Ingrid Monserrat Maury Lopez
Expediente 963/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 963/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Ingrid Monserrat Maury Lopez
Actuaciones
- Principal
MESA III.- CAUSA ESTADO: Vista la certificación de cuenta y como de la misma se desprende, que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el acuerdo dictado el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, dictada por este Juzgado, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, no interpuso el recurso de revisión; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO en sus términos dicha resolución. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y archívese este asunto como totalmente concluido. ACUERDO DE DESTRUCCIÓN: Por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo de archivo, al ser un juicio de amparo que se sobreseyó fuera de audiencia, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. ANOTACIONES: De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo en comento. PUBLICACIÓN DE DATOS: Asimismo, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de garantías. Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACION EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACION DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ORGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCION". NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA III.- Visto lo de la cuenta, agréguense a estos autos el oficio signado por la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por conducto de su Presidenta, con el que rinde su informe justificado. Del análisis del acto reclamado, de las constancias remitidas por la responsable para justificación de su informe de cuenta, a juicio de la suscrita, sobreviene la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo siguiente: INTRODUCCIÓN La quejosa reclama básicamente la paralización del procedimiento 157/2018, en esencia, la omisión de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, de pronunciarse respecto a las pruebas supervenientes en el juicio laboral de origen. HECHOS De las constancias remitidas por la autoridad responsable y sus anexos, las cuales tiene valor probatorio pleno que le confieren los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de la demanda de amparo, en relación al acto aquí reclamado, se advierte que por auto de dos de junio del año en curso la Junta responsable se pronunció respecto a las pruebas supervenientes ofrecidas por la parte actora, aquí quejosa, desechándolas por los motivos que indica, acuerdo que fue notificado a las partes el veinticinco de junio del año en curso, lo cual acredita con las copias certificadas que remite. CONTEXTO LEGAL El artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XXI, párrafo primero, dice: "ARTICULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: I. . . "XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto" reclamado."...." Con la finalidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia citada, debe señalarse que los efectos del acto reclamado no cesa sino cuando es derogado o revocado, y esto origina una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se combate. Lo anterior también procede cuando una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la promoción del amparo y repone al quejoso en el goce de sus derechos humanos violados. En ese tenor, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica no sólo la contención definitiva de los actos de autoridad sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. ANÁLISIS Reflexionando sobre los hechos y el contexto legal anotado, este tribunal estima que en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en razón de que ha cesado los efectos del acto omisivo reclamado. En efecto, como quedó precisado, la parte quejosa se duele de que a la fecha de la promoción de su demanda de amparo, la autoridad responsable incurría en una denegación de justicia al no pronunciarse respecto a las pruebas supervenientes en el juicio laboral de origen. Ahora, de las constancias antes relacionadas, se cuenta con el acuerdo de dos de junio de dos mil veintiuno, en el que se acordó con relación a las pruebas supervenientes y el veinticinco siguiente se notificó a las partes, (posterior a la presentación de la demanda); en tal virtud, resulta incuestionable que el acto omisivo que se le reclama han cesado sus efectos, actualizándose en la especie la causal de improcedencia del juicio constitucional prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por tanto, es evidente que se actualiza la citada causal de improcedencia manifiesta e indudable, pues han cesado los efectos del acto reclamado, en virtud de que las cosas se restablecieron a la situación anterior que se tenía antes del acto que dio origen a la promoción del juicio constitucional, de modo tal, que produjo el resultado de una sentencia concesora, en la medida en que ya ha sido emitido el acto omisivo que la parte quejosa reclamó, pues ha sido restituida en el goce de sus derechos violados, en virtud de que la abstención imputada a la responsable, ha dejado de existir, con lo cual se satisfizo el derecho tutelado por la norma constitucional que consideró como violada. Cabe agregar que el no sobreseer respecto del acto reclamado, implicaría desconocer que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del alumbramiento del acto reclamado, pues resultaría contrario a la naturaleza del mismo que fuese seguido sin ninguna finalidad práctica, como si se tratara sólo de un ejercicio intelectual o de una actividad simplemente especulativa, razón por la cual resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Es aplicable al caso el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de 1999, Tesis 2a./J. 59/99, visible en la página 38, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." CONCLUSIÓN. Por lo anteriormente expuesto, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia que señala el artículo 61, fracción XXI, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar la fecha cual está fijada para las once horas con cincuenta minutos del día diecinueve de julio de dos mil veintiuno; por tanto déjese sin efectos la misma. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. Notifíquese personalmente.
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MESA VI.- Visto el estado de los autos y la certificación que antecede, toda vez que mediante proveído catorce de enero de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la sentencia ejecutoria en este juicio y se les apercibió que en caso de que no hicieran manifestación alguna en el término de tres días, este Tribunal acordaría lo que en derecho procediera; sin que las partes hicieran manifestación alguna al respecto. Por tanto, conforme al artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo vigente, se procede a resolver si dicha sentencia se encuentra cumplida o no. En ese tenor debe decirse que en el presente asunto se AMPARÓ Y PROTEGIÓ, a José de Jesús Viveros Hernández, contra los actos reclamados a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y Actuario adscrito: 1. Para que deje insubsistente la fecha señalada en acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil veinte, y de inmediato emita un acuerdo en el que señale fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del término a que se refiere el precepto 873 de la Ley Federal del Trabajo, pues sólo de esa manera, podrá respetar y cumplir lo que la garantía en cuestión exige y resarcir a la quejosa. El actuario adscrito a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, acredite que ha emplazado a la parte demandada Lians by Komiki, Lians Oriental y Dolores Ayala Muñoz, en el expediente laboral 998/2019. En cumplimiento a lo anterior, la Presidente y Actuaria de dicha Junta, informaron que señaló el siete de enero del año en curso para la celebración de la audiencia y que se emplazó a las demandadas el catorce de diciembre de dos mil veinte, remitiendo las copias certificadas que así lo acreditan. Por tanto, es evidente que con ello se colma la garantía de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo y protección de la justicia federal y se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, por lo que debe concluirse que resulta procedente declarar que LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente. Notifíquese personalmente.
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