Ingrid Nancy Gomez Almaraz

Expediente 416/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
416/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
12/05/2017

Partes del expediente

  • Ingrid Nancy Gomez Almaraz

Actuaciones

  1. Principal

    ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y en virtud de la certificación que antecede asentada por la Secretaria de este Juzgado, se advierte que no fue recurrida la sentencia dictada el veinte de abril del presente año, en que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHIVO DE EXPEDIENTE. En virtud de lo anterior, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal. Por otro lado en estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. DEPURACIÓN. Por otra parte, toda vez que mediante proveído de cuatro de abril del presente año, se concedió la suspensión de plano en el presente juicio, el mismo será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede.

  2. Principal

    En esta fecha se celebró la audiencia constitucional en la cual se resuelve: ÚNICO.- Por las razones apuntadas en el Considerando Segundo de esta sentencia, SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por INGRID ***, contra el acto que reclama a las autoridades que quedaron precisados en el Considerando Segundo de esta resolución.

  3. Principal

    RECEPCIÓN DE INFORMES JUSTIFICADOS. Por recibido el oficio y telegrama de cuenta que suscriben respectivamente, el Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado con residencia en esta ciudad, y Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado, con sede en Apaseo el Alto, Guanajuato; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el INFORME JUSTIFICADO que a su parte corresponde; con su contenido dese vista a las partes para los efectos legales procedentes, sin perjuicio de hacer relación nuevamente al momento del desahogo de la audiencia constitucional.

  4. Principal

    Visto el escrito de demanda suscrito por ***, por propio derecho, mediante el cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Procurador General de Justicia del Estado de Guanajuato, Director de Averiguaciones Previas adscrito a la Procuraduría General de Justicia, en Celaya, Guanajuato, Agente del Ministerio Público en Apaseo el Alto, Guanajuato, y Jefes de Grupo de la Policía Ministerial, en Apaseo el Alto, Guanajuato y Celaya, Guanajuato. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 416/2017-III-2, anótese su ingreso en el Libro de Control de este Juzgado, así como procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como el Consejo de la Judicatura Federal desarrolle los requerimientos técnicos indicados en el artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como del diverso 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, no se reconoce el carácter de autoridades responsables en el presente asunto a Procurador General de Justicia del Estado de Guanajuato, Director de Averiguaciones Previas adscrito a la Procuraduría General de Justicia, en Celaya, Guanajuato, Agente del Ministerio Público en Apaseo el Alto, Guanajuato, toda vez que del contenido íntegro de la demanda de amparo no se advierte su participación en la emisión de los actos combatidos en esta vía constitucional. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112, 115, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, SE ADMITE la demanda de amparo únicamente por el Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado, con residencia en Apaseo el Alto, Guanajuato y Celaya, Guanajuato. Pídase a las autoridades responsables sus respectivos informes justificados que deberán rendir dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio por el que se le solicita; sin embargo, deberán de tomar en consideración el artículo 25 1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que a la letra dice: "Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Por lo que si el asunto que nos ocupa no tiene mayor complejidad, se sugiere rendir su respetivo informe justificado con inmediatez, para privilegiar el juicio de amparo como el recurso sencillo y rápido, a que tiene derecho toda persona. Se apercibe a las autoridades responsables, que de ser omisas en rendir su informe justificado, se le impondrá a la autoridad que incumpla una multa de conformidad con el artículo 237, fracción I, de la citada Ley de Amparo. Se señalan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, para la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, ello en virtud de que las labores del juzgado así lo permiten y para favorecer la pronta impartición de justicia a que alude el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De conformidad con el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término que se les concede para rendir su informe justificado, remitan copia certificada LEGIBLE de la totalidad de las constancias tomadas en consideración para la emisión del acto reclamado, o bien, manifiesten el impedimento que tengan para ello, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se le impondrá a la autoridad que incumpla una multa en términos del numeral 237, fracción I, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. De igual manera, se ordena requerir a las autoridades responsables, para que en términos de lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, informen de inmediato a este órgano de control constitucional, si durante el trámite del presente juicio de amparo, se llegare a presentar alguna causa notoria que diera lugar a decretar el sobreseimiento en el mismo, en especial si por cualquier circunstancia se da un cambio de situación jurídica, acorde con lo establecido por la fracción XVII, del numeral 61, del mismo ordenamiento legal; bajo el apercibimiento que de no cumplir con la anterior obligación, se le impondrá a la autoridad que incumpla una multa de conformidad con el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponda. En ese orden, tomando en consideración que los actos reclamados consisten en la privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento judicial de Ingrid Nancy Gómez Almaraz, actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo; por tanto, de conformidad con el diverso numeral 126 de este último ordenamiento legal SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO para que Ingrid ***, no sea detenida con motivo de la orden de privación de la libertad fuera de procedimiento reclamada en esta vía constitucional. La medida cautelar en cita no surtirá efectos en favor de la quejosa sí se le sorprende en flagrante delito, o bien, si se trata de cumplimentar una orden de detención, presentación, aprehensión o reaprehensión dictada por autoridad distinta de las señaladas por la peticionaria del amparo. Al respecto resulta aplicable la tesis 1a./J. 58/2016 (10a.), que en Contradicción resolviera la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, viernes 18 de noviembre de 2016 10:29 h, registro 2013066 , cuyo texto y rubro son: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2013 (10a.) y 1a./J. 83/2015 (10a.), (1) ha establecido, respectivamente, que la orden de traslado de un recluso de un centro penitenciario a otro produce una afectación a la libertad personal de manera indirecta; y, que cuando dicha orden se ejecuta sin la intervención de la autoridad jurisdiccional rectora del proceso o de la fase de ejecución de sentencia, no puede estimarse que se trate de un acto emitido en razón del procedimiento. Luego, si la literalidad del artículo 126 de la Ley de Amparo precisa que la suspensión de plano y de oficio se concederá cuando se trate de actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, las condiciones para actualizar el supuesto son precisamente las que de manera clara y concreta se establecen en el propio precepto y consisten solamente en: a) que se trate de un acto que conlleve privación de la libertad personal; y, b) que tal acto sea dictado fuera de procedimiento, sin que sea dable añadir como requisito que la afectación a la libertad se deba verificar de manera directa o indirecta, pues adicionar un nuevo requisito para la procedencia de la suspensión de plano a través de una interpretación sería en detrimento del derecho fundamental de tutela judicial efectiva. En ese sentido, si el precepto de que se habla únicamente refiere que se debe tratar de un acto que ataque a la libertad personal y que dicho acto se emita fuera de procedimiento, lo que tiene lugar, precisamente, en el caso de la orden de traslado de un centro penitenciario a otro cuando es emitida por autoridades de carácter administrativo, es inconcuso que respecto de la mencionada orden debe concederse la suspensión de oficio y de plano, aun cuando ésta únicamente afecte la libertad personal del recluso de manera indirecta." Sin que sea necesario fijar garantía alguna para que surta efectos la presente medida cautelar. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse a la quejosa las copias certificadas que del presente proveído. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el ubicado en el inmueble marcado con el número 126, de la Calle ***, en esta ciudad, y como autorizado de su parte al licenciado ***, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que tienen registrada su cédula en la base de datos que se configuró en cumplimiento al Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en términos restringidos del citado artículo a ***, por no tener registrada su cédula profesional en la base de datos de referencia. Lo anterior, con base en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, que reforma entre otras, diversas disposiciones de la Ley de Amparo. Por último, en observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma acoge el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias.

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