Ingrid Mireya Contreras Osorio
Expediente 94/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 94/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Ingrid Mireya Contreras Osorio
Actuaciones
- Principal
MESA VI. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98, en relación con 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja contra el proveído de veinte de enero de dos mil veintitrés, pronunciado en este juicio de amparo, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento al artículo 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de amparo, así como que carece de documentos originales, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere el Acuerdo antes citado. De conformidad al artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de enero de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por José Bernardo Cervera Villanueva, quien se ostenta defensor particular de la directa quejosa Ingrid Mireya Contreras Osorio, contra el acto que reclama del Agente del Ministerio Público de la Federación, auxiliar del Procurador General de la República, ahora Fiscalía General de la República, con sede en esta ciudad de Mérida y de otra autoridad; regístrese en el libro de gobierno electrónico de este Juzgado bajo el número que le corresponda. Por tanto, se procede a proveer en relación con la demanda que nos atañe, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." De manera que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, en concreto, el acuerdo de veintidós de diciembre de dos mil veintidós, emitido en autos de la averiguación previa AP/PGR/YUC/MER-II/8B/2014, en la que el Agente del Ministerio Público de la Federación, auxiliar del Fiscal General, determinó que no era procedente la consulta de no ejercicio de la acción penal a favor de la hoy quejosa realizada por el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa Investigadora de la Unidad del Sistema Tradicional de la Fiscalía General de la República. Al efecto, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, los cuales a la letra señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa (.)". El citado artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de la materia, regulan la improcedencia del juicio de amparo promovido contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa. Al respecto, conviene establecer que el interés jurídico es un derecho subjetivo derivado de la norma objetiva, que se concreta en forma individual y brinda a su destinatario una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad; por ello, para acudir al juicio de amparo, tendrá interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y no otra persona. Apoya lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." La afectación del interés jurídico es una carga de quien acude al juicio constitucional, que debe acreditarse en forma indubitable, y no inferirse con base en presunciones; así se encuentra establecido en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." En suma, es la potestad de defender un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano de control constitucional a demandar el cese de la violación a ese derecho protegido por el ordenamiento legal sustantivo. Luego, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame, lo que significa que el ejercicio de la acción constitucional se encuentra reservada para quien resiente un perjuicio actual, o bien para quien demuestre la afectación a su esfera jurídica pudiendo ser directa, o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Por consiguiente, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos procesales indispensables para la procedencia de la acción constitucional, es el acreditamiento pleno del interés jurídico de quien acude como agraviado y que puede efectuar, por cualquiera de los medios de prueba previstos en la ley. Bajo esa tesitura, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce afectación real y actual a la esfera jurídica de la parte quejosa, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así en el caso, de las aseveraciones plasmas en su demanda de amparo la parte quejosa, relativas a la averiguación previa AP/PGR/YUC/MER-II/8B/2014, se advierte que la quejosa tiene la calidad de imputada. En ese sentido, respecto del acto que por esta vía reclama, si bien la fiscal auxiliar en el acuerdo reclamado, determinó que por el momento no era procedente resolver sobre el no ejercicio de la acción penal en favor de la aquí quejosa, en virtud de que aún quedaban pruebas pendientes por desahogar en la averiguación previa de origen, ello no es un acto que le cause un perjuicio directo; pues es de orden público que se investigue y esclarezcan los hechos, de ahí que se estima que dicha resolución no le depara ningún perjuicio a la parte quejosa; pues, al tener la calidad de imputada, la determinación que reclama no afecta su interés jurídico. Cuenta habida que dicha determinación tiene como único efecto que la Representación Social continúe con su investigación de los posibles hechos delictuosos, sin que exista legislación o mandato constitucional que otorgue a la imputada el derecho a oponerse a la continuación de una averiguación previa, porque ello implicaría anteponer el interés particular y se afectaría una cuestión de orden público; máxime que no se le estaría privando del derecho a demostrar que esos hechos no constituyen delito alguno. Motivo por el que sus efectos no son de imposible reparación, en tanto que una vez integrada la averiguación previa correspondiente, la Representación Social podría estimar que no existen pruebas suficientes para solicitar una posible orden de aprehensión en su contra, o bien, para formular la imputación respectiva. Siendo que en todo caso, sería el ejercicio de la acción penal, en caso de estimarse procedente, lo que en su momento le cause perjuicio, pudiendo hacer valer sus medios de defensa ante la autoridad jurisdiccional. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J. 87/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, Enero de 2009, Tomo XXIX, Novena Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguiente: "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES IMPROCEDENTE, POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO DEL INDICIADO, CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA POR LA QUE REVOCA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PROPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y ORDENA LA DEVOLUCIÓN DE LA CAUSA A ÉSTE PARA QUE SE RECABEN Y DESAHOGUEN DIVERSOS MEDIOS DE PRUEBA. Conforme al artículo 73, fracción V, en relación con el numeral 4o., ambos de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente cuando el quejoso carece de interés jurídico. Ahora bien, si se toma en cuenta que la comprobación de dicho interés requiere demostrar que el acto reclamado lesiona la esfera jurídica del gobernado, resulta evidente que el indiciado carece de interés jurídico y, por tanto, es improcedente el juicio de amparo indirecto que promueva contra la determinación del Procurador General de Justicia por la que revoca el no ejercicio de la acción penal propuesto por el agente del Ministerio Público y ordena la devolución de la causa a la representación social para que se recaben y desahoguen diversos medios de prueba, en tanto que ello constituye la continuación de una labor fundamental de la autoridad ministerial, conferida por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar posibles hechos delictuosos, y ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan a los indiciados el derecho de oponerse a la continuación de una averiguación previa, aun cuando sean considerados probables responsables, pues estimar lo contrario sería tanto como anteponer el interés particular al de la sociedad. Al respecto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la revisión, a través del juicio de amparo indirecto, de los actos acaecidos durante la averiguación previa es excepcional y debe ser determinada en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, la función indagatoria, a fin de no entorpecer las facultades y obligaciones conferidas constitucionalmente al Ministerio Público. Además, la determinación de revocar el no ejercicio de la acción penal no causa un perjuicio actual a los indiciados, pues sus efectos no son de imposible reparación, ya que pueden desvirtuarlos o contrarrestarlos dentro de la misma etapa ministerial, a partir del ofrecimiento y desahogo de pruebas de descargo, en los términos y con los requisitos y límites que fijen las leyes; o bien, hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine que procede librar la correspondiente orden de aprehensión, momento en el cual real y efectivamente se afectará su esfera jurídica." Luego, resulta inconcuso que la parte quejosa no acreditó derecho alguno ni causa legal que, en su caso, pudiera protegerse en la presente vía constitucional. En consecuencia, al no estar acreditado el interés jurídico de la parte quejosa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. Por ello, tomando en consideración que los razonamientos expuestos con antelación, se pone de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de esta Juzgadora, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya lo antes considerado, la tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Tal como lo señala la quejosa, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado para tal efecto en su escrito de demanda, asimismo de conformidad con el referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, se tiene como correo de la parte quejosa el que señala en su demanda de mérito, a efecto de que le sean practicadas las notificaciones, previa razón actuarial que se levante al respecto, solicitando el acuse de recibo por la misma vía. Finalmente, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al Actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles, realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
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