicial. VI. SUSPENSIÓN DE PLANO. RESPECTO DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD EN LA MODALIDAD DE DETENCIÓN, Y/O ALOJAMIENTO POR MÁS DE TREINTA Y SEIS HORAS; Con fundamento en los artículos 126 y 164, de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano respecto del acto reclamado consistente en la privación de la libertad en la modalidad de detención, y/o alojamiento por más de treinta y seis horas en el Centro Concentrador para familias acompañadas de sus hijas e hijos menores de dieciocho años, ampliamente conocido como la algodonera, para el efecto de que la autoridad responsable dentro del ámbito de sus competencias, de haber transcurrido ese plazo deje a los quejosos en inmediata libertad, debiendo dictar las medidas previstas legalmente, diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción -a fin de asegurar que la parte quejosa no evada el cumplimiento de las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, las que serán aplicadas por la autoridad administrativa, pudiendo, en su caso, tomar como parámetro las establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración. En todo caso deberá informar a este órgano jurisdiccional qué fue lo que realizó y cuál es la situación legal de los quejosos en territorio nacional, para que este juzgado se encuentre en aptitud de proveer lo conducente. En el entendido de que la medida cautelar no surtirá efecto legal alguno si los actos reclamados son diversos o derivan de hechos distintos a la situación migratoria narrada por la parte quejosa, como podría ser la comisión de un delito o, provienen de autoridades diversas a las designadas como responsables en la demanda de amparo; asimismo, dejará de surtir efectos si la parte quejosa no reporta su ubicación dentro del Estado de Chiapas en los términos indicados. En caso de haber sido detenidos en flagrancia, el plazo contará a partir de que sean puestos a disposición. DEPORTACIÓN Y/O RETORNO ASISTIDO: Por tanto, en cuanto a la suspensión respecto de la orden de deportación y/o retorno asistido con apoyo en lo dispuesto por los artículos 126 y 160, de la ley de la materia SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO a Julio Cesar Díaz Carranza, Ingrid Suyapa Pavón Garmendia y Camila Alessandra Díaz Pavón, para los efectos, términos y condiciones que enseguida se establecen: i) Para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran y no se ejecute la deportación y/o retorno asistido, en contra de los accionantes de los derechos fundamentales Julio Cesar Díaz Carranza, Ingrid Suyapa Pavón Garmendia y Camila Alessandra Díaz Pavón, siempre y cuando el mandamiento se haya emitido fuera de procedimiento. ii) Con apoyo en el "Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas de protección Internacional", la suspensión también se le concede a Julio Cesar Díaz Carranza, Ingrid Suyapa Pavón Garmendia y Camila Alessandra Díaz Pavón, para el efecto de que, en caso de no haberse instaurado el procedimiento administrativo, se tome en cuenta como criterio orientador que el término máximo de la privación personal, como sanción administrativa, es el de treinta y seis horas, de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. iii) Si la orden de deportación y/o retorno asistido, se emitió con motivo del ejercicio de la facultad de la autoridad responsable en materia migratoria conforme a la Ley de Migración; la suspensión se concede para el efecto de que los quejosos queden a disposición de este órgano de control constitucional respecto a su libertad personal en el lugar donde se encuentren y a disposición de la autoridad migratoria para la continuación del procedimiento correspondiente. Al particular, es aplicable la jurisprudencia P./J.80/2007 del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, página, con el siguiente rubro: SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. INCOMUNICACIÓN: Cesen de inmediato los actos consistentes en la incomunicación de los directos quejosos, así como cualquier acto u omisión que atente contra su integridad física o derechos humanos, prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, implica que de manera inmediata la autoridad responsable permita que los directos quejosos, tengan comunicación con gente de su confianza, abogados y familiares, lo cual deberá comprobar con las documentales correspondientes. Asimismo, se le garantice a los quejosos a decidir sobre si ejercen o no su derecho a la asistencia consular, en términos de lo que establece el artículo 36, primer párrafo, de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, aplicado a nuestro sistema de protección de derechos fundamentales, de conformidad con lo determinado en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los siguientes términos: a) Para que la autoridad responsable informe de manera inmediata y sin demora al extranjero que haya sido detenido -en este caso, los quejosos-, o se encuentren bajo cualquier tipo de custodia, que tienen derecho a comunicarse con la oficina o representación consular de su país. b) En dicho caso, los aquí quejosos tendrán derecho a escoger si desean o no contactar a su respectivo consulado. c) Si es el caso que los extranjeros deciden que sí desean contactar a la oficina consular de su país, la autoridad deberán informar de esta situación a la oficina consular correspondiente que se encuentre más cercana al lugar en donde se realizó la detención. En el entendido que dicha comunicación deberá ser inmediata y realizarse a través de todos los medios que estén al alcance de la autoridad respectiva. d) La autoridad responsable deberá garantizar la comunicación, visita y contacto entre el extranjero y la oficina consular de su país, a fin de que esta última le pueda brindar al extranjero una asistencia inmediata y efectiva, así como con sus abogados o quien legalmente lo represente. Lo anterior, en términos de lo señalado en las tesis 1a. CLXXI/2013 (10a.)2 y 1a. CXLII/2015 (10a.)3, emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubros y textos, corresponden respectivamente a los siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS EXTRANJEROS A LA NOTIFICACIÓN, CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR. SU CONTENIDO ESPECÍFICO Y RELEVANCIA PARA GARANTIZAR EL DERECHO FUNDAMENTAL A UNA DEFENSA ADECUADA DE LOS EXTRANJEROS. Del artículo 36, primer párrafo, de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, se derivan, para el extranjero detenido en territorio mexicano, los siguientes derechos. En primer término, es necesario que las autoridades informen al extranjero que ha sido detenido, o se encuentre bajo cualquier tipo de custodia, que tiene derecho a comunicarse con la oficina o representación consular de su país. La información de este derecho debe ser inmediata y no puede ser demorada bajo ninguna circunstancia. En segundo lugar, el extranjero tiene derecho a escoger si desea o no contactar a su respectivo consulado. En tercer lugar, y una vez que el extranjero decide que sí desea contactar a la oficina consular de su país, la autoridad deberá informar de esta situación a la oficina consular correspondiente que se encuentre más cercana al lugar en donde se realizó la detención. Esta comunicación deberá ser inmediata y realizarse a través de todos los medios que estén al alcance de la autoridad respectiva. Por último, la autoridad deberá garantizar la comunicación, visita y contacto entre el extranjero y la oficina consular de su país, a fin de que esta última le pueda brindar al extranjero una asistencia inmediata y efectiva. Este último punto, que representa la asistencia consular en un sentido estricto, tiene a su vez una serie de implicaciones que deben ser especificadas. La exigencia de asistencia consular en el proceso penal tiene especial proyección debido a la complejidad técnica de las cuestiones jurídicas que en él se debaten y por la relevancia de los bienes jurídicos que pueden verse afectados. La asistencia consular, en cuanto derecho subjetivo, tiene como finalidad asegurar la efectiva realización de los principios de igualdad de las partes y de contradicción que rigen un proceso penal, con la finalidad de evitar desequilibrios o limitaciones en la defensa del extranjero. En esta lógica, la asistencia consular es una garantía del correcto desenvolvimiento del proceso y una exigencia estructural del mismo. Así, el derecho fundamental a la asistencia consular de los extranjeros no puede ser concebido como un mero requisito de forma. Cuando una autoridad, ya sea policial, ministerial o judicial, impide a un extranjero la posibilidad de suplir sus carencias a través de los medios que el artículo 36 de la Convención de Viena pone a su disposición, no sólo limita sino que hace imposible la plena satisfacción del derecho a una defensa adecuada. "DERECHO FUNDAMENTAL A LA ASISTENCIA CONSULAR. OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES PARA TENER POR CUMPLIDO EL DEBER DE ASISTENCIA AL EXTRANJERO POR SU REPRESENTACIÓN CONSULAR. En términos del inciso c) del párrafo primero del artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, las autoridades administrativas, policiales, ministeriales y judiciales deberán facilitar la libre comunicación entre los funcionarios consulares y la persona extranjera detenida, así como las visitas correspondientes, con el objeto de preparar la defensa del extranjero frente a los tribunales. Si hubiera oposición de la persona extranjera detenida a las visitas de los funcionarios consulares, éstas deberán interrumpirse. La trascendencia de esta decisión obliga a las autoridades a dejar constancia que la oposición del contacto, visita y asistencia consular se realiza por el extranjero con la comprensión de las consecuencias jurídicas que ello conlleva." TRASLADO A OTRA ESTACIÓN MIGRATORIA: Respecto del acto reclamado antes mencionado, con fundamento en los artículos 15 y 126, de la Ley de Amparo, se concede a los directos quejosos la suspensión de plano para el efecto de que no sean trasladados de la estación migratoria de esta ciudad, en la que actualmente se encuentran, a otra dentro de esta entidad federativa o de la República Mexicana. En el entendido que de conformidad con los artículos 107, 108 y 109, de la Ley de Migración, es responsabilidad de las autoridades responsables, la seguridad de los directos quejosos, así como proporcionarles los servicios de asistencia médica, psicológica y jurídica. VII. REQUERIMIENTO DE INFORME DE SUSPENSIÓN DE PLANO. Ahora, para el inmediato y debido cumplimiento de la suspensión de plano decretada, comuníquese de inmediato a las autoridades responsables lo aquí decretado y para que en el término de VEINTICUATRO HORAS informen por oficio a este Juzgado de Distrito el cumplimiento que hayan dado a la presente determinación, ya que esta deberá ser obedecida bajo su más estricta responsabilidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. EN ESA MEDIDA, DEBERÁ ACREDITAR CON DOCUMENTOS FEHACIENTES, ASÍ COMO LAS GESTIONES RELATIVAS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE DETERMINACIÓN, A EFECTO DE QUE ESTE ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL SE ENCUENTRE EN APTITUD DE DETERMINAR LO QUE EN DERECHO CORRESPONDA. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que de conformidad con lo que establecen los artículos 14 y 48 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, podrán rendir sus informes de suspensión de plano a través de los medios electrónicos autorizados, atendiendo en su caso a los acuerdos de interconexión o a través del correo electrónico institucional 2jdo20ctoajf@correo.cjf.gob.mx, siempre y cuando sean signados con firma electrónica FIREL; caso contrario, no se tendrán por rendidos los mismos, ni se otorgará validez a las comunicaciones recibidas, por lo que serán acreedores a las multas a que fueron apercibidos en el párrafo que precede; o bien, tendrán que remitirlo a este juzgado en formato impreso con firma autógrafa, con domicilio en Boulevard Ángel Albino Corzo, número 2641, colonia Las Palmas, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, código postal 29040. Cabe precisar que no pasa desapercibido por la suscrita que la demanda recibida en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no cuente con firma electrónica pues se está ante el supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 24/2018 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. CUANDO CARECE DE FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA (FIREL), SE DEBE PREVENIR A LA QUEJOSA. De conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 90/2017 (10a.), de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN.", el derecho de acceso a la jurisdicción está condicionado a que, cualesquiera que sean los requisitos de procedibilidad de una acción, éstos no se erijan como impedimentos jurídicos o fácticos que resulten carentes de racionalidad, proporcionalidad o que resulten discriminatorios. Al respecto, el artículo 3o. de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de tecnologías de la información, particularmente en uso de una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, que, actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió tres acuerdos que regulan el uso de la firma electrónica. Así, de la lectura armónica de los artículos 3, 5, 6 y 10 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, 17 del Acuerdo General Conjunto 1/2014, y 64 y 72 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 se desprende que: (1o.) la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), equiparable a un documento de identidad, es el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral, de los tribunales de circuito y de los juzgados, con efectos idénticos a los de la firma autógrafa; (2o.) la revocación o pérdida de vigencia del certificado digital de firma electrónica tiene como consecuencia la imposibilidad de ingresar a los expedientes electrónicos; (3o.) el acceso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación requiere que las personas cuenten con la FIREL y que se registren personalmente en el sistema, introduciendo su nombre, correo electrónico, Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única del Registro de Población, "nombre de usuario", "contraseña", y vinculación del registro a la FIREL; y (4o.) la presentación de demandas de manera electrónica exige que las y los usuarios ingresen nombre de usuario y contraseña, o que actúen a través de la FIREL. En estos términos, la falta de firma electrónica en la demanda de amparo indirecto debe considerarse como una de las "irregularidades en el escrito" al que hace referencia el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, razón por la cual las y los jueces de distrito deberán requerir a la parte promovente para que, en el plazo de cinco días, subsane la omisión. Esto se debe a que la omisión de referencia no podría dar lugar a negar de manera manifiesta e indudable la identidad de quien promueve, pues los Acuerdos Generales Conjuntos regulan una serie de salvaguardas que aseguran el conocimiento de la identidad de quien actúa en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En estos términos, el juzgador de amparo únicamente podrá desechar la demanda que carece de firma electrónica cuando no se desahogue el requerimiento para que se subsane su irregularidad. Lo anterior garantiza el derecho de acceso a la jurisdicción, al no entender la ausencia de firma electrónica desde una perspectiva estrictamente formalista y desvinculada del procedimiento que rige la actuación en el citado Portal de Servicios. Este criterio no es aplicable tratándose de la hipótesis expresamente prevista en el artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la referida ley (el énfasis añadido es nuestro). VIII. RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. Ahora bien y toda vez que el promovente afirma que los quejosos se encuentran alojados en el Centro Concentrador para familias acompañadas de sus hijas e hijos menores de dieciocho años, ampliamente conocido como la algodonera, se comisiona al actuario de la adscripción para que se constituya en dicho lugar, o en cualquiera de las estaciones migratorias de esta ciudad y Chiapa de Corzo, y en caso de lograr su localización, les requiera personalmente para que en la notificación o dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente a aquél en el que surta efectos la legal notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad ratifiquen la demanda promovida en su nombre; con el apercibimiento que de no hacerlo, ésta se tendrá por no presentada y se dejarán sin efectos las providencias tomadas en el presente juicio, debiendo señalar un domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad o bien ratificar el señalado en la demanda, así como si desea tener como autorizado a Sandro Jiménez Gallardo, únicamente para dichos efectos o bien en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Asimismo, en caso de que alguno de ellos sea menor, ordénese al fedatario que la ratificación la realice a través de su padre, madre o tutor, y en dado caso de que no se encuentren, el actuario de la adscripción tendrá que manifestarlo en la diligencia y comunicarlo sin demora a este órgano jurisdiccional a efecto de que se tomen las medidas conducentes para su protección. De igual manera, el actuario Judicial deberá dar fe del estado físico en que se encuentren los directos quejosos y del área en donde se encuentren retenidos, a efecto de resguardar la seguridad personal de los mismos; lo anterior para lograr un efectivo cumplimiento de la medida suspensional otorgada y no sea incumplida o violada por parte de las autoridades responsables. Asimismo, en caso de ser informados por funcionario público pertenecientes a las autoridades responsables, que la denominación de las autoridades es diferente a la esgrimida por la promovente, se faculta al actuario adscrito para que teste los oficios condignos y asenté la denominación correcta. IX. APERCIBIMIENTO Hágase saber a las autoridades responsables y elementos de cualquier corporación de policía que estén custodiando a los quejosos que deberán proporcionar de manera inmediata las facilidades para que el actuario le notifique este proveído, con el apercibimiento que cualquier obstrucción, limitación, entorpecimiento o prohibición para que realice su función de manera plena, podrá constituir el delito de "desaparición forzada" en términos de los artículos 2, 3 y 6, de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; I, II y III de la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas; así como el diverso artículo 27, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; con el apercibimiento que de no cumplir, con independencia de dar vista al Fiscal Federal de la adscripción, para los efectos de la responsabilidad penal en que pudieran incurrir, e independientemente de que sean denunciados por el delito de desaparición forzada, con fundamento en los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo, se les impondrá como medida de apremio una multa de cincuenta a mil veces el valor diario de Unidad de Medida y Actualización, contemplada en los párrafos sexto y séptimo del apartado B, de la artículo 26, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. X. DOMICILIO. Respecto a la solicitud de que se tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado, dígasele que en atención a que la Ley de Amparo, no lo contempla en el capítulo correspondiente a las notificaciones, no ha lugar a tenerlo como domicilio para los efectos que indica; sin embargo, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena practicarlas por medio de lista de este Juzgado. XI. Autorización consulta de expediente electrónico. Por otra parte, se tiene a la promovente solicitando el acceso al expediente electrónico en el presente juicio de amparo, para lo cual proporciona el nombre de usuario -******************** -, con el que se registró en la dirección electrónica www.serviciosenlinea.cjf.gob.mx. En consecuencia, dese de alta en el Módulo de Autorizados del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que pueda tener acceso al expediente electrónico en comento. Atento a lo anterior, se instruye al Oficial Judicial "A", encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice la captura correspondiente del recurso citado supralíneas. XII. PARTE QUEJOSA SEÑALA CORREO Y NÚMERO TELEFÓNICO. Tocante al correo electrónico y número electrónico que pone a disposición, tómese nota del mismo, al no ser un medio para entablar comunicaciones no procesales con las partes. XIII. Notificación por lista a la autoridad en su carácter de responsable o tercero interesada. Se hace del conocimiento de la autoridad que conforme a una interpretación integral del artículo 26, fracciones II y III, en relación con el diverso 29, ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones de los acuerdos de trámite de menor trascendencia que al efecto se dicten en este expediente se le practicarán por medio de la lista que al efecto se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional, ello atendiendo a la jurisprudencia número 176/2012 de la décima época, consultable en la página 1253 del Libro XVI del mes de Enero de 2013, Tomo 2 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS" que resulta aplicable por igualdad de razón, en la que se señala que atendiendo a la trascendencia que un proveído o resolución pueda tener en la secuela procedimental, el juzgador tiene la facultad de decidir la forma en la que deba comunicarse a las partes, entre ellas, cuando la autoridad tenga el carácter de responsable o tercero interesado, a quien también se le puede practicar comunicaciones por medio de lista; sin perjuicio de que si así lo considera este titular la notificación de tales acuerdos se realicen por oficio. XIV. Transparencia y acceso a la información. Además, comuníquese a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE POR LISTA, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEHJOSA Y POR OFICIO A LAS RELACIONADAS EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma la Jueza Ana Luisa Mendoza Álvarez, Titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Leslie Vilchis Domínguez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 11,092 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano