Ingrid Scarlette Gutiérrez López
Expediente 641/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 641/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/11/2022
Partes del expediente
- Ingrid Scarlette Gutiérrez López
Actuaciones
- Principal
Ensenada, Baja California, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en auto de diecisiete de noviembre del año en curso, se previno a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días hábiles, contado a partir del día siguiente al que surtiera efectos la notificación de ese proveído, realizara lo siguiente: "Único. Exhiba original o copia certificada del documento idóneo mediante el cual acredite la representación que refiere ostentar del menor de iniciales T.L.G.; en el entendido, de que deberá anexar copia del mismo, para el completo traslado de las partes, o bien indicar si lo promueve en términos del artículo 8° de la Ley de Amparo." En ese contexto, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito signado por la quejosa Ingrid Scarlette Gutiérrez López; atento a su contenido, se le tiene dando cumplimiento a la prevención efectuada en autos. Por tanto, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII y XV de la Constitución Federal; 1o, fracción I, 37, 107, 108, 112, 116, 117, 260 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo, promovida por Ingrid Scarlette Gutiérrez López, por su propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales T.L.G., contra actos del agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Delitos Sexuales en esta ciudad. Tramítese por cuerda separada el incidente de suspensión de los actos reclamados, en virtud de haber sido solicitado expresamente. Por tanto, se señalan las once horas con cincuenta minutos del catorce de diciembre de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase el informe justificado a la autoridad responsable al que deberá anexar copia certificada de las constancias que apoyen el mismo, mismas que deberán estar debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; debiendo rendirlo dentro del plazo de quince días hábiles siguientes aquél en que reciba el oficio en el que se le solicita, apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se hará acreedora, a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de 9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad $96.22 (noventa y seis pesos y veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación; asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable la pena en que incurre con la omisión de rendir el informe justificado en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omitir lo que le conste en relación con los actos reclamados, penas éstas previstas en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. En el entendido que la información solicitada podrá remitirla, de manera preferente, vía correo electrónico a la dirección oficial 9jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, de conformidad con el artículo 251, inciso f), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Asimismo, háganse del conocimiento de la autoridad responsable, que si bien se le otorga un plazo de quince días hábiles para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que le impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se le exhorta que en el momento que cuente con la información necesaria para rendir el informe que se le requiere, lo haga saber de inmediato a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberá rendir el mismo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de éste por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se les aplicará la multa decretada. En ese orden, se hace saber a la autoridad que tiene la obligación de recibir los oficios que se le giren en el presente sumario, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido de que de negarse a recibir el mismo, se hará acreedora a una multa, de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad $96.22 (noventa y seis pesos y veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 245 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, dígase a la autoridad responsable y demás partes, que tienen la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, se harán acreedoras, en lo individual, a una multa de 30 (treinta) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos con sesenta centavos), la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos y veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley de Amparo. Por otra parte, de conformidad con en el artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de tercero interesado a Tonatiuh López Chavez; en tal virtud, túrnense los autos al actuario de este juzgado a efecto de que se traslade al domicilio indicado en la demanda de amparo y emplace al tercero interesado de referencia, corriéndole traslado con copia de la misma, así como del presente proveído. De igual forma, le haga de su conocimiento la hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este juicio, y lo requiera para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con la fracción III del artículo 26 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa, las documentales que adjunta a su escrito inicial de demanda y escrito aclaratorio, mismas que se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional correspondiente. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa exhibió documentales en original y copia certificada, proceda la secretaria a realizar el cotejo de dichas constancias, a fin de agregarlas al incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo. Es aplicable al caso la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXII, septiembre de 2010, página 7, materia común, con número de registro 163758, cuyo rubro es el siguiente: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97). De conformidad con los artículos 2o., 131, 150 y 151 de la Ley de Amparo, los Jueces de Distrito sólo pueden otorgar valor probatorio a aquellos elementos que obren en el expediente, pues los criterios de pertenencia de las pruebas a los autos de un asunto se establecen para que los juzgadores busquen la verdad material en el contexto de un debido proceso y de la equidad procesal, que no podría tutelarse si se permitiera la valoración libre de cualquier elemento sin importar si se encuentra o no en el expediente. Ahora, en aplicación extensiva del párrafo tercero del artículo 78 de la Ley de Amparo, se sigue que cuando con la demanda de garantías en la que se solicite la suspensión del acto reclamado, se ofrezca como prueba un documento original o en copia certificada y se acompañen dos o más copias simples, sin que se solicite expresamente su compulsa o certificación para que obren en el expediente incidental, el Juez de Distrito debe entender que las copias simples son para formar los cuadernos incidentales y, por tanto, al admitir la demanda, oficiosamente, debe ordenar su compulsa para que obren en el incidente y al resolver sobre la suspensión definitiva tengan valor probatorio. A igual conclusión se debe llegar cuando durante la secuela del juicio de amparo, ya sea en el expediente principal o en el incidente de suspensión (antes de la celebración de la audiencia constitucional o incidental), alguna de las partes exhiba una prueba documental original o en copia certificada con las copias suficientes, en cuyo caso el Juez de Distrito debe ordenar su compulsa para que obren en ambos cuadernos, y así al resolver puedan tomarse en cuenta con el valor probatorio que les corresponde. Por otro lado, en el caso de que el oferente omita acompañar las copias suficientes para que puedan ser compulsadas y agregadas, ya sea en el cuaderno principal o incidental, según sea el caso, debe entenderse que estimó que son prescindibles para resolver." Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6° y 8° de la Ley de Amparo, en congruencia con los derechos especiales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales, toda vez que de la lectura integra del escrito inicial de demanda se advierte que existe conflicto de intereses entre Ingrid Scarlette Gutiérrez López (madre del menor promovente de iniciales T.L.G.) y su padre Tonatiuh López Chávez, dado que el acto reclamado deriva de cuestiones relativas a la carpeta de investigación con Número Único de Caso: 0201- 2020- 16279, que afecta la esfera jurídica del mismo; por tanto, a fin de salvaguardar el interés del menor, tutelado por el artículo 4° Constitucional, este juzgado determina la necesidad de nombrar un representante especial del menor quejoso, ajeno a los intereses en conflicto en la carpeta de investigación de origen, que únicamente vele por el interés superior del infante y no por intereses personales ajenos a los del niño; por tanto, gírese atento oficio al Instituto Federal de Defensoría Pública, con sede en Tijuana, Baja California, a fin de que, dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, designe un asesor jurídico que represente al menor de iniciales T.L.G., en el presente juicio de amparo. En otro tenor, se autoriza a la secretaria del juzgado a efecto de que firme los oficios derivados de este asunto y se entreguen utilizando los medios electrónicos correspondientes. En otro contexto, se exhorta a las partes, para que continúen el presente asunto bajo el esquema de "juicio en línea", por las facilidades que éste representa en tiempos de la pandemia que actualmente afecta al ser humano, principalmente la protección que genera al no tener que presentar las promociones de manera física y poder recibir las notificaciones de manera electrónica. De igual forma, se solicita a las diversas partes para que proporcionen un número de teléfono móvil y un correo electrónico, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario. Finalmente, con fundamento en el artículo 5o, fracción IV de la Ley de Amparo, dése al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo.
- Incidental
Ensenada, Baja California, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Vista la copia simple de la demanda de amparo y escrito aclaratorio que promueve Ingrid Scarlette Gutiérrez López, por su propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales T.L.G., contra actos del agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Delitos Sexuales en esta ciudad; con fundamento el articulo decimosegundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas, y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo; fórmese por separado únicamente el original del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 613/2022-I. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 125, 128, 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe previo, que deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, con fundamento en el artículo 260 fracción I, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad $96.22 (noventa y seis pesos y veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación. En el entendido que la información solicitada podrá remitirla, de manera preferente, vía correo electrónico a la dirección oficial 9jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, de conformidad con el artículo 251, inciso f), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Se señalan las diez horas con veinticinco minutos del cinco de diciembre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. Ahora, la parte quejosa señala como acto reclamado: "A).- ACUERDO DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 emitido por la autoridad responsable AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO TITULAR DE LA UNIDAD DE DELITOS SEXUALES EN ESTA CIUDAD, en el cual se determinó como no veraz el dicho de mi menor hijo en ampliación de entrevista recabada ante la Autoridad Responsable, en fecha 14 de julio del 2022." Asimismo, se tiene que la parte quejosa solicita la medida suspensiva en los términos siguientes: "Con fundamento en los artículos 127, 128 y demás relativos de la Ley de Amparo solicito se otorgue la suspensión provisional de los actos reclamados a efecto de que se ordene a la autoridad responsable que no emita Resolución de determinación de la carpeta de Investigación 0201-2020-16279, hasta en tanto este H. Juzgado resuelva el presente Juicio de Amparo a fin de preservar la materia del amparo." En el particular, la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad ser víctima en la carpeta de investigación de origen; por tanto, acredita de manera indiciaria su interés suspensional. Por tanto, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se procede al pronunciamiento sobre la procedencia de la medida cautelar solicitada. En ese orden, toda vez que se cumplen los requisitos previstos por el artículos 128 de la Ley de Amparo, ya que la suspensión fue solicitada por la parte quejosa, asimismo, con la concesión de la medida cautelar no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones del orden público, al no actualizarse ninguno de los supuestos previstos por el artículo 129 de la citada ley reglamentaria; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 138, fracción I, y 139, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada para el efecto de que sin paralizar el procedimiento, la autoridad responsable continúe con el mismo y se abstenga de emitir determinación ministerial dentro de la carpeta de investigación NUC 0201- 2020-16279, de su índice; lo anterior, surte efectos hasta en tanto se dicte la resolución definitiva en el presente incidente de suspensión. Sin que haya necesidad de fijar garantía alguna, por tratarse de actos que afectan el interés superior de un menor de edad, el cual es considerado de orden público, conforme a lo dispuesto en el artículo 4º de la Constitución Federal. En el entendido de que la medida cautelar que se decreta dejará de surtir efecto legal si el acto que se reclama fue emitido en cumplimiento a alguna ejecutoria de amparo; asimismo, se aclara que dicha medida no incide en la ejecución de alguna sentencia dictada en su contra. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas de su parte, las documentales que acompañó a su escrito inicial de demanda y escrito aclaratorio, mismas que se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia incidental correspondiente. En otro aspecto, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el ocurso de cuenta y como autorizada de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Laura Elena Michel Amaya, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, asimismo se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que señala para tal efecto. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, del precitado ordenamiento, se habilitan días y horas inhábiles para el efecto de que cualquiera de los actuarios de este juzgado, realice las notificaciones, que se ordenen en el presente asunto. Se autoriza a la secretaria de éste juzgado para que firme los oficios derivados de este asunto, y que los relativos a la notificación de este acuerdo se entreguen utilizando los medios electrónicos correspondientes. Finalmente, toda vez que se le reconoció el carácter de tercero interesado a Tonatiuh López Chavez, en el juicio de amparo del que deriva el incidente de suspensión en que se actúa, se ordena notificar personalmente el presente auto
- Principal
Ensenada, Baja California, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en proveído de veinticinco de octubre del año en curso, se giró el oficio 34487/2022 a la Segunda Sala Regional del Noroeste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Tijuana, Baja California, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de que recibiera la notificación del referido proveído, informara el estado que guarda el expediente 2302/20-01-02-5 de su índice y al efecto remitiera copias certificadas del mismo, lo anterior toda vez que resultan necesarias para resolver el presente asunto, o bien informara la imposibilidad que le asista para ello. En ese sentido, agréguese a los autos el oficio que remite la secretaria de acuerdos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Tijuana, Baja California, mediante el cual informa que en auto de diecinueve de octubre del año en curso, las autoridades demandadas interpusieron recurso de revisión fiscal en contra de la sentencia dictada en treinta y uno de agosto de dos mil veintidós; asimismo, se le tiene remitiendo copia certificada de las constancias que integran el expediente 2302/20-01-02-5; por tanto, dese vista a las partes con las mismas, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se tienen como pruebas de la autoridad responsable las documentales que remite en términos del artículo 119 de Ley de Amparo, mismas que se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia naturaleza por no requerir forma especial para su desahogo, las cuales serán tomadas en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional correspondiente. Por otra parte, debido a la voluminosidad de las constancias remitidas, se ordena abrir por separado el tomo III de pruebas; en el entendido de que el mismo queda a disposición de las partes para su consulta en la secretaría encargada del trámite de este juzgado.
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